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Frente a la crisis de seguridad en los Hospitales Los trabajadores deben fijar su propia posición

 

 

Frente a la crisis de seguridad en los Hospitales

Los trabajadores deben fijar su propia posición

8.8.2012

 

Tribuna de Salud llama a cumplir masivamente el paro de 24 horas dispuesto por la Asociación de Médicos Municipales para el jueves 9 de septiembre en reclamo de mayor seguridad y llama al conjunto de organizaciones gremiales a sumarse.

El ataque contra los trabajadores del Hospital Santojanni muestra que los trabajadores de los hospitales permanecen con el mismo nivel de indefensión que tuvieron meses atrás. Tiene como antecedentes el apuñalamiento del joven Paravagna (17.4.2011), una semana después que el gobierno de CFK retirara a la Policía Federal de los hospitales y luego la irrupción de un sector de la barra brava de Nueva Chicago (18.1.2012) buscando al presunto responsable del asesinato de un compañero. La lista no necesita extenderse, si se recuerda la relativamente reciente violación a la enfermera del Muñiz o los casi cincuenta incidentes reporteados en los últimos dos años.

Las responsabilidades, como puede verse, se reparten entre el gobierno nacional y el gobierno PRO, que han transformado los hospitales en una verdadera zona liberada dejando en estado de indefensión a trabajadores y pacientes.

En el reciente caso del Santojanni está la información, no desmentida por nadie, de que la insuficiente dotación de la Metropolitana fue incluso reducida a la mitad en el último tiempo – aunque, según denuncian los médicos, el tema es que los efectivos, además, no actuaron.

Los trabajadores no pueden ser rehenes de una situación de la que no son responsables.

Pacientes, médicos y enfermeros enfrentan una situación de vaciamiento sistemático de los Hospitales de la Ciudad y de la salud pública. Finalmente son los trabajadores de la salud quienes se convierten en custodios de cada uno de los pacientes frente al desamparo general.

¿O nos vamos a hacer los tontos frente a la degradación que ha llevado a la reducción de las camas de internación, a la decrepitud de la estructura edilicia, al no ingreso de personal y a los salarios por detrás de la inflación?

Reivindicamos, frente a la situación imperante, a los trabajadores de la salud que sostienen el sistema de salud, en condiciones que incluyen el abandono en materia de seguridad.

Los trabajadores debemos fijar nuestra propia posición: implantar la asamblea general, establecer todos los reclamos, nombrar una comisión de emergencia que fije una conducta frente al propio tema de la seguridad – exigiendo personal que actúe sometido al control de los propios trabajadores. Es decir, hacerse cargo a través de su propia organización.

 

Tribuna de Salud                                    

Relanzarán el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito en la Ciudad

 

Relanzarán el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito en la Ciudad

7.8.2012

 

El Gobierno porteño relanzará mañana el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, con el objetivo de generar un espacio de "discusión y consenso" en torno a la problemática que más preocupa a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

Según anticiparon fuentes oficiales, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, invitará a participar del Consejo a las autoridades del área del Gobierno nacional y a las fuerzas federales que se desempeñan en territorio porteño, como la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura.

Por eso se espera para las próximas horas un contacto entre Montenegro y el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, aseguraron los voceros consultados por Noticias Argentinas. El relanzamiento del Consejo de Seguridad porteño tendrá lugar el martes desde las 11.00 en el Centro de Coordinación y Control de la Ciudad en el barrio de Chacarita, hasta donde también llegarán legisladores y miembros de la Justicia metropolitana.

El organismo, cuyo plenario sesionará una vez por mes, buscará coordinar "temas operativos" referentes a la seguridad en la Ciudad, para lo que también contará con "comisiones permanentes" que analizarán soluciones para diversos temas. "La seguridad es una cuestión que involucra a muchos actores, no solamente a la Policía. Por eso convocamos a representantes de otras fuerzas políticas, a la Justicia y también a la sociedad civil", remarcaron los voceros del Gobierno macrista.

