La UBA lleva sus clases y servicios de salud a Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
15.09.2026
La Universidad de Buenos Aires desplegó este martes 15 de septiembre una extensa jornada de visibilización en Plaza de Mayo, desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La modalidad adoptada fue la denominada “a la japonesa”: profesionales y académicos de la casa de estudios ofrecieron actividades académicas, científicas y de servicios de salud a la comunidad en la vía pública, frente a la Casa Rosada y al Ministerio de Economía.
Durante toda la jornada, los 13 decanos de las distintas facultades dictaron clases magistrales abiertas al público en general, mientras que en paralelo se brindó atención gratuita en especialidades como odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable. También se montaron instalaciones para exhibir proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la institución.
La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) se sumó a la convocatoria desde las 11 horas, en el marco de lo que describieron como una jornada nacional de lucha de las universidades nacionales.
El trasfondo del conflicto es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 luego de que el Congreso rechazara el veto impulsado por el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno la promulgó mediante un decreto que suspendió su aplicación efectiva hasta que el Parlamento definiera fuentes específicas de financiamiento, una maniobra que las universidades consideraron un intento de vaciar la norma.
Ante esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo y, en diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick ordenó al Ejecutivo aplicar la ley. El Gobierno apeló en varias instancias, pero el 25 de junio de 2026 la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Estado y dejó firme la cautelar.
Pese a ese antecedente, el 1° de septiembre de 2026 el mismo magistrado volvió a expedirse con una nueva medida cautelar en una causa específica de la UBA y ordenó ejecutar de forma inmediata las partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En esa resolución, Cormick subrayó que el impacto fiscal de la norma equivale apenas al 0,23% del PBI.
Desde el gremio docente calculan que el aumento necesario para equiparar los salarios con la inflación debería ser del 33,4%, y señalaron que en la última reunión paritaria el Gobierno ofreció un 3% de incremento.
La jornada de este martes se enmarcó, además, en una serie de medidas de fuerza sucesivas, y coincidió con el vencimiento del cuarto intermedio fijado en las paritarias entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario y los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización salarial.
Para el jueves 17 está convocado un acto frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, y los gremios ya anticiparon que se está organizando una nueva movilización para principios de octubre en caso de que el conflicto no encuentre resolución.
