Comunicadores del Sur

27.9.2020

Entrevista: Fernando Tebele/Julián Bouvier/Luis Angió. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Pedro Ramírez Otero.

El pasado 21 de septiembre las trabajadoras y trabajadores de Enfermería dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo una jornada de lucha y reclamos históricos frente a la Legislatura que terminó en represión de parte de la policía. Berta Leyton, presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), pasó por el programa Hasta que vuelvan los abrazos y se refirió a los reclamos urgentes por la pandemia. También señaló las demandas históricas por los derechos laborales del sector y el reconocimiento como profesionales, dentro de la ley 6035. Por su parte, Andrea Ramírez, licenciada en Enfermería y trabajadora del Hospital Ramos Mejía dialogó en el programa Oíd Mortales. Allí sostuvo las exigencias y detalló cómo se generó la represión por parte de la Policía de la Ciudad.

La presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería, Berta Leyton, salió al aire de La Retaguardia mientras se desarrollaba la jornada de lucha el último lunes, unos minutos antes de que la Policía de la Ciudad comenzara a reprimir.. En su intervención, explicó los motivos más de fondo de la protesta: los reclamos históricos.
“Estamos en la calle como cada vez que necesitamos salir. Porque el Gobierno de la Ciudad nos sigue discriminando desde que se creó la Carrera de Profesionales de la Salud ya hace como 30 años. Ahí, quedamos afuera los enfermeros y ya había licenciados en enfermería. En 2018 se derogó la Ley de Profesionales y se hizo una nueva, la 6035. En ella, nuevamente quedamos afuera. En el siglo XXI, y en un momento en que enfermería cumple con todos los requisitos de la carrera de profesionales, no logramos que el Gobierno de la Ciudad nos integrara en esa carrera. No solamente los licenciados en enfermería, en bioimágenes o los licenciados en instrumentación quirúrgica, que son carreras emergentes y que vienen desde los últimos años. Enfermería de los años previos a la década del 60 ya tiene licenciados. Tenemos una ley en ejercicio para nuestra profesión y esto no se está respetando. Venimos desde el 2009 presentando proyectos de ley, cada dos años se cae uno, y volvemos a presentar. Hemos presentado proyectos con orientación en género, porque el 80% de quien profesa la carrera somos mujeres, entonces se inscribe en un rango de discriminación hacia la mujer”, detalló.
Además, denunció: “Enfermería no sólo tiene tiene el 50% menos del salario que tiene cualquier otro profesional con los mismos años de carrera que nosotros, sino que además, ambas carreras, la de ramos generales y la nuestra tienen distintos beneficios: las licencias, los días por estrés. Nosotros reclamamos con una marcha anterior que nos dieran un día como les dan a los profesionales por estrés, y no nos lo dieron. Porque estrés significa reconocer que nuestra tarea es insalubre. Tampoco podemos concursar. Los concursos que tenemos son a dedo, no es que el que gana es el más idóneo, sino el que es más amigo. Está todo digitado con arreglos del gremio mayoritario, que es SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires). Arreglaron que los cargos son de ellos. En un hospital tenés un jefe en enfermería, o en el departamento de enfermería, que no tiene un título de grado. Sin embargo tiene un cargo. Y está violando lo que es nuestra ley de ejercicio”.
La profesional comentó cómo se desarrolló la marcha y expresó la necesidad de una paritaria nacional que tenga en cuenta las diferencias salariales según cada provincia y cada especialidad dentro del ámbito de la salud. “Salimos desde el Congreso. Antes hicimos una conferencia de prensa en el Obelisco. Caminamos por la Avenida Rivadavia rumbo a la Plaza de Mayo. Esto es una mezcla de reclamos a nivel nacional, porque hay un pedido de que se haga una paritaria nacional para equilibrar y mejorar los sueldos. Alguien que vive y trabaja en el sur tiene un sueldo diferente a alguien de Jujuy. Cada uno de nosotros tiene dos o tres empleos, y es algo que no se puede mantener en el tiempo. Pero es la única forma de sobrevivir y de tener un salario digno. El salario de una fonoaudióloga sostenido en el tiempo, es de unos 90 mil pesos, y el de una enfermera es de 35 mil.. No estar en la carrera significa no avanzar, no escalar. Mi salario se devaluó un 63% en los últimos tres años”, expresó.

