Comunicadores del Sur

11.9.2014

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó hoy su más enérgico repudio ante los daños perpetrados en las baldosas por la Memoria colocadas la semana pasada en el edificio que perteneciera al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, en Callao y Viamonte.
 
Las baldosas fueron colocadas el jueves pasado con el objeto de visibilizar el edificio en el cual funcionó uno de los íconos del terrorismo de Estado, y desde el cual se planificó la desaparición de miles de personas.
 
El legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro–FPV, sostuvo: “Hay que rechazar con mucha fuerza las agresiones contra ese importante símbolo como son las baldosas por la memoria. La búsqueda de Memoria,  Verdad y Justicia son los valores sobre los cuales queremos construir nuestra democracia”.
 
Por su parte, María Rachid, diputada del FPV, declaró: "Nos preocupa que estas acciones se repitan, y con el fin de continuar  profundizando nuestro compromiso con la memoria, presentamos junto al Diputado Edgardo Form  y organizaciones de Derechos Humanos, un proyecto para expropiar el edificio de Callao y Viamonte, otro para catalogarlo como bien integrante del Patrimonio Cultural a los efectos de detener las obras de reforma y demolición que lleva adelante la Universidad del Salvador, y un tercero de señalización para mantenerlo vivo en nuestra memoria".
 
En tanto, Edgardo Form, de Nuevo Encuentro, opinó: "Este acto de intolerancia y barbarie indica que hay sectores nostálgicos del terrorismo de Estado. Por eso hay que continuar con los juicios de la verdad y el castigo a los represores y cómplices de la dictadura cívico militar genocida".

10.9.2014

Este jueves 11 de Septiembre los trabajadores de Felfort vuelven a cortar, a las 13.30 horas, Avenida Díaz Vélez y Gascón, ante el desconocimiento de la empresa de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo .

En el marco del conflicto iniciado por el despido de 12 trabajadores de esa planta, los compañeros vuelven a manifestarse en la calle, lo hacen ante el incumplimiento por parte de la empresa de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo que le exigía  reinstalar a los despedidos y abonarles su salario mientras se llevaba adelante la negociación.

La comisión de delegados, ante esta actitud de la patronal, convocó a una asamblea que resolvió hacer pública la situación para luego marchar al Ministerio a una nueva audiencia.

La CTA Capital, que apoya el conflicto desde su inicio, resolvió su participación activa en esta actividad exigiendo que sean protegidos los derechos de las y los trabajadores de Felfort.

8.9.2014

La población de las villas porteñasaumenta día tras día. Aunque las cifras del Censo 2010 hablan de 163.000 habitantes, según estimaciones oficiales ya había 275.000 personas en asentamientos en la ciudad de Buenos Aires el año pasado. Ese crecimiento, cercano al 70% en cuatro años y del 156% acumulado desde 2001, no se condice con la velocidad de las obras de urbanizaciónnecesarias para incluirlas en el tejido urbano y social.

Hoy, en la Capital hay 14 villas, 24 asentamientos y dos núcleos habitacionales transitorios, según la Dirección General de Estadística y Censos local. En la última década, no se ha urbanizado ninguna; sólo se mudó la incendiada villa Cartón, que existía bajo la autopista Cámpora, luego de un traslado provisorio detrás del parque Roca. El propio gobierno porteño reconoce que la regularización dominial demandará, por lo menos, diez años.

Las obras de infraestructura y las asistencias ante emergencias no alcanzan para transformar en barrios las villas ni para mudar a los habitantes de los asentamientos. No hay atención sanitaria las 24 horas, ni presencia policial permanente ni escuelas. Sólo en la villa más antigua de la Capital, la 31, funciona un establecimiento escolar.

"El Estado no entra en la villa cuando no la urbaniza. Si se hiciera la apertura de calles y la posterior construcción de edificios nuevos para evitar el crecimiento en altura, se rompería la espacialidad intrincada de las villas, que hoy es utilizada por los narcos. Si el Estado no controla el territorio, es controlado por alguna organización. Los que más pierden son los mismos pobladores, que terminan siendo víctimas de la explotación", opinó Javier Gentilini (Proyecto Sur-UNEN), presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.

Es precisamente en la Legislatura donde se aprobaron leyes de urbanización que nunca se cumplieron: la ley 403, para la villa 1-11-14; la 1770, para la villa 20 (incluido el terreno donde estaba el asentamiento Papa Francisco); la 3343, para la villa 31-31 bis; la 148, para todas las villas, y la ordenanza 44.873, para la mayoría de los asentamientos.

La oposición critica la política del gobierno porteño por dos aspectos: los constantes cambios en las dependencias con responsabilidad en cuestiones de vivienda y las asignaciones presupuestarias.

