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Proyecto IRSA en ex Ciudad Boca Jr.

 

 

Proyecto IRSA en ex Ciudad Boca Jr.

COMENZÓ EL DEBATE EN LA LEGISLATURA

20.09.2011

 

Esta tarde, comenzó a tratarse en la Legislatura de la Ciudad el proyecto de ley que propone la aprobación del convenio suscripto entre el Gobierno porteño y una de las empresas del Grupo IRSA, para construir un complejo habitacional de lujo sobre las 70 hectáreas que conforman  lo que debió ser la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Participaron de la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano unos 20 asesores y más de 80 vecinos, entre ellos unas 20 personas que actualmente viven en la villa Rodrigo Bueno. Durante las casi dos horas que duró el debate, no se escucharon palabras en defensa del proyecto enviado por el Ejecutivo de la Ciudad.

"Tal y como está planteada la ley no sólo es ofensiva para la Legislatura, sino para la dignidad de los diputados y la división de poderes. De aprobarse en estos términos, dejaríamos de ser una democracia participativa -tal como lo establece la Constitución porteña- y nos convertiríamos en una plutocracia, donde manda el poder económico sobre las representaciones políticas electas por el pueblo", advirtió el legislador Adrián Camps -Partido Socialista Auténtico, Bloque Proyecto Sur-.

 

El proyecto de ley presentado por el Gobierno porteño condiciona de manera insólita a la Legislatura: Solares de Santa María S.A. le da a los diputados plazo hasta el 10 de diciembre de este año para aprobar el acuerdo sin tocarle una sola coma -cláusulas 3 y 4 del Convenio-. Además, queda a criterio exclusivo de la empresa prorrogar dicho plazo por 300 días más. Esto inhabilita por completo cualquier posibilidad de discusión.

 

Por otro lado, "la ley tiene errores -contradicciones con el convenio- que exigen, para su aprobación, una modificación. Pero según los términos en que está planteado, cualquier cambio en el texto haría caer el convenio", explica Camps.

 

A esto hay que sumarle que el proyecto carece de la debida Evaluación de Impacto Ambiental, se pretende tomar como válida la Audiencia Pública realizada en 2002, a pesar de que el proyecto ha cambiado sustancialmente; se pretende ceder el uso del canal de la Reserva; se quiere aprobar como ley de simple lectura cuando es una manifiesta modificación al Código de Planeamiento Urbano y cesión de derechos, y por tanto requiere doble lectura y 40 votos.

 

"En estas condiciones el proyecto debe ser rechazado sin más trámite", sentenció el legislador Adrián Camps, quien participa de las tres comisiones en las que se debatirá: Planeamiento Urbano, Ecología y Protección y Uso del Espacio Público.

 

Durante la reunión se solicitó realizar, la semana próxima, una nuevo encuentro de

asesores, diputados y vecinos con invitación abierta al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que aporte la información que aún no consta en el expediente, por ejemplo, estudio de impacto ambiental.

 

 

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