Covid-19, estar en la primera línea

Al respecto del contexto de pandemia y las dificultades con las que llevan a cabo su tarea en la primera línea, Leyton reflexionó: “Es lo que no ve la población. Porque cuando estamos en terapia intensiva con los pacientes somos el único nexo. No pueden ingresar familiares. Estamos tratando de armar un protocolo para poder hacer que el familiar se despida de esas personas que se están muriendo en nuestras manos. No sólo eso, sino que en todos los servicios las compañeras están estresadísimas. Con mucha carga, porque no hemos tenido las licencias que se nos tienen que dar durante el año. No pudimos tomarnos vacaciones, francos. Se trabaja el doble y si no te toman la guardia seguís trabajando, estamos disponibles 24/7. En este momento somos los únicos que tenemos una exposición altísima por eso a nivel país tenemos 68 enfermeros fallecidos por Covid. Acá en la Ciudad tenemos en los hospitales siete fallecidos, pero hay un montón de enfermeros jubilados que han fallecido también”.

Un petitorio y la represión

Luego de esta entrevista, se supo que quienes se acercaron a la Legislatura porteña para continuar con la protesta fueron reprimidos. Las imágenes tuvieron un escueto recorrido por los medios tradicionales de comunicación. Se pudo observar como algunas enfermeras y enfermeros recibieron golpes entre empujones con la Policía de la Ciudad que armó un improvisado vallado humano para proteger la puerta de ingreso al edificio legislativo.
En diálogo con el programa Oíd Mortales, la licenciada en Enfermería Andrea Ramírez expuso lo sucedido y remarcó el carácter histórico del reclamo: “Fue un día que estábamos esperando, por ser personal de la salud, y terminamos decidiendo organizar una movilización, nos costó muchísimo animarnos. Y terminó mal. El reclamo es histórico. Y si no se soluciona no aguantamos más. Avanzamos a la Legislatura con la idea de entregar un petitorio donde se fundamentaba el reclamo de todo lo que nosotros venimos pidiendo. La inclusión a la ley 6035, que es la de la carrera profesional de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Además, pedir mejores condiciones laborales y salariales para todo el equipo de salud. Nos juntamos con compañeros que vinieron de Provincia y con otros que vinieron del sector privado. Nos dijeron que no había nadie para recibirnos. Una clásica ninguneada”, relató. Y señaló: “El colapso no es sólo sanitario porque las camas están ocupadas, también lo es para nosotros porque estamos trabajando por un sueldo marginal con todas las responsabilidades y el riesgo de exponer a nuestras familias. Contagiarse y morir por un salario miserable es inaceptable. Te amarga día a día, sos enfermera y cobrás la mitad que el resto cuando uno estudió y se capacitó de la misma manera que todos los demás. Que terminen llamando a la policía para reprimirnos porque no nos movíamos hasta que nos atiendan, tuvo un final tremendo, brutal. Imperdonable”.
Ramírez contó que después de tanto gritar y de haber recibido golpes, hicieron pasar a dos compañeros, que fueron recibidos por dos legisladores con el compromiso de hacer pasar el petitorio por todos los bloques y darles una respuesta a los enfermeros y enfermeras. “No hay voluntad. Porque tiene que sesionar y nos tienen que aumentar el 50%. El Gobierno no quiere, se frena con los gremios. Pactan”, agregó.

La burocracia sindical se llama Amadeo Genta

“Lo llamen como lo llamen seguimos perteneciendo al gremio SUTECBA (dirigido por Genta) y somos escalafón general, que es un salario no profesional. Las horas extras que hacemos, que las llaman módulos, son una limosna. Con esto se puede llegar a 50 mil pesos. Esto para una familia no alcanza, no se puede llegar a fin de mes, y tenés que trabajar en otros lados. El Gobierno no quiere confrontar con las cúpulas de los gremios mayoritarios. Son todos pactos, acuerdos, y nosotros estamos en el medio. Ellos (el sindicato) tienen el poder de masa para hacer sus negociados. Tampoco podemos hacer paro general porque el gremio no lo va a decretar. Somos prisioneros. Para los próximos días, si esto no se arregla, vamos a tener que tomar otra medida. En esta situación de pandemia es complejo, pero también pensamos que es el momento de que nos escuchen”, cerró la enfermera.

