Comunicadores del Sur

GRAVE DENUNCIA

29.9.2009

LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL A. AMEGHINO EXPRESA SU MÁS ENÉRGICO REPUDIO POR LOS HECHOS ACAECIDOS EL DÍA VIERNES 25 DEL CORRIENTE EN EL HOSPITAL MOYANO Y MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD A LOS COLEGAS QUE DEBIERON SOPORTAR SEMEJANTE ATROPELLO.

CRÓNICA DE GRAVISIMO ACOSO LABORAL EN EL MOYANO

INFORMO Y REPUDIO los gravísimos sucesos padecidos por los Colegas del Hptal. Moyano el día viernes 25 de Setiembre, en el Servicio de Guardia. La presente es una crónica reducida de lo sucedido al mejor estilo de la época negra de nuestra historia. Sugiero se realice un repudio expreso de nuestra Asociación y que tome conocimiento público, como también que la Comisión Directiva tome contacto directo con los colegas como manifestación de respaldo y solidaridad.
Propongo fortalecer acciones, unificar luchas HOY TODOS SOMOS SALUD MENTAL 
 

A las 9,30 hs. aprox., la Dra. Alicia Martí, jefa de guardia a cargo, fue informada por el Director Monchablón (recientemente designado por el macrismo) que debía renunciar a su cargo por razones políticas, porque necesitaba el cargo para ubicar a otra persona y como le tenía mucha estima le daba la opción de elegir el servicio donde ir. La Dra. Le responde que consideraba haber trabajado bien por lo tanto le solicita le dé un plazo hasta el lunes 28 para responderle. No obstante esa misma mañana recibe en 3 ocasiones a un empleado administrativo de la Dirección con la nota de su renuncia para que firme. La Dra. en todas las oportunidades responde que le recuerde al Dr. Monchablón que le responderá el lunes como habían acordado.
El día viernes, 25 de Setiembre a las 10 hs. aproximadamente se presentan 2 empleados administrativos con una nota de similar tenor, la Dra. serenamente pero en forma enfática les responde que le informen al Dr. Monchablón que le responderá el lunes y que si continúa considerará que la está acosando.
Media hora después, se presentan al Servicio de Guardia las autoridades del Hptal. Moyano: Dr.Monchablón (Director Interino), Dr.Luis Biganzoli (subdirector), Dra. Susana Caruso Jefa de Largo Trat., el Sr. Norberto Benedetti, Jefe de Personal, la Enfermera Sra. Irma Gómez, supervisora, el Dr. Daniel Bravo, neurólogo delegado de FEMECA, y también la médica Norma Derito, que portaba una hoja de papel en la mano. Todos ingresaron al Consultorio de la Dra. Martí quien se encontraba con el Dr. Pablo Armando Berrettoni, Jefe de Dpto. De Agudos, Ambulatorios y área Programática con la puerta abierta donde permanecieron varios profesionales del Servicio de Guardia, expectantes por lo que iba a suceder. El equipo de la Dra. Martí respaldando a su jefa, a la que consideran una excelente profesional. El Dr. Monchablón, de pié y frente a la Dra. Martí, también de pié, enfatizando sus dichos, le espeta “me la estás haciendo difícil, ya te dije que necesito que renuncies, el puesto es para la Dra. Derito, vos te tenés que ir”, La Dra. Martí responde que “yo tengo palabra y quedamos de acuerdo que esperábamos hasta el día lunes para mi respuesta”, Monchablón dice “pero que ya hoy quede a cargo la Dra. Derito, vos si querés te podés quedar hasta el lunes, no me molesta”. Etc., etc., etc. El Dr. Berretoni al intervenir como Jefe del Área de Agudos en defensa de todo su equipo, refiriendo entre otras cosas, que no tiene atribuciones para designar a nadie sobre profesionales con 30 años de carrera y que conocen sus derechos. El Dr. Monchablón comienza a gritar fuera de sí en forma insultante al Dr. Berretoni e imponiendo que la Dra. Martí deje el cargo para que asuma la Dra. Derito. Ante la insistencia del Dr. Berretoni en: “Si estamos ante un acto administrativo de designación de función quisiera ver la designación escrita", el Dr. Biganzoli que hasta el momento se encontraba en silencio se aproxima al Dr. Berretoni LO TOMA DEL CUELLO Y DE LAS SOLAPAS DEL GUARDAPOLVO, MIENTRAS LO EMPUJABA HACIA ATRÁS Y APROXIMANDOSE A LA CARA COMENZÓ A GRITARLE "TE VOY A CAGAR A TROMPADAS, HIJO DE PUTA, TE VOY A MATAR". El Dr. Berretoni a quien toma de sorpresa la situación, se encontraba con las manos en el bolsillo, pierde el equilibrio cae de espalda sobre un sillón que amortigua la caída y logra entender que querían que reaccione mal y comienza a gritar que le quieren pegar por lo que el Lic. Demián Goldstein, que se encontraba en la puerta de entrada se apresura a ingresar para auxiliar al Dr. Berretoni. El Dr. Monchablón se interpone (para que Biganzoli continuara con su tarea), toma de las ropas y zamarrea al Lic. Demián Goldstein diciéndole: "vos quien sós, qué querés acá, para vos también va a haber, tomátelas". Comienzan a entrar otras personas y los sueltan a ambos, mientras el Dr. Berretoni pide por la vigilancia por lo que empiezan a retirarse los de la "delegación de apriete", salvo el Dr. Monchablón, que dándose cuenta de la gravedad de lo sucedido, le pide unas forzadas disculpas al Lic. Goldstein, mientras le advierte al Dr. Berretoni, “cuidá tu lengua, que es muy filosa, y tené cuidado con lo que decís, te va a llevar por mal camino”. 
A su vez las médicas Caruso y Derito se quedan tratando de persuadir a la Dra. Martí. El Dr. Berretoni y el Lic. Demian Goldstein salen al pasillo de la Guardia, donde se encuentra el Dr. Bravo, quien le dice al Dr. Berretoni: “vos sos boleta, le vamos a pagar a un tipo para boletearte, hijo de puta”,  “a vos te vamos a internar en el Borda, vas terminar en el Borda, te voy a hacer electrochoque yo personalmente"
 

