Comunicadores del Sur

21.5.2020

Con un informe suministrado por el MP La Dignidad y la Corriente Villera Independiente

El WhatsApp suena. Es nuestra compañera, Naty Molina, miembro de la Junta Vecinal 21-24 y Zavaleta, referenta de la Corriente Villera Independiente (CVI), que no tardó en informar el parte de todos los días:
“Les compartimos el parte diario de personas con coronavirus:
Villa 21-24: 49
NHT Zavaleta: 11
Tengan en cuenta que hay demoras en la carga oficial de resultados”
Vuelve a sonar.
“Considero que es muy importante el tema de reforzar las cuestiones preventivas.
Tenemos que seguir trabajando en el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Son las medidas que nos van a ayudar a controlar la cantidad de contagios. Esto es más allá de todo el trabajo que realizamos diariamente”
Una vez más. Es un video.
“Están desalojando a algunos vecinos porque no pueden pagar el alquiler por falta de changas y del rebusque que tienen siempre”.
La pandemia desnuda múltiples problemáticas.
1.557 casos de COVID-19 en las Villas de la Ciudad de Buenos Aires.
DE VILLA EN VILLA
Villa 31: El 35,05% de los casos en la Ciudad se concentran en las villas y el 23,72% se concentra en Barrio Mugica – Villa 31.
Barrio Rivadavia y 1.11.14: 427 casos de COVID-19
Villa 21-24: 49
NHT Zavaleta: 11
Villa 15: 12 casos
Villa 20: 7 casos confirmados por el CESAC
Cildáñez: 4 casos.
Rodrigo Bueno: 3 casos.
Ramón Carrillo: 2 casos.
Inta y Fátima: 1 caso.
Los Piletones: “Hay problema con la basura”, informó Mónica Ruejas, Presidenta de Los Piletones. El Coronavirus queda en un segundo plano en relación al porcentaje de vecinas y vecinos con dengue. Las cifras aumentan debido a la falta de descacharreo. A pesar de todas las dificultades, se continúan realizando viandas sociales todos los días. En el comedor “La Nueva Esperanza”, se elabora 700 platos de comidas y meriendas diarias.
«Mañana estará el número de casos actualizado», asegura Malvina, delegada y consejera de la Villa 31.
Sí, sabemos de ausencias. Sí, sabemos de injusticia. Pero, sobre todo, sabemos de lucha y de organización popular y ésa es nuestra bandera.

21.5.2020

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) exigieron al gobierno porteño «el inmediato aumento de las asignaciones familiares, congeladas en 270 pesos».

En un comunicado conjunto, las entidades gremiales detallaron que en el contexto de la pandemia de coronavirus «las asignaciones familiares están congeladas en 270 pesos desde hace nueve años», y reclamaron a las autoridades metropolitanas que se sumen a las medidas nacionales adoptadas para paliar «la crisis económica».
Los gremios afirmaron que el aumento de las asignaciones familiares sería «una excelente manera de enfrentar la recesión económica provocada por la crisis sanitaria», y argumentaron que ese es «el sentido de las decisiones aplicadas a nivel nacional, como la segunda mejora en pocos meses de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo en un 6,12 % ».
«En cambio, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta el salario familiar de los trabajadores porteños fue congelado en 2012 en 270 pesos, es decir, menos del 10 por ciento de lo que abona el resto del país. Esa suma ya perdió sentido distributivo para ayudar a quienes afrontan gastos de sus hijos», puntualizaron.
Los tres gremios, que conducen Daniel Catalano (ATE), Angélica Graciano (UTE) y Roberto Pianelli (subtes), sostuvieron además que también están congeladas las asignaciones por hijo con discapacidad y la ayuda por escolaridad.
Ante esa situación, las organizaciones sindicales ratificaron los reclamos, que ya judicializaron, al punto que el juzgado 18 de la ciudad convocó en su momento a las partes a una audiencia, suspendida por el inicio de la crisis sanitaria.
Esa audiencia ya fue postergada en dos oportunidades, por lo que los gremios solicitaron al magistrado porteño Marcelo López Alfonsín que se expida sobre el amparo presentado de forma oportuna, a la vez que exigieron al Ejecutivo local «urgentes respuestas» ante «la inaceptable situación de desigualdad distrital».

