03.01.2025
Ayer, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal para que la Justicia que investigue posibles tareas de inteligencia ilegal de la Policía de la Ciudad o la Federal en el acto que organismos de Derechos Humanos realizaron junto a trabajadores en la ex ESMA el 27 de diciembre. El caso quedó radicado en el juzgado Nº 10 de Comodoro Py.
Las acciones de inteligencia se habrían dado en el marco de una jornada en defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el gobierno de Javier Milei busca desmantelar y como protesta ante los despidos en la Secretaría de DDHH.
La denuncia fue presentada por Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, Presidentes y Secretario Ejecutivo de la CPM, respectivamente.
En la misma indicaron: “Venimos por la presente a denunciar la posible realización de tareas de inteligencia ilegal, en los términos de la ley 25.520, por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Policía Federal, en el marco de la protesta desarrollada el día viernes 27 de diciembre del corriente a las 16, convocada bajo el lema ‘Abrazo a la ESMA. Defendemos la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a sus trabajadores’”.
La Comisión Provincial es un “Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires” y en esa calidad monitorea diversas manifestaciones en pos de evitar que las fuerzas de seguridad vulneren derechos sociales y políticos.
Según la denuncia, a la que accedió El Destape, la CPM detectó y registró con fotografías y filmaciones acciones de policías de civil que se infiltraron en la manifestación.
También señaló a la justicia que las fuerzas de seguridad filmaron a los manifestantes por lo que exige que se investigue si se está violando la Ley de Inteligencia Nacional: “Advertimos la presencia de personal policial no identificado (de civil) que deambulaba entre los manifestantes, se comunicaba telefónicamente y que finalmente permaneció junto al personal identificado durante algunas horas. Asimismo advertimos la obtención de filmaciones respecto de las personas que se encontraban participando de la manifestación, tanto dentro del edificio de la ex ESMA como durante la concentración en la vía pública”, sostuvo el escrito de 12 páginas.
Para los denunciantes, “los hechos que aquí denunciamos, podrían inscribirse en los supuestos vedados en la normativa de inteligencia nacional”. En esa línea, indicaron que “la actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la Ex Esma y las organizaciones sociales que los acompañaban. Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación”.
En este marco, como medidas de prueba, el organismo de derechos humanos pidió que la Justicia le reclame al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que informe: Quiénes fueron las autoridades y el personal policial que fue asignado al operativo de seguridad en la exESMA; Si hubo personal policial de civil actuando; Y si hubo presencia de agentes o funcionarios de otras fuerzas policiales, de seguridad o inteligencia del Estado, “incluyendo la participación de personal no identificado”.
También pidió se informe sobre el “personal asignado a la tarea de captación de imágenes”.
Respecto al Ministerio de Seguridad de la Nación, la CPM requirió a la Justicia para que informe si las fuerzas policiales o de Seguridad que están bajo su órbita tuvieron algún tipo de participación en el operativo. Se hizo un planteo similar respecto a quienes cumplen tareas dentro de la ex ESMA.