REENVIAR A TODOS LOS DELEGADOS. FUE DENUNCIADO EN EL ENCUENTRO DEL COLECTIVO 448, AL COGESAM, ASOCIA. PROF. DEL AMEGHINO, A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA LEY 448 DE SALUD MENTAL DE LA LEGISLATURA BLOQUE DIP. ALICIA BELLO y demás instituciones de la Salud Mental y la Comunidad que estuvieron presentes.

Lic. Alicia Rotela
Delegada S.S.Mental Hptal Argerich
 

Asoc. Psicólogos Bs. As.

Gloria Pandolfi                     Silvia Atzori

Secretaria                               Presidenta

ORGANIZACIONES SOCIALES Y BARRIALES JUNTAN FIRMAS PARA SOLICITAR UN REFERENDO

Para revocar el mandato de Macri

Por Gustavo Veiga

28.9.2009

La idea nació de organizaciones sociales y barriales porteñas y está contemplada en el artículo 67 de la Constitución de la Ciudad. Es difícil de concretar, pero no imposible. Consiste en pedir un referendo revocatorio para intentar que Mauricio Macri sea desalojado de la jefatura de gobierno por mal desempeño de sus funciones. Horacio Avila, de Proyecto 7, una ONG que trabaja con personas en situación de calle, sostiene que “se trató hace como veinte días en un espacio de militancia que se reunió bajo la consigna ‘La dignidad no se privatiza’. Nos juntamos en la CTA de Capital y nos propusimos salir a juntar firmas”. Esta es la parte más complicada del trámite que debe presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ) local. Porque se exige como requisito para que sea viable el respaldo del 20 por ciento del padrón de electores. Y eso significa en Buenos Aires unas 504.983 personas (en los comicios del 28 junio podían votar 2.524.915).

