Comunicadores del Sur

Se aprobó ley de personas en situación de calle

29.12.2010
 

La Ley garantiza el acceso pleno a los servicios socio-asistenciales todos los días del año, las 24 hs. Otro de los logros de esta ley es la obtención de un presupuesto anual de partidas destinadas a la problemática.

La Legislatura porteña aprobó el lunes 13 de diciembre la ley de personas en situación de calle, y en riesgo a la situación de calle. El proyecto fue presentado el 9 de diciembre de 2009 y, luego de varias sesiones de larga discusión y tras un año de trabajo de distintas organizaciones, organismos, profesionales y personas independientes, que se sumaron a tan ardua tarea junto a asesores de legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo, fue aprobado por unanimidad.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no se pronunció al respecto de esta ley, pero cuenta con 10 días para vetarla o no.
Entre los puntos más trascendentes de la Ley, figura el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo personal, la formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, etc., con la participación plural, activa y democrática de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, en la elaboración, diseño y evaluación continúa de la política pública.
Gracias a este marco legal, los futuros relevamientos se realizarán con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, dándole legitimidad a lo datos relevados.

Fin de año tras las rejas
23.12.2010

Aunque con algunas absoluciones inesperadas, en el cierre de 2010 se dictaron sentencias en Córdoba, Salta, Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires contra represores por delitos de lesa humanidad.

El martes pasado el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz, el contralmirante Roberto Luis Pertusio (ambos miembros de la Armada Argentina) y el general de brigada del Ejército Alfredo Manuel Arrillaga fueron condenados a prisión perpetúa por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata.
Es la primera vez que la justicia condena a dos marinos por violaciones a los derechos humanos, confirmando con este fallo que en esa localidad costera el Ejército y la Armada actuaron en conjunto.
Pertusio fue sentenciado por el secuestro, las torturas, el homicidio y el hurto agravado contra Tristán Roldán y Delía Garaguzzo, desaparecidos en septiembre de 1976. Garaguzzo estaba embarazada de tres meses, por lo que la hermana de Roldán aún continúa la búsqueda de su sobrinx.
Ortiz fue condenado por el secuestro, las torturas y el homicidio de Liliana Retegui, Patricia Lazeri, Liliana Iorio, Tristán Roldán y Delia Garaguzzo. Además se le imputó el secuestro y las torturas a Luis Salvador Regine, Stella Marís Nucúez y Nancy Ethel Carricabur, sobrevivientes del CCD.
Arrillaga fue condenado por el secuestro, las torturas y el homicidio de Raúl Bourg y por el secuestro y homicidio de Alicia Rodríguez de Bourg, mientras que fue absuelto por el secuestro y las torturas sufridas por Salvador Regine y las torturas contra Alicia Rodríguez de Bourg.
En la sentencia por los delitos cometidos en el circuito represivo conocido como ABO, que abarcaba los CCD Club Atlético, Banco y Olimpo, y operaba en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, también hubo absoluciones.
El martes pasado, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a prisión perpetua a los ex policías Julio Simón (alias “El Turco Julián”), Samuel Miara y a otros 10 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos. En tanto, el ex agente civil del Ejército Raúl Guglielminetti, el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Tepedino, su subalterno, Mario Gómez Arenas, y el ex policía federal Ricardo Taddei recibieron 25 años de cárcel. Pero el veredicto se completó con la absolución del ex policía federal Juan Carlos Falcón, de quien se ordenó su inmediata libertad (los fundamentos se conocerán el próximo 22 de marzo a las 13.30).
Todos fueron juzgados por 181 casos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos y cinco homicidios (Isidoro Pena, Jesús Peña, Santiago Villanueva, Elio Serra Silvera y Cristina Carreño Araya, quienes se encuentran desaparecidos)
Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, afirmó en declaraciones a Agencia Púlsar, que fue la primera vez que se juzgó a un conjunto de represores, por lo que se comienza a dar cuenta de la magnitud de lo que sucedió en el país durante esos años. “Es un paso importante, esperamos que se empiece a juzgar al conjunto de represores que actuaron en un determinado lugar, en este caso circuito represivo, y no a uno o dos casos”, señaló.