21.5.2020

Organizaciones sociales, políticas y referentes del Comité solicitaron al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires coordinar en conjunto las acciones que el Ejecutivo porteño está llevando a cabo frente a la pandemia.

Reproducimos comunicado:

EL COMITÉ DE CRISIS DE BAJO FLORES EXIGE REUNION URGENTE CON EL JEFE DE GOBIERNO PARA ABORDAR PLAN INTEGRAL FRENTE A LA PANDEMIA

Las organizaciones sociales, políticas, delegadas y delegados que conformamos el Comité de Crisis del Bajo Flores, solicitamos al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, una reunión con carácter de urgente a los fines de abordar los problemas y obstáculos que encontramos en la implementación, coordinación y articulación de las diversas acciones que el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo frente a la pandemia a los fines de elaborar un protocolo integral específico de intervención socio sanitaria acorde a las características y necesidades de nuestro barrio y con participación de las organizaciones territoriales que conocemos el territorio y sus habitantes. La emergencia sanitaria que enfrentamos se produce en un contexto de crisis económica, social y de las políticas para paliar sus efectos en nuestro barrio, que se agrava exponencialmente con el COVID19. Sólo para dimensionar el crecimiento de la cantidad de infectados, desde el 11 al 18 de mayo, pasamos de 150 a 350 vecinos infectados.
Las organizaciones que conformamos este Comité hemos acompañado desde el trabajo militante y voluntario el “Operativo Detectar” casa por casa hasta las puertas de los hospitales en busca de respuestas. Desde ese trabajo, poniendo el cuerpo, vemos prioritariamente con preocupación el problema alimentario y sanitario, lo cual necesariamente nos lleva a pensar respuestas integrales.
Observamos que dentro de las medidas sanitarias, es importante abordar el problema del hacinamiento para poder llevar adelante las recomendaciones de aislamiento. Intentamos dar respuesta con solidaridad implementando 25 ollas populares y dando respuesta a la demanda en los comedores, que se triplicó. El alimento y la salud son derechos básicos y es el Estado su principal garante especialmente en la emergencia, vemos necesario para ello, que se implemente un mecanismo sistemático y universalizado que llegue a toda la comunidad. En cuanto al Programa Detectar, observamos la falta de lugares de aislamiento para los infectados, la desatención y desinformación sobre los circuitos, así como problemas de comunicación entre las familias afectadas que redunda en destrato y hostilidad para con los vecinos.
Es por ello, a fin de abordar conjuntamente un plan integral frente a la grave situación que nos aqueja, ante la magnitud humana que implican las consecuencias de la pandemia en los barrios más vulnerables como los que integran el Bajo Flores, y la necesidad de que las acciones de gobierno y la acción de las organizaciones se articulen y potencien, lo cual en definitiva, irá en beneficio de todos los vecinos de la Ciudad en su conjunto. SIGUEN FIRMAS
Contacto: Manuel Alonso 11-4169-9029.
FIRMA: COMITÉ DE CRISIS DEL BAJO FLORES
Unidos y Organizados; La Cámpora; Peronismo Militante; Lxs Irrompibles; “Movimiento Peronista Octubres Comuna 7″; Frente de Organizaciones en Lucha – FOL; Barrios De Pie/Observatorio: Somos Barrios de Pie; Mov. “Juanpa Carlos”; Agrupación Bartolina Sisa; Flores Solidario; Peronismo x la Ciudad; Nueva Mayoría – Frente Patria Grande; Frente barrial 19 de diciembre; Frente Político Germán Abdala; Movimiento Evita, FETRAES-, Partido Piquetero, ¡Seamos Libres!; Movimiento Popular la Dignidad; C.C.C.; Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores; Venceremos; Agrupación Peronista Blanca UPCN; CTA unificada; UB Manuel Dorrego, Club Villa Miraflores.

