Pistolas eléctricas para La Metropolitana
Pistolas eléctricas para La Metropolitana
28.1.2010
Los casos de gatillo fácil y persecución policial se multiplican en el Conurbano, mientras el gobierno de Mauricio Macri compra pistolas eléctricas para los efectivos de la Metropolitana.
En un operativo, la policía de Don Torcuato reprimió a los vecinos del Barrio San Jorge y mató a Héctor “Coco” Villanueva de un disparo en la cabeza.
El hecho ocurrió el 15 de enero pasado cuando los efectivos llegaron al lugar tras ser informados del robo de un auto. Como es habitual, los policías comenzaron a disparar. Al escuchar los tiros, Villanueva, de 60 años, salió a la puerta de su comercio para pedirles: “No tiren, que hay chicos”. En respuesta recibió un impacto en su cabeza; las personas que se acercaron a auxiliarlo fueron también heridas y amenazadas.
Al día siguiente, los vecinos se movilizaron. Cortaron las vías del Ferrocarril Belgrano y se concentraron frente al Destacamento de la Policía Buenos Aires 2. En esa misma jornada, personal del Comando de Patrullas de Tigre y San Fernando, policías de la Comisaría 3ra de Don Torcuato y Gendarmería volvieron a reprimir y mataron a Facundo Vargas, de 16 años, que participaba de la marcha.
La zona norte del conurbano es uno de los epicentros de la violencia policial, pero no el único. En Haedo, a 50 cuadras del lugar donde desapareció hace un año Luciano Arruga, la tarea del personal de Gendarmería Nacional es amenazar a las personas que viven en el Asentamiento Siderar.
Todo comenzó en diciembre pasado cuando un móvil de la Gendarmería interrumpió una reunión de vecinos. Del auto bajaron tres uniformados que iban sin identificación de nombre, ni grado, al grito de “¿Quién es Pepone?”. Al no recibir respuesta, amenazaron a los presentes con hacerlos desaparecer de a uno, con calcinarlos y arrojarlos en algún campo si no aparecía el estéreo que le habían robado del auto a uno de los uniformados. Es decir, los gendarmes afirmaban que el estéreo había sido robado por algún vecino del asentamiento llamado Pepone. Las intimidaciones continuaron durante los días subsiguientes.
Pero la represión policial tampoco es propia de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada en Salta, efectivos de la policía, gendarmería e infantería golpearon y amenazaron a integrantes de la comunidad indígena Lules, quienes defendían sus tierras ante el avance del Jockey Club local, que pretende extender sus construcciones en territorio que no le corresponde. Días antes, la Infantería había reprimido una movilización que realizaban estudiantes en contra del aumento del boleto de transporte público. Según describen desde Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), los efectivos utilizaron primero balas de goma, pero luego gases y picanas portátiles. Sí, las mismas armas que usará la futura, e inminente, Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque aún los efectivos no han salido a la calle, la fuerza de Mauricio Macri sigue dando de qué hablar. Tras los sucesivos cambios de jefe (Jorge Palacios y Osvaldo Chamorro hasta el actual Eugenio Burzaco), ahora se supo que el gobierno porteño autorizó la compra de cinco armas Taser X26, conocidas como pistolas eléctricas o picanas portátiles.
Al ser disparadas, estas armas producen una descarga de 50.000 voltios que tira e inmoviliza al receptor. Según un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos, su uso no deja marcas, por lo que no quedan pruebas del disparo en el cuerpo de la víctima.
“La empresa que comercializa las Taser en la Argentina es la firma Buccello, a la que la Policía Metropolitana también le compró las armas "Pepper Ball", que son unas escopetas que lanzan cartuchos de pimienta y que producen irritación y congestión en la piel”, señalan desde el Observatorio.
Las distintas justificaciones tanto de Macri como de su ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, son insólitas. Montenegro afirmó que todo depende del uso que se le dé al arma: “Una cucharita también es letal”, dijo. Una y otra vez repiten que las Taser son utilizadas por policías de todo el mundo. Esto es cierto, pero también lo es el hecho de que su uso ha sido duramente criticado por distintos organismos en todo el mundo. Amnesty-USA publicó un informe en 2008 en el que registraban 334 muertes sólo en Estados Unidos por el uso de las Taser por parte de la policía, entre 2001 y agosto de 2008.
Además, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dictaminó el año pasado que la aplicación de estas armas constituye una forma de tortura. Aseguran que las pistolas eléctricas generan un dolor extremo y en algunos casos pueden provocar la muerte, por lo que su uso viola la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (a la que pertenece el Comité). Vale recordar entonces que esta Convención es ley en la Argentina ya que así lo establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Sin dudas, la Convención es una declaración que pocos tienen en cuenta y que varios gobernantes deberían leer y aplicar.
