Comunicadores del Sur

12.7.2015

El reciente caso de Agustín,  alumno de la salita de 5 años del JIN 2 DE 12, asesinado por su padrastro nos conmueve nuevamente. Hace solo dos meses, murieron Rolando y Rodrigo en el mismo distrito, en el incendio de un taller clandestino.

La muerte pone al rojo el desamparo que viven muchas niñas y niños de las escuelas de nuestra ciudad: víctimas de trata, abusados, golpeados, hacinados, a merced del narcotráfico o las adicciones del entorno familiar o barrial, inseguros emocionalmente por la desocupación de sus familias o la falta de un techo estable.

La escuela es, quizás, una de las pocas instituciones que atraviesa a casi todas las familias y por tanto, la que puede escuchar a esa niñez desvalida. La función de la escuela es  detectar casos donde se presume violencia y notificar a las autoridades para la intervención de profesionales de la salud y de la justicia que deberían diagnosticar, comprobar, dar protección y amparo. La escuela no diagnostica, ni prejuzga cuál de los integrantes del entorno familiar es confiable para darle la información que recibió de la niña o niño, o de los indicadores que ha detectado en su cuerpo o actitud. Pero no siempre la escuela ve lo que ocurre pues no hay indicadores manifiestos o porque no fue capacitada para advertirlos.

De todos modos, en muchos casos en que se presume la existencia de violencia y habiendo sido notificados los organismos previstos según el protocolo vigente en la Ciudad (Resolución 655/07), no está garantizado que se brinde la protección debida a la presunta víctima. Los equipos de la Defensoría no dan abasto.  Los Equipos de Orientación (EOE) cuentan solo con 130 profesionales para los más de 350.000 niños de los niveles Inicial y Primaria de las escuelas de la Ciudad, habiendo visto reducido su planta funcional que era hasta hace pocos años de 330 personas. En gran parte de los casos, esas notificaciones se vuelven papeles que duermen mientras el niño o niña sigue violentado. La impotencia lleva, muchas veces, a convocar a algún miembro de la propia familia para llamar su atención inmediata, siendo que éste puede ser el violento o estar encubriendo a la persona violenta.

En un acto de abuso de autoridad, Ministerio de Educación ha resuelto la separación del cargo de la maestra y de la directora del JIN 2, intervinientes en el caso de Agustín. Nada justifica esta medida. La medida no fue hecha para proteger a los niños. Solo busca algún efecto mediático para ocultar ante la población la verdadera responsabilidad del gobierno: la falta de profesionales que sostengan la tarea de la docencia frente a casos graves.

La reciente movilización del 3 de junio mostró que la sociedad comenzó a decir basta a la violencia de género. En la misma marcha se sumó el reclamo contra la violencia hacia la niñez, muchas veces víctima del mismo círculo de perversión. La docencia es un aliado en esa lucha. Desampararla es una decisión absurda.

La comunidad de la escuela rechazó en forma unánime esta decisión. Las docentes, comprometidas con la escuela pública y con los derechos de los niños, son defendidas por familias y docentes. Nos sumamos a ese rechazo, reclamamos la restitución a sus cargos y la anulación de los sumarios en su contra. En cambio, exigimos se complete la planta funcional faltante de los EOE y se los incremente hasta contar con, al menos, un equipo cada 500 alumnos. Se realicen campañas educativas públicas preventivas contra la violencia de género y contra la niñez. Se brinde formación a docentes sobre el tema para incluirlos en los contenidos curriculares y acerca de las líneas de intervención que competen a la escuela.

LUNES 13 DE JULIO: Abrazamos las escuelas de la ciudad por justicia para Agustín

MIÉRCOLES 15 DE JULIO: Paro en toda la ciudad. Restitución a sus cargos y cese de los sumarios a las docentes del Jardín 2 D.E. 12  

Laura Marrone

Integrante de la Comisión de Educación y de la Comisión de Mujer, niñez y adolescencia de la Legislatura de Ciudad por el Frente de Izquierda (FIT) – Izquierda Socialista.

12.7.2015

En la última reunión de la Comisión de la Mujer de la Legislatura comenzó a tratarse el proyecto de ley presentado por el diputado Marcelo Ramal del Frente de Izquierda, reelecto en la última elección de la Ciudad.

El proyecto plantea la creación de un mínimo de tres Centros Integrales de la Mujer en cada una de  las comunas para la atención de víctimas las 24 hs, con equipos interdisciplinarios y contratados en planta permanente.

También se contempla el seguimiento y control de su funcionamiento por parte de una comisión de mujeres independiente del Estado.

Marcelo Ramal había planteado su tratamiento preferencial en el recinto frente a la escalada de violencia de género y el vaciamiento del área por parte del macrismo, que hoy sostiene apenas 7 centros de atención, que atienden en horarios reducidos y con personal precarizado, sin poner a su disposición las herramientas necesarias para garantizar la efectividad de los mismos.

La movilización del 3 de junio le dio un enorme impulso a la pelea por el avance del proyecto.  El Frente de Izquierda comenzará una gran campaña para defender cada punto del proyecto presentado por Marcelo Ramal frente a cualquier intento de limitar su alcance y su contenido.

Además presentaremos la iniciativa en cada comuna, acompañada de firmas y pronunciamientos en su apoyo.

