Comunicadores del Sur

22.07.2026

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en tratamiento un proyecto de ley que busca restablecer el funcionamiento pleno de las 15 Comunas porteñas, tras la aprobación en 2025 del Decreto 114/25 firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que reorganizó áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano y, según denuncian los impulsores de la iniciativa, desarticuló la estructura orgánica prevista por la Ley Orgánica de Comunas

La propuesta, ingresada bajo el expediente 2282-D-2026, fue presentada por la legisladora Delfina Velázquez, de Fuerza por Buenos Aires, y cuenta con las coautorías de Claudio Américo Ferreño, Victoria Freire, Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Alejandro Salvatierra. El texto plantea dejar sin efecto parcialmente los artículos 3° y 7° del decreto macrista, así como las modificaciones introducidas en su Anexo II, que redefinieron competencias de áreas vinculadas a la gestión comunal.

En sus fundamentos, los legisladores sostienen que el decreto implicó una centralización de funciones que, de acuerdo con la Constitución porteña y la Ley 1.777, corresponden exclusivamente a las Juntas Comunales y a los espacios de participación vecinal previstos por la normativa, como los Consejos Consultivos Comunales. En particular, cuestionan la creación de nuevas áreas relacionadas con la gestión del espacio público y la modificación de las responsabilidades de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres, que habrían desplazado atribuciones históricamente ejercidas por los gobiernos comunales.

El proyecto también señala que programas impulsados desde el Poder Ejecutivo, como las reuniones realizadas en el marco de la iniciativa “Mi Comuna, Mi Barrio”, estarían reemplazando a los ámbitos institucionales de participación establecidos por ley, lo que, a juicio de los autores, debilita el modelo de descentralización política y administrativa previsto por la Constitución de la Ciudad.

De ser aprobada en el recinto, la ley establecerá que los actos administrativos, designaciones y compromisos presupuestarios realizados bajo la estructura creada por el Decreto 114/25 deberán adecuarse, en un plazo de 60 días, a las competencias fijadas por la Ley Orgánica de Comunas. El texto prevé que, de no concretarse esa adecuación, esos actos podrán ser declarados nulos, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones judiciales si el Ejecutivo no acata los plazos establecidos.

La Ley 1.777, sancionada en 2005, define a las Comunas como unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial, y establece que cada una debe contar con una Junta Comunal integrada por siete miembros elegidos por votación popular, además de un Consejo Consultivo con representación de entidades vecinales, partidos políticos y otras formas de organización social. Entre las competencias exclusivas de las Comunas figuran la planificación, ejecución y control de trabajos de mantenimiento de vías secundarias y espacios verdes, así como la elaboración participativa de su presupuesto anual.

La iniciativa deberá comenzar ahora su recorrido legislativo en las comisiones correspondientes antes de ser tratada en el recinto de la Legislatura porteña, donde necesitará mayoría simple para su aprobación, aunque la ley original requirió en su momento dos tercios de los votos por tratarse de una norma de organización constitutional.

El debate sobre el funcionamiento de las Comunas se enmarca en una discusión más amplia sobre el grado de autonomía real de la Ciudad de Buenos Aires, que, si bien opera en muchos aspectos como una provincia, mantiene tensiones estructurales con el gobierno nacional en materias como la coparticipación, el financiamiento del subte y la seguridad, al tiempo que internos del propio macrismo han sido señalados como obstáculos para el pleno cumplimiento de la Ley de Comunas.

21.07.2026

Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, este gasto esencial marca un punto de tensión en la economía doméstica, donde los ajustes tarifarios han superado ampliamente tanto la inflación como la evolución de los salarios.

Un hogar promedio sin subsidios en el AMBA destinó alrededor de 295.800 pesos mensuales a cubrir estas necesidades, lo que equivale al 15% de un salario registrado promedio estimado en aproximadamente 1.924.000 pesos. Esta proporción implica que con un sueldo típico se pueden adquirir apenas unas 6,5 canastas de estos servicios, frente a casi 8 canastas un año antes. La tendencia se ha acentuado desde abril, consolidando una trayectoria de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El estudio del IIEP destaca que, desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026, el valor de esta canasta de servicios se incrementó un 966%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC avanzó un 241% en el mismo período. En diciembre de 2023, el peso de estos gastos no llegaba al 6% del salario promedio. Este fuerte desfasaje responde a las actualizaciones tarifarias implementadas en transporte, energía y agua, que han buscado corregir subsidios y costos, pero impactan directamente en las finanzas familiares en una región que concentra unos 16 millones de personas.

Entre los componentes, el transporte público explica cerca del 41% del total de la canasta y registra el mayor peso relativo. En julio, el gasto promedio en colectivos y subte superó los 121.000 pesos, con un alza interanual del 73%. Le siguen las facturas de electricidad (alrededor de 68.200 pesos, +48% interanual), gas natural (cerca de 64.900 pesos, +39%) y agua (unos 41.700 pesos, +35%). Estos incrementos mensuales responden tanto a ajustes en cuadros tarifarios como a variaciones estacionales en el consumo, especialmente durante el invierno.

