4.2.2015

Los Trabajadores de la Dirección General de Reciclado, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), nos dirigimos a la opinión pública para transmitir nuestra profunda preocupación ante la voluntad de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de desplazar arbitrariamente a decenas de trabajadores de nuestra dirección a otra área de Gobierno, sin marco legal que la sustente, con una clara intención de vaciar la DGRec y debilitar el aún creciente proceso de formalización de miles de Recuperadores Urbanos.

Una de las principales funciones de la DGRec es el fortalecimiento y control del Pliego de residuos sólidos urbanos que fue licitado por  cooperativas de recuperadores urbanos que nuclean a más de 7000 cartoneros. Esta tarea es posible debido al compromiso de sus 180 trabajadores, cantidad a todas luces insuficiente para la complejidad del sistema público de recolección de residuos reciclables con inclusión social que va desde la recolección que hacen los recuperadores, la logística, la gestión de los centros verdes y la comercialización del material.

Desde hace 10 años los trabajadores del organismo cumplen de manera responsable y comprometida con su tarea, diagramando políticas públicas y diseñando herramientas para fortalecer la DGRec. A la vez hemos denunciado en diferentes oportunidades, como en la conferencia de prensa realizada en diciembre pasado, la falta de políticas públicas hacia los recuperadores independientes, la tercerización de funciones propias de nuestra dirección a manos de otros organismos y los millones de pesos del presupuesto que se malgastan en consultoras de dudosa capacidad y procedencia.

En este contexto las autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, amparados en la falsa pretensión de eficiencia, plantean crear un cuerpo de “inspectores polivalentes” que cumplan funciones de control que son incumbencia de otras áreas. Esto se implementará trasladando trabajadores que cumplen esas y otras funciones, vaciando violentamente de esta manera a la DGRec y otros organismos. Queriendo convertir al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  en un mero cuerpo de inspectores que se limite a multar y recaudar, negando la complejidad del abordaje de las políticas del ambiente y espacio público y sus actores sociales(cartoneros, manteros, feriantes, etc.).

Ya conocemos los perversos resultados de estas reestructuraciones pensadas con una lógica recaudatoria, al calor de los apuros electorales. Basta recordar el desdoblamiento que se llevó a cabo en la Dirección General de Ferias y Mercados (DGFyMe), cuando se creó la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Publico llevándose a la mayoría del personal contratado y la mayoría de sus funciones, que a su vez serían tomadas por este nuevo cuerpo de inspectores.

Ese derrotero mostró con claridad que el ejecutivo puede crear organismos a tontas y a locas y no dar en la tecla para generar políticas públicas eficaces que contengan a los sectores de la economía popular. Y al mismo tiempo realizan un manoseo de los trabajadores estatales y tirando por la borda años de trabajo.

Es por esto que los trabajadores nos oponemos a la creación compulsiva de reparticiones públicas con el consecuente maltrato de los trabajadores que son transferidos a ellas respondiendo solo a los caprichos de los funcionarios. 

Exigimos además el cese de la situación de precarización laboral de la que somos víctimas y se nos reconozcan nuestros derechos.

– NO AL VACIAMIENTO DE LA DGREC

– PASE A PLANTA PERMANENTE

– ENCASILLAMIENTO

– IGUAL SALARIO, IGUAL TAREA.

JUNTA INTERNA 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

ATE CAPITAL

29.1.2015

Por Camila Amatriain. Una nota publicada en el diario La Nación sobre cómo se vive en la villa despertó indignación entre vecinos y referentes sociales y políticos. Sobre la construcción de la identidad villera a fuerza de verdades.

Muchas veces los medios de comunicación masivos  construyen un  discurso sobre las villas y asentamientos, refiriéndose a ellas casi sin excepción, vinculadas a los índices de inseguridad. Como si en el GPS de la comunicación se escuchara: “Usted está entrando en una zona peligrosa”.  Es así que la estigmatización de miles de personas que viven en un barrio humilde, parece ser la primer condición que habilita la erradicación o traslado de “la villa” del “barrio”.

