Comunicadores del Sur

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La voz de los vecinos de la Villa “Papa Francisco”

27.8.2014

"Estoy en el barrio ahora, en el acampe. Estoy sin palabras con lo que me pasó a mí, a la toma. Es una tristeza muy grande. Tenemos que seguir luchando acá por una vivienda digna ya que el Gobierno nos desalojó con la excusa del allanamiento. Ahora hay que seguir adelante, no tenemos que bajar los brazos", comenzó su relato doloroso Sonia.

—OVOP: Con esta situación de frío, con los niños, ¿no están teniendo ningún tipo de atención como lo había previsto el Gobierno de la Ciudad cuando planteó un desalojo con la correspondiente asistencia? ¿No les han dado ninguna ayuda?

—Sonia: No. Vinieron de Ciudad, de la Nación, pero no aceptamos nada, porque no es la solución. Te dan viviendas transitorias y hoteles, pero es lo mismo que quedar en la nada. A la larga o a la corta, quedamos en la nada igual, porque en algún momento nos van a empezar a sacar. En los paradores de Ciudad empiezan a maltratar a la gente, hacen daño psicológico, discriminándolos, ofreciéndoles subsidios de 1800 pesos que no van a servir de nada. Ahora, a las 8:00 de la noche, vinieron bastantes vecinos de las viviendas transitorias a dar su testimonio; los tratan mal; a los chicos los discriminan: están tirados por los pasillos, no hay camas, duermen en el piso. Llegaron al extremo de ser vigilados por cámaras por seguridad, según ellos, en los paradores de Parque Chacabuco, Parque Avellaneda…

—OVOP: ¿Cómo es la composición de tu familia? Antes de que estuvieras en ese predio, ¿dónde vivías?

—S: Vivía en Pompeya. Vi la toma en la televisión y me animé, porque vivía alquilando, pagaba 1500 pesos una habitación. Preferí comprarme un ranchito y hacer mi propia casa.

—OVOP: ¿Tuviste que comprar el terreno?

—S: Sí.

—OVOP: ¿A quién se lo compraste?

—S: A una vecina que también había tomado.

—OVOP: Fue la toma de la toma…

—S: Claro.

—OVOP: Esa persona tomó, después hizo unas parcelas y se las vendió a ustedes.

—S: Era un pedacito, no una parcela, que a ella le correspondía. Porque en ese momento había mucha discriminación, pero pese a todo eso fuimos luchándola, y le compré.

—OVOP: ¿Qué te pudiste construir allí?

—S: El martes 23 de febrero fui ahí, empecé a quedarme ahí, chupé frío, pasé hambre, sol, lluvia. Pasé todo al fin de tener mi casa. En ese momento no era tan lindo. Poco a poco se fue tranquilizando, se fue luchando internamente entre los vecinos, porque ya la lucha era interna. Empezamos a abrir calles amplias de cuatro metros para que puedan ingresar las ambulancias, los bomberos… fue en vano porque vino el Gobierno y arrasó con todo. Yo había construido mi casita de material privándome de cosas, no comprarme cosas y privar a mis hijos, y de la noche a la mañana me lo sacan. Incluso, sin avisar, dijeron que era un allanamiento. Yo acepté, había mucha delincuencia. A los diez minutos dieron la vuelta y desalojaron. Yo había comprado una puerta nueva, ni siquiera la pude estrenar en la casita nueva que yo armé con tanto esfuerzo; la tiraron abajo y me dijeron "Señora, usted tiene que salir ya, es un allanamiento". Tuve que salir con mis tres hijos y mi perra porque no me daban tiempo a sacar otras cosas. Después dijeron que íbamos a volver a entrar a sacar las cosas, pero al final no nos dejaron entrar y tuve que luchar con la policía para poder sacar las pocas cosas. Pude sacar algo, pero quería salvar mi casa. Donde estaba yo, Sección 8, que había venido a censar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), ya estaba edificado con material, casas de dos pisos. Pero no les importó nada y empezaron a derrumbar.

—OVOP: Ahí actuó tanto la Federal como Gendarmería y Metropolitana.

