Comunicadores del Sur

13.1.2015

LA RETAGUARDIA

Tras la muerte de Néstor Femenía, el niño qom de Chaco que falleció esta semana por desnutrición y tuberculosis, pareciera ser que se trata de una enfermedad que solo puede encontrarse en el norte del país o en la zonas más empobrecidas. Sin embargo, Lucas Schaerer, periodista e integrante de La Alameda, escribió en 2009 una nota en la que revelaba que los niveles de tuberculosis en la Ciudad de Buenos Aires eran los mismos que se registraban en África. A cinco años de aquella publicación nada ha mejorado.

“En el área programática del Hospital Piñero (en el sur de la Ciudad) se detectó una tasa de infección de tuberculosis de 141.46 cada 100 mil habitantes (en 1999 era de 33.1 cada 100 mil habitantes). El promedio nacional es de 50 casos cada 100 mil (años atrás era de 30 cada 100 mil). Leyó bien. El sur de la Ciudad concentra la tasa más alta de tuberculosis de toda la República Argentina, junto con el Chaco impenetrable”, escribía Lucas Schaerer en 2009 en una nota publicada en el sitio Noticias Urbanas.

Tras cinco años, el escenario no se ha modificado. “Se sigue manteniendo una tasa de contagio superior a la que tiene El Impenetrable en el Chaco, la Ciudad de Buenos Aires tiene niveles de tuberculosis más altos que el del Chaco Impenetrable, muy similar a lo que es África. Decir esto parece algo catastrófico y que yo estuviera haciendo campaña política contra el actual gobierno, pero esta es una situación real que no la dice La Alameda, sino que lo dicen los informes de los propios médicos de los hospitales públicos, y que el fiscal Federico Delgado lo ha dado a conocer en una causa judicial”, afirmó Lucas Schaerer en diálogo con La Retaguardia.

A fines de 2013, el fiscal Delgado amplió la información brindada por el integrante de La Alameda en aquella nota, tomando todos los casos de tuberculosis que existían en la Ciudad de Buenos Aires, incluso el de un costurero de nacionalidad boliviana que terminó en fallecimiento y que aún sigue impune. A partir de estos datos, el fiscal sacó una resolución. “Allí habla justamente del entramado entre los talleres textiles clandestinos y las consecuencias en los niveles de tuberculosis en la Ciudad de Buenos Aires -detalló Schaerer–. Esa resolución que hace el fiscal es a raíz de distintos casos que La Alameda viene denunciando de talleres textiles clandestinos donde se han contagiado miles de costureros, sobre todo inmigrantes bolivianos, que vienen traficados y después reducidos a la servidumbre en estos talleres que hoy pululan en la Capital Federal y que producen (tanto) para grandes marcas de ropa como para La Salada en la Provincia de Buenos Aires o la calle Avellaneda en la zona de Flores”.

En este punto, el periodista advirtió que existe un desconocimiento social muy fuerte de esta situación porque es una realidad que se oculta: “obviamente demostrar que en la Ciudad de Buenos Aires los niveles de tuberculosis, sobre todo en el área programática del Hospital Piñero, o sea todo lo que abarca la zona sur de la Capital Federal, donde se han instalado mayoritariamente los talleres textiles clandestinos, no le conviene a los políticos, ni a las empresas de ropa y a la industria de la moda. Hay muchos costureros bolivianos que se contagian en los talleres. La tuberculosis se transmite de manera oral, empieza con una tos, con fiebre, y esto se llega a contagiar porque los costureros están mal alimentados, están hacinados en lugares donde no hay ventilación, donde se trabaja más de 16, 17 horas de lunes a sábado, a veces también los domingos, donde la alimentación es pésima, no hay vacunación. Además la posición de estar sentado en la silla, con el constante polvillo que genera la confección de ropa, los lleva a este contagio de tuberculosis que hoy supera los 2.000 casos en la Capital Federal, la mayoría se está atendiendo en el Piñero, pero también en el Hospital Muñiz”.

