Comunicadores del Sur

15.04.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a aplicar una reducción significativa en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que ya impacta en miles de trabajadores independientes no profesionales y que, en su alcance total, beneficiará a unos 140 mil contribuyentes.

La medida fue impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y aprobada por la Legislatura porteña. A partir de su implementación por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, quienes tributan bajo el Régimen Simplificado y prestan servicios de manera independiente acceden a bonificaciones según su categoría.

En concreto, los contribuyentes de las categorías más bajas (A, B y C) dejan de pagar completamente el impuesto, mientras que quienes se ubican entre las categorías D y H reciben una reducción del 75%. Entre los alcanzados se encuentran oficios como peluquería, mecánica, fotografía, entrenamiento físico, estética y edición, entre otros.

Actualmente, unas 47 mil personas ya acceden al beneficio: 35 mil quedaron exentas del tributo, mientras que otras 12 mil abonan solo una parte. Para el resto del universo previsto, estimado en más de 90 mil contribuyentes, será necesario regularizar su situación fiscal para poder incorporarse al esquema.

Desde la administración porteña indicaron que la bonificación se aplica de manera automática, siempre que el contribuyente no registre deudas y su actividad esté comprendida dentro de las prestaciones de servicios. En caso contrario, podrán adherir a la moratoria vigente —con plazo hasta el 30 de abril— que permite saldar obligaciones en cuotas y con descuentos.

La iniciativa se enmarca en un paquete más amplio de reformas orientadas a aliviar la carga tributaria y simplificar trámites. Entre ellas se destacan la devolución acelerada de saldos a favor —con reintegros en pocos días—, la exención total del ABL para jubilados y pensionados, la posibilidad de compensar impuestos entre sí y la unificación del régimen local con el monotributo nacional para facilitar gestiones.

Según destacaron desde el Ejecutivo porteño, el objetivo es reducir la presión impositiva sobre quienes trabajan de manera independiente y fomentar la actividad económica en la Ciudad.

14.04.2026

El decreto de “Prioridad porteña” firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, abrió un fuerte cruce con la provincia de Buenos Aires, que salió a cuestionar la medida por considerar que discrimina a los bonaerenses.

La iniciativa, oficializada a través del Decreto 142/26 como había adelantado Pura Ciudad, establece que los residentes de la Ciudad tendrán prioridad al momento de acceder a turnos, vacantes y otros servicios en dependencias públicas porteñas. Según el Ejecutivo local, se trata de una ampliación de un criterio que ya regía en el sistema de salud.

Desde el Gobierno porteño sostuvieron que la medida “no suprime ni restringe el acceso a los servicios”, sino que “establece un orden de atención en el marco de la gestión administrativa, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, priorizando a quienes viven y tributan en la Ciudad. Además, aclararon que no se aplicará en casos de urgencias sanitarias, donde la atención seguirá siendo inmediata y sin distinción.

Al defender la decisión, Macri afirmó: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: prioridad para los porteños. Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio”.

La respuesta desde la provincia no tardó en llegar. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó con dureza la medida y la calificó como “fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles”.

En esa línea, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof advirtió sobre la interdependencia entre ambas jurisdicciones y puso como ejemplo la disposición final de residuos: “Tendrá que buscar adónde disponer sus residuos”, lanzó.

Bianco recordó que desde 1977 la Ciudad no realiza la disposición final de sus desechos en su propio territorio y que estos son tratados en predios ubicados en la provincia, como el complejo Norte III del CEAMSE, en el partido de San Martín. “No se le cobra un pasivo ambiental a la Ciudad y eso amerita una valorización”, planteó, al tiempo que se preguntó cuánto dejó de percibir la provincia por ese rol.

El ministro también cuestionó el impacto territorial de esa dinámica: “Gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos puedan ser utilizados para otros fines”, sostuvo, y contrastó que esa situación permitió la valorización de tierras en la Ciudad.

Mientras tanto, desde el Gobierno porteño remarcaron que la medida apunta a “ordenar y cuidar” los recursos públicos, en un contexto en el que, según datos oficiales, solo en 2025 el sistema de salud realizó más de 30 millones de prestaciones.