La creación del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito fue dispuesta en el artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero recién en 2005 la Legilatura porteña sancionó la ley que regula su funcionamiento. Se trata de la Ley 1.689, que le otorga a éste órgano gubernamental la función de "evaluar la actuación policial en el ámbito de la Ciudad" y "formular diagnósticos y elaborar los lineamientos generales de seguridad", entre otras. El Consejo deberá estar integrado por 12 miembros: seis representantes del Poder Ejecutivo Seis y seis legisladores porteños, "respetando el principio de proporcionalidad" de fuerzas de la Legislatura, según la ley.

Solicitada de los trabajadores del Banco Ciudad

 

Solicitada de los trabajadores del Banco Ciudad

7.8.2012

 

En medio de los múltiples cruces entre el Gobierno y la Ciudad, los empleados del Banco Ciudad publicaron hoy en los principales medios del país una impactante solicitada reclamándole a la Presidente que "retire" el proyecto de ley del kirchnerismo que intenta arrebatarle los fondos judiciales al Banco Ciudad.

"Los empleados del Banco Ciudad aquí firmantes le solicitamos a la Presidenta de la Nación el retiro del Congreso del proyecto de ley que busca quitarle a este banco público los fondos judiciales locales, con los que otorgamos créditos a los habitantes y Pymes de la región", destaca la solicitada, en cuyo interior se incluye la firma de cientos de trabajadores.

El aviso se publicó hoy, un día antes del día en que está prevista una sesión en la Cámara de Diputados, en la que el kirchnerismo pretende avanzar en su intento de arrebatarle al Banco Ciudad su capacidad de recibir depósitos judiciales. Ese día, el Frente para la Victoria avanzará con el proyecto de la ultrakirchnerista Diana Conti, que afectaría la liquidez de la entidad porteña, haciendo que los depósitos judiciales que hasta ahora se realizaban en el Banco Ciudad se efectúen, en adelante, en el Banco Nación.

$ 7000 Millones es el monto de los depósitos judiciales que hoy administra el Banco Ciudad

"El proyecto se enmarca en una lógica ya clásica del kirchnerismo: la búsqueda de cajas de recursos para sostener su creciente gasto público", expresó días atrás Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. Y aclaró, sin embargo, que "desde un inicio se les explicó a los autores del proyecto que ese dinero no estaba disponible en forma inmediata", ya que "es obligación de cualquier banco prestarlo en créditos a la vivienda y para dinamizar el aparato productivo".

El polémico proyecto

El proyecto de ley, que elaboró la diputada ultrakirchnerista Diana Conti, establece que aquellos fondos judiciales depositados antes de la eventual sanción de la ley no serán transferidos, sino que permanecerán en el Banco Ciudad hasta que terminen las causas. Aun así, todos los depósitos posteriores a la sanción de la norma se efectuarán en el Banco Nación.

En un primer momento, se había contemplado la transferencia total de los depósitos judiciales, es decir, de los actuales y los futuros, del Banco Ciudad al Nación.

Esta idea original de Conti desató una fuerte resistencia, pues esos fondos son utilizados por el Ciudad para realizar préstamos hipotecarios y préstamos a empresas a largo plazo a menores tasas de interés. Ante el descontento generado, el oficialismo modificó el proyecto y dispuso que el cambio hacia el Banco Nación comience a operar con los futuros depósitos judiciales, no los actuales.

Vecinos exigen el restablecimiento del servicio de la línea 50 dentro de su barrio

 

Vecinos exigen el restablecimiento del servicio de la línea 50 dentro de su barrio

7.8.2012


Vecinos de barrio Piedrabuena reclaman el restablecimiento del servicio de la línea 50 de colectivos. Desde Febrero del corriente año, barrios en los que habitan más de 15.000 personas, sufren el recorte y la alteración del recorrido de la línea. Esta es la única vía de transporte que recorre las calles internas del barrio y llega al centro de la ciudad. La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que las líneas 80 y 141 que recorren calles cercanas, a partir de las 20.00 hs, cortan el servicio del ramal que va por Av. Piedrabuena, que es aquel que utilizan los vecinos de esta zona.


