Comunicadores del Sur

28.07.2026

El mercado de alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentó una transformación estructural tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 y la consecuente derogación de la Ley de Alquileres. Según datos del sector brindados por el empresario inmobiliario y expresidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA), Armando Pepe, la disponibilidad de inmuebles destinados a vivienda familiar pasó de un piso crítico de apenas 355 unidades publicadas a fines de diciembre de 2023 a superar las 15.700 propiedades en la actualidad, lo que representa un crecimiento cercano a las 45 veces en el volumen prestable.

Esta normalización de la oferta reconfiguró las condiciones de contratación entre propietarios e inquilinos, asentando una dinámica con plazos habituales de 24 meses y esquemas de actualización trimestral o cuatrimestral atados a indicadores oficiales como el Índice de Precios al Consumidor o el Índice de Contratos de Locación. Bajo este nuevo esquema de libertad pactada, la rentabilidad neta anual para los arrendadores se posiciona en torno al 5,8% en dólares tras el pago de tributos, situando a las unidades de dos y tres ambientes al frente de las búsquedas familiares.

En forma paralela, el escenario inmobiliario muestra una brecha significativa entre las viviendas usadas y los desarrollos a estrenar o en pozo. Los inmuebles usados cotizan con diferencias de hasta un 30% por debajo de los proyectos nuevos, favorecidos por un encarecimiento en los costos de construcción que se ubican cerca de los 1.750 dólares por metro cuadrado únicamente para la edificación. Esta presión de costos, sumada al valor del suelo y el financiamiento, desaceleró el inicio de nuevos emprendimientos e impulsó el interés de los inversores hacia el parque habitacional ya existente.

Respecto al crédito hipotecario, la reactivación incipiente registrada hacia mediados de 2024 perdió dinamismo hacia el segundo semestre de 2025 y los meses subsiguientes, condicionada por el endurecimiento del margen financiero. Las tasas de interés sobre los préstamos UVA experimentaron un alza al pasar del rango inicial del 4,5% al 7% a promedios que oscilan entre el 6,5% y el 7,5% adicional, un factor que frena la demanda y exige una flexibilización de las condiciones bancarias para recuperar tracción.

Finalmente, el sector inmobiliario mantiene un activo debate en torno a los proyectos oficiales de desregulación que buscan eliminar la colegiación obligatoria para el corretaje. Desde las entidades profesionales advierten que avanzar sin la exigencia de título universitario y matrícula implicaría un retroceso en la protección de las partes, al tiempo que ratifican los cuestionamientos judiciales hacia los modelos de franquicias internacionales por el uso compartido de matrículas individuales.

27.07.2026

La historia del terreno de Francisco Acuña de Figueroa 981 es, en esencia, la de una pulseada que ya lleva años y no encuentra resolución. El lote, un baldío de 230,31 metros cuadrados enclavado entre medianeras en pleno Almagro, volverá a ser ofrecido en subasta el próximo 20 de agosto. Es la cuarta vez que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lo pone en el mercado, y cada nuevo intento no hace más que tensar la relación entre el Gobierno nacional, que busca desprenderse del inmueble, y un grupo de vecinos que desde 2021 pelea por convertirlo en una microreserva urbana de acceso público.

Esta vez, sin embargo, el malestar no se limita al rechazo de la venta. El nuevo precio base, fijado en US$381.690, encendió todas las alarmas entre los integrantes del colectivo Relieve. Y no es para menos: en noviembre de 2025, cuando la AABE convocó a la primera subasta, el valor de salida era de US$472.982. En febrero de este año, ya con el remate declarado desierto, bajó a US$425.683,80. Ahora, el Estado ofrece el predio por 91.292 dólares menos que en aquella primera convocatoria.

Los vecinos hicieron sus propios cálculos y no tardaron en cuestionar la decisión. Según los informes inmobiliarios que tomaron como referencia, el metro cuadrado en Almagro ronda los US$2.200, mientras que el valor fijado para la subasta equivale a apenas US$1.659 por metro cuadrado. Esa diferencia, advierten, representa unos 124.000 dólares por debajo del valor de mercado. “¿Quién se beneficia de rematar una tierra pública 124.000 dólares más barata de lo que vale en el mercado?”, se preguntaron en un comunicado difundido tras conocerse el nuevo llamado.

Detrás de la discusión económica se esconde una disputa más profunda sobre el destino de un espacio que, paradójicamente, el abandono convirtió en un pequeño pulmón verde. Durante décadas, el lote permaneció sin construcciones y la vegetación creció de manera espontánea sobre un suelo que aún conserva su capacidad absorbente. Lo que para el Estado es un baldío “en mal estado de conservación”, para el colectivo Relieve es una oportunidad única de generar uno de los pocos espacios verdes en un barrio que los necesita con urgencia.