El decreto también establece que la Jefatura de Gabinete coordinará su implementación en todas las áreas del Gobierno, con el objetivo de aplicar de manera uniforme el criterio de prioridad para residentes en los distintos servicios estatales.

13.04.2026

Todo parece ser una carrera por ver quién se queda con un electorado en disputa entre el PRO y La Libertad Avanza sobre el que –hay que decir- viene ganando LLA. Jorge Macri anunció que se terminan los planes sociales en la Ciudad y que serán reemplazados por un programa de capacitación. Se trata de un anuncio similar al que hizo un tiempo antes Sandra Pettovello, la ministra de Desarrollo Humano nacional que terminó con uno de los grandes programas que quedaban (y que tenía un monto congelado y desactualizadísimo), para reemplazarlo por jornadas de capacitación de McDonalds o en pintar paredes. Ahora Jorge Macri busca copiar el mismo libreto, lo cual dio lugar a burlas por parte de LLA.

Fue el caso de Pilar Ramirez, que apenas vio el tuit de Jorge Macri, lo gastó: “No nos equivocamos cuando decimos que Milei es el presidente que más hizo por los porteños. Sino, miren a Jorge Macri: aplica las políticas del Gobierno nacional y hasta escribe como libertario. Ojalá también acompañe la Ley Bases, la adhesión al RIGI y al RIMI en la Ciudad. PD: Siempre tenemos lista la ficha de afiliación.” La lugarteniente de Karina Milei en la Ciudad opera sobre la base de que entre el original y la copia, los votantes se van a quedar con el original, como ocurrió en mayo del año pasado.

¿Qué había escrito Jorge Macri, que “hasta escribe como libertario”?: “Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”. Ese fue el planteo, siempre en el mismo tono de sospecha sobre los pobres

¿Cómo es el programa que anunciaron? Lo presentaron como un nuevo programa de empleo basado en la capacitación obligatoria y la inserción laboral. La medida, formalizada mediante un decreto, alcanzará a aproximadamente 5.000 personas desempleadas.

Ese nuevo esquema establece un período de transición de hasta 12 meses durante el cual los beneficiarios deberán participar en programas de formación y vinculación con el mercado laboral. Lo que se busca es la “autonomía económica” de las personas, lo cual es un norte en el que todos podemos coincidir, pero claro, ahí empiezan los problemas: para que puedan trabajar primero tiene que haber trabajo, y lo que está ocurriendo es que están cerrando empresas y se están destruyendo puestos de trabajo. ¿En serio creen –tanto Nación como Ciudad- que este es el momento para destruir también cualquier tipo de asistencia social?
Como diría la Bersuit, se viene el estallido.

“La medida busca dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan, y representa el fin de los intermediarios y del negocio de los gerentes de la pobreza”, anunció el Gobierno porteño en una comunicación a la que le faltan detalles como se capacitarán, donde, y cual
será la salida laboral que les darán.

La única pista que dan es que habrá una “articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades”. Esas empresas, ¿luego les darán trabajo? ¿O es como en el caso de Pettovello una capacitación que luego les permite deducir impuestos y las personas siguen luego desempleadas?

Se trata, por el momento, de una medida orientada a disputarle la agenda a LLA pero cuya efectividad, por ahora, me resulta dudosa.

10.04.2026

En los poco más de dos años que van desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, alquilar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se volvió un 423% más caro, una suba que más que duplica el 209% de inflación acumulada en el mismo período. Así lo reveló un trabajo del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que analizó la evolución de los precios en los últimos 26 meses y encontró profundas diferencias según el rubro.

El informe advierte que el promedio general del índice de precios esconde una realidad mucho más heterogénea. En lo más alto de la tabla se ubica el grupo “Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles”, con una suba acumulada cercana al 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general. Dentro de esta categoría, los alquileres treparon un 423%, el agua un 366%, la energía eléctrica un 370% y el gas natural lideró con un impresionante 766%.

El trabajo académico sostiene que esta fuerte disparidad implica que mientras el gas se multiplicó por más de siete y los alquileres se más que quintuplicaron, otros productos de consumo masivo como el azúcar prácticamente no registraron variaciones. De esta manera, detrás del número de inflación general se esconden tanto ganadores como perdedores, dependiendo de los bienes y servicios que cada familia consume.

