Comunicadores del Sur

22.4.2016

Varias veces, en los pasados días, los manteros vieron afectada su jornada laboral por fuertes operativos policiales con la consigna de reprimir. El operativo que se montó por días sobre la avenida Avellaneda, entre las calles Segurola y Nazca, contó con unos 500 efectivos de la policía Federal y la Metropolitana. También se apostaron en la zona varios móviles.

El barrio de Flores fue testigo del violento accionar de las fuerzas policiales el 13 de abril, cuando, cerca de las 9:30, un grupo de vendedores cortó el cruce de Avellaneda y Cuenca y comenzaron a movilizarse hacia la calle Bogotá al grito de  “Acá, si nosotros no trabajamos, no trabaja nadie”. El momento de mayor tensión entre los trabajadores y la policía ocurrió sobre la avenida Nazca, donde diversos grupos intentaron reiteradas veces cortar la avenida en su totalidad. La respuesta del aparato represivo fue la utilización de gases lacrimógenos y disparos de bala de goma hacia los manifestantes.

La policía terminó logrando su cometido: dispersar la manifestación, con un saldo de 25 heridos, y 20 detenidos según informó Omar Guaraz, referente de la organización de vendedores libres, que seguirá peleando su derecho a trabajar.

Las persecuciones no van sólo hacia aquellas personas que desean tener un trabajo digno y una jornada laboral sin interrupciones. Desde hace semanas, en Salta, la policía viene recrudeciendo la persecución y represión hacia las personas trans. Los operativos policiales se están profundizando en el marco de un debate sobre “la zona de convivencia” en el Consejo Deliberante, y ante una campaña de prensa profundamente homofóbica y reaccionaria que busca desprestigiar y criminalizar a las mujeres trans.

Las únicas trabajadoras sexuales en Salta que todas las noches son reprimidas son las trans. Para ellas, en estos últimos tiempos, se han vuelto moneda corriente la discriminación, las golpizas y los actos de humillación por parte de las fuerzas policiales, que arremetan contra ellas con escopetas, itacas, armas de alto calibre, balas de goma y pistolas de aire comprimido.

“Trabajamos con miedo” son las palabras de una de las chicas luego de ser agredida una vez más por el GOPAR (Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo), fuerza de elite que, cabe aclarar, tiene su ámbito de actuación en situaciones de grave disturbio. Por otra parte, según lo establece la Ley de Identidad de Género, en caso que la policía resuelva “despejar la zona”, la tarea debe ser llevada a cabo por personal femenino, y no masculino como se puede apreciar en los vídeos tomados por el programa de televisión DNI.

Ante las denuncias de los medios defendiendo a las chicas, la policía ha respondido que intervinieron debido a supuestas quejas de vecinos. Con total impunidad declararon que  solamente se las “invitó a circular y despejar mediante el diálogo”, cuando más de una chica hoy sigue teniendo frescas las heridas causadas por los balines.

Desde ATTTA (Asociación de Travestís Transexuales y Transgéneros de Argentina) circuló un comunicado de repudio hacia estos actos cometidos por la policía, que instó al gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Carlos Garavano, al Poder Legislativo y Judicial de la Provincia de Salta a tomar medidas urgentes en el asunto para frenar con la violencia sistemática contra las mujeres trans. 

Todas estas situaciones se dan dentro de un marco político que le otorga cada vez más facultades represivas a los policías, por orden y cuenta de los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad.

20.4.2016

Entrevista a Yolanda Valle Ramírez, vecina del barrio la Carbonilla, ubicado sobre las vías del tren San Martín. Ramírez es presidenta de la comisión directiva del barrio. Los vecinos denuncian que el macrismo paró las obras de urbanización preexistentes. Las obras habían sido realizadas durante la gestión kirchnerista.

Por Redacción APU

APU: ¿Cuál es la historia del barrio la carbonilla? ¿Cómo se origina?