"Pro envía a la Legislatura proyectos de zonificación y no proyectos de urbanización; buscan permitir regularizar el dominio, pero mantienen la precariedad: villa 19 [barrio INTA], Ciudad Oculta [villa 15] y barrio Cildáñez [ex villa 6]", indicó la ex legisladora Rocío Sánchez Andía, integrante de la mesa de urbanización de las villas 31 y 31 bis.

Ayer, en el deslinde de esas villas con la autopista Illia, la empresa estatal AUSA realizaba el recambio del alambrado que separa las casillas de la vía rápida a lo largo de 550 metros. El tejido era colocado sobre muretes de cemento de unos 65 centímetros de alto. De igual modo, se refirió a la política habitacional Gentilini: "El gobierno porteño está haciendo una intervención de carácter minimalista, no está urbanizando en serio".

Respecto de la asignación presupuestaria, la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un informe que da cuenta de que las partidas destinadas a viviendas vienen disminuyendo sistemáticamente desde 2005, al pasar de 3,8% del presupuesto en 2008 a 2,1% en 2013. Agrega que, si se enfoca la mirada en los recursos destinados específicamente a políticas públicas en villas, pasaron del 2,5% del presupuesto en 2005 al 0,7% este año.

Esto significa que, aunque aumente el número de la asignación, la porción que se destina a ese fin es cada vez menor. El presupuesto total de gastos para este año en el distrito es de 60.000 millones de pesos; la Secretaría de Hábitat e Inclusión (Sechi) cuenta con $ 150 millones.

"La Sechi es la que supuestamente coordina hoy por hoy, pero lo que más hacen es un maquillaje. No hay un plan concreto", indicó Jimena Navatta, de ACIJ.

La Sechi fue creada hace dos años. A sus fondos deben sumarse los asignados al Instituto de la Vivienda. Anteriormente, era la Corporación del Sur la que también atendía las necesidades habitacionales. Ese cambio de jurisdicciones también ralentizó el proceso.

Marina Klemensiewicz, al frente de la Sechi, se defendió: "En el gobierno de [Mauricio] Macri se avanzó como nunca y los planes de urbanización están en marcha en todas las villas de la ciudad. Hemos concretado 244 obras durante 2012 y 2013, y actualmente tenemos 84 obras en ejecución". Entre ellas, se destacan tendidos cloacales y pluviales en 3000 metros lineales, más otras 19 en el espacio público, como plazas y áreas deportivas.

Según la funcionaria, la regularización dominial llevaría una década. "Estamos diseñando los lineamientos adecuados para que, en un plazo máximo de diez años, todos puedan contar con su escritura. Es una tarea vital incluir en el marco institucional todos estos territorios, con los debidos derechos y responsabilidades. Hoy estamos trabajando en Los Piletones, el barrio INTA, la villa 20, Fátima y Cildáñez". El diputado Gustavo Vera (bloque Verde Alameda) dijo: "La última vez que el Estado pisó las villas fue en los 90. No hay control territorial".

5.9.2014

La decisión está tomada. La Policía Federal será retirada de los barrios de la ciudad de Buenos Aires donde ya fue desplegada la Metropolitana. Así se lo comunicó ayer el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a las máximas autoridades del gobierno de Mauricio Macri.

"Se decidió distribuir recursos: no se trata de un retiro. Que la Policía Federal continúe en los barrios donde ya se desplegó la Metropolitana es duplicar el trabajo. Si dicen que tienen la mejor policía del mundo, que se hagan cargo", dijo ayer una alta fuente del Ministerio de Seguridad.

Si no hay marcha atrás, unos 5000 policías federales dejarán los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, que pertenecen a la Comuna 12; Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca (Comuna 4), y Agronomía, Chacarita, Villa Crespo, Paternal y Villa Ortúzar (Comuna 15). Si bien todavía no hay una fecha cierta para el retiro, no sería inmediato, dijeron las fuentes.

La medida no fue bien recibida por el gobierno porteño, que intentará un aplazamiento. "La decisión del gobierno nacional no perjudica a la Policía Metropolitana. Los únicos damnificados son los vecinos de la ciudad de Buenos Aires", dijeron voceros de la administración macrista.

En la Metropolitana explicaron que tienen desplegados efectivos en tres comunas para "colaborar con las fuerzas federales", pero que no cuentan con los agentes suficientes para reemplazar a la Policía Federal.

En el entorno de Berni explicaron que no se trata de una decisión antojadiza. Sostuvieron que hace seis meses el mediático funcionario se lo había anticipado al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

"El tema se comenzó a hablar cuando el gobierno porteño nos pidió más tiempo para que la Policía Metropolitana se hiciera cargo de la seguridad en las estaciones de subte. Hace dos meses Berni se lo volvió a comunicar al ministro Montenegro. Ahora se pretende hacer una redistribución de los uniformados; esto no es un retiro de la Policía Federal."

Desde la Nación atacan, no tan veladamente, la gestión Macri. "Dicen que tienen 5000 agentes, pero nadie sabe dónde están. Es hora de que se hagan cargo de la seguridad de la ciudad. Nunca están cuando se los necesita", dijo ayer una figura de peso en la Secretaría de Seguridad.