Cadena de responsabilidades de un Estado presente

Para Schaerer, el tráfico de personas y su posterior reducción a la servidumbre no solo generan una violación básica de los derechos humanos, sino que además genera consecuencias en la salud: “todo esto es para favorecer a una gran industria textil de la que, según ella misma reconoce y es de público conocimiento, el 78% de la ropa que produce hoy en la Ciudad de Buenos Aires es de manera clandestina, y esto genera trata, trabajo esclavo, evasión de impuestos, tuberculosis, que el gasto de salud en la asistencia de estos costureros también signifique inversión, o sea la gran industria se favorece justamente por este armado que le ha generado el Estado y en eso también tiene responsabilidad el Estado nacional, porque si se mantuvieran los controles sanitarios en fronteras, si se mantuviera sin corromperse la Dirección Nacional de Migraciones, si la Gendarmería hiciera el trabajo que le corresponde que es combatir la trata de personas y no reprimir a los obreros que protestan porque son despedidos, no tendrían los talleres textiles clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay una cadena de responsabilidades que va desde la frontera pero que también está en la Ciudad de Buenos Aires que es la que debe inspeccionar los talleres clandestinos y la que debe controlar sus habilitaciones”.

“Se repite una y otra vez que el Estado está ausente, pero esto es totalmente falso –reflexionó Schaerer–, el Estado está completamente presente, arma una lógica empresarial que es una lógica muy similar a la lógica Cromañón, que es generar cada vez más dinero sobre los empresarios y corromper a los funcionarios que deben evitar estas tragedias, como la de la tuberculosis”.

En este sentido, el periodista reiteró la responsabilidad transversal que tiene la política en esta realidad: “si se miran los niveles de tuberculosis a lo largo de los años, éstos van creciendo en la Ciudad de Buenos Aires, y acá estamos hablando de que existen organismos de control en la ciudad y a nivel nacional. En la ciudad también actúa la AFIP, entonces podría hacer, como ha hecho en el campo, inspecciones donde hay trabajo esclavo e infantil y no lo hace, podría haber control sobre el transporte de los micros que vienen con los costureros traficados de Bolivia. El Ministerio de Interior y Transporte, que maneja Florencio Randazzo, candidato a presidente, debería controlar esos micros donde vienen muchos de los compañeros contagiados de tuberculosis. Y eso no lo está haciendo el gobierno nacional. Y en la ciudad, (el jefe de gobierno) Mauricio Macri tiene a su propia esposa denunciada por trabajo esclavo, a su secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, también directivo de una marca denunciada por trabajo esclavo como Le Coq Sportif; esto evidencia la situación de complicidad total que existe con la industria textil y la moda, que va desde las principales marcas hasta talleres que producen para La Salada y la calle Avellaneda”.

La Red Antimafia y las elecciones

El trabajo de La Alameda tiene muchas puntas, además de la permanente tarea de denunciar las empresas que fomentan el trabajo esclavo tanto en la ciudad como en el campo. En 2013 convocó a distintos sectores políticos, religiosos y a organismos de derechos humanos a un encuentro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a partir del que se creó la Red Antimafia: “(el objetivo fue) empezar a debatir qué es el crimen organizado y cómo construimos desde la sociedad civil una política pública que combata justamente la trata, el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de órganos, los talleres textiles clandestinos. Esa red se está ampliando en el país, tiene sus bases en los barrios de Capital Federal, pero también ha llegado a Rosario en Santa Fe o en Paraná de Entre Ríos y liga a todos los hombres de bien, que más allá de las diferencias políticas, religiosas, gremiales o lo que sea, sí comparten esto de pelear por la dignidad y la libertad, y por tener un país libre de mafia”, explicó Schaerer.

A su vez, La Alameda participó por primera vez ese mismo año en la política partidaria. Gustavo Vera fue electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la lista de UNEN. Hoy, alejado de ese espacio, conforma el bloque Bien Común en el parlamento porteño junto a Pablo Bergel. Para este 2015, Vera tiene previsto ser candidato a jefe de gobierno por el Movimiento Bien Común.

“El partido es muy nuevo –señaló Schaerer–, lo lanzamos el 3 de setiembre y ahora en diciembre se lanzó la candidatura de Gustavo. Tiene el respaldo de un sector que hoy en la ciudad no está representado, que en su momento votó un frente como UNEN de siete partidos que no era K ni PRO. Creemos que por la centroizquierda, la izquierda y también por otros sectores como puede ser el religioso, Gustavo puede tener ese voto de la ciudadanía que no se siente representado hoy sin candidatos del kirchnerismo o un candidato fuerte, y obviamente el resto de las agrupaciones más cercanas a este espacio que tampoco lo tienen. Bien Común también va a presentar su lista de legisladores y comuneros”.