YR: Vivo hace 4 años en la carbonilla. Cuando llegué había algunas casas de material y otras de construcción precaria. El agua era provista por una canilla de los bomberos, no había cloacas, solo pozo ciego y la luz nos la daba el aserradero, la cual pagamos nosotros mensualmente entre 38 y 50 mil pesos mensuales. Vivían aproximadamente 400 familias.

Ni barrio ni los vecinos teníamos quien nos apoye o quien nos ayude. En este contexto se acercó Militancia Popular, gracias a ellos comenzamos con las cloacas y la red de agua, luego el ex gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner, junto a desarrollo Social nos compraron los transformadores de luz que actualmente tenemos en el barrio. Luego se sumaron La Cámpora, Kolina, Pingüinos, La Corriente Villera y Nuevo Encuentro.

APU ¿Cómo se constituye la comisión directiva? ¿Cuáles son sus tareas en el barrio?

YR: El barrio fue intervenido hace tres años por la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 4 de la ciudad de Buenos Aires. A través de un amparo a favor del barrio La Carbonilla, ya que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no nos reconocía como barrio y no se hizo cargo de nada.

En este proceso judicial es que se forma la Comisión Directiva, compuesta por delegados barriales, 5 directivos y 3 delegados por cada sector: sector 1, sector 2 y sector 3.

Nosotros desde la comisión venimos trabajando en varias obras acorde a la necesidad del barrio, como por ejemplo el mejoramiento de calles, la realización del alumbrado, la organización para la recolección de basura, la red pluvial de cloacas y la red de agua potable, entre otras, mientras el Gobierno de la Ciudad le tiraba la pelota al Gobierno Nacional de ese momento porque nuestro barrio era parte de tierras del Estado Nacional por estar en un predio del ferrocarril. Al no tener respuesta recurrimos al Estado Nacional conducido por Cristina Fernández de Kirchner el cual comenzó con el proceso de urbanización que lleva ya dos años.

APU ¿Cómo se desarrolla este proceso de urbanización del barrio?

YR: Gracias a las organizaciones mencionadas que nos asesoraron, pudimos comenzar a trabajar con la actualmente EX Secretaria Nacional de Acceso al Hábitat, quienes comenzaron a trabajar para realizar el plano catastral del barrio, el cual aún no está concluido por el cambio de gobierno. El ejercito trabajo en su momento y realizó el mejoramiento de calles y pluviales, la extensión de la red  de agua y cloacas, la construcción de dos playones deportivos y la mejora y acondicionamiento de pasillos internos del barrio. Pero aún falta bastante.

APU ¿En qué instancia se encuentra este proceso?

YR: El año pasado, bajo la gestión de Rubén Pascolini en la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat estuvieron trabajando agrimensores y arquitectos quienes hicieron el plano del barrio. Sin embargo el plano catastral sigue estando pendiente para concluir con la urbanización del barrio, así como también sigue pendiente el mejoramiento de las calles y la red pluvial del sector 1 y calles del sector 3.

La nueva gestión de la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de la Licenciada Marina Klemensiewicz no nos ha dado respuestas acerca de la finalización del proyecto de urbanización. Hemos presentado notas reclamando por alguna respuesta a la nueva jefa. Hemos solicitado reuniones con Klemensiewicz para que nos informe como Comisión Directiva la situación del proyecto pero no hemos tenido ninguna respuesta, no sabemos cómo siguen las obras ni el plano, hasta la fecha con el nuevo cambio de gobierno nadie nos da ninguna respuesta.

Por esta razón mañana nos presentaremos  en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con la Comisión Directiva del barrio, junto a vecinos preocupados por esta situación para reclamar algún tipo de respuesta.

