Comunicadores del Sur

10.2.2015 

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, informa que en el día de la fecha finalizo el juicio a los trabajadores del subte  procesados en una causa por la apertura de molinetes el 27 de febrero de 2014. Ese día, se realizo una medida de fuerza en la estación Constitución de la línea C como parte de la Jornada Nacional por la Absolución de los Petroleros de Las Heras. 

Luego de dos jornadas de presentación de pruebas y testimonios, el juez Carlos Bentolila fallo decretando la inocencia de la totalidad de los denunciados por SBASE. Consideró que en la denuncia sostenida por SBASE y la Fiscalía no se había probado que se haya obstaculizado o estorbado el funcionamiento del servicio del subte, no se ha determinado qué falta se le imputa a cada trabajador, ni tampoco que se impidió la recaudación. En definitiva, no se ha demostrado ningún perjuicio concreto para la empresa.

Así, con el apoyo incondicional del Secretariado Ejecutivo y el Cuerpo de Delegados, que acompañaron a nuestros compañeros en las dos jornadas del juicio y aportaron el patrocinio de la Dra. Andrea Forgueras, se definió en forma favorable la situación de nuestros compañeros.

ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

SEGUNDA JORNADA DEL JUICIO A TRABAJADORES DEL SUBTE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de febrero de 2.015.-

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro convoca a concentrarse mañana, martes 10 de febrero a las 9.00 hs en Tacuarí y Av. De Mayo para marchar al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, ubicado en Tacuarí 138 en el marco de la segunda jornada del proceso contra trabajadores del subte. El  macrismo por un lado impulsa la aplicación de multas de más de $ 25.000 por cada trabajador participante de la protesta y por otro busca la condena por los delitos penales inexistentes. 

El 27 de febrero de 2014, se llevó adelante una medida de apertura de molinetes en la estación Constitución de la línea C como parte de la Jornada Nacional por la Absolución de los Petroleros de Las Heras. La respuesta del Gobierno de la Ciudad al ejercicio constitucional del derecho de la protesta fue el inicio de denuncias administrativas y penales, que desembocaron en procesos penales y de faltas.

No podemos permitir esta actitud del Gobierno de la Ciudad, de cercenar las libertades y de intentar judicializar toda protesta social y gremial y por eso invitamos a las Organizaciones Políticas, Sindicales, Sociales y de Derechos Humanos a acompañarnos a repudiar un nuevo intento del macrismo por acallar la voz de los trabajadores.

• NOS CONCENTRAMOS EL MARTES A LAS 9.00 HS EN TACUARI Y AV. DE MAYO

• ¡TODOS CON LOS COMPAÑEROS PROCESADOS!

• NO A LA JUDICIALIZACION DE LA PROTESTA GREMIAL

SECRETARIADO EJECUTIVO

ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

6.2.2015

Ante el comienzo del juicio el próximo lunes contra 13 trabajadores del subterráneo, la Agrupación Trabajadores de Metrovías llama a los compañeros y a las organizaciones populares a movilizarse para reclamar su absolución y defender el derecho a la protesta. 

La acusación contra los compañeros fue realizada por el macrismo y la empresa por haber participado en acciones de lucha para reclamar la absolución de los obreros petroleros de Las Heras. De este modo se viola el derecho a la protesta y a la huelga, que tienen todos los trabajadores para defender sus reclamos y expresar su solidaridad con el resto de los trabajadores del país. 

Denunciamos que así como el gobierno nacional estuvo detrás del juicio y la canallesca condena a perpetua a los petroleros de la Patagonia, el macrismo es quien mueve los hilos para enjuiciar a los compañeros del subte. Ambos gobiernos revelan su carácter antiobrero. 

Debemos señalar que la actual conducción de la Agtsyp, alineada con el kirchnerismo, no estuvo a la altura de la defensa de los compañeros, siendo que se trataba de una acción decidida por el sindicato. 

