Procesan a empresario, patota y policía por el ataque a trabajadores de Tiempo Argentino
1.5.2019
Por Daniel Satur
Mariano Martínez Rojas, un comisario de la Federal y quince patoteros fueron procesados por los hechos de julio de 2016. La abogada María del Carmen Verdú afirma que la tozudez de la querella le ganó a las dilaciones del juez Martínez de Giorgi.
Este martes el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento del empresario Mariano Martínez Rojas, de quince miembros de una patota por él conducida y del comisario de la Policía Federal Jorge Guillermo Azzolina, todos por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo”. Además de los procesamientos, el fallo del juez incluye embargos de hasta $ 8 millones.
Los hechos que se les imputan refieren al ataque que perpetraron en la redacción del diario Tiempo Argentino el 4 de julio de 2016, ubicado en Amenábar 23 del barrio porteño de Colegiales, que en ese entonces se encontraba en pleno proceso de recuperación por parte de sus trabajadores luego de la estafa y vaciamiento producido por el empresario kirchnerista Sergio Szpolski y su socio Matías Garfunkel.
La querella contra la patota y sus cómplices está integrada por la comisión interna de la Cooperativa Por Más Tiempo, una delegada de Radio América y cuentan con el patrocinio legal de la abogada María del Carmen Verdú de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
La patota de Martínez Rojas, ahora procesada junto a él, estaba integrada por Juan Carlos Blander, Gabriel Moraut, Henry Castro Vargas, Carlos Ruiz Díaz, Carlos Antivero, Marcelo Caña, Pablo Batista, Diego Chaves, Esteban Díaz, Rodrigo Roldan, Juan Carlos Moreno, Ovidio Ramírez, Omar Ontivero, Alejandro Marostica Spahn y Juan Zacarías Sosa.
Según Martínez de Giorgi, ese día los imputados “invadieron el inmueble sito en la calle Amenábar 23 de esta Ciudad, violentando los cerrojos de acceso y cambiando las cerraduras, y expulsaron de su interior a Norma Fernández, Gabriel Agüero y Nahuel De Lima, despojando de tal modo a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada de la posesión del mismo”.
El juez dio por acreditado que el ataque y despojo fueron cometidos “mediante violencia y amenazas” dirigidas a los trabajadores que se encontraban en ese momento “cumpliendo funciones laborales dentro del inmueble, a quienes profirieron frases tales como ‘tomátelas, tomátelas por las buenas o si no te vas a tener que ir por las malas’, ‘bájese que se va’ y ‘andáte a la mierda’ las cuales resultaron intimidantes para los nombrados”.
Martínez de Giorgi también consideró fundamental el rol en el ataque del comisario de la Federal Azzolina, ya que según el relato de los propios patoteros fue él mismo quien, a pedido de Martínez Rojas, los reclutó. Vale decir que la gran mayoría de ellos eran al momento de los hechos empleados de “seguridad” All Acces, de allí su relación habitual con los jerarcas de la Comisaría 31° de la Ciudad de Buenos Aires, lo que para el juez “permite suponer la existencia de una relación de mayor cercanía entre Martínez Rojas, Azzolina y el personal policial de la Comisaría 31°”.
Fraude y violencia capitalista
La razón de aquel operativo violento coordinado entre la Policía y el empresario Martínez Rojas era apropiarse de Radio América y eliminar a la recientemente formada cooperativa Por Más Tiempo, la que hoy continúa sosteniendo el diario. Como siempre denunciaron las trabajadoras y los trabajadores de Tiempo, la “compra” de ambos medios “era un fraude planificado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, quienes buscaban ganar tiempo y desgastar la protesta de los trabajadores que intentaban la continuidad laboral o, al menos, ser indemnizados”.
El resultado de esa maniobra sería nada menos que el despido de alrededor de 400 personas, entre diario y radio, sin indemnizaciones. Al momento del ataque violento en Amenábar 23, Martínez Rojas se había quedado con la licencia de la radio y hasta había tomado por la fuerza e ilegalmente su planta transmisora.
Como denuncian hoy los mismo trabajadores de Tiempo, el empresario K Sergio Szposki, su socio Garfunkel y Martínez Rojas tienen fluidos contactos “con los peores hombres de los servicios de inteligencia”, quienes les “garantizaban el accionar mafioso”, mientras que “la Policía, la Justicia y parte del oficialismo” (en ese entonces el macrismo) “no fueron ajenos a esta estrategia. Como ejemplo, basta decir que los empresarios cobraron hasta el último peso de pauta (decenas de millones) por parte del gobierno de Mauricio Macri. Si bien era una deuda contraída por el gobierno de Cristina Fernández, el macrismo ni siquiera cuestionó el pago a quienes acababan de vaciar un grupo de medios”.
El juez decidió sobreseer al cerrajero Guillermo Carrasco, debido a que no hubo “pruebas” que permitan acreditar que “formó parte del plan criminal” sino que quedó comprobada “su ajenidad” a los hechos.
La doctora Verdú afirmó que “este procesamiento debió dictarse casi tres años atrás, ya que todas las pruebas valoradas fueron incorporadas de inmediato por la querella integrada por la comisión interna de la Cooperativa Por Más Tiempo y la delegada de Radio América, pero el Poder Judicial se dedicó por más de dos años a discutir la competencia”.
Verdú asegura que esa dilación se debió centralmente a que al juez “le resultaba incómodo ir contra un empresario vinculado al poder y a su propia policía”. Y en ese sentido, afirmó que “la tozudez con la que insistimos año tras año logró arrancar este procesamiento, en el que falta todavía el subcomisario Aparicio, el gran cómplice de Martínez Rojas de esa noche. Ni lxs trabajadorxs ni Correpi vamos a aflojar”, tanto en la exigencia del procesamiento de Aparicio como en la pelea por que los ahora procesados lleguen pronto a juicio y sean condenados.