El referendo revocatorio permite que los porteños den por terminado antes de tiempo el mandato de cualquier funcionario electivo. El 30 de marzo de 2000 se sancionó la ley 357 que, en su artículo 4º, señala como requisitos para solicitarlo “que hayan transcurrido más de doce meses desde la asunción del cargo de la funcionaria o funcionario y resten cumplirse más de seis meses de la finalización del período para el que hubiere sido electo/a, que reúna al menos la firma del 20 por ciento de los electores y electoras de la comuna, según corresponda, y que se funde en causas atinentes al desempeño de sus funciones”.

Los sectores que alientan este objetivo comenzaron a pensar en la revocatoria cuando se produjeron las muertes de seis hermanitos de entre 1 y 13 años en el Banco de Italia y Río de La Plata, un antiguo edificio tomado en el barrio de La Boca que se incendió el 10 de enero pasado. Se les ocurrió exigir un juicio político contra Macri por su presunta responsabilidad en la inacción que desembocó en el siniestro (las condiciones en que vivían varias familias en el lugar eran deplorables), pero con el tiempo percibieron que lo más viable era el referendo.

Para ello empezaron a enviar correos electrónicos con una serie de diapositivas en las que acusan al jefe de gobierno de una serie de irregularidades. “Basta Macri de desa-tención en el Hospital Argerich. Se suspendieron montones de operaciones urgentes por falta de insumos, suspensiones de sesiones de diálisis por falta de técnicos. Basta Macri de bajas raciones en los comedores populares y escolares y de dar soja transgénica. Basta Macri de decir que no hay plata para el aumento docente y a su vez aumentar los subsidios a tus empresas de basura. Basta Macri de escuelas sin calefacción en invierno. Basta Macri de suspensiones en la construcción de viviendas sociales”, dicen algunas de las consignas. Y las rematan con una exhortación a aplicar el artículo 67 de la Constitución local: “Que no siga destruyendo Buenos Aires. Hagamos lo concreto… ¡Revocatoria de mandato!”.

Dos diputadas porteñas, Patricia Walsh y Liliana Parada, se pronunciaron en forma genérica sobre este tipo de iniciativa que no prosperó cuando la ciudad era gobernada por Aníbal Ibarra después de la tragedia de Cromañón (ver aparte). La primera, de Nueva Izquierda, comentó: “Creo que una idea de este tipo se legitima porque hace visible lo que ha pasado en la Ciudad todo este tiempo. Hay cuestiones gravísimas que los medios nacionales omitieron y se volverían tangibles por la recolección de firmas. Eso sí: no será sencillo, aunque existan motivos para la revocatoria”. Parada, quien asimismo es diputada nacional electa por Proyecto Sur, afirmó que “es correcto (el referendo) desde el punto de vista institucional, y así también la jurisprudencia se ha expedido al considerar que el requisito de la recolección del 20 por ciento de las firmas constituye el único barómetro para reflejar, con la seriedad indispensable, la voluntad de un vasto sector de vecinos y brindar, en definitiva, la legitimación política a la revocatoria”.

Proyecto 7, la Asamblea de Plaza Dorrego, Poetas en Lucha, la Asamblea permanente contra los desalojos, entre otras ONG, movimientos piqueteros, asociaciones barriales, centros culturales y organizaciones sociales que apoyan el referendo, marcharán el 1º de octubre por la Ciudad como lo habían hecho contra la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana o la patota de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Estas decisiones políticas de Macri fueron las que generaron que se lo caricaturizara en una de las diapositivas que circulan entre los grupos convocantes: allí se lo ve con un bigotito corto al estilo de Adolf Hitler y una cruz esvástica detrás.

El trámite de revocatoria hoy parece una tarea formidable si no es acompañado políticamente por otras fuerzas, ya que requiere que se consigne “la firma, la aclaración de firma, domicilio y número de documento de cada uno de los electores y electoras presentantes” que, como está fijado, deberían ser poco más de medio millón de porteños. Si se cumpliera ese paso, por un número igual o superior al 20 por ciento del padrón, se tendrá por iniciada la petición de revocatoria de mandato. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia estaría obligado a girar al Tribunal con competencia electoral en la Ciudad las firmas recolectadas para que éste, en treinta días, verifique su legitimidad.