26.9.2020

Los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, que hoy constituyen la Comuna 8, hace más de 30 años cuentan con un fallo judicial a favor de la construcción de un hospital público. A pesar de los incumplimientos y que hace 10 años está en obra, el gobierno porteño oficializó su creación en junio. Sin embargo, el Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia Grierson”, que cuenta con sólo 20 camas de internación, no tiene aún ni equipos profesionales ni salas, quirófanos y consultorios para absorber la demanda de una población que en su totalidad se estima en 250.000 habitantes. Así lo denunció la Asamblea de Trabajadorxs del Grierson, CESAC 3, CESAC 18 y CESAC 43, que el próximo lunes realizará una jornada de lucha.

Mediante el Decreto 245/2020, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso en junio la creación del Hospital General de Agudos “Dra. Cecilia Grierson”, ubicado en las avenidas Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, en el barrio de Villa Lugano. A fines de agosto y a través del decreto 303/2020, se creó un área programática integrada por los Centros de Salud 3, 18 y 43, que dejan de depender de los hospitales Piñero y Santojanni para pasar a la órbita del Grierson.
Como respuesta a estos decretos, trabajadores y trabajadoras de la salud conformaron la Asamblea de Trabajadorxs del Grierson, CESAC 3, CESAC 18 y CESAC 43. Consideran que no se da una respuesta efectiva a los vecinos y vecinas que hace 30 años exigen tener un hospital zonal y que el traspaso de los Centros de Salud “se produce cuando aún no se dispone de estructura edilicia ni recurso humano que permita la atención y asistencia integral de la salud de la población”.
En este sentido, señalan que el nosocomio cuenta con sólo 20 camas de internación, destinadas principalmente para pacientes con Covid 19, y que la Terapia Intensiva es sostenida por equipos que cambian día a día, porque se abrió “de manera improvisada, sin la creación de estructuras y de un equipo de trabajo de planta permanente”.
Además, las consultas médicas no relacionadas a la pandemia se atienden en Guardia, sin posibilidad de seguimiento por parte de los profesionales. “Como ejemplos de la insuficiente dotación, podemos mencionar que tiene sólo una fonoaudióloga, dos trabajadoras sociales, dos psiquiatras, tres psicólogas, tres ecografistas, para absorber la demanda de una población que se estima en 250.000 habitantes”, afirman desde la Asamblea.
A nivel edilicio, tras 10 años de construcción, sólo se terminó la etapa 1; la segunda fase aún está en obra y la tercera siquiera tiene llamado a licitación. Hoy, no cuenta con salas, quirófanos y consultorios necesarios para cubrir ese volumen poblacional. Se desconoce si habrá una sala de internación de salud mental y si se planificará una sala de parto y de maternidad, dado que la comuna 8 tiene una de las poblaciones más jóvenes de la ciudad.
Asimismo, sostienen que las contrataciones del personal de salud son del tipo transitorio y que la designación de profesionales no ha sido a través de la modalidad de concursos, tal como lo establece la Carrera Profesional.
Cabe señalar que los trabajadores y las trabajadoras de los Centros de Salud no gozan de las mejores condiciones laborales: contratación precaria bajo la figura de monotributo; dotación de personal insuficiente tanto a nivel de salud como administrativo; problemas estructurales a nivel edilicio, entre algunas problemáticas cotidianas, a las que se suma “que el surgimiento de los decretos se da en un contexto inoportuno, no solo porque no se han finalizado las obras del Grierson y las mismas se encuentran suspendidas, sino que además se produce en el medio de la emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia en donde las y los trabajadores nos encontramos abocados a tareas vinculadas a la misma”.
También señalan que desde el gobierno porteño las decisiones “se tomaron en forma inconsulta, sin participación y sin aviso a la comunidad ni a los equipos de salud, que somos quienes conocemos y trabajamos en el territorio”.
Ante este panorama, el próximo lunes, trabajadores y trabajadoras de salud realizarán -junto a organizaciones comunitarias y sindicatos- una jornada de lucha con cese de actividades, difusión de la situación y Asamblea. En suma, exigen la suspensión de los decretos “hasta tanto el Grierson esté en condiciones de brindar atención como hospital” y la creación de una única mesa de trabajo con la presencia de todos los actores involucrados.
Más información en las redes sociales de la Asamblea: IG: asambleagriersonycesacs / FB: Asamblea Trabajadores Grierson y Cesacs

24.9.2020

Por Carla Libertad

A 8 años del descarrilamiento de una formación del ferrocarril Sarmiento que se cobró la vida de 52 personas, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia firme a Juan Pablo Schiavi y Claudio Cirigliano, entre otros ex funcionarios y empresarios imputados.