—S: Los tres. Tampoco mostraron orden de desalojo. Lo estudiaron bien, creo que era la secretaria de una jueza que dijo "Abran calles" para que se quede el asentamiento. Nosotros estamos de acuerdo en que se abran calles para que se pueda urbanizar, pero a la vez era una trampa, porque entraron de todos lados, no nos dieron tiempo a nada.

—OVOP: ¿A qué hora fue?

—S: Entre las 7:00 y 8:00 de la mañana. Hubo comentarios que decían que a las 2:00 de la mañana se había firmado la orden y a las 5:00 empezaba a venir Gendarmería y Metropolitana a rodear el perímetro.

—OVOP: Fue muy rápido. La vez pasada, en febrero, marzo, también se hizo otro intento, y esta vez hubo legisladores y organizaciones que pudieron evitarlo.

—S: Claro. No nos dieron tiempo a nada. Incluso, en el sector donde estaba yo, las familias salieron a trabajar normalmente. ¿Qué te vas a poner a pensar que van a venir con una topadora y te van a sacar cuando ya están todas las calles anchas, se estaba tratando de urbanizar el barrio, había calles abiertas, pasillos amplios? Estoy de acuerdo en un allanamiento porque hay delincuencia, pero no entrar con esas cosas para que te saquen lo único que pudiste construir, la ilusión de tus propios hijos para que puedan tener una pieza, una casa digna. Ahora los tuve que dejar en la casa de mi prima para no traerlos a este sufrimiento. Chupé seis de meses de frío, ¿y ahora exponerlos? No, prefiero chupar frío yo luchando por una casa digna que exponerlos a ellos.

—OVOP: ¿Están realizando marchas?

—S: Sí, estamos organizando para hacer un escrache en la Legislatura, reclamar por lo que para mí fue una masacre, porque hubo niños golpeados, mujeres maltratadas. A mí me maltrataron, también hubo niños discapacitados golpeados, embarazadas. Hubo muchas cosas que ni siquiera se dieron a conocer en la televisión; decían "Un desalojo en paz", y no fue así.

—OVOP: Hay fotos que no son de los medios tradicionales en la que se ve que fue una ocupación militar prácticamente.

—S: Claro. Volvemos a los años ’70, ’80, cuando mi mamá me contaba que entraban los militares a golpear. Es indignante.

Sonia dejó su teléfono y volvió a la carpa, dispuesta a pasar la fría noche porteña abrigada con una esperanza: que algún día, en esta vida, exista una sociedad que no se permita tener a algunas de los suyos en esta situación.

Mientras tanto hay dos lugares donde se está juntando ropa: Pavón 1368, del Frente de Organizaciones en Lucha, y en Senillosa 2092, esquina Cobo, ambos en CABA, de 12 a 18 horas.

Desalojo y represión en Lugano: el insólito comunicado de la jueza

26.8.2014

La magistrada a cargo del desalojo describió como "mínimo y ulterior incidente" las agresiones que sufrieron legisladores porteños por parte de la Metropolitana. Además agregó que su tarea "fue ingrata".

Por Santiago Gómez

 

A través de un comunicado oficial, debido a “las comprensibles demandas de información”, la titular del Juzgado Nº14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, se manifestó en relación a los hechos sucedidos el sábado pasado, durante el desalojo del asentamiento Papa Francisco, ubicado en el barrio de Villa Lugano.

La jueza se refirió a la represión que padecieron distintos legisladores porteños, entre los que se encontraban José Campagnoli, de Encuentro por la Democracia y la Equidad; y Pablo Ferreyra, de Seamos Libres, como “mínimo y ulterior incidente (…), definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada”. Destacó que no hubo pérdidas humanas “ni heridos de consideración”.

En un comunicado en el que claramente la magistrada optó por restarle importancia a la participación del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a quien no se refirió en ningún momento, sino que agradeció a la Ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, por el trabajo realizado y a los diferentes funcionarios de la Ciudad. López Iñíguez consideró que el desalojo “fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores”. Ante las distintas versiones sobre de quién fue la responsabilidad del mismo, la magistrada no dejó lugar a dudas, el desalojo fue “bajo la coordinación de la suscripta”.