El proceso legal para desplazar a Macri de su cargo, siempre que se cumplieran todos los requisitos, sólo se concretaría mediante el referendo en los noventa días posteriores a la aprobación del TSJ. El artículo 15 de la ley establece que “si la opción por la revocatoria del mandato hubiere obtenido el apoyo de más del 50 por ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito correspondiente, el funcionario o funcionaria, luego del escrutinio definitivo, quedará separado de su cargo. En dicho caso, se habilitarán los mecanismos previstos para el reemplazo del funcionario/a removido/a y asumirá su cargo quien legalmente deba suplantarlo/a”. En este caso sería Diego Santilli, la máxima autoridad de la Legislatura después de que renunciara Gabriela Michetti.

ULTIMO INFORME DE SITUACION DESALOJOS AV. CASEROS AL 1700

24.9.2009

ENVIADO POR SOLANGE VERON, DE LA ASAMBLEA PLAZA DORREGO. INTERVIENE ADEMÁS COMO ABOGADA EN CASO DESALOJO TRIVENCHI (ENTRE OTROS)  QUIENES CUENTAN CON MEDIDA CAUTELAR  CONTRA DESALOJO INSTRUIDO POR EL ACTUAL GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE SU ESPACIO, Y CONTINÚAN ALERTAS Y MOVILIZADOS ANTE LA SITUACION

Miercoles x la noche me reuní con vecinos de Trivenchi, y Trivenchi para ver situación de desalojo inminente de predio del GCBA de esas familias (son 27!!).

Se decidió colectivamente hacer un petitorio, y presentarlo el lunes, ya que está la convocatoria de la nueva "Multisectorial" donde está la red de villas, y otros frentes que trabajan tema vivienda, y el lunes hay una gran actividad. Alguien tenía ese dato, y como esa convocatoria de reclamos es abierta, van a ir para difundir este conflicto y presentar un petitorio ante la Dirección de Bienes, Jefe de Gobierno, Def. del Pueblo.

Quizás verlo a Moreno, el Asesor Tutelar, hoy lo conocí y le comenté de este caso, es un capo.  

La convocatoria es para este viernes a las 18 hs en Trivenchi (Av. Caseros al 1700) para seguir conversando con los vecinos y definir acciones.
Los invitamos el domingo para que se acerquen a la actividad de Parque Lezama y cuenten su situación.

Estuvo bien, porque vinieron a ver a "la abogada" y junto a los trivenchis, pudimos pensar entre todos una acción colectiva.

Este sería una primera acción para frenar cualquier intento de decreto de desalojo, porque están jugados con los tiempos. 

De las 27 familias vinieron hoy diez: justamente la convocatoria del viernes es para juntarse con los vecinos, para hablar con todos, y firmar el petitorio (inclusive cambiarlo, etc.).

Invito a los compañeros que quieran sumarse VIERNES 17.30/ 17 EN TRIVENCHI. Avenida Caseros al 1700.  

También difundir esta información que copio más abajo,

Un abrazo

Sol

DENUNCIAMOS INMINENTE DESALOJO MASIVO DE 27 FAMILIAS VECINAS DE PLAZA ESPAÑA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Somos 27 familias y alrededor de 300 personas, la mayoría niños del barrio de Barracas Sur, de la Avenida Caseros de 1600 al 1800 (Plaza España) , niños recién nacidos, adolescentes, estudiantes.

Vivimos en las propiedades expropiadas por el gobierno militar de Onganía.   

Hay familias que viven desde hace 34 años en el lugar, destinadas al predio por construcción de la autopista. Después se fueron agregando familias por iniciativa de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, que suscribió contratos por vivienda a través de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda. Luego, ante el déficit de políticas habitacionales en la ciudad, más familias vivimos en las propiedades.

Durante todos estos 30 años pagamos los servicios de luz, gas, teléfono, comodidades. También se han hecho muchos arreglos para mantener las propiedades en un estado digno de vivienda.

Nunca fue nuestra intención vivir de la “caridad” sino que hemos realizado muchos pedidos para regularizar nuestra situación en las propiedades, que nunca han sido escuchadas por los entes correspondientes. Algunas familias más antiguas en las propiedades hemos pagado canon por el uso de la propiedad, y el GCBA cuenta con toda esa documentación. 

