Comunicadores del Sur

6.11.2014

Integrantes de la Asamblea de Inundados de Saavedra, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrantes de la Asamblea de Inundados del Barrio Mitre y Vecinos de Vicente López denunciaron penalmente al Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos, Horacio Rodríguez Larreta; al Subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich; y al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga por las severas ilegalidades en la Construcción del Metrobus Norte por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e  incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal y de ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo, previsto y reprimido en el art. 246 inciso 3 del Código Penal.

El Metrobus Norte tiene proyectada su traza sobre la Av. Cabildo en Ciudad de Buenos Aires, entre la calle Monroe y Av. Gral. Paz, y la Av. Maipú en el Municipio de Vicente López, entre Av. Gral. Paz. y calle  Villate.

Las razones que fundamentan la denuncia penal es la escandalosa licitación que fue puesta en marcha por Rodríguez Larreta que implica que la Ciudad de Buenos Aires afronte la mayor parte de los costos de todo el corredor, tanto el que se construya en la Ciudad como en Vicente López. El corredor tendrá una extensión total de 5,37 Km. y un presupuesto oficial de $219.746.343, esto es $40.921.106,88 por cada km.

El municipio de Vicente López cuyo intendente es Jorge Macri, primo de Mauricio Macri e integrante del Pro, solo aportará $ 30.000.000 de los aproximadamente $ 109.873.171 que corresponderían a los 2,70 Km. de Metrobus que se construirá en el Municipio de Vicente López. Aquél monto ni siquiera alcanzará para pagar un kilómetro de dicho tramo del corredor. La diferencia se justifica con la realización de cuencos reservorios en Vicente López cuyos montos se desconocen y cuya utilidad para la Ciudad no está demostrada en ningún estudio técnico.

La ilegalidad es aún más profunda. Toda la obra se basa en dos convenios firmados entre la Ciudad de Buenos Aires y Vicente López que aún no fueron aprobados por la Legislatura de la Ciudad. Sin autorización legislativa, estos funcionarios están destinando más de 200 millones de pesos y la mitad de esos millones para ayudar al primo de Macri como campaña electoral del PRO.

Por otra parte, Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental, no categorizó el Metrobus Norte como una obra de impacto ambiental "Con Relevante Efecto" en violación absoluta a la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Con esto se impidió el control de la ciudadanía de la obra y de sus posibles consecuencias sociales y ambientales a través de Audiencia Pública. Tener lista la obra para inaugurarla el año que viene durante la campaña electoral es prioridad para estos funcionarios y no las necesidades y los derechos de los habitantes de la Ciudad.

4.11.2014

La Agencia de Protección Ambiental (APrA) clausuró este lunes 3 de noviembre de 2014 la construcción de una Sede del Mercado Central en Colegiales gracias a la denuncias realizadas por vecinos del Barrio y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Las obras se estaban realizando en un terreno desafectado del uso ferroviario ubicado entre las calles Jorge Newbery, Olleros y Cramer (Cramer N° 475) de aproximadamente 3000 m².

Esta obra fue clausurada en reiteradas oportunidades por diversas ilegalidades, entre ellas, iniciar los trabajos constructivos sin permiso de obra.

La semana pasada vecinos del Barrio de Colegiales tomaron conocimiento en la causa judicial que iniciaron [1] cuestionando la legalidad de la obra que ésta no había iniciado ni siquiera el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental ante el APrA, requisito previo al otorgamiento del permiso de obra. Hecho también reconocido por la propia Agenciad de Protección Ambiental en un informe que remitió a los vecinos.

Con esta documentación se exigió al APrA que en cumplimiento de sus facultades clausure inmediatamente la obra. De acuerdo al art. 38 de la ley N° 123, los proyectos o ampliaciones que se inicien sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental deben ser suspendidas o clausuradas de inmediato.

El lunes a la tarde, el APrA, bajo amenaza de ser denunciados penalmente los funcionarios que tienen el deber de clausurar la obra y no estaban cumpliendo con sus obligaciones, clausuró la obra mediante la faja de interdicción N° 001021.