La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas de casi todos los imputados en la Masacre de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, hecho calificado de “estrago culposo agravado” por demostrarse la desidia de empresarios y ex funcionarios públicos del kirchnerismo a cargo de administrar y regular el servicio público de transporte.
“Celebramos la lucha, la unión de este grupo de familiares y el acompañamiento de una enorme parte de la sociedad (…) Pero no hay nada que festejar. La muerte de 52 inocentes no debe ser en vano”. De esta manera comunican la noticia familiares de las víctimas en su cuenta de twitter.
52 muertes y 789 heridos, fue el saldo de este verdadero crimen social, provocado por el descarrilamiento de una formación del ferrocarril Sarmiento, a causa de una falla en los frenos del vehículo. “Un tren corroído por el óxido, sin ningún sistema de seguridad, con una capacidad de frenado nula y con una estructura que en palabras de los propios gerentes de mantenimiento estaba destinado al desguace”, fue la calificación de familiares.
Hace pocos días, una operación mediática había intentado poner el foco sobre el motorman quien cumple una condena menor en relación a quienes tenían en sus manos la responsabilidad por la inversión y mantenimiento para el correcto funcionamiento de un medio que transporta miles de trabajadores a diario.
Entre los condenados se encuentran el ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, con 5 años y 6 meses de prisión y el ex presidente de TBA, Claudio Cirigliano, con 7 años. También fueron condenados directivos y gerentes de TBA junto a otros cargos de presidencia y vicepresidencia de esta empresa privada concesionada por el Estado argentino. Quien aún no tiene condena firme es Julio de Vido, exministro de Planificación, quien tenía a su cargo la Secretaría de Transporte, su sentencia espera una revisión con fecha de audiencia este 21 de octubre en el tribunal de Casación. El ya condenado exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, espera un doble conforme.
Casi 9 años de lucha de familiares, apoyados por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, arrastraron al banquillo de acusados a empresarios que se enriquecieron con millonarios subsidios estatales y a funcionarios que mantuvieron las mismas políticas privatistas y vaciadoras desde la década de los ’90. Nuevamente: “no hay nada que festejar. La muerte de 52 inocentes no debe ser en vano”.

24.9.2020

En el seminario ‘Sucios, Feos y Malos’ Daniel Catalano y Angélica Graciano criticaron duramente al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y señalaron la protección que obtiene de los grandes medios: «tenemos muchas dificultades para romper el cerco mediático». Dan batalla desde las redes pero el horizonte está en llegar a toda la sociedad, no sólo a quienes se afilian.

El secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA Nacional, Daniel Catalano, y la secretaria general de UTE, Angélica Graciano, expresaron fuertes críticas al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta durante el segundo encuentro del Seminario de Comunicación Sindical que se dicta en la UBA, donde más de 70 estudiantes de la carrera y sindicalistas participan del curso de la cátedra de Christian Dodaro.
«En la ciudad tenemos ocho enfermeros y enfermeras muertos porque no tenían los elementos de higiene y seguridad que necesitaban para trabajar, los responsables políticos son el ministro de salud porteño y el jefe de Gobierno», expresó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital. «Con Larreta nos enfrentamos a un peso pesado», señaló por su parte la dirigenta de la Unión de Trabajadores de la Educación, quien agregó «en la ciudad un 52% de la educación es pública y Larreta viene bajando el presupuesto educativo un punto (por ciento) año a año.»
Al criticar la represión del día anterior, Catalano señaló «la policía (de la Ciudad) no puede respetar ni siquiera algo intocable como la salud y la educación. Uno imaginaba que no podía pasar que agredan a una enfermera, un médico una maestra o un maestro, pero la policía de Larreta logró hacerlo. Santilli cree que cuando reprime crece en las encuestas.» En otro momento en respuesta convocarían a una gran marcha pero ahora, explicó «nosotros en el marco de la pandemia no podemos convocar grandes movilizaciones porque debemos cuidar la salud de nuestros compañeros y compañeras. Aún en un Gobierno como el de Larreta los derechos (de la población) los garantizamos los trabajadores y las trabajadoras».
«Las comisiones paritarias en la ciudad no existen, están cerradas. Entre UTE, ATE y subtes tenemos cinco fallos judiciales que obligan al Gobierno porteño a sentarse a discutir las condiciones de trabajo y darnos los elementos de trabajo, y no lo hacen» informó el secretario general de ATE Capital.
Por su parte Graciano definió «Larreta encarna una expresión más sofisticada del neoliberalismo nacional», y planteó que «al Gobierno (de la Ciudad) se le hace muy difícil discutir cuando vos tenés información clara y precisa. A Larreta no le gusta que le digamos que no y denunciemos las aberraciones que ha realizado día a día», agregó contando distintas denuncia realizadas, resaltando que «también denunciamos el robo, la estafa, en la comida de los chicos.»
La secretaria general de UTE contó que «a nivel mundial hay una fuerte oleada contra los sistemas educativos públicos, y remarcó que las relaciones de reciprocidad que se dan en la escuela es lo más anti neoliberal que hay».
En cuanto a la comunicación, sostuvo que en el sindicato tienen «muchas dificultades para romper el cerco mediático», que están realizando «mucho trabajo en las redes» y que están en la etapa de desarmar la estrategia comunicacional de que los gremios son el obstáculo para la presencialidad y que los chicos aprendan, cuando es todo lo contrario. «Nos hemos dado una fuerte estrategia de comunicación con nuestros compañeros y compañeras», indicó.
Catalano contó que utilizan activamente los diferentes medios y herramientas, pero recordó que «nada reemplaza el mano a mano, las asambleas, el estar en el lugar del trabajo», ya que «no alcanza con el me gusta». Y planteó «tenemos que llegar más allá de nuestros afiliados y afiliadas, debemos llegar a toda la sociedad, y el gran desafío es que el movimiento obrero tenga sus propios medios«.
«Hay que pensar bien la comunicación porque hablamos de derechos vulnerados y necesitamos llegar a nuestra comunidad», finalizó, planteando también que la gran batalla que se tiene que librar es la batalla cultural sobre el rol del Estado y de los empleados púbicos
Frente a estos temas y comentando las acciones contra los trabajadores y trabajadoras y cómo se realizan, entre otras cuestiones Dodaro planteó que «tenemos que construir nuestros propios slogans: por ejemplo frente al discurso que se planteaba durante el macrismo ‘en el Estado sobra gente’, la respuesta sería «lo que sobran son gerentes». También opinó que se debería ser menos condescendientes discursivamente con quienes atacan al sector.

24.9.2020

Por Prensa FOL

A modo de balance, algunes de les protagonistas de las jornadas de ollas populares que se vienen realizando desde hace 15 semanas, relatan cómo es la vida en pandemia en las villas y barrios populares de Ciudad de Buenos Aires. Lejos de tener una respuesta, el gobierno porteño no ha tomado ninguna acción concreta para poder generar políticas públicas destinadas a la salida de la crisis social, económica y sanitaria.