Los mil y un obstáculos
 

Los militares retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche fueron condenados a prisión perpetua por el fusilamiento de once presos políticos ocurrido en 6 de julio de 1976, en un paraje conocido como Palomitas, en el Departamento de General Güemes, a más de treinta kilómetros de la capital de Salta. Por eso estos hechos son conocidos como la Masacre de Palomitas.
La sentencia la efectuó el juez Olivera Pastor, quien ahora deberá decidir la forma de cumplimiento de la condena por parte de Mulhall, de 81 años, y de Gentil, de 80, los dos con arresto domiciliario, y de Espeche, de 65, quien había sido excarcelado a mediados de 2010 por la prolongación de su prisión preventiva, por lo que Pastor ya ordenó su inmediata detención.
Esta condena llega tras ocho años de esfuerzo y trabajo por parte de los querellantes. Jueces amigos de los imputados, cambios de jurisdicción, discusiones jurídicas, anulación del proceso estiraron la elevación a juicio de esta causa, en la que aún hoy hay otros seis procesados con prisión preventiva en condiciones de recibir sentencia.

Una y una
 

Ayer se conoció en Córdoba la sentencia por los tormentos y asesinatos cometidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 del barrio de San Martín, en la jurisdicción del III Cuerpo del Ejército entre abril y septiembre de 1976. En esos meses, fueron fusilados 31 presos que se alojaban en la Unidad. Además, se sumó a esta causa el expediente “Gontero” (por el secuestro y tortura a cinco ex policías y al hermano de uno de ellos).
El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
La misma pena recibieron otros trece militares y policías. Ocho recibieron penas de entre 14 y 6 años.
El tribunal ordenó el inmediato alojamiento de Videla en una cárcel común, mientras que Menéndez deberá someterse a una revisión médica que determinará “si se encuentra en condiciones" de cumplir la condena en una cárcel provincial (aunque por las imágenes de su declaración, horas antes de conocerse la sentencia, no debería ser necesaria esa revisión).
Para Videla ésta es la primera condena a perpetua desde que fue indultado (en este caso, fue encontrado “penalmente responsable de los delitos de torturas agravada por tratarse de perseguidos políticos”. Además, del “homicidio calificado por alevosía”); en cambio, Menéndez, sumó su quinta condena (en este juicio fue declarado culpable y responsable por la aplicación de torturas seguidas de muerte).
Pero el sabor amargo llegó con las siete absoluciones. Ellos son: Ricardo Cayetano Rocha, Francisco Pablo D’Aloia, José Antonio Paredes, Luis Alberto Rodríguez, Gustavo Rodolfo Salgado, Luis David Merlo. Además de Osvaldo César Quiroga, que en 1976 integró una de las secciones del Regimiento de Infantería Aerotransportada II de Córdoba. Quiroga fue absuelto por los fusilamientos de Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil. El 12 de agosto de 1976 retiró a cuatro detenidos de la UP1. Los trasladó atados, vendados y en el piso de un camión. Fusiló a tres. El cuarto era Eduardo De Breuil, hermano de Gustavo, quien testimonió que la persona a cargo del operativo fue siempre la misma. El propio Quiroga dejó asentada su firma y se responsabilizó de sacar a los detenidos.
A pesar de ello, el tribunal lo absolvió, decisión que será apelada por la fiscalía y los abogados querellantes.

Lo que sigue
 

En lo que queda de diciembre y en enero continuarán las audiencias por los crímenes cometidos en los CCD El Vesubio y ESMA, el juicio a Luis José Ricchiutti (ex miembro de Inteligencia del Batallón 601 de Campo de Mayo) y Élida Renne Hermann por la apropiación de la hija de los desaparecidos Beatriz Recchia y Antonio Domingo García, la Causa "Díaz Bessone" (ex- Feced) en Rosario, Juicio a Patti, Bignone y otros 2 genocidas en José León Suárez, en San Martín. Mientras que en febrero continuará el juicio que se realiza en Chaco por la Masacre de Margarita Belén.

 

Se quitó la vida el Secretario de Medios de la CABA

21.12.2010

Este domingo 19 de diciembre, el secretario de Comunicación Social del Gobierno de Mauricio Macri se quitó la vida. Gregorio Centurión, cuentan algunas fuentes que agarró una escopeta, la apoyo en su cara y disparó. El caso era investigado por el juez de Instrucción en lo Criminal N° 6, Gustavo Pierretti.

A los 52 años, con esposa y tres hijos, decían que estaba angustiado. Al parecer, una pelea con Macri que terminó en su expulsión del Gobierno de la ciudad fue el desencadenante. Su interna con Marcos Peña y un pre-infarto reciente le habían provocado una terrible depresión que acarreaba hace un año.