Solamente en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 40 villas y asentamientos, donde viven más de 170 mil personas en una situación de precaria urbanización y la carencia de servicios básicos. Sin embargo, a pesar de la cantidad  de problemas que sufre a diario la ciudadanía, el elemento que hace visibles a las villas son las imágenes estigmatizantes negativas que en el lenguaje periodístico habitual refieren a “inseguridad”, “zona caliente”, “peligrosidad”, entre otros.

Un caso reciente fue el que protagonizó esta semana el diario La Nación cuando publicó una notasobre cómo se vive en la villa 21-24/ Zavaleta. Allí se destaca la peligrosidad de la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires, imponiendo una línea peligrosa que separa a quienes viven dentro, de quienes viven fuera. La nota promueve la criminalización de la pobreza, pero también el enfrentamiento entre vecinos que hace muchos años, viven en el mismo barrio. 

La nota se desarrolla y concluye sin  mencionar ni el porcentaje de familias que viven en la Villa sin tener acceso al agua potable, ni la cantidad de niños y niñas que tienen plomo en sangre por vivir a la vera del Riachuelo contaminado, ni a las  familias que viven en situación de emergencia eléctrica, por sólo mencionar algunas de las realidades que se esconden detrás de las narrativas periodísticas sobre las villas.

Dicha nota, tampoco incluyó en la construcción de “inseguridad”, por ejemplo cuando las fuerzas de Gendarmería dejaron la zona liberada en Zavaleta que terminó con la vida de Kevin Molina de 9 años, o cuando asesinaron a Cinthia Ayala Villalba, también de 9 años. Ambos fueron víctimas de tiroteos y de una puja territorial avalada por las fuerzas de seguridad nacionales. Víctimas que no se contabilizan como parte de la “inseguridad”.  

“Seguridad es saber que voy a llevar a mis pibes a la escuela y van a estar bien,  y no en un container, como pasó el año pasado. Seguridad es que los tendidos eléctricos estén bien y que no vaya a caer un cable y electrocutarme o que no me contamine por vivir cerca del Riachuelo. Todo eso tiene que ver con la urbanización y con políticas públicas que hoy no existen”, retruca sin pedir permiso, a la nota de La Nación, Rodrigo Alonso, integrante del Frente popular Darío Santillán. Alonso vive en la Villa 21 y en diálogo con FM Che Barracas se mostró indignado ante el retrato que hizo el diario sobre su barrio.

Las y los vecinos la 21-24, así como los de cualquier otra villa de la ciudad, sufren a diario la ausencia en el suministro de agua potable, el riesgo ante el que están expuesto frente al precario tendido eléctrico, la amenaza constante de inundaciones en la zona sur es un estado de alerta permanente ante cualquier lluvia dado la ineficiente política de infraestructura que tiene esta zona de la ciudad, los graves problemas de salud de cientos de familias a causa de la contaminación del Riachuelo, la escasez de una red cloacal, la acumulación de focos basura y la ausencia de un servicio de recolección como el que disfruta cualquier otro ciudadano, la ausencia de vías de acceso y circulación que permitan el  ingreso de servicios de emergencia (otro de los grandes problemas en el diseño de la trama urbanística) y el vaciamiento de la salud pública con centros sanitarios cercanos a estos puntos geográficos.

Estos son sólo algunos, por mencionar los más urgentes, sentidos que la construcción discursiva de la “inseguridad” de medios como La Nación, y por consiguiente la posterior edificación de la opinión pública, dejan afuera de los relatos y de la vida de los que viven del mismo lado de la Ciudad, aunque muchas veces se los pretenda invisibilizar. Por sumar un dato más, sólo en la última quincena se registraron más de diez denuncias sobre la discriminación y la ausencia de los derechos más básicos en las villas porteñas.