Por la absolución de los 13 trabajadores del subte. Defendamos nuestro derecho a la protesta. Convocamos a movilizarnos el lunes a las 9,30hs a tribunales (Tacuarí 138), cuando comienza el juicio.

4.2.2015

Los Trabajadores de la Dirección General de Reciclado, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), nos dirigimos a la opinión pública para transmitir nuestra profunda preocupación ante la voluntad de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de desplazar arbitrariamente a decenas de trabajadores de nuestra dirección a otra área de Gobierno, sin marco legal que la sustente, con una clara intención de vaciar la DGRec y debilitar el aún creciente proceso de formalización de miles de Recuperadores Urbanos.

Una de las principales funciones de la DGRec es el fortalecimiento y control del Pliego de residuos sólidos urbanos que fue licitado por  cooperativas de recuperadores urbanos que nuclean a más de 7000 cartoneros. Esta tarea es posible debido al compromiso de sus 180 trabajadores, cantidad a todas luces insuficiente para la complejidad del sistema público de recolección de residuos reciclables con inclusión social que va desde la recolección que hacen los recuperadores, la logística, la gestión de los centros verdes y la comercialización del material.

Desde hace 10 años los trabajadores del organismo cumplen de manera responsable y comprometida con su tarea, diagramando políticas públicas y diseñando herramientas para fortalecer la DGRec. A la vez hemos denunciado en diferentes oportunidades, como en la conferencia de prensa realizada en diciembre pasado, la falta de políticas públicas hacia los recuperadores independientes, la tercerización de funciones propias de nuestra dirección a manos de otros organismos y los millones de pesos del presupuesto que se malgastan en consultoras de dudosa capacidad y procedencia.

En este contexto las autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, amparados en la falsa pretensión de eficiencia, plantean crear un cuerpo de “inspectores polivalentes” que cumplan funciones de control que son incumbencia de otras áreas. Esto se implementará trasladando trabajadores que cumplen esas y otras funciones, vaciando violentamente de esta manera a la DGRec y otros organismos. Queriendo convertir al MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  en un mero cuerpo de inspectores que se limite a multar y recaudar, negando la complejidad del abordaje de las políticas del ambiente y espacio público y sus actores sociales(cartoneros, manteros, feriantes, etc.).

Ya conocemos los perversos resultados de estas reestructuraciones pensadas con una lógica recaudatoria, al calor de los apuros electorales. Basta recordar el desdoblamiento que se llevó a cabo en la Dirección General de Ferias y Mercados (DGFyMe), cuando se creó la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Publico llevándose a la mayoría del personal contratado y la mayoría de sus funciones, que a su vez serían tomadas por este nuevo cuerpo de inspectores.

Ese derrotero mostró con claridad que el ejecutivo puede crear organismos a tontas y a locas y no dar en la tecla para generar políticas públicas eficaces que contengan a los sectores de la economía popular. Y al mismo tiempo realizan un manoseo de los trabajadores estatales y tirando por la borda años de trabajo.

Es por esto que los trabajadores nos oponemos a la creación compulsiva de reparticiones públicas con el consecuente maltrato de los trabajadores que son transferidos a ellas respondiendo solo a los caprichos de los funcionarios. 

Exigimos además el cese de la situación de precarización laboral de la que somos víctimas y se nos reconozcan nuestros derechos.

– NO AL VACIAMIENTO DE LA DGREC

– PASE A PLANTA PERMANENTE

– ENCASILLAMIENTO

– IGUAL SALARIO, IGUAL TAREA.

JUNTA INTERNA 

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

ATE CAPITAL

29.1.2015

Por Camila Amatriain. Una nota publicada en el diario La Nación sobre cómo se vive en la villa despertó indignación entre vecinos y referentes sociales y políticos. Sobre la construcción de la identidad villera a fuerza de verdades.

Muchas veces los medios de comunicación masivos  construyen un  discurso sobre las villas y asentamientos, refiriéndose a ellas casi sin excepción, vinculadas a los índices de inseguridad. Como si en el GPS de la comunicación se escuchara: “Usted está entrando en una zona peligrosa”.  Es así que la estigmatización de miles de personas que viven en un barrio humilde, parece ser la primer condición que habilita la erradicación o traslado de “la villa” del “barrio”.