 

Tarea ardua e ingrata

 

Esa fue la terminología que utilizó la jueza para referirse al desalojo que ordenó, a pedido del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. “A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes, priorizándose la ropa de abrigo, los colchones y los útiles escolares ante todo. El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”. Cabe preguntarse si el objetivo de la mandataria fue el mismo, por qué no le exigió al gobierno de Macri que presentara un plan de relocalización de las familias y los recursos necesarios para que las mismas pudieran volver a comprar lo perdido.

La jueza optó por nombrar los distintos organismos de la Ciudad que participaron del operativo, “el SAME, el BAP, la Secretaría de Acción Social, la de Hábitat, el consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Minorías, etc., juntamente con la Policía Metropolitana, el Equipo Fiscal designado en esta causa, y bajo la coordinación de la suscripta”. Cada uno de esos organismos cuenta con una cantidad considerable de denuncias por no cumplir con las tareas que le corresponden. Recordemos el juicio al SAME por no entrar a una villa, la falta de vivienda y las condiciones de los paradores de la Cuidad, que dependen de la Secretaría de Acción Social, cartera en la cual la vice intendenta, Eugenia Vidal, ha hecho un trabajo desastroso, sin el más mínimo cuidado por cumplir con las obligaciones que la Constitución de la ciudad determina.

 

La jueza venía monitoreando

 

La mandataria expresó estar al tanto de las “construcciones clandestinas que se habían erigido en el predio” y que “todo pudo realizarse en breve lapso ya que, salvo contadas excepciones, se trataba de casillas hechas con maderas, chapas y cartones, tal cual como lo venía monitoreando este tribunal”. No informa la misma cuánto hacía que el tribunal venía monitoreando la situación del asentamiento Papa Francisco y de ser así, por qué no le exigió al gobierno de la ciudad que garantizara el derecho a la vivienda de esas familias, antes que quitarles el techo con el que contaban, considerando el mísero trabajo que realiza el gobierno macrista, caracterizado por la gestión de Vidal, en lo que refiere a la población que vive en la calle. Este cronista, infelizmente conoce el abandono de la gestión porteña, ya que fue echado de un parador conveniado con la Ciudad no Autónoma después de denunciar la paliza que la Metropolitana le dio a los niños que asistían al mismo. Parece que la jueza optó por no preguntarle a los moradores de Papa Francisco qué respuesta habían tenido hasta el momento de Vidal y su equipo.

 

Fuimos todos

 

La jueza optó por mencionar también en su comunicado al Dr. Alejandro Amor, Titular de la Defensoría del Pueblo, a la Dra. Mónica Reina y a su equipo de colaboradores “cada vez que esta Magistrada requirió su intervención funcional”. Según la mandataria informó, el Defensor del Pueblo “estuvo presente en el lugar de los hechos a efectos de llevar a cabo la veeduría del procedimiento que le fuera judicialmente impuesta. Su informe verbal, al término del desalojo de personas, dio cuenta de que el mismo se desarrolló sin incidentes”. “En tal sentido, pues, no puedo más que afirmar que se ha dado cabal cumplimiento a los términos de la orden que yo dictara en este legajo, lo que así declaro formalmente”, afirmó López Iñíguez.

“Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades, y de la autoridad con que las leyes los invisten en razón del elevado cargo que ostentan. En cuanto a este juzgado respecta, la tarea de desalojo, liberación y devolución del predio de la calle Fernández de la Cruz, entre Pola y Escalada, ha sido concluida con éxito, razón por la cual ninguna otra disposición debe adoptarse desde esta judicatura penal.” Ante estas afirmaciones dan ganas de entrevistar a la jueza y preguntarle por qué no comenzó al revés. Si la responsabilidad de la resolución del conflicto le corresponde al Ejecutivo porteño, por qué no le exigió solucionar el conflicto de vivienda de esa población, para después ordenar la liberación del predio.

Según informa el comunicado, el proceso contencioso administrativo cuyo objetivo es el saneamiento del predio, corresponde a la Dra. Elena Liberatori, con quien López Iñíguez estuvo reunida para informarle que “que a partir de las 19.00 horas del sábado 23 de agosto de 2014 el Gobierno de la Ciudad se encuentra nuevamente en plena y libre posesión del predio cuya restitución venían reclamando judicialmente las autoridades del Poder Ejecutivo local. (…) Dejar el predio nuevamente abandonado, con una custodia policial que no podrá ser mantenida eternamente, expone al lote, dada su ubicación, al riesgo cierto y grave de ser nuevamente intrusado lo que, de ocurrir, será exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo local, y podría dar lugar, incluso, a responsabilidades penales a su respecto. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber”, expresó quien coordinó el desalojo.