Cerca de Berni explican que los policías de las comisarías con jurisdicción en las comunas 4, 12 y 15 serán enviados a otras seccionales de la Policía Federal. "Por ejemplo, un uniformado que hoy trabaja en la comisaría 49a, en Villa Urquiza, podrá ser trasladado a la seccional 23a, en Palermo", agregaron las fuentes consultadas.

Una alto jefe de la Policía Metropolitana reconoció que en la actualidad, por la cantidad de uniformados, no podrían hacerse cargo de la seguridad en las comunas 4, 12 y 15. "En estos momentos somos una fuerza de 4800 agentes. Pero no sólo cumplimos funciones en las comunas 4, 12 y 15. Parte de los uniformados se encargan de la vigilancia de todas las líneas de subte, hay consignas en el servicio de Metrobus, otros cumplen servicio en Parque Centenario y en la villa 31, en Retiro", agregó la fuente consultada.

En el gobierno porteño explicaron que si bien la Policía Metropolitana actúa en los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Nueva Pompeya, Parque Patricios, La Boca, Barracas, Agronomía, Chacarita, Villa Crespo, Paternal y Villa Ortúzar, lo hace para colaborar con las fuerzas federales de seguridad.

"Por ley, la seguridad en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo exclusiva de la Policía Federal", dijeron desde la fuerza de seguridad porteña.

Pero la preocupación en el gobierno porteño no sólo obedece al retiro de los uniformados de la Federal. En la comuna 4, en la zona sur de la ciudad, la seguridad está a cargo de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval, que tiene a su cargo el denominado Operativo Cinturón Sur. "En las comunicaciones también se refirieron al retiro de los gendarmes y de los prefectos", explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, conducido por Guillermo Montenegro.

Colaboradores de Berni explicaron que la Policía Federal sí continuará en las comunas 4, 12 y 15 para investigar los delitos de índole federal, como narcotráfico, trata de personas y secuestros extorsivos. "Si la Policía Metropolitana necesita colaboración para los delitos ordinarios, estaremos para ayudarlos, como sucede siempre."

Según datos de la Secretaría de Seguridad, hay 9000 uniformados de la Policía Federal que trabajan en las 53 comisarías porteñas. "Vamos a coordinar esfuerzos para prevenir el delito. Dejar a oficiales y suboficiales en los barrios donde ya trabaja la Metropolitana es no saber aprovechar los recursos humanos", sostuvo una calificada fuente del Ministerio de Seguridad, conducido por Cecilia Rodríguez.

"No sólo no tenemos la cantidad suficiente de hombres para poder hacernos cargo de la seguridad de las comunas 4, 12 y 15, tampoco disponemos de los móviles necesarios para los patrullajes", sostuvo un integrante la cúpula de la Metropolitana.

En agosto de 2010, Policía Federal ya planeaba su retiro de la ciudad de Buenos Aires. La idea, en ese momento, era replegar la fuerza de seguridad hacia el interior.

El primer paso había sido la creación de la Agencia Regional Federal Cuyo, con jurisdicción en Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa. "Es un retiro paulatino de las calles porteñas que llevará algunos años. La Policía Federal sólo se encargará de combatir delitos como el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas y otros delitos de competencia federal", se había explicado en ese momento..

5.9.2014

“Si queremos avanzar dotemos a los agentes que están a diario en la calle y cuya función esencial es el Control del Tránsito y del Estacionamiento, con atribuciones reales. Los 1200 agentes de tránsito no pueden ser meros espectadores"

La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira presentó un proyecto para modificar la Ley de Procedimiento Contravencional y la ley del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.

Según expresó la diputada Claudia Neira, Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña: “Esta modificación tiene como objetivo que los agentes de control de tránsito asuman dentro sus responsabilidades la prevención de las situaciones de extorsión en la vía pública, relacionadas con cuidacoches”.

El proyecto de Ley faculta al Cuerpo con la potestad de prevenir, facilitar y recibir denuncias; y ejercer poder de policía haciendo cesar la comisión de esta contravención cuando se constate.

Neira expresó que: "El PRO debe abandonar la retórica y empezar a legislar de manera coherente y efectiva para acabar con las mafias. El Estado tiene atribuciones para avanzar sin necesidad de entrar en debates rimbombantes sobre prohibiciones inaplicables" y agregó:

“Las fuerzas de Seguridad tienen a su cargo lidiar con situaciones de mayor gravedad, por tanto compartir la responsabilidad de la prevención de esta contravención con los agentes de tránsito facilitará el control sobre este tipo de situaciones”

La diputada del FPV manifestó que "Si queremos avanzar, dotemos a los agentes de tránsito, que están a diario en la calle y cuya función esencial es el Control del Tránsito y del Estacionamiento, con atribuciones reales. Los 1200 agentes de tránsito no pueden ser meros espectadores."