19.4.2016

El director del Teatro Colón y ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido -quien en los últimos meses viene siendo repudiado desde diversos sectores por haber afirmado que los desaparecidos durante la última dictadura militar "no fueron 30.000" y que "fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios"- fue escrachado este último fin de semana en el marco del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) por varias personas, por lo cual se tuvo que retirar en medio de gritos, tal como se pudo ver en un video que se viralizó. "Sos una vergüenza para la cultura" y "fascista" fueron algunas de las calificaciones que recibió el ministro. Asimismo, en diversos espacios culturales se lleva adelante una campaña por su renuncia ante su negacionismo de las atrocidades del terrorismo de Estado.

Grande fue la sorpresa ayer de Lopérfido al concurrir a la inauguración del Bafici 2016 en el Centro Cultural Recoleta. Allí, el ministro fue recibido por manifestantes que le pedían a gritos su renuncia con calificaciones como "¡Fascista!" o "¡Sos una verguenza para la cultura!", a lo cual Lopérfido respondió de forma irónica, sonriendo y devolviendo la calificación de fascista.

Además del repudio de parte de los organismos de derechos humanos y antirrepresivas, desde el ámbito de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires se alzaron muchas voces de trabajadores/as culturales contra las declaraciones de Lopérfido y en pedido de su renuncia al ministerio que ejecuta políticas en el área en el que desempeñan sus tareas.

Por ejemplo, Pilar Ruiz, directora la obra "Descansa", escribió en su cuenta de Facebook: "¿Cómo se puede ser ministro de cultura teniendo a toda la comunidad artística pidiéndole su renuncia? No nos representa ni un poco".

Escrache a Darío Lopérfido

En este sentido, varias compañías teatrales vienen llevando adelante una campaña pidiendo la renuncia del ministro al cierre de sus obras. Al terminar su obra, pasan el audio con los dichos del ministro y luego leen un comunicado conjunto consensuado que en sus tramos centrales sostiene: "los trabajadores de la cultura no vamos a convalidar con nuestro silencio que un ministro de Cultura ofenda a las víctimas del terrorismo de Estado. Dado que las declaraciones de Darío Lopérfido fueron públicas, insistimos en que el ministro debe renunciar. No queremos tener un ministro de Cultura como punta de lanza de un discurso negacionista y de la actualización de la teoría de los dos demonios. Nos solidarizamos con madres, abuelas familiares e hijos de detenidos desaparecidos, y siguiendo su ejemplo, declaramos a Darío Lopérfido persona no grata".

17.4.2016

Por Oscar Castelnovo / 17 de Abril 2016 .-  Tiros en la mitad de la madrugada, varios patrulleros, uniformados de federales y heridos. Aún las autoridades no dieron cuenta del confuso episodio. En el lugar se encontraba Ariel Cejas Meliare, abogado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien aún no pudo dialogar con los jóvenes porque los 44 que se encontraban en el Roca fueron trasladados a diversos “metropolitanos irrumpieron hoy en el Instituto de Menores Roca, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) y varios chicos allí detenidos resultaron hogares” que están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Asimismo, el año pasado murió un chico en contexto de incendio en este instituto. Otra muerte fue la de Germán Medina quien estaba en una celda de aislamiento de 3 por 2 metros, oscura, sin luz natural ni aberturas, sin luz artificial durante el día, con una puerta de metal ciega, sin más mobiliario que un camastro sin almohada, con aire enrarecido y olor fuerte y desagradable. El 11 de enero de 2007, muy temprano por la mañana, Germán fue hallado muerto. Ahorcado.

Como se recordará, a fines del año pasado también murió Diego Borja (16) en contexto de incendio quien se hallaba castigado en una celda de aislamiento del Agote “por hablarle de mal modo a un adulto”. Las celdas de aislamiento están prohibidas por leyes internacionales y nacionales en el caso de los niños.