Para terminar, agradeció a los funcionarios del gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que “sin estar comprendido en las órdenes dictadas por mí, haciendo gala de gran compromiso funcional y por razones humanitarias prestaron el domingo 24, con frío, en medio de la lluvia y con caída de granizo, un apoyo eficaz que permitió acoger habitacionalmente a medio centenar de personas que originariamente persistía en no abandonar el lugar”. Si la mandataria reconoce las razones humanitarias, no se explica por qué por esas mismas razones no tuvo en consideración que las mismas no caracterizan a la gestión macrista, y que hasta el momento no ha dado solución a los problemas de vivienda que atraviesan las más de 400.000 personas de la CABA.

“No desalojaron mafias, desalojaron pobres”

26.8.2014

Miércoles 27/08 – 9 hs. Obelisco a Jefatura de gobierno porteño

 

EXIGIMOS VIVIENDA DIGNA 

Movilización unitaria al gobierno de la Ciudad y a la Legislatura porteña en reclamo de una solución inmediata a las familias desalojadas del barrio Papa Francisco

Desde el Movimiento Villas al Frente nos sumamos a la movilización unitaria de este miércoles, en repudio a la represión de Macri y Berni, contra las familias desalojadas. 

 

Recordamos que el sábado pasado, la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana y la Gendarmería desalojaron violentamente a cientos de familias en el barrio y demolieron sus casas con topadoras. Como resultado, las familias se encuentran realizando un acampe sobre la Avenida Cruz y Pola, exigiendo una respuesta a la terrible situación que están viviendo.

 

Repudiamos la represión de Macri y Berni

 

Urbanización del barrio Papa Francisco y de la Villa 20 de Lugano

 

Solución inmediata a las familias que hoy están en la calle

 

Convocan: Vecinos y Vecinas del Barrio Papa Francisco 

 

Adhieren: Bachillerato Popular Casa Abierta, Barrios de Pie, Bloque Verde Alameda, Colectivo por la Igualdad, Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe (CPI),Corriente Clasista y Combativa, COB La Brecha, Congreso por el Derecho a Vivienda, El Hormiguero, Federación de Organizaciones de Base (FOB), Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Juvenil Fuerza Callejera, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), La Poderosa, Los Invisibles, Lucha y Trabajo, Mesa de Urbanización Villa 31, Movimiento Evita, Movimiento Popular Seamos Libres, Movimiento Villas al Frente, MRP, MST, MST Teresa Vive, MTD Aníbal Verón, Organización Social y Política Los Pibes, Pañuelos en Rebeldía, Partido Obrero, Patria Grande, Polo Obrero, PTS, Taller Libre de Proyecto Social FADU, Tendencia Piquetera Revolucionaria, Corriente Villera Independiente, MP La Dignidad en Pueblo Unido, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Asociación de ex detenidos desapareciods (AEDD), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH Matanza, Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ) Argentina. Miembro consultivo de la ONU y la UNESCO, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Federación de Cartoneros y Recicladores, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Cooperativa de Vivienda CoViLPi, Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, FM Riachuelo, Mesa de Vivienda y Hábitat de La Boca, OP Fogoneros, Bachillerato Popular La Grieta, Pergamino, Bachillerato Popular 2 de diciembre, Proyectar, agrupación de docentes y graduados FADU-UBA, Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño FADU-UBA (CEADIG), Agrupación estudiantil La Corriente, Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario, Corriente Nacional Emancipación Sur, Proyecto Sur provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur, Red Lugano, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autonomos (ENECA).

Trabajadores de prensa contra la represión: por un periodismo que no estigmatice a los pobres

26.8.2014

Desde el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) repudiamos la escalada represiva contra los vecinos de las villas de la ciudad de Buenos Aires. En los últimos días, las fuerzas de seguridad que responden al Gobierno nacional y al porteño se ensañaron con habitantes de los barrios más humildes de la capital. Como organización que se referencia en las clases populares, nos pronunciamos en contra de todo tipo de represión y discriminación, y convocamos a las compañeras y los compañeros de prensa a no convertirse en un instrumento que alimente la xenofobia y el desprecio que muchos medios de comunicación destilan por igual hacia inmigrantes y argentinos de los sectores más pobres.