25.1.2015

¿Grande y peligrosa? Denunciamos la estigmatización y la criminalización de la pobreza que hace el diario La Nación a los vecinos de la Villa 21/24 y Zavaleta

En la edición del diario La Nación de hoy aparece una nota de Marina Arcuzzi   http://www.lanacion.com.ar/1762919-vivir-en-la-villa-mas-grande-y-riesgosa que habla de la peligrosidad de la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Dice que hablo con los vecinos de la villa que piden “más y mejores oportunidades” y que “los del lado de afuera” reclaman mayor seguridad y que el gobierno porteño mude el asentamiento”.

La ¿periodista? titula la nota Cómo se vive en la villa y plantea que el problema de “los de adentro” es no tener oportunidades y el de los “de afuera” es la inseguridad. Pareciera  que la “solución” es sacarlos, trasladarlos, erradicar el barrio.

Si Arcuzzi quiere saber cómo se vive en la villa podría mencionar el porcentaje de familias que no tienen acceso al agua potable, cuántos niños y niñas del barrio tienen plomo en sangre por vivir a la vera del Riachuelo en el Camino de Sirga, cuantas familias viven en situación de emergencia eléctrica. Podría hablar de “inseguridad” para los niños y niñas del barrio cuando las fuerzas de seguridad dejan la zona liberada, como sucedió en Zavaleta cuando mataron a Kevin Molina de 9 años, quedando en medio de un tiroteo de dos grupos narcos  (y hoy recordado por sus familiares y sus compañeros de La Poderosa que siguen exigiendo justicia) o cuando asesinaron en diciembre pasado a Cinthia Ayala Villalba, tambien de nueve años de edad, cuando fue víctima de un tiroteo en medio del barrio.  

Imposible hablar de la 21 sin hacer referencia a la marca que quedó después de las inundaciones de 2012, cuando un joven de 14 años murió aplastado por un árbol mientras la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley vacacionaba en Punta del Este y los principales funcionarios del gobierno no aparecieron o no estaban en el país.

Los vecinos del barrio vivimos con dificultades cotidianas y peleamos por vivir mejor. Los problemas en el agua, el tendido eléctrico, las inundaciones, la contaminación del Riachuelo, la escasez de cloacas, la acumulación de basura, la falta de ambulancias que ingresen al barrio, el vaciamiento de la salud pública son algunas de las cuestiones centrales que muestran cómo vivimos y cómo se amenaza a diario la vida de los vecinos. Acá decir la corrupción, la inundación y la falta de acceso a una ambulancia mata, no es retórico. Si el diario La Nación quiere hacerse eco, que sepa que el principal problema no es de “oportunidades” es de derechos a los cuales estamos EXCLUIDOS.

Desde el Frente Popular Darío Santillán, al igual que decena de organizaciones barriales, peleamos por la urbanización de la villa 21/24 y por mejores condiciones para el barrio. Hay miles de vecinos y vecinas que se organizan y nos organizamos para vivir dignamente.

 Basta de criminalizar la pobreza 

Exigimos políticas públicas que garanticen los derechos básicos para los barrios humildes 

Urbanización con radicación de todas las villas

21.1.2015

JUEVES 22/01/15 11 HS.

Concentramos en Av San Juan 1369

Desde la Junta Interna de ATE en la Dirección de Estadística y Censos del GCBA, denunciamos que Mauricio Macri lleva adelante las mismas prácticas de persecución, amenazas y hostigamiento a los trabajadores que en el INDEC. Macri quiere competir haciendo política con “estadísticas confiables” sostenidas con trabajo precario, a destajo, con bajos salarios, con persecución y despidos. Claros ejemplos se evidencian cuando los jefes hacen denuncias penales en contra de los trabajadores, cuando hay exclusiones arbitrarias en los concursos o actitudes antidemocráticas como la del Director José María Donati de llamar a la policía federal para interrumpir una asamblea.

Mientras el PRO recorta presupuesto para educación y salud,  en Estadística el presupuesto viene incrementándose año a año, sin embargo, un 38% de los trabajadores de la Dirección trabaja como monotributista, en un claro fraude laboral. Alertamos que los más precarizados, y por ende los más maltratados y peor pagos son los sectores de encuestadores y listadores (indispensables para una buena captación de los datos), sectores que desde 2009 viven continuas purgas de cualquiera que haga un reclamo laboral.