Hoy se cumplen 15 semanas, desde aquella fría mañana de junio en la que integrantes de organizaciones sociales de la CTA-A, Somos Barrios de Pie, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) salieron a poner el cuerpo en las ollas populares de villas y barrios porteños como Villa 31-31 Bis, Villa 1-11-14, Villa 21-24, Ciudad Oculta, Villa 20, Villa Soldati, La Boca, Constitución, San Telmo y Playón de Fraga, entre otros lugares.
El 18 de junio significó el comienzo de un reclamo tan sencillo como legítimo. “Somos esenciales, somos imprescindibles, y nuestro trabajo deber ser reconocido” decían en el primer comunicado las organizaciones que lograron instalar en la opinión pública que las tareas y trabajos no pagos de miles de personas deben ser reconocidos.
Pero, ¿qué ha pasado desde la primera olla popular en los barrios? ¿Qué ha pasado desde los primeros casos de COVID19 y los decesos que hubo? ¿Qué medidas tomó el Gobierno de la Ciudad al respecto? 15 semanas es mucho tiempo, muchas energías y fuerzas desplegadas en torno a trabajos esenciales: cocineras en comedores y merenderos, promotoras de Salud, promotoras de Género, educadores y educadores populares.
En las voces de algunes protagonistas queda plasmado como en un cuadro, todo el entramado solidario y comunitario, que el Gobierno se niega a reconocer.
Carmen, es delegada de Salud, en el FOL del Barrio Riestra del Bajo Flores y relata, “nuestra tarea antes de la pandemia era estar en contacto con las compañeras, y llevar todo lo aprendido como delegada. Estar informando siempre a las compañeras, también a los adultos mayores y niños para que ellos puedan completar y tener todas sus vacunas. Informar también sobre métodos de cuidado sexual, dar a conocer métodos anticonceptivos. También estábamos en el armado de planillas de los y las compañeras del barrio, para saber si alguno de ellos sufre de alguna enfermedad.
Y ya cuando llegó la pandemia, todo esto se intensificó. Fue peor, el trabajo fue más duro. Tuvimos que trabajar más por el barrio, para que no se infecten y tomar todas las medidas de precaución en el comedor e informar sobre los cuidados que deben tener los compañeros en sus casas. Para que sepan que ante cualquier síntoma, deben hacerse el hisopado. También estar pendientes de las y los adultos mayores del barrio, y llevarles el bolsón de mercadería que seguimos realizando.
Prevenir la aglomeración, y la desinfección en el comedor la hacemos cada semana. El trabajo fue más duro tanto para las delegadas de comedor como para las delegadas de salud, que seguimos luchando hasta ahora, seguimos cuidando al barrio y a los compañeros
Con respecto a las ollas populares que realizamos cada jueves, no tenemos respuestas, pero vamos a seguir en la lucha, hasta que se seamos reconocidas como trabajadoras esenciales. Siempre se dice que las organizaciones no hacen nada, que solamente hacemos marchas, que molestábamos. Pero ahora somos más valoradas, porque en realidad las organizaciones somos las que más trabajamos en la pandemia y ayudamos a la gente que realmente necesitaban, y ahí muchos vieron como trabajamos por el bien común, luchamos por nuestros derechos y necesitamos ser reconocidas como trabajadoras esenciales.”
Por su parte Angélica, de Villa 31, también es delegada de Salud del FOL y expresa, “en Retiro hubo muchos infectados, tanto así que en mi comedor Las Luchadoras estuvieron aisladas más del 70% de compañeras y compañeros. Con reposo. Nosotras estuvimos llevando la comida al domicilio, ayudando a las personas encargadas de hacer los testeos, pasándoles las direcciones de las personas que probablemente eran contactos estrechos, hasta hoy en día que hay pocos casos. Compañeros contagiados ya no tenemos, solo compañeros de alto riesgo que a ellos les llevamos la comida, para evitar que puedan enfermarse. Siempre teniendo en cuenta la distancia, el alcohol, los barbijos, todo.
En cuanto a las ollas de todos los jueves, vamos avanzando mucho. Pero el gobierno no escucha.”
Charly, referente de FOL CABA, remarca en su balance las nulas medidas del Gobierno porteño. “Esta crisis sanitaria, pero también económica y social, ha dejado un saldo de más miseria y pobreza en los barrios populares, villas y asentamientos de todo el país.
Los distintos gobiernos no han tomado las riendas de esta situación a nivel económico y social y todavía están debatiendo si pedirles aportes extraordinarios a los ricos y a los sectores que más tienen. Nosotres desde las organizaciones sociales, hemos estado en la primera línea de fuego, con las compañeras tomando tarea en la promoción de salud, con el acercamiento a los operativos detectar, con el acompañamiento no solo en los operativos sanitarios, sino psicológicos, emocional también de las y los compañeros que están atravesando la enfermedad, con sus familias.
A su vez se han multiplicado las ollas populares y la asistencia alimentaria, donde ese esfuerzo que hacen nuestras compañeras y compañeros de todos los barrios es totalmente comunitario no es reconocido, y nos es remunerado. Lo mismo que las compañeras que están acompañando los casos de violencia de genero intra familiar que se intensificaron a partir de la cuarentena.