El secretario de Comunicación Social del gobierno porteño, Gregorio Centurión tenía una causa judicial por desmanejo en la pauta oficial. La legisladora porteña de la Coalición Cívica Rocía Sánchez Andía había denunciado a Centurión, entre otros funcionarios, por la distribución supuestamente irregular de la pauta publicitaria de la Secretaría de Comunicación Social. 

Fuentes del Gobierno porteño anunciaron que "el jefe de gobierno, Mauricio Macri se encuentra muy angustiado ya que Centurión era amigo personal". En medios de prensa, Macri, recordó que “Centurión había adelgazado mucho en los últimos tiempos y los frecuentes cuestionamientos de la esposa por el alto nivel de estrés que, desde hace tiempo, lo afectaba anímicamente”. Según informó La Nación, “Macri tenía la voz entrecortada y susurraba al recordar a Centurión, quien, según esos testimonios, puso fin a su vida de un disparo. Los detalles de dónde ocurrió el hecho no habían trascendido al cierre de esta edición”.

Desde el Gobierno Porteño emitieron un comunicado, “El jefe de gobierno y todos los funcionarios acompañan en el dolor a la familia de quien en vida dejó todo su esfuerzo y dedicación para lograr que la ciudad de Buenos Aires creciera y avanzara”.

La noticia en Twitter: muchos funcionarios del macrismo y usuarios de la red social dejaron su comentario.

“Escandalosa la situación de la Secretaria de Comunicación Social que llevó al suicidio a Gomez Centurión”, fue la reflexión de María José Lubertino (@lubertino).

Eduardo Macchiavelli (@edumacchiavelli), Vicepresidente del Pro Capital, expresó “mi más sentido pésame a la familia de Goyo”, y salió a responderle a Lubertino: “¡No digas pavadas por favor! ¡No tenés límites! ¡Ni siquiera sabés cómo se llama y lo estás ensuciando! ¡Estaba muy enfermo! ¡Respetá!”.

“Mi más sentido pesame por el fallecimiento de una gran persona, Gregorio Centurión”, escribió el diputado Christian Gribaudo (@ChGribaudo).

Diana Maffia (@dianamaffia) se mostró “impactada”, y compartió también algunos pensamientos sobre el hecho. “Me impactó el suicidio de Gregorio Centurión. ¿Cuál es la alternativa en una vida cuando la muerte es preferible? ¿De qué se va un suicida?”, publicó, y luego agregó que “más allá de las torpes explicaciones siempre insuficientes, el suicidio impone una reflexión sobre la complejidad silenciosa del alma humana”.

“Mi pésame y condolencias a la familia de Gregorio Centurión” escribió Federico Salvai (@fedesalvai), Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. En igual tono se expresó el diputado provincial Julio Garro (@JulioGarro). “”Falleció Goyo Centurión Sec. De Comunicación del GCBA, mi más sentido pesame”, escribió.

El diputado Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) también expresó su pésame: “Mi más sentido pésame y condolencias a la familia y amigos del Goyo Centurión. Muy triste”.

“Impactado por la muerte de Gregorio Centurión. Mi acompañamiento a la familia en estas terribles horas”, escribió Claudio Avruj (@clauavruj).

Centurión, además, había trabajado para el grupo empresarial Socma, liderado por Franco Macri, padre del jefe de gobierno de la Ciudad. Fue uno de los cofundadores de Compromiso para el Cambio, el núcleo partidario original de Macri, que al confluir con Recrear, el Partido Federal y sectores del peronismo y el radicalismo porteño dio por resultado el PRO.

En la actividad privada, Centurión era el principal ejecutivo de Data Base, una firma informática con base en la ciudad brasileña de San Pablo.
 

Fin de la huelga de hambre en el Centro Universitario Devoto

16.12.2010
 

La firma de un convenio complementario entre el rector de la UBA y el Ministro de Justicia, determinó el inicio de una nueva instancia de diálogo entre quienes integran y participan en el Centro Universitario de Devoto.