 

Días atrás, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, planteó la necesidad de deportar extranjeros delincuentes, guiño del funcionario nacional a un sector social que encuentra un enemigo en el otro, en el diferente, y cree que la "mano dura" es la solución al miedo que los medios de comunicación pretenden instalar constantemente. Berni, que ya mostró dónde se para al actuar como si fuera jefe de seguridad de la multinacional Lear –cuestión que los trabajadores despedidos y la comisión interna de la autopartista denunciaron oportunamente–, fomenta con sus declaraciones el racismo y la xenofobia.

 

Por eso no fue extraño ver al “supersecretario” hacer campaña electoral el sábado pasado en el brutal desalojo de los vecinos que habitaban el barrio Papa Francisco, lindero a la Villa 20 de Lugano, quienes vivenciaron la violencia coordinada por la Gendarmería, la Policía Federal y la Metropolitana. Berni justificó el ataque contra los vecinos argumentando que “este asentamiento se cobró tres vidas”. En lugar de detener a los culpables del asesinato de la joven Melina López, Berni utilizó el crimen para atacar y estigmatizar a todos los habitantes del barrio.

 

El discurso y accionar de Berni está en sintonía con el esgrimido por Mauricio Macri, quien desde que asumió su función como jefe de Gobierno porteño no hizo nada por solucionar una crisis habitacional que ya le estalló en las manos y que empujó a los vecinos de las villas de Buenos Aires a instalar una carpa en el Obelisco durante cincuenta y cuatro días para exigir la inmediata urbanización de sus barrios.

 

En octubre de 2010, el informe realizado por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas determinó que el 24,91 por ciento de las viviendas de la Ciudad se encontraban vacías y 140 mil casas estaban en situación deficitaria. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, en la capital del país hay medio millón de personas con problemas de vivienda. El Gobierno porteño, en lugar de enfrentar el déficit habitacional, subejecuta el presupuesto destinado a este área y utiliza como fuerza de choque a la Metropolitana, policía que ya demostró su habilidad para la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano y en el conflicto del Hospital Borda.

 

Frente a una situación habitacional que ya es dramática y afecta a miles de porteños, la respuesta del Gobierno nacional y de la Ciudad fue enviar a sus policías y topadoras. El resultado: cientos de familias quedaron en la calle y delegados y referentes sociales fueron detenidos. El operativo policial también se ensañó con aquellos legisladores que fueron a poner el cuerpo en solidaridad con los habitantes del barrio Papa Francisco. Pablo Ferreyra fue herido con perdigones de goma mientras que José Campagnolli Horacio Pietragalla fueron golpeados. Los trabajadores que integramos el CTP repudiamos el accionar represivo como única respuesta a los problemas de vivienda del pueblo trabajador.

 

Los canales de televisión que se acercaron al lugar negaron sus micrófonos a las personas agredidas y desalojadas, a los diputados y a los delegados del barrio, decisión que contrastó con la "cadena nacional" que protagonizaron Berni y la vicejefa de la Ciudad, María Eugenia Vidal. Hasta un grupo de vecinos que se manifestó a favor del desalojo tuvo oportunidad de expresarse frente a las cámaras. En resumen, se trató de un dispositivo mediático que invisibilizó a los vecinos desalojados y fue acompañado por la Gendarmería, que impidió el ingreso a los periodistas que intentaron ingresar al barrio a hacer su trabajo.

 

Quienes militamos en el CTP consideramos que, como trabajador@s de prensa, tenemos una responsabilidad especial: hay que dar batalla para que los medios en los que trabajamos no tergiversen los hechos que cubren y se abran espacios para que las voces silenciadas puedan expresarse. ¡Compañeros, compañeras, debemos dar esa discusión! Los trabajador@s de prensa organizados volvemos a expresar que es necesario articular cada vez más con los medios alternativos y comunitarios, con organizaciones sociales y trabajador@s de todas las actividades para poner al periodismo al servicio del pueblo.