Hemos acompañado los procesos de los chicos, que en los distintos barrios no están pudiendo tener el acceso a la educación, a través de los medios virtuales.
Todo esto hace que las organizaciones sociales hemos tenido un rol fundamental en tratar de enfrentar a la crisis y lo seguimos teniendo. Por eso lo que estamos pidiendo en la ciudad de Buenos Aires, es el reconocimiento de todas estas tareas, que creemos que este trabajo esencial, debe ser visibilizado y tiene que ser remunerado, ya que por la envergadura y el volumen de las tareas que realizamos no puede seguir siendo considerado como una tarea solo comunitaria, sino que tiene que ser un trabajo reconocido y pago como cualquier otro.
Al mismo tiempo estamos pidiendo un fondo de emergencia para las villas, barrios populares de la ciudad, para poder generar condiciones para la salida de la crisis, generar fuentes de empleo, generar emprendimientos productivos, genera obras dentro de los barrios, y distintas acciones que permitan una contra tendencia a la crisis en la cual estamos sumergidos.
El Gobierno de la ciudad, si bien genera los espacios de discusión, no ha destinado todavía presupuesto para estas cuestiones. No ha tomado ninguna acción de fondo para poder generar políticas públicas destinadas a la salida de la crisis ni al reconocimiento de las tareas esenciales. Solo se ha limitado al aumento de asistencia de alimentos o mercadería.
Después de 15 semanas, que venimos realizando acciones en los barrios, en el Obelisco y en distintos lugares de la ciudad, vemos que hemos podido generar un consenso muy grande con distintos sectores de la sociedad, que valora y apoya nuestro reclamo, con sectores de trabajadores y trabajadoras, con sectores de otras organizaciones sociales, con legisladores de distintos espacios políticos, pero realmente lo que necesitamos es seguir profundizando estas acciones de lucha para poder lograr los planteos que venimos motorizando y dando pelea en cada uno de los espacios que vamos abriendo”.
Luz, de la Villa 21- 24 se presenta: “las tareas que tengo a cargo son educadora pedagógica del jardín “Chiquilines de Barrio”, soy delegada de género y participé de la comisión de migrantes. Estas actividades se intensificaron en este contexto, porque las problemáticas que ya veníamos acarreando fueron creciendo. Por ejemplo, la violencia de género, que fueron en aumento, las víctimas se encuentran aisladas con sus agresores, y con ellos tienen que convivir las 24 horas.
Los barrios se encuentran sin agua, sin luz, cosas básicas para este contexto de pandemia. Ni hablar de lo económico, las familias que antes tenían changuitas, salían a rebuscársela para llevar el pan a la casa, se vieron totalmente afectadas. Los comedores, las tareas comunitarias que llevamos a cabo, somos las que venimos sosteniendo todo esto.
Las y los niños, que asistían a nuestro jardín, también quedaron aislados, y nosotras como educadoras tuvimos que repensar nuestra labor y nos propusimos la tarea básica de llegar a eses niñes de la forma que sea, en la que podamos organizarnos. Fuimos viendo distintas estrategias: crear grupos de WhatsApp, crear materiales didácticos para que les llegue a les pibis y puedan aprender desde casa, hablar con las familias para que acompañen. Todo un trabajo enorme que estamos haciendo con amor, con dedicación, con ganas, con fuerza.
Lamentablemente, después de estas 14 semanas de lucha, parece que esas 14 ollas, esas 14 jornadas no alcanzan. Semana tras semana nuestros reclamos por nuestros derechos para visibilizar todas las tareas que garantizamos en los comedores y en los distintos espacios, parece que lo esencial es invisible a los ojos de Larreta. La verdad que esto nos duele, porque son tareas que día a día realizamos con mucho esfuerzo, con lucha, y ojalá esto se resuelva pronto.”
Finalmente, Ana, referente del barrio Riestra, relata “antes de la pandemia estaba en la comisión de salud y en la comisión de vivienda y urbanización del barrio. Nosotras, antes de la pandemia teníamos problemas con las compañeras, de vivienda y alquiler, donde las compañeras no podían llegar a la suma requerida para pagar alquileres porque desde que empezó la presidencia de Macri que todo se encareció y fue mucho más difícil poder subsistir. Era muy difícil que se pague el alquiler, al punto que llegamos a realizar actividades recaudatorias para poder ayudarlas, porque no alcanza con el subsidio habitacional.
En pandemia, aumentaron muchos casos, dentro y fuera de la organización, vecines de la 1-11-14 tenemos muchísimos casos de desalojos, vecinos que están endeudados y preocupados porque no pueden más. Los dueños exigiendo el pago, y las personas no pueden pagarlo, es como una bomba de tiempo, en cualquier momento todo va a estar mal.
Está muy bien que salgamos a reclamar, pero es casi nula la respuesta, el gobierno no se preocupa por dar solución al problema habitacional, es lamentable que no haya una respuesta inmediata del gobierno, solamente tiene excusas. Esto tiende a empeorar, estamos próximos a octubre y la gente no tiene trabajo, no tiene ingresos, lo que hacen es changuitas nomás y lo poco que entra es para comer.”