Los estudiantes del Centro Universitario Devoto que llevaban 53 días en huelga de hambre decidieron, este martes 14, finalizarla tras conocer la firma de un convenio complementario entre el rector de la UBA y el Ministro de Justicia, y luego de la restitución a su espacio (el aula de Computación dentro del CUD) de las computadoras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas que habían sido trasladadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El convenio cumpliría, en principio, con gran parte de los reclamos de los estudiantes, como el funcionamiento de las clases en el CUD, los talleres extracurriculares, los elementos de trabajo de la Universidad, entre otros.
Sin embargo, los estudiantes plantearon que esta instancia no representa la resolución del conflicto, sino que brinda el plafón necesario para continuar en el camino, ya que la decisión de finalizar la huelga abre para ellos una etapa de diálogo con las dos instituciones firmantes del "convenio" para arribar a una resolución consensuada del conflicto planteado.
Los objetivos buscados ahora son:
• Analizar lo sucedido y determinar las responsabilidades institucionales en el desastre provocado unilateralmente por el SPF.
• Recuperar las condiciones de autogestión y autonomía históricas de este Centro Universitario Devoto.
• Redactar y elevar para su promulgación un proyecto de Ley nacional que regule la actividad de la educación universitaria en contexto de encierro.
El conflicto se originó cuando en setiembre pasado fue allanado el pabellón de estudiantes universitarios por orden del Juzgado de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora, por una investigación de un supuesto delito de “secuestro virtual” que habría cometido uno de los estudiantes de Derecho y Sociología e integrante del Grupo Universitario Devoto.
El joven fue detenido dentro del pabellón, se le secuestró su agenda telefónica y la de su compañero de celda. No encontraron ni teléfonos celulares, ni chips, ni ningún elemento relacionado con la acusación.
Este claro acto intimidatorio fue sucedido por otro el 23 de setiembre. Ese día el CUD fue allanado con orden judicial pero sin ningún tipo de notificación a la Universidad de Buenos Aires. Violando de esta manera la autonomía universitaria y la autogestión que regulan la vida académica de este centro, el Servicio Penitenciario Federal realizó una requisa con personal militarizado, armas largas, escudos y cascos. Un docente de la Carrera de Sociología fue desalojado a la fuerza junto con los estudiantes y el resto de los internos que había en el lugar.
Con el pretexto de “razones de seguridad”, entre otras acciones, se suspendieron las actividades del CUD, se desalojó a los estudiantes y coordinadores internos, se trasladó y cambió de alojamiento a estudiantes y no se permitió el ingreso de docentes al penal.
Luego de este hecho, los estudiantes decidieron iniciar la huelga de hambre para reclamar que las autoridades de la UBA pidan explicaciones y exijan al SPF y al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación que retrotraigan el conflicto para que se recupere la autogestión y el autogobierno.
El Centro Universitario Devoto fue creado hace 25 años por iniciativa de un grupo de presos alojados en el penal, y adquirió marco institucional en 1985 a través de un acuerdo firmado entre el Rector de la UBA y el director del Servicio Penitenciario Federal.
En reconocimiento de la tarea que llevan adelante docentes y estudiantes, este miércoles se realizó un acto en el Salón San Martín del palacio de la Legislatura. Dicho acto tuvo como objeto entregar una distinción del parlamento porteño en la que se declara de Interés Social las actividades académicas desarrolladas por la Universidad de Buenos Aires, a través del Programa UBA XXII en el Centro Universitario Devoto (CUD)
Durante el acto se leyó una carta de Rodolfo Rodríguez, uno de los siete estudiantes detenidos que había realizado la huelga de hambre. En la carta expresaba: “Peleamos cada día contra la despersonalización que propone esta institución total y contra la alienación que campea dentro y fuera de los muros. Esta experiencia nos ha marcado el cuerpo pero también nos templa el coraje y la conciencia y la alegría de sabernos acompañados.
A tod@s aquell@s con quienes compartimos este camino de lucha y dignidad, muchos de ellos presentes hoy en este Salón, les decimos que los llevamos en el corazón por siempre, que reconocemos profundamente cada acción que se ha realizado y el esfuerzo personal de cada un@ puesto a lo largo de estos meses. Que no hay final, hay un recorrido que seguiremos haciendo juntos en todas las actividades académicas y políticas que aún quedan por delante”.

Reunión internacional de representantes sindicales en Buenos Aires

15.12.2010

Mario Hernandez

Los días 10 y 11 de diciembre se realizó en el Hotel Bauen de Buenos Aires el Encuentro Internacional “Nuevos desafíos en la lucha por los Derechos Laborales, la Democracia y la Libertad”, organizado por los centros integrantes del Proyecto Latinoamericano.