Al momento de anunciar el salto a la política partidaria, en junio de 2013, Lucas Manjón, otro integrante de La Alameda, había manifestado -también en diálogo con La Retaguardia–: “entre todos creemos que la política puede ser un buen espacio, donde La Alameda empiece realmente a dar ese juego que está acostumbrada a dar desde afuera, vinculándonos y llevando a la Legislatura porteña toda la experiencia que tenemos y todo el capital ganado que logramos cosechar en estos diez años con un trabajo incondicional todos los días”. La iniciativa hoy se repite.

13.1.2015

La diputada Claudia Neira del Frente para la Victoria se refirió hoy a las obras que se encuentra realizando  SBASE en la Estación Constitución de la Línea C. Al respecto, Neira Manifestó que “la improvisación y la falta de planificación del macrismo generan conflictos innecesarios y perjuicios para los usuarios, además de un gran riesgo para quienes utilizan el subte a diario y circulan por la Estación Constitución. Las obras deben ser planificadas y se debe prever cómo garantizar el servicio.”

Las obras que se realizan son para construir escaleras y ascensores que mejoren la accesibilidad a la Estación. En este sentido, la Legisladora explicó que “las obras son motivo para celebrar, pero cualquier obra debe ser ejecutada teniendo en cuenta las medidas de seguridad de empleados y pasajeros de la línea.”

Actualmente se ha anulado una de las dos vías del andén de la estación. Al funcionar una sola, los trenes deben esperar en la estación anterior -San Juan- a que desciendan y suban los pasajeros antes de entrar el próximo tren. El andén está reducido por andamios y vallas en más de la mitad de su capacidad, en horas pico la gente colma el mismo hasta el borde mismo de la vía, además al estar anulada una de las salidas (aunque han ampliado la salida útil) el acceso y egreso es muy engorroso.

Neira agregó, “Presentamos una nota ante el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad porque nos preocupa esta situación y creemos que es indispensable generar una  solución que garantice el funcionamiento de la Línea y los derechos de los usuarios, mientras se realizan las obras.”

Finalmente, la Diputada expresó que “nuevamente el PRO demuestra que no puede proyectar una obra necesaria de manera de garantizar las condiciones de seguridad para los trabajadores y prever un transporte adecuado  para los usuarios, mientras duren las mismas. El PRO hace poco, y lo poco que hace lo lleva adelante a los ponchazos, sin planificación”

11.1.2015

En declaraciones radiales, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda, se refirió a la suspensión del aumento en la tasa de la grúa, que la justicia resolvió a partir de una presentación del diputado del FIT.   Al respecto, Ramal señaló: “el acarrreo de autos es una de las cajas negras y sin control del Estado porteño, al igual que la empresa de autopistas AUSA o la Corporación del Sur. La victoria que logramos nos anima a reforzar la lucha contra el saqueo cotidiano a los recursos del presupuesto y del suelo en la Ciudad".

La resolución judicial suspende el aumento que llevaba la tasa de acarreos a 580 pesos "hasta tanto se dicte sentencia definitiva". En días previos, la fiscal actuante había rechazado la habilitación de feria. Pero el juez a cargo, el Dr. Damián Reynoso, rechazó esa decisión, teniendo en cuenta que "existiría un riesgo concreto en caso de seguir la tarifa establecida (para) una gran cantidad de ciudadanos (14.000 automóviles por mes son acarreados)".

El recurso de amparo presentado por Ramal, con el patrocinio de la Dra. Liliana Alaniz (de la Asociación de Profesionales en Lucha) denuncia que los continuos y abusivos aumentos convertían "al acarreo en una multa encubierta", que se suma a la multa posterior. Por lo tanto, estamos "ante una doble sanción por la misma infracción", con el agravante de que es percibida integralmente por concesionarios privados. "Estamos ante una verdadera privatización de las multas de tránsito, en beneficio de dos empresas con su concesión vencida desde hace más de una década".