Desde la gestión actual, hemos recibido avisos de la Dirección de Bienes de la Ciudad para desocupar los inmuebles. La cédula de notificación que recibimos el 15 de septiembre nos considera INTRUSOS.  

El Gobierno no nos dio el espacio de ser escuchados, y la posibilidad de regularizar. Mucho menos una solución. Nos preguntamos adonde vamos a vivir 27 FAMILIAS ante la AMENAZA DEL INMINENTE DESALOJO QUE ANUNCIA DECRETAR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

El verdadero plan de Macri es realizar el Centro Cívico sobre nuestros hogares, y también ya ha iniciado el desalojo de la Cooperativa de Trabajo Trivenchi, por el mismo motivo. También están afectados por el mismo proyecto inmobiliario el Hospital Borda, Rawson, Moyano, Tobar García.

Nos tratan de intrusos pero la verdadera intención es quitar de nuestro barrio a los actores sociales y transformar a esta zona de la ciudad, que se encuentra abandonada por la política de gobierno, en una nueva zona inmobiliaria.

¿Adonde vamos a ir a parar con nuestras familias, si no hay políticas habitacionales, los créditos se encuentran congelados, los subsidios de Desarrollo Social no se otorgan?

Tememos el accionar de la UCEP ante el desalojo anunciado, y denunciamos no tener respuesta alguna a nuestra desesperante situación y responsabilizamos al Jefe de Gobierno por ante cualquier accionar de DESALOJO MASIVO. 

Por todo lo expuesto, solicitamos al Jefe de Gobierno que hasta tanto no se nos garantice ser escuchados por los responsables de este DESALOJO MASIVO INMINENTE, y se nos otorgue una respuesta digna, SUSPENDA CUALQUIER INTENTO DE DESALOJO SOBRE LAS FAMILIAS.

Gestión Macri
 

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se multiplican geométricamente las manifestaciones en protesta a las políticas públicas del actual gobierno, Mauricio Macri pretende reasignar casi 500 millones de pesos del presupuesto de infraestructura para pagar salarios. Un monto inferior a lo que lleva gastado en los últimos siete meses en su proyecto de policía porteña.
Distintas organizaciones manifestaron sus reclamos contra políticas concretas que la Gestión del PRO está llevando adelante en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Repasamos sólo algunas.

Trabajo
La secretaria de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo estar sorprendida cuando, esta mañana, un grupo de trabajadores le relató todos los pasos de la maraña administrativa por la que muy pronto se quedarán sin trabajo.
En realidad no estaba sorprendida por el modelo de contratación, sino porque el Ministerio de Salud de su propio gobierno le adjudica a su área, la responsabilidad de que muy pronto al menos 90 trabajadores contratados mediante “pasantías” dejen de cobrar sus salarios.
Quienes le explicaban esta situación eran un grupo de Trabajadores Organizados que hoy marcharon a la Jefatura de Gobierno para denunciar que “El gobierno contrata y despide a su antojo”. Y ellos son víctimas de esta metodología.
Martín, es uno de los jóvenes que trabaja bajo el ala del Ministerio de Salud porteño, mediante una pasantía a través de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Él es uno de los que fue contratado en diciembre de 2007, con la gestión del Gobierno anterior. En diciembre de 2008, recibieron la información de la renovación de la pasantía del primer y del segundo semestre de ese año. Es decir, en forma retroactiva. Sus sueldos los cobran por medio de cheques que les extiende la facultad o por transferencias bancarias. No tienen recibo de sueldo, mucho menos aportes jubilatorios, obra social o ART. Están en la misma situación otros trabajadores contratados como pasantes durante la gestión del PRO.
Hay varios problemas. El más urgente es que las pasantías se vencen a fines de septiembre, por lo que se quedarán sin empleo. Quienes administran sus contratos –un área dentro de la cartera de Salud porteña- le adjudican la responsabilidad de la desprolijidad de renovación y la incertidumbre generada a la Jefatura de Gabinete y… viceversa.
El más profundo es que este tipo de contratos supone un proceso de aprendizaje, tutoría e informes en funciones relacionadas a los estudios de los pasantes. Sin embargo, los estudiantes de económicas están, por ejemplo, dando turnos en los hospitales. Por este motivo ellos se consideran trabajadores. “No estamos haciendo nada de lo que la pasantía dice. Por eso nos consideramos trabajadores” dice Martín, y agrega “la pasantía es una excepción a la ley, que tiene un objetivo y condiciones claras que no se cumplen en nuestro caso. Por eso decimos que a nosotros se nos debe aplicar la Ley de Trabajo”.
Los Trabajadores Organizados del Gobierno de la Ciudad cuentan con el apoyo de distintos centros de estudiantes y están organizándose también con quienes tienen otros tipos de contratos. El lunes próximo, volverán a la Jefatura de Gobierno para volver a exigir una solución al inminente fin de sus trabajos y que se les respeten sus derechos como trabajadores.