Informes previos del mismo observatorio y otras fuentes coinciden en que los servicios públicos han crecido a un ritmo superior al de los salarios y la inflación general a lo largo de los últimos años, aunque con fluctuaciones mensuales por factores como el consumo energético y las indexaciones. Esta dinámica reduce el margen disponible para otros gastos esenciales y pone de relieve los desafíos para mantener el equilibrio en los presupuestos familiares del conurbano bonaerense.

El panorama subraya la complejidad de equilibrar la recomposición de tarifas con la capacidad real de pago de los hogares, en un contexto donde los subsidios estatales aún cubren una porción importante de los costos reales de los servicios, pero los usuarios enfrentan un mayor esfuerzo directo.

20.07.2026

Horacio Rodríguez Larreta expresó con claridad que ya no ve espacio para una relación política con Jorge Macri. Durante una entrevista en Splendid AM 990, el legislador porteño afirmó que no puede alinearse con alguien que deja sin atención a una mujer embarazada proveniente del conurbano bonaerense que busca asistencia en los hospitales de la Ciudad. Esta declaración resume un quiebre profundo que viene gestándose desde hace meses y que ahora se expone sin atenuantes.

Larreta reconoció abiertamente haberse equivocado al respaldar la candidatura de Macri como jefe de Gobierno. Según sus palabras, su sucesor habría roto con un método de trabajo consolidado durante años en el PRO, que desde 2007 priorizaba una gestión ordenada y atenta a las necesidades de la población, independientemente de su origen. En ese sentido, defendió la tradición de atender casos urgentes, como el de una madre con un niño con fiebre o una embarazada en situación vulnerable, contrastando esa postura con lo que percibe como un cambio de rumbo en la actual administración.

El ex mandatario porteño describió una Ciudad que, a su juicio, muestra claros signos de deterioro: suciedad en las calles, un aumento notable de personas en situación de calle y un mantenimiento deficiente del espacio público. Estas observaciones forman parte de un diagnóstico más amplio en el que Larreta cuestiona varias decisiones de la gestión Macri, entre ellas la idea de establecer mayores controles en los accesos a la Capital, simbolizada en la propuesta de un muro en la General Paz. Frente a eso, Larreta planteó una visión opuesta: en lugar de barreras, se necesitan puentes que conecten la Ciudad con el conurbano.

Estas críticas se inscriben en una interna prolongada dentro del PRO. Larreta ha venido marcando diferencias con el alineamiento de algunos sectores del partido con el gobierno nacional de Javier Milei y ha señalado que la fuerza perdió identidad al no competir con su propia marca en las últimas elecciones porteñas. Además, ha cuestionado públicamente el respaldo que él mismo dio a Macri en 2023, llegando incluso a pedir disculpas por haberlo “traído” desde el conurbano a la Ciudad.

El legislador, que recientemente se convirtió en padre por tercera vez junto a Milagros Maylin, mantiene un perfil activo en la Legislatura porteña y ha relanzado su propio proyecto político con miras a las elecciones de 2027. Sus declaraciones de las últimas horas refuerzan la percepción de una fractura irreversible con la actual conducción del PRO en la Ciudad y dejan abierta la posibilidad de que Larreta busque un camino diferenciado de cara al futuro electoral.

17.07.2026

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicó los pliegos técnicos que estructurarán la próxima licitación pública del servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 53/SECH/26 de la Secretaría de Higiene y abre una instancia de consulta pública de diez días hábiles bajo la Ley 2.095. El contrato tendrá una duración base de dos años.

El modelo logístico divide la Ciudad en seis zonas operativas basadas en los límites comunales, cada una vinculada a centros de reciclado estatales de la red porteña.

La Zona A (Comunas 1 y 4) recibirá diez camiones y operará con los centros de Barracas y Cortejarena. La Zona B (Comunas 2 y 14) contará con doce camiones y el centro de Saavedra. La Zona C (Comunas 12 y 13) tendrá cinco vehículos y los centros de Núñez y Constituyentes. La Zona D (Comunas 11 y 15) dispondrá de seis camiones y el centro de Balbastro. La Zona E (Comunas 7, 8, 9 y 10) operará con seis camiones y los centros de Chilavert y Corrales. Finalmente, la Zona F (Comunas 3, 5 y 6) contará con once camiones y el centro de Varela.

El Estado aportará una dotación inicial de camiones propios a las empresas adjudicatarias, que deberán completar la flota con vehículos propios a su exclusivo cargo. Toda la flota -tanto la estatal como la privada- deberá contar con GPS activo y sistemas de telemetría que transmitan los recorridos en tiempo real para la auditoría digital de rutas.