Acampe en las cercanías de la Villa “Papa Francisco”

26.8.2014

La Retaguardia

Pasadas pocas horas del desalojo de la Villa Papa Francisco en el barrio de Lugano, algunas familias permanecen acampando en las cercanías del terreno. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el sector en el que estaba instalados los narcotraficantes quedó intacto y que solo desalojaron a los vecinos. Dejamos algunas reflexiones para intentar entender por qué se pasó de la urbanización al desalojo.

Tras el desalojo de las familias que vivían en la Villa Papa Francisco, varias organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron en el obelisco para protestar por las diez detenciones producidas. Las primeras seis se dieron durante el desalojo. Las otras cuatro en incidentes posteriores en los que hasta el legislador Pablo Ferreyra fue alcanzado por balas de goma.

Aún lejos de contar con políticas públicas que intenten solucionar el problema de vivienda que tantos porteños tienen, el gobierno de la ciudad y el nacional, se preocuparon especialmente esta semana por continuar con la estigmatización de los habitantes de las villas. Así como el Papa Francisco logró detener el desalojo planificado hace algunos meses con un mail que hizo público el legislador porteño Gustavo Vera ("Antes no desalojaban los autos y ahora están apurados por desalojar a las personas", decía el papa en aquel momento), el viernes causaron sorpresa las declaraciones del cura del barrio, Franco Punturo, el mismo que bautizó a lo que iba a ser un barrio en lugar de una villa, con el nombre de Papa Francisco. Punturo había asegurado que “la zona es tierra de nadie, del más fuerte, del más violento”, y aseguró que eso ocurría porque la policía y la gendarmería no entraban al lugar y eso generaba la tranquilidad necesaria para que las mafias se instalaran allí.

Curiosamente, ayer las fuerzas de seguridad no solo ingresaron al barrio encontrándose con poca resistencia, sino que se llevaron detenidas a diez personas, la mayor parte militantes sociales y delegados del barrio, que bastante lejos parecen estar de ser mafiosos. Cabe preguntarse: si el barrio estaba tomado por bandas peligrosas, ¿por qué la resistencia fue la que en general se da en cualquier otro desalojo?; las familias intentaron evitar la medida en un comienzo (de hecho allí se produjeron las primeras seis detenciones), pero luego no les quedó otra opción que aceptar retirar sus cosas antes de que las topadoras arrasaran con sus ladrillos, sus sueños, sus buenos mangos puestos no solo en los materiales, sino también en muchos casos en la compra de esos terrenos a algunos punteros del sistema político como Marcelo Chancalay, ex presidente de la junta vecinal de la Villa 20, que fue detenido el 30 de mayo acusado de haber organizado la toma y loteado los terrenos para luego venderlos. Vale volver a preguntarse, ¿quiénes son los mafiosos? ¿los vecinos que ayer se quedaron sin vivienda o los punteros que deambulan entre el PJ, el PRO, el FPV, según les convenga, como Chancalay?

El poder parece saber quién es quién. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el desalojo no alcanzó a los narcos a los que los vecinos (incluyendo a los desalojados) denunciaban. Vera lanzó una catarata de tuits en los que dejó su posición más que clara: "pregunten al cura, a los vecinos, el sector narco del fondo que los vecinos del Barrio Papa Francisco denunciaban no lo tocaron, rajaron a los vecinos", dice en el más elocuente.

Está claro que lo que sucedió ayer fue grave. No solo porque cualquier desalojo que deja familias en las calles lo es, sino por el apoyo social que la medida consiguió. Solo las organizaciones sociales y algunos legisladores porteños y nacionales se preocuparon por la situación. Las declaraciones del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni dan cuenta de que algo ha cambiado en lo discursivo. Si antes los funcionarios nacionales se preocupaban por no aparecer cómodos con la represión como metodología, ahora tienen en Berni al que asegura que esto debió haber sucedido antes. Hoy, ya nadie habla de Melina López, ni de las mafias, ni de las familias desalojadas, ni del cementerio de autos… mucho menos de la ley que el propio Estado local incumple: ese terreno debió haber sido un barrio desde el 2005. Sin embargo sigue siendo caja para los punteros. Y todo indica que eso no se terminó ayer.

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