Integran dicho proyecto (PL) el Taller de Estudios Laborales (TEL) de Argentina/Uruguay, Transnationals Information Exchange (TIE) de Brasil, Chile y Holanda, la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) y la Coalición pro Justicia en las Maquiladoras (CJM) de México.

El Encuentro contó con la participación de compañeros y compañeras representando a estas organizaciones a los que se sumaron representantes sindicales de Argentina, España y Marruecos.

La precarización del trabajo, la salud de los trabajadores, la producción de conocimiento y la coordinación internacional constituyeron los ejes articuladores de la actividad, compartiendo un proceso de reflexión sobre las experiencias que van haciendo los trabajadores de cada país y apostando a crear vínculos de solidaridad y coordinación activa detrás de objetivos comunes.

Fue particularmente enriquecedor el intercambio que se dio en la comisión de precarización del empleo y el trabajo con la participación de trabajadoras maquiladoras de México, Coca-cola de Chile, ATE-Sur de Argentina, telecomunicaciones de Brasil y representantes de los sindicatos de la carne, aceiteros y Ancap de Uruguay.

El caso de las maquiladoras mexicanas se caracteriza por empleos de bajos salarios, largas jornadas de 10 horas promedio y ritmos acelerados que provocan accidentes agravados por la falta de mantenimiento de la maquinaria y el uso de productos químicos. Frente a esta realidad la organización de los trabajadores al margen de los sindicatos patronales comienza con talleres y encuentros que se transforman en espacios de reflexión que permiten identificar los cuellos de botella en el proceso productivo, canales de solidaridad y conocimiento de derechos laborales apuntando a la creación de liderazgos colectivos. Como ejemplo señalaron el caso de la fábrica de televisores Sharp de Tijuana -la capital mundial de la fabricación de televisores- que agrupa a 5000 trabajadores, donde al margen del sindicato patronal iniciaron un paro luego de 5 años de preparación que unió a los trabajadores de base y profesionales, comenzando por el departamento de sistemas que era vital para el resto de la producción. Allí luego de 10 horas de negociación la patronal reconoció a los representantes que recibían mandato de los trabajadores reunidos en asamblea.

Otro de los ejemplos de organización de los trabajadores precarizados fue el de los repartidores (peonetas) de Coca-cola en Chile, donde actúan 15 sindicatos en 2 empresas madre (Embotelladora Andina y Logística Integral SA.) y 28 subcontratistas. Cabe aclarar que la ley laboral chilena permite el funcionamiento de varios sindicatos por empresa a partir de contar con 8 afiliados.

Los repartidores de Coca-cola tienen una remuneración básica de U$S 120 y se completa con un adicional por caja entregada de acuerdo al tamaño.

La realización del 1er. Encuentro de repartidores (peonetas) permitió identificar las reivindicaciones para unificar el reclamo y decidir la toma de las 2 plantas más importantes que se mantuvo durante 2 días y forzó las negociaciones con las empresas centrales.

Actualmente la Federación aglutina a 1500 trabajadores que compiten con los sindicatos tradicionales ligados a la CUT y que se opusieron al movimiento por la jornada laboral de 45 horas que recientemente se resolvió favorablemente en la justicia laboral chilena.

ATE-Sur de Argentina actúa en la localidad de Lomas de Zamora (Sur del Gran Buenos Aires) en alrededor de 500 empresas que nuclean principalmente auxiliares de limpieza y cocina en establecimientos educativos y de salud donde las condiciones de precarización se dan a través de contratos temporarios, becas, pasantías y tercerizaciones. Fue precisamente en una de estas empresas de limpieza vinculada al Hospital Estévez donde se produjeron 13 despidos de trabajadoras precarias con antigüedades de entre 32 y 2 años que lograron ser revertidas por la organización sindical.

Luego de la exposición de estos casos se dio lugar a un amplio debate donde participaron representantes de los distintos sindicatos latinoamericanos, coincidiendo en la necesidad de incorporar las reivindicaciones de los tercerizados en las demandas de los sindicatos, buscando los problemas comunes, reconociendo a los trabajadores tercerizados como parte de la clase trabajadora y evitando la división.

Para ilustrar esta última situación el representante del sindicato aceitero de Uruguay señaló que en la pasada convención colectiva del sector un representante de la patronal confesó que no le importaba pagar más a una empresa con trabajadores tercerizados porque contribuía a la desorganización sindical.

A confesión de parte, relevo de prueba.