A la vez, Rodolfo Arancibia (16) fue detenido en mayo de 2009 en el Instituto Agote. A las 7 de la mañana del día siguiente, lo encontraron colgando del único ventiluz del calabozo. Y, según informó la médica forense que revisó el cuerpo en el lugar, “presentaba una tela sobre la boca a modo de mordaza”. Cuando se la quitaron, encontraron dos medias forzadas dentro de la boca. También, tenía marcas de golpes en la cara. Sus muñecas mostraban las típicas lesiones por esposas muy apretadas”. También por la época, fuentes periodísticas denunciaron otra muerte: “Apareció ahorcado en una celda de castigo del Instituto Roca, ‘el hisopado rectal muestra la presencia de líquido seminal de una o más personas, lo cual demuestra que había sido violado”, según informó Correpi en la oportunidad.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la competencia de la Procuración Penitenciaria de la Nación para inspeccionar las cárceles para pibes dependientes de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) en la Caba. En esos antros de cautiverio infantil fueron asesinados, torturados y violados chicos sin que ningún organismo pudiera monitorear sus condiciones de vida, ya que el anterior secretario Gabriel Lerner y Alicia Kirchner, ex ministra de Desarrollo Social impidieron sistemáticamente toda inspección que hubiera evitado los crímenes. Como lo muestran los hechos, de modo contundente, las nuevas autoridades siguen por el camino del garrote y el encierro, cuando el estado tiene una diversidad de herramientas alternativas para abordar la problemática juvenil. Esta situacion se agrava con los datos revelados por el Observatorio de la Universidad Católica Argentina: En los últimos 4 meses la exclusión albergó a un millón y medio de nuevos pobres. Precisamente, en la UCA se recibió de ingeniero el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

17.4.2015

Apenas unos días después de que estallara el escándalo que revelará las firmas del presidente en paraísos fiscales en el exterior, transcendió a la prensa que en el año 2008 el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quiso convertir a la Ciudad de Buenos Aires en un paraíso fiscal.

El proyecto fue frenado en su momento por Alejandra Gils Carbó, en ese momento Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La presentación judicial de Gils Carbó dictaminaba sobre la inconstitucionalidad en el traspaso de las competencias de la Inspección General de Justicia (IGJ) al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri intentó crear bajo la ley 2.875, sancionada en la legislatura porteña en el año 2008, un organismo para fomentar la creación de sociedades extranjeras y cuentas off shore. El organismo iba a funcionar como un “Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas.”

La presentación judicial impulsada por Gils Carbó en febrero del 2009 señalaba sobre el peligro del “crecimiento exponencial de la economía ilegítima a través de paraísos fiscales y de la utilización de sociedades offshore para defraudar al fisco y los derechos de terceros.”

Al mismo tiempo que cuestionaba el proyecto de Macri en relación al rol de “los entes constituidos en paraísos fiscales –en tanto son vehículos aptos para el encubrimiento de actividades delictivas y el fraude a toda clase de leyes imperativas”.

A fines de febrero de este año, apenas unos meses después de que Macri asumiera como presidente, la jueza Macarena Marra Giménez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 suspendió la cautelar y reactivo el viejo proyecto macrista de convertir a la ciudad en un paraíso fiscal.

¿Atar de pies y manos a los que investigan al presidente?

La información transcendió a la prensa en el medio de una embestida por parte del macrismo a la Procuración General de la Nación. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de leyes que propone anular gran parte de las facultades de Gils Carbó y convertirla en una mera figura decorativa para preservar al Presidente de las investigaciones de la Justicia.

De aprobarse la reforma judicial en el Congreso, el macrismo impondría Sub-procuradores bajo los cuales se subordinarían las actuales procuradurías especializadas creadas en la actual gestión del MPF (Ministerio Público Fiscal), como la Procelac. Esa Procuraduría tiene como objetivo investigar delitos tributarios, contrabando, lavado de activos y fraudes bancarios o económicos.

El momento no podría ser más delicado para ser presentado este paquete de leyes en el Congreso. Se superpone con la investigación que lleva el fiscal federal Federico Delgado que investiga si el presidente “omitió maliciosamente completar su declaración jurada" respecto a su vinculación a las empresas “fantasmas” Fleg Trading LTD y Kagemusha S.A.