Los aumentos en los alquileres y los servicios públicos se consolidan así como los principales focos de presión sobre el costo de vida. En contraste, rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 182%, equipamiento y mantenimiento del hogar un 128% y prendas de vestir y calzado un 106%, todos por debajo del promedio inflacionario. En el extremo opuesto también se ubicaron las comunicaciones, con un alza del 321%, la educación con 279% y el transporte con 255%, aunque siempre por debajo del impacto registrado en la vivienda.

El fenómeno se da en un mercado que sufrió una fuerte sacudida regulatoria a fines de 2023. El gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, lo que permitió que propietarios e inquilinos negocien libremente las condiciones de los contratos. Esta flexibilización provocó un incremento inicial de la oferta de inmuebles: en enero de 2024 la cantidad de departamentos disponibles creció un 62% respecto de diciembre de 2023, revirtiendo una tendencia de caída sistemática que se había profundizado desde fines de la pandemia.

Sin embargo, el aumento de la oferta no se tradujo en una baja de precios en el corto plazo. Por el contrario, los alquileres registraron en enero de 2024 una suba récord del 21% mensual, el mayor incremento desde que el portal Zonaprop inició su serie de medición en 2012. Con el tiempo, esa dinámica se moderó: según estimaciones oficiales, para junio de 2024 los precios reales de los alquileres acumulaban una caída del 26,6% respecto de diciembre de 2023, una vez descontada la inflación del período.

El informe de la UBA deja en evidencia que, más allá de las oscilaciones mensuales, el encarecimiento estructural de la vivienda se ha convertido en el factor más gravitante en el costo de vida de las familias argentinas. Para el economista Fausto Spotorno, consultado por el medio La Política Online, esta dinámica implica una compresión de la capacidad de gasto en otros sectores: “Hay una compresión de la capacidad de gasto en algunos sectores. Y eso no va a volver. Es un cambio de la realidad, estamos yendo más a un estilo de gasto de cualquier familia del mundo. Pasa a ser más pasado el gasto en servicios y vivienda que el gasto en otros rubros”.

De esta manera, la fotografía que arroja el estudio del Centro RA dibuja un escenario donde alquilar en Buenos Aires se ha vuelto un costo crecientemente difícil de afrontar, y donde los aumentos de los servicios públicos profundizan aún más esa presión. Mientras el gobierno celebra la desaceleración de la inflación general, los números detrás del promedio muestran que para quienes deben destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a pagar el techo que los cobija, la crisis habitacional está lejos de haber encontrado un alivio.

09.04.2026

La Asociación Mutual Promover, institución ubicada en el barrio de Flores y dedicada desde hace casi cuatro décadas al cuidado de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad severa, hizo pública una situación crítica: el desfinanciamiento estatal mantiene a la entidad en emergencia financiera y pone en riesgo la vida y el tratamiento de más de 40 chicos.

Según el comunicado difundido por la dirección de la asociación, el Estado mantiene una deuda desde noviembre de 2025 que ya supera los 90 días. “No se trata de simples números en una planilla; se trata de la alimentación, los insumos médicos, los traslados y el sueldo de los profesionales que cuidan a quienes más lo necesitan”, advirtieron.

La mayor preocupación recae sobre los 17 jóvenes con parálisis cerebral que viven permanentemente en el hogar de la institución, muchos de ellos judicializados y sin red familiar. “Para ellos, nosotros somos su red, su hogar, su familia, su historia”, señalaron. A esta población se suman otros 20 chicos que asisten al Centro Educativo Terapéutico (CET) para recibir tratamientos esenciales como kinesiología, psicología, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogía y fonoaudiología. Ocho de ellos ya se ven impedidos de asistir por la falta de pago en el transporte especial.

La institución, que emplea a 45 profesionales y trabajadores, asegura que ya no cuenta con recursos para abonar salarios, comprar medicamentos vitales ni sostener servicios básicos. El panorama se agravó tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, que hasta el momento no ha ofrecido respuestas frente al incumplimiento de pagos.

“Estamos contra las cuerdas, poniendo en riesgo la dignidad de nuestros jóvenes. No pedimos un favor; exigimos que se garantice el derecho a la salud y a una vida digna. Nuestros chicos no tienen tiempo para burocracia”, concluye el comunicado.