Justicia
Vecinos que pedían que una plaza no se enreje serán juzgados el 5, 6 y 7 de octubre.
En un comunicado de prensa sus compañeros piden apoyo y dicen “Oscar Furchi y Maximiliano Verón, serán llevados a juicio los próximos  5, 6 y 7 de Octubre, ante el Juzgado Penal Nº 2, a cargo del Juez Carlos A. Bentolila, imputados de resistencia a la autoridad y destrucción de la propiedad pública, a causa de su participación en una protesta barrial organizada por los vecinos del barrio San Cristóbal contra el enrejado de la mítica Plaza Martín Fierro. […]
Hace seis meses, medio centenar de personas, entre las que se dieron cita vecinos de la zona, estudiantes universitarios y miembros de la Asamblea de la Plaza Martín Fierro, se autoconvocaron con el objetivo de defender un patrimonio cultural histórico del barrio, avasallado por la política de cierre y apropiación de espacios públicos llevada adelante por la gestión macrista al calor de frondosos intereses.
Bajo la consigna “NO a las rejas de Macri” los vecinos marcharon al CGP más cercano, sito en la calle Sarandí 1263, para entregar a modo de protesta, parte de la tela metálica perimetral con la que se intentó cercar el simbólico predio.  En la actual plaza Martín Fierro late una porción importante de la memoria histórica popular, allí funcionaron, a principios del siglo XX, los Talleres Metalúrgicos Vasena, escenario desde donde comienzaron a escribirse las primeras líneas de una huelga que terminaría en una sangrienta represión obrera […].
Casi un siglo después, serían otros los hombres y mujeres que tomarían la posta digna y rebelde de aquellos trabajadores fusilados de la semana trágica, defendiendo a viva voz aquel predio y la porción de identidad popular que late en él. Aquella tarde de marzo, en un operativo “cerrojo”, una columna de vecinos que marchaba de manera pacífica fue violentamente interceptada por policías de civil. Mientras la gente se dispersaba cómo podía, escapando a los gases y a los puños, tres manifestantes fueron apresados. Ya inmovilizados fueron golpeados con saña. Furchi y Verón, junto a un joven de nombre Jeremías, fueron trasladados a la Comisaría 18, en Av. San Juan 1757, y allí permanecieron demorados por casi seis horas sin que se le labren actuaciones sumariales de la fiscalía, ni del Juez de turno.
Pocos meses después, aplicando la infame y vejatoria doctrina de la Ley Antiterrorista, el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Germán Garavano, solicitó el procesamiento de Furchi y Verón, acusándolos de delitos contravencionales y correccionales que podrían derivar en una pena de 3 a 5 años por ejercer el legítimo derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional.”
Realizarán una manifestación el lunes 5 de octubre a las 9:30 en Tacuarí 138 con el fin de “defender nuestro derecho a manifestar y a repudiar cualquier intento soez de judicializar la protesta”. También se puede enviar una adhesión o apoyo a culturaindigena@yahoo.com.ar bajo el asunto “ADHERIMOS: contra el desprocesamiento de Furchi y Verón”.