Desde Febrero del corriente año, en el barrio de Piedrabuena donde habitamos más de 15.000 personas, sufrimos el recorte y la alteración del recorrido de la línea 50. Esta línea es la única vía de transporte que recorre las calles internas de nuestro barrio y que nos traslada al centro de la ciudad, siendo un medio indispensable para la accesibilidad de la zona. La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que las líneas 80 y 141 que recorren calles cercanas, a partir de las 20.00 hs, cortan el servicio del ramal que va por Av. Piedrabuena, que es aquel que utilizamos los vecinos de esta zona. Los barrios afectados son el Complejo Habitacional Piedrabuena, el barrio lindante de casas bajas, las casas del Plan del Banco Hipotecario, el Barrio Scapino y la ex Villa 17 "Pirelli", zona delimitada por la Av. Gral. Paz, Av. Piedrabuena, Av. Castañares y Echeandía.
Los vecinos presentamos innumerables reclamos ante la CNRT solicitando el restablecimiento del servicio de la línea 50, pero la línea continúa sin entrar, luego de ya seis meses . En el día de ayer, una delegación de vecinos de Piedrabuena nos hicimos presentes en la Empresa a cargo (Nudo S.A. del Grupo Dota) acompañados por organizaciones sociales y políticas, comuneros del FPV y representantes de la Defensoría General de la Nación, quienes acompañan el reclamo. Los directivos que nos recibieron asumieron su incumplimiento, pero adujeron que no tenían posibilidad de resolver el problema ya que eran los trabajadores de la empresa quienes habían decidido en asamblea suspender las 3 paradas de Piedrabuena. Se argumentaron problemas de inseguridad, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación ya ha intervenido reforzando las medidas policiales en los recorridos. También se argumentaron problemas de ordenamiento de transito dentro del barrio que de ninguna manera justifican la suspensión del servicio.
Los vecinos y vecinas del Barrio Piedrabuena nos sentimos gravemente discriminados por este hecho en el que arbitrariamente se suspende el recorrido del único transporte publico que circulaba dentro de nuestro barrio, vulnerando gravemente nuestro derecho a vivir en un hábitat adecuado con accesibilidad a las zonas céntricas de la Ciudad, donde desarrollamos gran parte de nuestras actividades cotidianas. Esta lamentable situación refuerza nuestra vivencia cotidiana de estar aislados del resto de la Ciudad y de sufrir, como vecinos de la zona sur, graves desigualdades en lo que hace a los diversos servicios públicos urbanos cuya calidad se ve cada vez más deteriorada por el abandono estatal.

En por ello que exigimos:

· A la Empresa Nudo S. A. del Grupo Dota que cumpla con su obligación como concesionario de un servicio de transporte y restituya inmediatamente el recorrido de la Línea 50 por las calles internas del Barrio Piedrabuena.

· A la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que cumpla con su obligación como ente regulador estatal y tome las medidas necesarias para intimar a la empresa a restituir el servicio.

· A los trabajadores de la Empresa de Transporte que reviertan su posición que afecta a otros miles de trabajadores que necesitamos el transporte público. En todo caso, los problemas que hubiere deberían abordarse con la solidaridad de los trabajadores de Piedrabuena y los trabajadores de la empresa, reclamando en conjunto a los organismos responsables.

