Comunicadores del Sur

11.4.2019

Por Laura Borse

“Es pulmón verde y parte del corredor biológico que se forma con otros espacios, como los predios de Agronomía y Veterinaria”, señalan desde el colectivo de vecinos que se opone al proyecto macrista.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo conducción del PRO y con mayoría automática en la legislatura va por el acaparamiento total de todas las tierras públicas de la ciudad. Gracias a la aprobación, que el año pasado logró, del nuevo código urbanístico y en contra de todos los colectivos barriales que se opusieron, Larreta avanza en la privatización de todo el espacio público que encuentra a su paso. Esta vez les toca a los vecinos de la Paternal, quienes luchan por mantener el parque que surgió, tras la demolición del ex albergue Warnes, como espacio verde y público.

En 1997 por medio de la Ordenanza 52.295 se zonificó el polígono comprendido por las avenidas Warnes, Chorroarín y de los Constituyentes como Distrito U-26, dividiendo un sector comercial, adquirido y ocupado por el Hipermercado Carrefour, de otro en donde se creó la zona “urbanización parque”, dentro de la cual se ubica un área de equipamiento educacional -hoy funciona una escuela- y cuatro parcelas que quedaron en manos de particulares.

En estas cuatro parcelas el Gobierno porteño acordó recientemente la construcción de 11 torres de 17 pisos cada una (casi 50 m de altura) destinadas a viviendas de alta densidad que rodearán el sector parquizado. Además, el proyecto contempla la apertura de calles internas y estacionamientos en subsuelos. Promocionado bajo el nombre “Barrio Parque Central”, el plan despertó el rechazo de los vecinos, quienes primero presentaron un documento donde argumentaban su negativa a la ocupación de estos terrenos y luego entregaron un proyecto alternativo en la Legislatura porteña.

La isla que no se aísla

El colectivo La Isla de la Paternal está luchando para mantener este espacio verde abierto al público. “Este proyecto rige bajo una norma que se promulgó en el año 1997, que permite la construcción en altura en un barrio donde la altura promedio de los edificios son nueve metros (tres pisos), con lo cual ahí ya se parte de un problema grave. El proyecto actual que se está debatiendo en la Legislatura ratifica esa norma y propone cambios no sustanciales al problema central”, informaron.

Además, agregaron que a partir de esa misma normativa quedó distribuido un parcelamiento que implica la construcción de todo alrededor del parque, lo que genera un efecto de invasión sobre la zona parquizada y de acceso público.

Pero los vecinos no se quedaron sólo en el rechazo sino que estudiaron el caso y proponen una alternativa, que deberá ser debatida en la Legislatura. Valentina Bari, integrante del colectivo, comentó que “esos puntos son los que proponemos modificar en el proyecto que estamos presentando. El parcelamiento se redibuja trasladando la parcela más grande hacia uno sólo de los lados del parque, se engloba todo en un sólo sector y eso impediría una invasión tan fuerte y marcada sobre el funcionamiento del parque. Nuestro proyecto también propone que la altura baje a tres pisos, como es en el resto del barrio”.

El Impacto ambiental de un proyecto de semejante envergadura es un tema de preocupación para los vecinos. María José Doiny, que participa del colectivo y además es parte del club de observadores de aves (COA) de la Facultad de Veterinaria de la UBA, explicó a este medio que “el parque de la isla es pulmón verde y parte del corredor biológico que se forma con los otros espacios de la ciudad, como los predios de las facultades de Agronomía y Veterinaria, el Parque Centenario, el Parque Rivadavia, el Parque de los Andes, los hospitales Tornú y Roffo. Es un espacio vital porque es lugar de paso, refugio, alimentación y nidificación de más de 30 especies de aves que habitan en la ciudad. Construir torres tan altas puede impactar en las aves y también generará sombras que pueden afectar en el crecimiento de la vegetación que sostiene el ecosistema, y además afectará la capacidad absorbente del suelo”.

El espacio común tiene hoy unos usos comunitarios que los integrantes del colectivo temen que se pierdan al construir las edificaciones: “Hay una serie de usos apropiados por vecinos (y no tan vecinos) que encuentran ahí un espacio para desarrollar actividades que, si construyen las torres, cambiará. Tememos un desplazamiento de grupos sociales que se verán perjudicados, ya que el parque terminará siendo un patio de los edificios”, resume Valentina Bari.

Es que el parque, actualmente, es utilizado por gran cantidad de vecinos como espacio recreativo y deportivo. Esta apropiación comunitaria del lugar se verá impactada si se abren las calles internas que, bajo el eufemismo de “conectividad”, el Gobierno propone para esta área.

Otro de las preocupaciones de los vecinos y vecinas de la Paternal es por la nueva versión del proyecto, que el Gobierno porteño asegura ser superador del original, ya que destina como “basamento comercial” el 40 % del espacio de ocupación del área en manos privadas para espacio público, lo que muy probablemente se traducirá en negocios comerciales que afectarán el uso social del parque.

El simulacro de participación

En marzo se realizó la audiencia pública donde se trató este tema. Las audiencias no son vinculantes, por lo cual aunque la gran mayoría de quienes participaron se expresaron en contra del proyecto, el ejecutivo porteño tiene la potestad de avanzar sin necesidad de contemplar la opinión de la mayoría, y es lo que hace desde que cuenta con votos propios y ajenos que le facilitan las cosas.

El proyecto del colectivo fue presentado en marzo en la legislatura porteña y aunque recibieron promesas de que Rodríguez Larreta atendería y escucharía sus palabras, lo cierto es que el jefe porteño no apareció por el barrio y faltó a la reunión que se había pactado. La enviada del Gobierno, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, no dio ninguna respuesta a los vecinos.

“Tanto la norma del 97 como el proyecto actual del Ejecutivo son normas inconsultas, proyectos de una envergadura gigante que no tienen consenso con la comunidad, que se trabajan, deciden y ejecutan unilateralmente, no hay consulta ni construcción de espacio urbano que respete el sentir y las necesidades de la comunidad adyacente. Eso implica la imposibilidad de ser parte de un proyecto que afecta la vida de quienes vivimos en la comuna 15”, sentencia Bari.

Los vecinos piden al Gobierno de la Ciudad que se posicione como articulador de un conflicto donde se supone que debería primar el bien común y no el beneficio privado. Sin embargo, la fecha de debate y segunda votación del proyecto del ejecutivo fue pospuesta y los vecinos desconocen los tiempos y reglas con las que se continuará el tratamiento del proyecto. A pesar de todo, el colectivo no descansa e insiste con los encuentros con el poder legislativo y ejecutivo para llegar a buen puerto.