Derechos Humanos [en lenguaje PRO: Seguridad]
Luego de la movilización que impidió que “Fino” Palacios asumiera como Jefe de la nueva policía porteña, las miradas siguen puestas en la política represiva y de control del gobierno de la ciudad.
En este marco, el MTL Rebelde denuncia que “La “nueva” policía no es más que otra prueba del proyecto político macrista basado en la exclusión, la represión y la corrupción. La mayoría de sus integrantes “ya formados” provienen de la Federal, la Gendarmería, la Bonaerense y otras policías provinciales; muchos de ellos exonerados de las mismas. El 10% proviene de las fuerzas armadas. El 60 % de los efectivos serán destinados a intervenir en desalojos o manifestaciones. Solo el 7,5 % será destinado al control del tránsito, cuando los accidentes de tránsito representan una de las causas principales de muerte. El 42 % de los móviles policiales no tendrá identificación, lo que nos recuerda el accionar de los grupos de tareas y los falcon verde de la última dictadura. Esta similitud no es mera coincidencia.
Osvaldo Chamorro, actual jefe de la fuerza, es la mano derecha y socio comercial de Palacios en su empresa de seguridad privada. Ingresó a la Federal en 1977, en plena dictadura militar. En el mismo sentido, el director del Instituto de Formación de la Metropolitana, Daniel Pastor, es defensor acérrimo de la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad, dejó bien claro cuál será la principal función de esta policía: profundizar la política de represión a la protesta y la criminalización de la pobreza.
En siete meses ya gastaron 650 millones para la policía de Macri. ¡Casi el presupuesto para educación pública de todo el año y 6 veces el destinado a vivienda!”
Una vez más, analizar el presupuesto de una gestión para deducir sus políticas es clave. 650 millones de pesos es más que lo que hoy anunció el Jefe de Gobierno que pretende reasignar para pagar salarios. Se trata de 500 millones de pesos que saldrían, en parte de los fondos de infraestructura, por cierto subejecutados.
 

Vivienda
Tras haber inmovilizado planes de vivienda que venían de gestiones anteriores y habiendo reorientado la política habitacional hacia el negocio inmobiliario generado por terrenos públicos, el actual gobierno tiene una clara política caracterizada por los desalojos.
La Asamblea contra los Desalojos, denuncia el inminente desalojo de 27 familias.
“Somos 27 familias y alrededor de 300 personas, la mayoría niños del barrio de Barracas Sur, de la Avenida Caseros de 1600 al 1800 (Plaza España), niños recién nacidos, adolescentes, estudiantes. Vivimos en las propiedades expropiadas por el gobierno militar de Onganía.   
Hay familias que viven desde hace 34 años en el lugar, destinadas al predio por construcción de la autopista. Después se fueron agregando familias por iniciativa de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, que suscribió contratos por vivienda a través de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda. Luego, ante el déficit de políticas habitacionales en la ciudad, más familias vivimos en las propiedades.
Durante todos estos 30 años pagamos los servicios de luz, gas teléfono, comodidades. También se han hecho muchos arreglos para mantener las propiedades en un estado digno de vivienda.
Desde la gestión actual, hemos recibido avisos de la Dirección de Bienes de la Ciudad para desocupar los inmuebles. La cédula de notificación que recibimos el 15 de septiembre nos considera INTRUSOS.  
El Gobierno no nos dio el espacio de ser escuchados, y la posibilidad de regularizar. Mucho menos una solución. Nos preguntamos dónde vamos a vivir 27 familias ante la amenaza del inminente desalojo que  anuncia decretar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
Frente a esta situación exigen que se suspenda cualquier intento de desalojo y  solicitan ser escuchados y recibir una respuesta digna.

 

Convocatoria:
Por trabajo, salud, educación y vivienda, para todos y todas.

No a la Metropolitana y la UCEP. No al Avance Represivo.
22.9.2009
 

Con la lucha se logró que el impresentable “Fino” Palacios tenga que renunciar antes de asumir. A pesar de que Mauricio Macri hizo lo imposible por sostenerlo, promocionándolo como “el arquitecto de la policía metropolitana”. Este siniestro personaje solo es la punta del iceberg. La “nueva” policía no es más que otra prueba del proyecto político macrista basado en la exclusión, la represión y la corrupción.