Asamblea de Vecinos y Vecinas de Piedrabuena
 

Comunicado del Instituto Espacio para la Memoria

 

 

Comunicado del Instituto Espacio para la Memoria

4.8.2012

 

La cuestión del acompañamiento, protección y valoración de los testigos es un tema complejo e integral, que no admite simplificaciones y mucho menos intentos de utilización política ni disputas jurisdiccionales que rebajen su importancia forzando interpretaciones burocráticas que pretenden dirimir en el terreno administrativo la seguridad y bienestar de las personas víctimas del Terrorismo de Estado –y su grupo familiar- en los juicios por los delitos de lesa humanidad que se están sustanciando actualmente en la Argentina.

 

Según la legislación vigente y los pactos internacionales suscriptos, es al Estado como tal a quien le corresponde garantizar la seguridad, la tranquilidad y el respeto debidos a los testigos del genocidio. Son el Poder Judicial y las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo Nacional así como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los responsables de asegurar y garantizar su asistencia y contención.

 

El Instituto Espacio para la Memoria -creado por la Ley 961/2002, con un protagonismo fundamental de los organismos de derechos humanos, la participación de representantes legislativos y gubernamentales y el aporte de personalidades reconocidas en el tema- considera a la construcción de la memoria de los hechos del Terrorismo de Estado como vitalmente comprometida con la lucha contra la impunidad y por la conquista de las banderas históricas de Verdad, Memoria y Justicia y no como una cuestión en sí misma, como un proceso ascético o académico. En tal sentido, toda su tarea institucional pertinente, vinculada con la investigación de los hechos y la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, ha sido aportada en los procesos que juzgan delitos cometidos por el Terrorismo de Estado y valorada como prueba por juzgados de instrucción, fiscalías, Tribunales Orales Federales y otras instancias judiciales correspondientes.

 

Además, muchos de sus integrantes han actuado y actúan como testigos y/o querellantes y desde diferentes áreas de trabajo del IEM se asiste permanentemente al desarrollo de los juicios, tanto los celebrados en la Ciudad como en otros tribunales del país. Esta presencia se traduce en apoyo a testigos, familiares, querellas y fiscalías; provisión de elementos de prueba basados en documentos e investigaciones propias; registro documental y fotográfico; recopilación de testimonios; elaboración de materiales de difusión (libros, periódicos, revistas, afiches, volantes, avisos, etc.) y participación en charlas, seminarios y entrevistas en medios gráficos y audiovisuales.

 

La realización de estos juicios asume una dimensión histórica y de relevancia regional e internacional, y en muchos aspectos son inéditos, desafiando al Poder Judicial, a otros poderes del Estado y a la sociedad toda. No hay recetas ni respuestas fáciles a los problemas que surgen de la situación creada por la intervención del Estado para asegurar la impunidad, desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976 hasta el año 2005. En la Causa contra los Jefes de la Junta Militar se acordó en el carácter necesario del testimonio de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Los defensores de la impunidad no han dejado de agredir a los testigos y aún seguimos sufriendo la desaparición forzada de Julio López ocurrida en setiembre de 2006.

 

Como ya se ha reseñado, más allá del sostenido y valioso aporte que el IEM realiza en numerosos aspectos vinculados a esa materia, resulta innegable que la responsabilidad de tutelar los derechos de las víctimas excede sus atribuciones como ente autárquico y autónomo, expresamente definidas en el artículo 2º de la Ley Nº 961 donde se establece que “es misión y función del Instituto Espacio para la Memoria el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años ´70 e inicios de los ´80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias”.

 

Dada la naturaleza y alcance de su misión y función, regidas por la Ley constitutiva, a lo cual se suma la experiencia acumulada en estos años en las tareas de reconstruir la memoria y aportar a los juicios, bajo toda evidencia no le corresponde al IEM asumir una responsabilidad que, a todas luces, le compete al Estado. En tal sentido, reclamamos su cumplimiento, uniendo nuestra voz a la de los involucrados directos, familiares, abogados, organismos de Derechos Humanos y fuerzas democráticas que exigen: NUNCA MÁS JULIO LOPEZ.

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