EL MALTRATO A LOS TRABAJADORES AFECTA LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

Convocamos a todos los trabajadores, delegados, activistas, organizaciones de DDHH,

sociales, sindicales y políticas este jueves a la puerta de estadística

¡SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS!

¡REINCORPORACIÓN YA DE LOS 3 DESPEDIDOS!

¡PASE A PLANTA PERMANENTE!

¡AUMENTO SALARIAL!

JUNTA INTERNA ATE ESTADISTICA

16.1.2015

El gobierno de Mauricio Macri deberá garantizar el suministro de agua potable en el barrio La Esperanza, que habitan 500 personas, por orden judicial. Desde ahora y gracias a la lucha de los vecinos por un lugar digno y habitable en el cual vivir, al ejecutivo porteño no le será tan fácil, obviarlos para no otorgarles sus derechos.

El pasado 12 de enero de 2015 el juzgado de feria Nro. 3 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA intimó al GCBA para que en el término de 3 (tres) días corridos provea de agua potable a la población que reside en el Barrio “La Esperanza”.

El asentamiento La Esperanza se encuentra ubicado lindante a la Autopista Pres. H. Cámpora y la Av. Riestra, en Villa Soldati, Comuna 8, CABA. Surge en el año 2009 como consecuencia del incendio de una manzana del Barrio Piletones y desde aquella fecha sus habitantes no hemos recibido asistencia alguna por parte del Gobierno de la Ciudad.

Habitamos allí aproximadamente 500 personas, de las cuales cerca de 200 son menores de edad. Estas cifras provienen de un censo que hemos elaborado los propios vecinos, ya que el GCBA siempre se negó a realizar el relevamiento poblacional. Los organismos responsables continuamente argumentan que nuestro barrio no está reconocido institucionalmente, para evadir sus responsabilidades y obligaciones.

Sufrimos graves condiciones de habitabilidad. Las instalaciones de luz son precarias y provocan cortes constantes, actualmente no contamos con ningún tipo de recolección de residuos ni un lugar específico donde volcar los desechos domésticos, muchos pasillos y calles continúan siendo de tierra agravando las inundaciones los días de lluvia e imposibilitando la circulación y acceso, y lo que es más grave de todo: desde hace meses prácticamente no tenemos agua.
     
Por ese motivo, y ante la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los delegados del barrio iniciamos un reclamo judicial con el acompañamiento de la Corriente Política 17 de Agosto.

Ese reclamo tuvo eco el pasado 12 de enero cuando el Dr. Darío E. Reynoso, juez de feria, a cargo del Juzgado en lo contencioso administrativo nro. 3, tuvo en cuenta las razones de urgencia por nosotros esgrimidas, y ordenó al GCBA a garantizar, mediante la colocación de camiones cisterna suficientes, el suministro de agua potable en el barrio (Expediente 39195/0).

Por otra parte, en otra presentación judicial, los vecinos solicitamos al Sr. Juez que ordene también al Poder Ejecutivo local a garantizar la recolección de residuos. Este servicio sólo se realizó excepcionalmente entre los meses de octubre y diciembre del año 2014, a través de un servicio de recolección domiciliaria a cargo de la Gerencia Operativa de Zonas Vulnerables del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (Mayep), servicio que fue suspendido el pasado diciembre, sin haberse restablecido hasta la fecha. El barrio nunca contó con provisión de conteiner ni servicio de camión recolector, lo cual configura una grave situación ambiental y sanitaria.

En este marco, denunciamos el total abandono por parte del GCBA de nuestro barrio, y afirmamos que seguiremos luchando por un barrio digno y habitable. La reciente resolución judicial es un logro de nuestra pelea y una respuesta a las cínicas instituciones que quieren ser ciegas a nuestra existencia y a nuestras necesidades.

Cuerpo de Delegados del Asentamiento La Esperanza