20.5.2020

Las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, presentaron en la legislatura un proyecto para que el poder ejecutivo informe sobre la situación de las comunas 7 y 8, en particular, el Bajo Flores, Villa 20 y Villa Oculta; en el marco de la pandemia y brote de dengue, en base a denuncias que recibieron de distintas organizaciones y trabajadores de la zona.

Este pedido de informe en Legislatura se realizó producto de múltiples denuncias que recibieron las diputadas por parte de integrantes de organizaciones barriales de Bajo Flores, Lugano, trabajadoras/es del Hospital Piñero y de diferentes Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) del área. Que Larreta responda inmediatamente resulta urgente dado el antecedente del crimen social de Ramona y Víctor en la villa 31.
En el marco del crecimiento exponencial de los casos de coronavirus en los barrios más vulnerados, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, diputadas del PTS en el Frente de Izquierda, presentaron esta semana en la legislatura porteña, un proyecto para que el gobierno de la ciudad informe acerca de su accionar en las comunas 7 y 8, en particular, el Bajo Flores, Villa 20 y Villa Oculta; en cuanto a la emergencia sanitaria y alimentaria, en el marco de la pandemia Covid 19 y brote de dengue.
Al respecto Myriam Bregman denunció: “El Ministerio de Salud informó ayer resultados del programa Detectar. En la Ciudad de Buenos Aires uno de cada tres testeos resultaron positivos. Estos son datos concretos y lo peor es que todo va a agravarse por el hacinamiento, la falta de agua, de elementos de higiene para la población. Hemos presentado proyectos de todo tipo para combatir la crisis sanitaria que no se tratan: leyes en las que proponemos que se hagan test masivos en los barrios vulnerables, para proteger a las y los trabajadores de la salud expuestos al contagio, y para que se unifique el sistema público y privado para poder asistir las necesidades de toda la población”.
Uno de los puntos del proyecto, solicita información sobre los nuevos Protocolos y las prácticas que se están llevando adelante en el marco del Covid-19 en el Hospital General de Agudos P. Piñero y Hospital Alvarez, Centro Asistencial Dra. Cecilia Grierson, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y en las Unidades Febriles de Urgencia (UFU). Informe si los mismos contemplan la externación (tanto de personas que están en hoteles como en hospitales) a partir del día 10 del comienzo de los síntomas, si la persona se encuentra en buen estado general, para que continúe el aislamiento en su domicilio particular.
Este punto es de especial preocupación para los y las trabajadoras del Hospital Piñero y su área programática, quienes manifestaron en un comunicado público que “los nuevos protocolos de salud que podrían exponer a la población a un contagio masivo en un corto período de tiempo con la posibilidad de desbordar (aún más) al ya colapsado sistema público de salud en general y del Hospital Piñero y sus CeSACs en particular sino se tiene en cuenta las características particulares del barrio Riccardelli”.
Alejandrina Barry manifestó: “¿Qué otra cosa puede pasar si no es la propagación del virus cuando no hay agua potable? Los vecinos de la 1.11.14 denunciaban hace unos días que hay 11 manzanas sin agua, hay miedo. Y tenemos el antecedente de la desidia del gobierno y de Aysa de la Villa 31, que al día de hoy siguen con problemas de falta agua”. Y agregó: “El 28 de abril estuve acompañando a los trabajadores del Piñero que denunciaron falta de insumos y de protocolos para actuar. Fueron perseguidos por ello cuando de demostró que tenían razón, porque el mismo jefe del área programática, el Dr. Edgardo Knopoff lo dice”.
En los fundamentos del pedido de informes, las diputadas señalaron que “Integrantes de la Red de familias, docentes y organizaciones del Bajo Flores vienen denunciando que las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional, sin un sostén material para las familias que viven de trabajo informal, precarizados y de la economía popular, implican confinarlas no sólo a la pandemia, sino también al hambre y la imposibilidad de afrontar gastos mínimos de su vida cotidiana.
Por su parte, la red de Lugano informó que “el barrio de Lugano presenta un reclamo histórico de 34 años por la falta de un hospital que no logra resultado y que hoy presenta sus consecuencias más adversas. Tanto el Centro de Salud Cecilia Grierson como los Centros de Salud que se encuentran en el barrio no tienen el personal suficiente que se requeriría para una atención normal menos para una situación extraordinaria como la que estamos viviendo. No hay posibilidad de contar con espacios ventilados y grandes que permitan las restricciones de 1 o 2 metros de distancia. No hay insumos como para acciones básicas como tomar un estado febril.”
Por este motivo, en otros apartados del proyecto se solicita también que se informe y detalle el plan de acción para garantizar el abastecimiento de alimentos, agua potable, elementos de higiene y de cuidado (tapabocas, lavandina, alcohol en gel), repelentes y espirales, como también la efectivización del ingreso económico de emergencia para todas las familias que lo requieran. Se solicita también saber cuál es la cantidad de personal que actualmente se encuentra desarrollando tareas en los Hospitales, Cesacs, UFU y Centros de día, incluyendo limpieza y seguridad; cuál es el monto en pesos devengado hasta la fecha que se destinó a la salud pública en el marco de la emergencia por Covid 19 y brote de Dengue, desagregando lo destinado para la compra de insumos para prevención, asistencia respiratoria, medicamentos, camas, aparatología, capacitación, testeos y personal; detalles sobre los protocolos de actuación frente a casos sospechosos de COVID-19 del personal de la salud y de las empresas tercerizadas que prestan servicio en los Hospitales, Cesacs y UFU, incluidos los contactos estrechos, entre otras cuestiones que surgen de las denuncias de los trabajadores y vecinos de las comunas.