10.1.2015

La justicia porteña concedió la medida cautelar solicitada por el diputado Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, contra el aumento de los acarreos en las grúas de la Ciudad. En horas de esta tarde, el diputado del FIT y su abogada, la Dra. Liliana Alaniz, se notificaron de la resolución, que resuelve suspender el aumento que llevaba la tasa de acarreos a 580 pesos "hasta tanto se dicte sentencia definitiva". En días previos, la fiscal actuante había rechazado la habilitación de feria. Pero el juez desestimó esta decisión, teniendo en cuenta que "existiría un riesgo concreto en caso de seguir la tarifa establecida (para) una gran cantidad de ciudadanos (14.000 automóviles por mes son acarreados".

El recurso de amparo presentado denunciaba que los continuos y abusivos aumentos convertían "al acarreo en una multa encubierta", que se suma a la multa posterior. Por lo tanto, estamos "ante una doble sanción por la misma infracción", con el agravante de que es percibida integralmente por concesionarios privados. "Estamos ante una verdadera privatización de las multas de tránsito, en beneficio de dos empresas con su concesión vencida desde hace más de una década".

Al notificarse del resultado del amparo, Ramal señaló: "es una victoria contra la política de tarifazos confiscatorios en las grúas y peajes. La recaudación del acarrreo es una de las cajas negras y sin control del Estado porteño, al igual que AUSA o la Corporación del Sur. Lo que logramos hoy refuerza la lucha contra ese saqueo cotidiano a los recursos del presupuesto y del suelo en la Ciudad".

8.1.2015

Realizan un acampe en la puerta de la imprenta de Boedo para evitar que los dueños continúen retirando maquinaria de la empresa. Denuncian dos meses de atraso en el pago de los sueldos y despidos masivos.

Lxs empleadxs de la imprenta Vulcano S.A. realizan un acampe desde el 24 de diciembre para evitar el vaciamiento que intentan llevar a cabo los dueños de la empresa, que está en convocatoria de acreedores. Según relató a FM La Boca, Daniel Fernando López, delegado de lxs trabajadorxs, el 23 de diciembre a la noche se presentó Fernando Andrés Blanco, presidente de Vulcano, acompañado del encargado Marcelo Daniel Gómez, con el fin de retirar maquinaria de la compañía. Lxs vecinxs alertaron de inmediato a lxs trabajadorxs y así impidieron que los empresarios continuaran con el retiro de las máquinas.
El Establecimiento Gráfico Vulcano, ubicado en Virrey Liniers 1441, se encuentra en situación de convocatoria de acreedores desde el 13 de septiembre de 2013. La causa está a cargo del juez Gerardo Santicchia, en el juzgado civil y comercial N° 19, quien a partir de la denuncia que radicó el sindicato en la comisaría N° 20 ordenó la custodia policial en la puerta de la empresa. Debido al estado de convocatoria de la imprenta, el retiro de maquinaria que llevaron adelante los empresarios es ilegal.
En lo que respecta a la continuidad laboral, lxs trabajadorxs se encuentran a la espera de una resolución del juez Santicchia, que llegará el próximo 6 de febrero. “Hay 20 familias sin poder trabajar, muchos de ellos alquilan y ya recibieron intimaciones de que si no pagan el mes de enero quedarán en la calle”, relató el delegado Daniel López a FM La Boca. Y agregó: “si el juez dictamina la quiebra nos presentaremos como cooperativa de trabajo de una fábrica recuperada”.
Según expresó López, el conflicto comenzó hace cuatro años, cuando el empresario Fernando Blanco y su socio Lorenzo Berriex iniciaron una serie de recortes salariales y despidos masivos sin pagar indemnización, “alegando una reestructuración laboral”. De los 60 obrerxs que trabajaban allí, hoy quedan sólo veinte y en una situación completamente incierta. “Entre enero y marzo de 2012, Blanco despidió a 16 compañerxs y a partir de ahí fue algo progresivo, cada dos meses echaba a unx o dos”, contó López.
Lxs trabajadorxs continúan resistiendo el vaciamiento y reclaman a la justicia una resolución favorable que les permita mantener sus puestos de trabajo, e invitan a la comunidad a que se acerque al establecimiento, para alentarlxs y dialogar con ellxs. Apelan a la solidaridad de todx aquel que pueda aportar alguna donación de cualquier índole, y así poder continuar con el acampe que tiene como objetivo defender su fuente de trabajo.