Los números de Almagro son elocuentes. Según un relevamiento de los propios vecinos de la Comuna 5, el barrio tiene alrededor de 34.500 habitantes por kilómetro cuadrado y apenas 0,2 metro cuadrado de espacio verde por habitante. Los datos del Censo 2022 indican que Almagro cuenta con 142.769 habitantes y una densidad de 35.248 personas por kilómetro cuadrado, mientras que el Instituto de Estadísticas porteño señala que la Comuna 5 es una de las que menos superficie verde tiene por habitante. En ese contexto, la propuesta de Relieve de transformar los 230 metros cuadrados en una microreserva que preserve la vegetación existente, incorpore flora nativa y permita el acceso público con una intervención mínima no es un capricho: es una demanda con fundamento.

El proyecto, que ya fue declarado de interés por la Junta Comunal de la Comuna 5 y cuenta con más de mil firmas de respaldo, llegó también a la Legislatura porteña. La iniciativa plantea que el Ejecutivo de la Ciudad gestione ante el Gobierno nacional el traspaso del inmueble para destinarlo formalmente a espacio verde público y modifique su situación urbanística para evitar que en el futuro pueda ser utilizado para un desarrollo inmobiliario. Pero el tiempo corre y los vecinos lo saben. “Cada día que pasa es una oportunidad que se pierde, tanto por parte del Gobierno de la Ciudad como de los distintos bloques legislativos”, advirtieron, mientras reclaman acciones concretas antes de que la subasta del 20 de agosto concrete lo que ellos consideran una entrega de tierras públicas al mercado inmobiliario.

Por ahora, el destino del terreno de Acuña de Figueroa 981 sigue en el aire. Mientras la AABE prepara un nuevo remate que, si la historia se repite, podría volver a quedar desierto, los vecinos de Almagro insisten en que todavía hay margen para frenar la operación. La pulseada, parece, no terminará pronto.

24.07.2026

Un nuevo conflicto por el uso del espacio público y la preservación del patrimonio histórico vuelve a encender las alarmas en el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Agrupaciones vecinales y ambientales de Palermo formalizaron la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que la estructura del antiguo Hostal del Lago -ubicada a orillas del Lago de los Regatas, en pleno Parque Tres de Febrero- sea destinada de forma definitiva a la creación de un museo de acceso público, libre y gratuito.

La iniciativa busca frenar el progresivo deterioro de una edificación emblemática que permanece sin uso formal desde hace años y que, según advierten las organizaciones del barrio, figura en el radar de las políticas de concesión comercial que impulsa el Ejecutivo de la Ciudad.

Patrimonio en riesgo y el fantasma de la privatización:

El histórico edificio, que funcionó durante décadas como confitería y punto de encuentro icónico de la zona lacustre de Palermo, exhibe hoy signos evidentes de abandono, falta de mantenimiento estatal y vandalismo. Para la Asamblea Vecinal de Palermo y diversas entidades conservacionistas, la desidia del Gobierno porteño no es inocente.

“Hay un patrón claro: se deja caer la infraestructura pública hasta un punto de ruina tal que luego se utiliza como excusa para justificar su entrega a manos privadas bajo el ropaje de ‘puesta en valor'”, señalaron referentes comunitarios durante la presentación del texto legislativo.

El proyecto de ley propone declarar la utilidad pública del inmueble y asignarle un destino cultural y pedagógico enfocado en la historia del Área de Protección Histórica (APH) del Parque Tres de Febrero, la diversidad biológica del bioma urbano y la conservación de los recursos hídricos de la Capital.

Un modelo urbano bajo la lupa:

El reclamo de los vecinos de la Comuna 14 expone una grieta profunda respecto al modelo de desarrollo urbano que atraviesa a la gestión porteña. En un contexto marcado por la proliferación de concesiones gastronómicas y de entretenimiento dentro de parques y plazas públicas, la comunidad exige preservar los pocos pulmones verdes de escala metropolitana libres de explotación comercial.

A la crítica hacia el Ejecutivo local por la mercantilización de los bienes comunes se le suma el trasfondo de la política nacional. La parálisis absoluta de las obras públicas y los recortes en la transferencia de partidas de infraestructura desde la Nación hacia las jurisdicciones agravan el estado general del patrimonio arquitectónico y natural de la Ciudad, dejando a los gobiernos locales sin excusas pero también sin respuestas financieras claras.

El debate pasa a la Legislatura:

Con el proyecto ya ingresado en la Mesa de Entradas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la discusión quedará ahora en manos de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público y la Comisión de Cultura.

Para las organizaciones del barrio, la batalla por el ex Hostal del Lago va más allá de un edificio en particular: representa un límite social frente al avance de la privatización del espacio urbano y un llamado de atención a la dirigencia política sobre la necesidad de priorizar el acceso universal a la cultura y la naturaleza por encima del negocio inmobiliario.

23.07.2026

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso clave en la conformación de su propio Fuero Laboral. El Consejo de la Magistratura envió a la Legislatura los pliegos de jueces, fiscales y asesores tutelares que resultaron seleccionados en los concursos realizados durante 2025. La presidenta del organismo, Isabella Leguizamón, remitió la documentación con el orden de mérito definitivo y los antecedentes de cada postulante, lo que habilita el inicio del proceso de audiencias públicas y eventuales impugnaciones en la Junta de Ética parlamentaria.