También resulta ilegal el permiso de obra otorgado sin la existencia del Certificado de Aptitud Ambiental respecto a la obra. Por estos motivos, el Mercado Central responsable de cometer las ilegalidades más graves en la construcción de un edificio debería desistir de su proyecto y respetar la voluntad de los vecinos de colegiales que esta semana presentarán un proyecto de ley para destinar este predio a una plaza para el Barrio.

2.11.2014

Por la absolución de nuestros compañeros Secretario General Adjunto de ATE Capital, Humberto Rodríguez y el Delegado de Promoción Social de la CABA,  Mariano Skliar y para reafirmar la lucha contra la precarización laboral en la Ciudad 

El próximo jueves 6 de noviembre estaremos realizando un cese de actividades y conferencia de prensa en las puertas del Juzgado Contravencional Nº10 (Dr. VEGA, Gabriel Eduardo), ubicado en Tacuarí 138 piso 7º, para exigir la absolución de nuestros compañeros Humberto Rodríguez, Secretario General Adjunto de ATE Capital y el Delegado de ATE de Promoción Social de  la Ciudad, Mariano Skliar, quienes están siendo procesados por ser referentes de la lucha contra la precarización laboral en la Ciudad.  Ambos fueron llevados a juicio por ejercer el legítimo derecho a huelga en  defensa de los intereses de los/as trabajadores/as.

En el marco del conflicto por aumento salarial para los trabajadores contratados bajo locación de servicio que se iniciara en diciembre del 2012 (en aquel diciembre los/as trabajadores/as contratados/as del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA estaban cobrando 3000 y 3500 pesos) se acordó con el GCBA en un acta firmada en negociación colectiva solucionar la paupérrima situación y condición económica y laboral, pero la misma fue abiertamente incumplida por los representantes del GCBA.

Tras 9 meses sin respuesta por parte de la paritaria central y la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, los/as trabajadores/as de la Subsecretaría de Promoción Social resolvieron realizar el 1 de agosto del 2013 un paro de 24 hs. con movilización a la sede central del organismo y permanecieron más de 5 horas en asamblea en el hall del edificio.

A partir de esta movilización, el GCBA a través del paritario central José María Orlanian abrió una mesa de negociación que se llevó adelante en los días subsiguientes, ámbito en el que participó incluso el Ministro de Hacienda Néstor Grindetti. En dicha instancia se acordó un aumento para más de 1600 trabajadores/as precarizados/as del Ministerio de Desarrollo Social, que fue asimismo refrendado en asamblea por todos/as los/as trabajadores/as.

A pesar de haberse resuelto el conflicto, el GCBA inició acciones legales contra los referentes del reclamo. La acusación recayó en la Fiscalía Sudeste -equipo C- de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del fiscal Walter López, quién con una clara intencionalidad política y respondiendo a los mandatos del PRO incurrió en diversas irregularidades procesales que violan el derecho de legalidad y defensa establecidos en la Constitución Nacional.

Ante la gravedad de estos hechos, al igual que con los episodios de la represión en el Hospital Borda en el contexto del desalojo ilegal ordenado por el GCBA, queda claro que el gobierno de Macri lejos de resolver los conflictos avanza con su política de expulsar, cercenar y criminalizar a los trabajadores y trabajadoras que luchamos como ATE por nuestros derechos, por la defensa y construcción de lo público y por los derechos de los sectores más vulnerados de la Ciudad.

Nos mantendremos movilizados y el día 11 de noviembre estaremos presentes nuevamente en el Juzgado, reafirmando que el ejercicio de los derechos nunca puede ser un delito.