9.7.2015

Ademys denuncia que el Ministerio de Educación de la Ciudad, en un hecho sin precedentes, ha dejado de garantizar la escolaridad de al menos 20 niños de la Villa 20 de Lugano desde principios de año.
Estos niños que no lograron obtener una vacante en el Distrito Escolar 21, fueron reubicados en la Escuela 4 del Distrito Escolar 3º del barrio de San Telmo adonde concurrían utilizando un trasporte escolar provisto por el Ministerio de Educación. Desde el inicio del actual ciclo lectivo este servicio dejó de prestarse quedando los niños fuera del sistema de educación público dependiente del GCBA.
Autoridades distritales y del Área de Educación Primaria vienen reclamando el restablecimiento del trasporte desde  hace meses recibiendo sólo respuestas dilatorias por parte de los funcionarios del gobierno.
Recién el pasado martes 7, los niños/as pudieron iniciar el ciclo lectivo 2015.
Ademys viene denunciando desde hace dos años que la “inscripción on line” ha puesto al descubierto la grave crisis educativa por la falta de vacantes que padece fundamentalmente  la zona sur de la Ciudad.
Este hecho de abandono educativo viene a confirmar que una de las consecuencias de esta crisis es la inevitable desescolarización de los niños en los sectores populares, estado en el que indudablemente se encontraban hasta hace 2 días estos 20 niños y que seguramente son una expresión mínima de un número mayor de niños afectados por la política de vaciamiento de la Educación Pública.
  Exigimos:
– La localización urgente de todos los niños sin escolaridad por parte de las autoridades de educación de la Ciudad y la inmediata reincorporación de los mismos al sistema público de enseñanza.
–   Plan de construcción de escuelas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires ya.
 

TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD CON UNA VACANTE
EN ESCUELAS PÚBLICAS  DE SUS BARRIOS

8.7.2015

Seamos Libres y la familia de Jonathan “Kiki” Lezcano convocan a participar de una nueva Jornada Cultural por los Derechos Humanos, a seis años del asesinato de Kiki y Ezequiel Blanco a manos de la Policía Federal. El encuentro se realizará el próximo sábado 11 de julio desde las 13.30 en la intersección de las calles Fonrouge y Chilavert de la Villa 20 de Lugano, CABA.

El pasado 10 de junio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento del policía Daniel Veyga, quien el 8 de julio de 2009 asesinó a Kiki y Ezequiel, y ordenó la reapertura de la instrucción para que la investigación llegue a juicio oral. La Cámara consideró que el sobreseimiento ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°24 fue “prematuro”, ya que no se comprobó que el uniformado haya actuado en legítima defensa.

Resumen del caso

El 8 de julio de 2009, Kiki y Ezequiel se tomaron un remis anunciando que regresarían una hora después, pero nunca volvieron. Durante los meses anteriores, Kiki había sufrido sucesivos hostigamientos por parte de efectivos de la Policía Federal. Un día después de su desaparición, su familia presentó una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 52ª. Recién el 14 de septiembre, se les informó a las familias de Kiki y Ezequiel que los jóvenes se encontraban enterrados como NN en el cementerio de Chacarita.

Las muertes de Kiki y Ezequiel fueron producto de los disparos del oficial Daniel Santiago Veyga, quien justificó su accionar argumentando que los jóvenes habían disparado contra él. Pero las múltiples irregularidades cometidas por el Poder Judicial desde el inicio de la causa -entre las que se encuentran la desaparición de pruebas y la designación de la misma fuerza de seguridad investigada en el hecho para realizar la investigación- no le permitieron al juez Juan María Ramos Padilla establecer cómo sucedieron los hechos y decidió sobreseer a Veyga.

Ramos Padilla se había hecho cargo de la causa luego de que la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal rechazara el sobreseimiento de Veyga resuelto por el Juzgado Nacional de Instrucción nº 49 a cargo de Fernando Cubas en diciembre de 2011. Cubas había tomado esa decisión a partir de la declaración del propio Veyga y de algunos testimonios tomados en la comisaría y realizó una investigación repleta de irregularidades.

8.7.2015

La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira presentó un proyecto de modificación del Código Fiscal de la Ciudad para eximir de ingresos brutos a los contribuyentes del Monotributo Social.

La Ley Nacional N° 26.865, reglamentada en 2004, tiene como objetivo facilitar y promover la incorporación a la economía formal de personas que se encuentran en vulnerabilidad social. A partir de esta modalidad, los llamados "pequeños contribuyentes" están en condiciones de emitir facturas, acceder a una obra social y realizar los aportes jubilatorios correspondientes.

La diputada Claudia Neira expresó que "mientras el Estado de la Ciudad tiene una enorme política de facilidades para las grandes empresas, mediante las políticas de Distritos Económicos que eximen a empresas, ya consolidadas en el mercado, del pago de tasas e impuestos locales, los contribuyentes de menores ingresos reciben el mayor peso de la carga tributaria" y agregó: 

"Estamos proponiendo que todos aquellos pequeños tributarios, muchos de ellos de la economía social y solidaria, estén exentos del pago de ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires"

Esta iniciativa tiene como antecedente la Ley ALAS en la provincia de Buenos Aires, la cual está basada en la autogestión y cooperación para llevar adelante actividades productivas por parte de Monotributistas sociales, Monotributistas (que cumplan un tope de ingresos) y grupos asociativos sin dependencia laboral entre sus interesantes. Quienes cumplen los requisitos que impone dicha ley no sólo son beneficiarios de la exención de ingresos brutos, sino que además son favorecidos con la gratuidad de la inscripción, descuento en tasas municipales y acceso a diferentes cursos de capacitación para incentivar y profesionalizar a los nuevos contribuyentes.    

Neira manifestó que"cuando hablamos de dos proyectos de país, hablamos de esto: Un Estado para las Grandes Empresas, o una Estado Más Justo y Equitativo"