Las seis prestaciones obligatorias:

El pliego establece seis servicios de carácter obligatorio e integrado. La recolección puerta a puerta para generadores individuales, coordinada con recuperadores urbanos, deberá realizarse con una frecuencia mínima de dos visitas semanales por vecino registrado. El servicio para generadores especiales -grandes comercios, industrias, hoteles y hospitales- tendrá una frecuencia base de tres veces por semana.

La recolección en Puntos Verdes instalados en plazas y espacios públicos deberá realizarse al menos dos veces por semana o cuando se detecte el llenado de las estructuras. A esto se suma la recepción del material proveniente de la contenerización verde pública general, el procesamiento dentro de los centros de reciclado -con pesaje, clasificación, compactación y enfardado- y un servicio de promoción ambiental con al menos cuatro promotores por zona que deberán rendir una evaluación técnica anual obligatoria.

El 20% de descarte y la regla de las tres horas:

Uno de los puntos más relevantes del pliego en términos ambientales es la tolerancia máxima del 20% mensual de material de descarte en las plantas de procesamiento. Cualquier exceso deberá justificarse mediante declaración jurada. El umbral establece, en la práctica, que al menos ocho de cada diez kilos de material recolectado deben ser efectivamente reciclados.

En materia de logística urbana, el pliego regula el uso de bolsones en la vía pública con la llamada “regla de las tres horas”: ese es el plazo máximo permitido para que un bolsón permanezca en la calle. Deben colocarse en posición vertical, alineados al cordón, con un límite de seis unidades por parada y a un mínimo de cinco metros del contenedor de basura convencional más cercano.

El antecedente que el anuncio no menciona:

La licitación llega en un momento en que el propio sistema de reciclado porteño registra una tensión no resuelta. En julio de 2025, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) denunció que el GCBA había dejado de costear el traslado de los recuperadores urbanos que residen en el Conurbano bonaerense -una medida que calificó como “recorte y ajuste contra los que menos tienen”- y que derivó en una huelga de hambre del presidente de la federación frente a la Dirección de Espacio Público.

Los recuperadores urbanos, que el propio pliego menciona como parte del esquema de recolección puerta a puerta, son trabajadores que históricamente sostuvieron el circuito de reciclado porteño con su labor cotidiana. Que el Gobierno presente ahora un esquema técnicamente ambicioso -con GPS, tolerancias de descarte y seis prestaciones obligatorias- sin mencionar ese conflicto pendiente es, cuanto menos, una omisión que la consulta pública de los próximos diez días debería contemplar.

16.07.2026

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encabezó la inauguración oficial de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio de La Rural de Palermo. Del tradicional corte de cintas en la Plaza del Bicentenario participaron también el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el presidente de La Rural S.A., Raúl Etchebehere; el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, y el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

Durante su discurso de apertura, Macri buscó capitalizar la reciente clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial tras vencer a Inglaterra para articular una retórica de pacificación social. “Cuando nos unimos, cuando tiramos para el mismo lado, cuando la gente de bien hace el esfuerzo, podemos lograr grandes cosas”, sostuvo el mandatario, quien además insistió en que la histórica dicotomía entre el campo y la ciudad “es falsa” y que ambos sectores comparten metas de desarrollo común.

A pesar de la insistencia discursiva en caracterizar a la Ciudad como la región “más federal” del país, el mandatario basó su argumentación en la centralización corporativa y financiera que ejerce el territorio porteño sobre el resto de las provincias. Macri destacó que aproximadamente el 70% de las empresas agroindustriales de la Argentina tienen su sede administrativa y fiscal radicada en suelo capitalino.

A esta concentración empresaria se suma la orientación de recursos locales hacia proyectos de innovación tecnológica selectivos:

– Parque de Innovación: El Ejecutivo local remarcó que dos tercios de las más de 60 firmas tecnológicas radicadas en el predio del barrio de Núñez están ligadas de forma directa a la cadena de valor de la agroindustria o la agroalimentación.

– Ausencia de alivio local: Mientras se promueven estos polos tecnológicos concentrados, los pequeños comercios de cercanía y los sectores productivos de menor escala en las comunas del sur continúan sin percibir medidas de alivio impositivo frente al avance de la crisis de consumo.

Sintonía institucional en medio del ajuste

La presencia de Diego Santilli en su carácter de jefe de Gabinete de la Nación evidenció la sintonía política existente entre la administración de Jorge Macri y el Gobierno nacional, pese a las tensiones irresueltas por el goteo de la coparticipación federal. La confluencia de discursos basados en el esfuerzo individual y la “gente de bien” reafirma la agenda ideológica compartida por ambas gestiones.

Sin embargo, las cámaras sectoriales ligadas al pequeño productor y las pymes urbanas advierten que detrás del optimismo declamado en La Rural se esconde un modelo que beneficia de forma casi exclusiva a los sectores exportadores y financieros primarizados, mientras que la falta de financiamiento blando y la caída del mercado interno asfixian el verdadero capital humano del tejido productivo cotidiano de la Ciudad.