La mayoría de sus integrantes “ya formados” provienen de la Federal, la Gendarmería, la Bonaerense y otras policías provinciales; muchos de ellos exonerados de las mismas. El 10% proviene de las fuerzas armadas. El 60 % de los efectivos serán destinados a intervenir en desalojos o manifestaciones. Solo el 7,5 % será destinado al control del tránsito, cuando los accidentes de tránsito representan una de las causas principales de muerte. El 42 % de los móviles policiales no tendrá identificación, lo que nos recuerda el accionar de los grupos de tareas y sus falcon verdes, durante la última dictadura. Esta similitud no es mera coincidencia.

Policía acorde a un proyecto de ciudad

Osvaldo Chamorro, actual jefe de la fuerza, es la mano derecha y socio comercial de Palacios en su empresa de seguridad privada. Ingresó a la Federal en 1977, en plena dictadura militar. En el mismo sentido, el director del Instituto de Formación de la Metropolitana, Daniel Pastor, es defensor acérrimo de la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad, dejó bien claro cual será la principal función de esta policía: profundizar la política de represión a la protesta y la criminalización de la pobreza.

En siete meses ya se gastaron 650 millones para la policía de Macri. ¡Casi el presupuesto para educación pública de todo el año y 6 veces el destinado a vivienda! Mientras se levantan decenas de edificios para la policía, miles de pibes están sin educación porque el gobierno no construye las escuelas que faltan y las que hay se caen a pedazos. No hay insumos ni personal suficiente en los hospitales públicos, pero se gastan millones en última tecnología para patrulleros y armas. El sueldo mínimo de un policía será más del doble del de un docente o de un trabajador de Niñez. Queda claro cuál es el modelo de ciudad de Macri: privatización, exclusión y represión. La Metropolitana, es una herramienta más para imponerlo.

Por otra parte la consecuencia de la política de vivienda del macrismo es la expulsión de los pobres de la ciudad. La inexistencia de planes de viviendas populares hace que miles de familias tengan que entregar la mayor parte de sus ingresos para vivir hacinadas en viviendas precarias, en hoteles y en conventillos. Asimismo más de 15 mil personas están en situación de calle.

La respuesta del macrismo a esta realidad es la UCEP, grupo parapolicial a cargo del Ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo. Esta patota actúa intimidando y golpeando a hombres, mujeres y niños que viven en la calle. Interviniendo en desalojos, aún los que se hacen sin sentencia judicial.

Crean Pobres, Criminalizan la Protesta

Con el discurso de la inseguridad, Macri -como el gobierno nacional- busca legitimar un arma pensada para defender a los privilegiados de siempre y castigar al pueblo. La Metropolitana y la UCEP no son la solución sino parte del problema. La sociedad no necesita más policía corrupta. Necesitamos trabajo, salud, educación, vivienda, para todos y todas.

Repudiamos la política de represión y desalojos de Centros Culturales, Cooperativas, viviendas; así como las amenazas a empresas recuperadas como IMPA.

Ya somos miles saliendo a enfrentar los atropellos de los de arriba, defendiendo nuestros derechos, luchando por una sociedad sin opresores ni oprimidos. Exigimos que se ponga fin al avance represivo y mafioso y se empiece, de una vez por todas, a priorizar las necesidades urgentes del pueblo.

CON LA LUCHA LO SACAMOS A PALACIOS, ahora:

NO A LA POLICÍA METROPOLITANA

DISOLUCIÓN DE LA UCEP

NO AL AVANCE REPRESIVO

ABAJO EL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL

BASTA DE DESALOJOS

EMERGENCIA HABITACIONAL

POR TRABAJO, SALUD, EDUCACION Y VIVIENDA

El espacio público es gratuito y nos pertenece a tod@s l@s que habitamos y transitamos la Ciudad

Jueves 1º de octubre 17 Hs.

Marchamos del Obeliscoa Jefatura de Gobiernode la Ciudad de Buenos Aires

COORDINADORA de LUCHA en la CIUDAD

La dignidad no se privatiza