30.10.2014

Diosnel Pérez del Frente Popular Darío Santillán y Luciano "Tano" Nardulli de la Corriente Clasista y Combativa están acusados de instigar la toma de diciembre de 2010. Este viernes 31 de octubre se conocerá la sentencia. Previamente, a las 8, habrá una conferencia de prensa para exigir su absolución en la puerta de los tribunales porteños, ubicado en Tacuarí 136.
Durante la audiencia, que comenzará a las 9, se escucharán los alegatos de las partes y luego se esperará la sentencia de este juicio impulsado la fiscalía porteña, a cargo de Luis Cevasco, y presidido por la jueza Cristina Beatriz Lara. Distintas organizaciones marcharán desde el Obelisco hasta los tribunales, desde las 10, para acompañar a los luchadores sociales y exigir su absolución.
A lo largo del juicio, los testigos citados por la fiscalía porteña no han aportado pruebas que logren justificar la acusación. Entre los testigos presentados por la defensa, a cargo de Nicolás Tauber, se encuentra Jorgelina Salgueiro, hermana de Bernardo, uno de los tres asesinados durante el desalojo del Parque. Los otros dos fueron Rossemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez.
Jorgelina calificó la causa contra Pérez y Nardulli como bochornosa y afirmó: “no entiendo por qué se intenta culpabilizar a los que se preocuparon de acercarles ayuda a los que se encontraban reclamando vivienda mientras los que dispararon y mataron están absueltos”. Cabe recordar que los 40 efectivos de las policías Metropolitana y Federal que estaban acusados por la represión durante el operativo de desalojo del Parque fueron absueltos por falta de mérito.
Durante las audiencias, Pérez y Nardulli han recibido innumerables muestras de apoyo de diferentes organismos de derechos humanos, legisladores, diputados nacionales, personalidades públicas, de la cultura y organizaciones sociales y políticas. Apoyo que se reiterará este viernes en la última jornada de juicio.

24.10.2014

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) decidió levantar la clausura de la construcción de una sede del Mercado Central en el Barrio de Colegiales el día 23 de Octubre a pesar de que sus funcionarios reconocen que no se ha cumplido con todos los trámites legales.

Las obras se están realizando en un terreno desafectado del uso ferroviario ubicado entre las calles Jorge Newbery, Olleros y Cramer (Cramer N° 475) de aproximadamente 3000 m2.

Un grupo de Vecinos del Barrio de Colegiales y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron una acción de amparo para frenar esta construcción. La acción judicial presentada en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad fue radicada en el Juzgado de Primera Instancia N° 6 a cargo de la Jueza López Vergara y caratulada como "Albirzu, Mónica Fabiana y otros c/ GCBA s/ Amparo", Expte. N° A11084-2014/0".          

De acuerdo a la documentación acompañada en la causa judicial por el propio GCBA no consta que la obra posea Certificado de Aptitud Ambiental, requisito previo obligatorio al otorgamiento del permiso y al inicio de los trabajos constructivos para una obra de esta envergadura.

El propio Presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APrA), Carlos Villalonga, en un informe reciente reconoció que para la obra del Mercado en Cramer N° 475 no se ha iniciado actuación alguna relacionada con la tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental. 

De acuerdo al art. 38 de la ley N° 123, los proyectos o ampliaciones que se inicien sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental deben ser suspendidas o clausuradas de inmediato. En todos los casos la Autoridad de Aplicación puede disponer la demolición o el cese de las obras construidas en infracción a la presente norma, con cargo al infractor.

El GCBA al contrario de lo que dispone este norma y frente a los hechos de ilegalidad reconocida por el APrA ha decidido levantar la clausura de las obras. El Presidente del APrA tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones y clausurar en forma inmediata esta obra ya que se encuentra en conocimiento del avance de las obras sin la autorización del organismo que preside.

La Autoridad de Aplicación del art. 38 de la ley N° 123 de acuerdo al Decreto N° 222/2012 es la Agencia de Protección Ambiental, por lo tanto, tiene la plena facultad para ordenar el cese o clausura de las obras.

Tampoco la construcción de este Mercado respeta el Plan Urbano Ambiental y el Código de Planeamiento Urbano. Resulta necesaria la aprobación de una ley especial por la Legislatura porteña que autorice la instalación de un Mercado en una zona residencial de baja densidad.

Los vecinos de Colegiales queremos que el GCBA no imponga actividades que van a afectar la identidad y la calidad de vida de un sector del Barrio de Colegiales. Los propios vecinos tenemos el derecho a decidir el destino de espacios públicos que se encuentran en el Barrio, en el ámbito de discusión que es la Legislatura de la Ciudad. El Mercado va a destruir la identidad barrial y traerá graves consecuencias socio-ambientales.