Solamente en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 40 villas y asentamientos, donde viven más de 170 mil personas en una situación de precaria urbanización y la carencia de servicios básicos. Sin embargo, a pesar de la cantidad  de problemas que sufre a diario la ciudadanía, el elemento que hace visibles a las villas son las imágenes estigmatizantes negativas que en el lenguaje periodístico habitual refieren a “inseguridad”, “zona caliente”, “peligrosidad”, entre otros.

Un caso reciente fue el que protagonizó esta semana el diario La Nación cuando publicó una notasobre cómo se vive en la villa 21-24/ Zavaleta. Allí se destaca la peligrosidad de la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires, imponiendo una línea peligrosa que separa a quienes viven dentro, de quienes viven fuera. La nota promueve la criminalización de la pobreza, pero también el enfrentamiento entre vecinos que hace muchos años, viven en el mismo barrio. 

La nota se desarrolla y concluye sin  mencionar ni el porcentaje de familias que viven en la Villa sin tener acceso al agua potable, ni la cantidad de niños y niñas que tienen plomo en sangre por vivir a la vera del Riachuelo contaminado, ni a las  familias que viven en situación de emergencia eléctrica, por sólo mencionar algunas de las realidades que se esconden detrás de las narrativas periodísticas sobre las villas.

Dicha nota, tampoco incluyó en la construcción de “inseguridad”, por ejemplo cuando las fuerzas de Gendarmería dejaron la zona liberada en Zavaleta que terminó con la vida de Kevin Molina de 9 años, o cuando asesinaron a Cinthia Ayala Villalba, también de 9 años. Ambos fueron víctimas de tiroteos y de una puja territorial avalada por las fuerzas de seguridad nacionales. Víctimas que no se contabilizan como parte de la “inseguridad”.  

“Seguridad es saber que voy a llevar a mis pibes a la escuela y van a estar bien,  y no en un container, como pasó el año pasado. Seguridad es que los tendidos eléctricos estén bien y que no vaya a caer un cable y electrocutarme o que no me contamine por vivir cerca del Riachuelo. Todo eso tiene que ver con la urbanización y con políticas públicas que hoy no existen”, retruca sin pedir permiso, a la nota de La Nación, Rodrigo Alonso, integrante del Frente popular Darío Santillán. Alonso vive en la Villa 21 y en diálogo con FM Che Barracas se mostró indignado ante el retrato que hizo el diario sobre su barrio.

Las y los vecinos la 21-24, así como los de cualquier otra villa de la ciudad, sufren a diario la ausencia en el suministro de agua potable, el riesgo ante el que están expuesto frente al precario tendido eléctrico, la amenaza constante de inundaciones en la zona sur es un estado de alerta permanente ante cualquier lluvia dado la ineficiente política de infraestructura que tiene esta zona de la ciudad, los graves problemas de salud de cientos de familias a causa de la contaminación del Riachuelo, la escasez de una red cloacal, la acumulación de focos basura y la ausencia de un servicio de recolección como el que disfruta cualquier otro ciudadano, la ausencia de vías de acceso y circulación que permitan el  ingreso de servicios de emergencia (otro de los grandes problemas en el diseño de la trama urbanística) y el vaciamiento de la salud pública con centros sanitarios cercanos a estos puntos geográficos.

Estos son sólo algunos, por mencionar los más urgentes, sentidos que la construcción discursiva de la “inseguridad” de medios como La Nación, y por consiguiente la posterior edificación de la opinión pública, dejan afuera de los relatos y de la vida de los que viven del mismo lado de la Ciudad, aunque muchas veces se los pretenda invisibilizar. Por sumar un dato más, sólo en la última quincena se registraron más de diez denuncias sobre la discriminación y la ausencia de los derechos más básicos en las villas porteñas.