La nómina incluye diez candidatos para los juzgados de Primera Instancia, seis para la Cámara de Apelaciones y cinco para el Ministerio Público. Entre los nombres figuran María Sol Loredo, Laura Alejandra Calogero y Francisco Elissondo para los tribunales de base, mientras que Diego Javier Tula y Patricia Paola Ceriani fueron propuestos para la Cámara. En el Ministerio Público destacan las fiscales Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla, junto con Germán Helvio Queipo para la Fiscalía de Cámara.

El trámite legislativo se anticipa intenso. Aunque el PRO no cuenta con mayoría propia, mantiene acuerdos con sectores de La Libertad Avanza y la UCR que podrían garantizar la aprobación de los pliegos. Desde la oposición, sin embargo, se cuestiona la velocidad del traspaso y se advierte sobre el riesgo de configurar una justicia laboral alineada con intereses corporativos.

En paralelo, el jefe de Gobierno Jorge Macri presentó proyectos para ampliar de manera significativa la estructura del nuevo fuero. Su iniciativa contempla pasar de 10 a 80 juzgados de Primera Instancia y de 2 a 10 salas de la Cámara de Apelaciones, además de crear un servicio de conciliación obligatoria y habilitar audiencias virtuales mediante reformas al Código Procesal. El objetivo es replicar la dimensión del fuero laboral nacional y consolidar la autonomía judicial de la Ciudad.

La definición de los primeros magistrados y el debate sobre la ampliación de la estructura judicial colocan al Fuero Laboral porteño en el centro de la agenda política. El desenlace dependerá de las negociaciones en la Legislatura y del consenso que logre el oficialismo para avanzar en la aprobación de los pliegos.

22.07.2026

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en tratamiento un proyecto de ley que busca restablecer el funcionamiento pleno de las 15 Comunas porteñas, tras la aprobación en 2025 del Decreto 114/25 firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que reorganizó áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano y, según denuncian los impulsores de la iniciativa, desarticuló la estructura orgánica prevista por la Ley Orgánica de Comunas

La propuesta, ingresada bajo el expediente 2282-D-2026, fue presentada por la legisladora Delfina Velázquez, de Fuerza por Buenos Aires, y cuenta con las coautorías de Claudio Américo Ferreño, Victoria Freire, Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Alejandro Salvatierra. El texto plantea dejar sin efecto parcialmente los artículos 3° y 7° del decreto macrista, así como las modificaciones introducidas en su Anexo II, que redefinieron competencias de áreas vinculadas a la gestión comunal.

En sus fundamentos, los legisladores sostienen que el decreto implicó una centralización de funciones que, de acuerdo con la Constitución porteña y la Ley 1.777, corresponden exclusivamente a las Juntas Comunales y a los espacios de participación vecinal previstos por la normativa, como los Consejos Consultivos Comunales. En particular, cuestionan la creación de nuevas áreas relacionadas con la gestión del espacio público y la modificación de las responsabilidades de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres, que habrían desplazado atribuciones históricamente ejercidas por los gobiernos comunales.

El proyecto también señala que programas impulsados desde el Poder Ejecutivo, como las reuniones realizadas en el marco de la iniciativa “Mi Comuna, Mi Barrio”, estarían reemplazando a los ámbitos institucionales de participación establecidos por ley, lo que, a juicio de los autores, debilita el modelo de descentralización política y administrativa previsto por la Constitución de la Ciudad.

De ser aprobada en el recinto, la ley establecerá que los actos administrativos, designaciones y compromisos presupuestarios realizados bajo la estructura creada por el Decreto 114/25 deberán adecuarse, en un plazo de 60 días, a las competencias fijadas por la Ley Orgánica de Comunas. El texto prevé que, de no concretarse esa adecuación, esos actos podrán ser declarados nulos, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones judiciales si el Ejecutivo no acata los plazos establecidos.

La Ley 1.777, sancionada en 2005, define a las Comunas como unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial, y establece que cada una debe contar con una Junta Comunal integrada por siete miembros elegidos por votación popular, además de un Consejo Consultivo con representación de entidades vecinales, partidos políticos y otras formas de organización social. Entre las competencias exclusivas de las Comunas figuran la planificación, ejecución y control de trabajos de mantenimiento de vías secundarias y espacios verdes, así como la elaboración participativa de su presupuesto anual.

La iniciativa deberá comenzar ahora su recorrido legislativo en las comisiones correspondientes antes de ser tratada en el recinto de la Legislatura porteña, donde necesitará mayoría simple para su aprobación, aunque la ley original requirió en su momento dos tercios de los votos por tratarse de una norma de organización constitutional.

El debate sobre el funcionamiento de las Comunas se enmarca en una discusión más amplia sobre el grado de autonomía real de la Ciudad de Buenos Aires, que, si bien opera en muchos aspectos como una provincia, mantiene tensiones estructurales con el gobierno nacional en materias como la coparticipación, el financiamiento del subte y la seguridad, al tiempo que internos del propio macrismo han sido señalados como obstáculos para el pleno cumplimiento de la Ley de Comunas.