20.03.2026
Pasadas las primeras horas del miércoles, la Guardia de Auxilio de la Ciudad levantó la clausura preventiva que pesaba sobre parte del complejo habitacional de Parque Patricios, y la fiscalía avaló el retorno de los ocupantes a sus departamentos. La decisión se basó en los trabajos de remoción de escombros y apuntalamiento realizados por la constructora a cargo, aunque la medida alcanza solo a las áreas consideradas aptas dentro del sector 2 del barrio Estación Buenos Aires . Sin embargo, lo que en términos burocráticos significaba el fin de una emergencia, para la mayoría de los residentes se convirtió en el comienzo de una nueva etapa de incertidumbre.
De las 175 familias desplazadas, apenas cinco decidieron regresar a sus hogares en las primeras horas después de la habilitación. El resto permanece en hoteles provisorios, con el plazo de estadía extendido hasta el 25 de marzo, pero sin certezas sobre lo que vendrá después . La decisión de no volver no es caprichosa: los vecinos reclaman que las condiciones de seguridad no están garantizadas y que los servicios básicos aún no funcionan con normalidad. “No hay luz. Dijeron que hoy la habilitaban, lo mismo con el gas, pero recién estaría todo listo entre el 21 y el 25. Mientras tanto, ¿qué hacemos?”, se preguntó Roxana Garay, vecina de la torre B, en declaraciones reproducidas por distintos medios .
El malestar se extiende también a la forma en que se comunicó la novedad. Muchos vecinos se enteraron por la prensa o por mensajes de último momento, sin una notificación formal que detallara los alcances reales de la reapertura. “La prensa se entera antes que nosotros. Supuestamente ya podemos volver, pero el edificio sigue en las mismas condiciones. No pensamos arriesgarnos”, expresó Micaela Galeano, quien lleva cinco años viviendo en el complejo . La desconfianza hacia los informes técnicos es otro de los puntos de conflicto: los residentes señalan que los peritajes fueron encargados a la misma empresa constructora que estuvo a cargo de la obra, la misma que, según denuncian, ya había recibido reclamos por filtraciones y problemas estructurales mucho antes del colapso .
“Nos preocupa que la misma constructora nos diga que está todo bien. Hace seis años que le hacemos reclamos. ¿Y en 15 días solucionaron todo? Nos lo asegura la misma empresa que dijo que el subsuelo estaba bien y se vino abajo”, cuestionó una vecina desde la puerta del hotel donde se aloja . El derrumbe ocurrido en la madrugada sepultó decenas de autos en la cochera subterránea y expuso una serie de falencias que, según los testimonios, ya eran conocidas: filtraciones generalizadas, humedad, grietas y un sistema de desagüe deficiente que, con cada lluvia, convertía los patios internos en piletas de acumulación de agua .
En medio de este clima, la fiscalía aclaró que la autorización no implica una habilitación general ni el levantamiento total de la clausura. El acceso sigue restringido en las zonas más comprometidas, y los vecinos que decidan volver deberán hacerlo bajo un esquema controlado, con áreas delimitadas donde no se permite la circulación. Para muchos, esa perspectiva resulta inviable. “Vamos a estar viviendo en medio de una obra, con todo lo que eso implica. Quieren que vivamos con zonas restringidas: hay lugares donde no vamos a poder pasar ni tocar nada. No se puede vivir así”, sostuvo Garay .
Mientras tanto, la empresa Constructora Sudamericana (Cosud), responsable del desarrollo del complejo en el marco del plan Procrear, continúa con las tareas de apuntalamiento y remoción de escombros. El Gobierno porteño, por su parte, desplegó operativos de asistencia que incluyen alojamiento, traslados para las escuelas y acompañamiento psicológico, aunque varios vecinos aseguran que ese apoyo llegó tarde o de manera insuficiente . En los grupos de WhatsApp de los residentes circula incluso una recomendación explícita: no regresar hasta que las condiciones de seguridad estén efectivamente aseguradas .
El temor a que la estructura pueda volver a fallar no es el único factor que mantiene alejadas a las familias. La falta de claridad sobre los plazos de las obras, la suspensión temporal de los créditos hipotecarios solo por 90 días y la incertidumbre sobre el futuro de los vehículos sepultados agregan capas de complejidad a una situación que se prolonga más de lo esperado . Algunos vecinos, como Anahí Grasso, cuya unidad en planta baja permanece clausurada, ya comenzaron a buscar alternativas de alquiler por fuera del complejo .
Mientras la fiscalía avanza en la investigación para determinar responsabilidades y los peritos de parte aún esperan poder acceder al predio para realizar sus propias evaluaciones, la vida cotidiana de estas 175 familias sigue en pausa. “Queremos volver a nuestras casas, pero en las mismas condiciones que estaban antes de que esto suceda”, resumió una vecina . La frase, que circula en cada reunión, en cada cartel pegado en las vallas, sintetiza el sentimiento general: el regreso está habilitado, pero la confianza, por ahora, sigue estando del otro lado del vallado.