20.5.2020

Por Alfonso de Villalobos

En el marco de la cuarentena el gobierno porteño dispuso la rotación de profesionales para ampliar las dotaciones de la línea de contención para mujeres sometidas a situaciones de abuso. Ahora pararon porque todavía no les habían pagado el sueldo. Sin embargo, en la tarde del miércoles se conoció un comunicado que señala lo siguiente:

LEVANTAMOS EL PARO. Las trabajadoras contratadas bajo la modalidad de asistencia técnica de la línea 144 CABA, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA levantamos el paro que venimos llevando ya que en el día 19 de mayo por la tarde nos han depositado nuestro sueldo. Continuamos con nuestro reclamo por la modalidad de contratación en la que nos encontramos. Nos encontramos terciarizadas por convenio de la UBA, por lo que nuestros derechos laborales se encuentran vulnerados. Reclamamos por nuestros derechos laborales y el cambio de nuestra situación de contratación.
Las medidas de aislamiento social obligatorio generaron un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. El encierro y la crisis económica agudizan dramáticamente las contradicciones sociales que, en definitiva, son la raíz del cuadro de violencia a la que son sometidas las mujeres y las disidencias en la Argentina y en el mundo.
El incremento del flagelo era previsible a la luz de lo ocurrido en otros países así como por la evidente mayor exposición horaria del género femenino a la violencia doméstica. Por ese motivo, desde el ejecutivo porteño, se dispuso la rotación de profesionales de la Dirección General de la Mujer afectadas tradicionalmente a otras tareas y ahora laborando bajo la modalidad de teletrabajo, hacia la atención de esa línea de emergencia.
Sin embargo, la precarización laboral que abunda en el Estado en todos sus niveles se puso de manifiesto a poco de andar y, ahora, compromete la atención de las personas expuestas a la problemática. Es que las trabajadoras afectadas, mayormente psicólogas y trabajadoras sociales recibidas o cursando los últimos años de sus carreras, se encuentran contratadas bajo la modalidad de asistencia técnica que rige los convenios entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las universidades.
Se trata de una forma de contratación laboral precaria que soslaya el vínculo entre el empleado y el empleador real, en este caso la Dirección General de la Mujer, para transferirlo a las instituciones educativas. De este modo, si bien se trata de monotributistas, cuentan incluso con menos derechos y cobertura que esas otras modalidades laborales también precarias de la ciudad como el contrato de locación de servicios donde, al menos, la contraparte formal es el GCBA.
Las trabajadoras que asisten casos de violencia de género denuncian que, paradójicamente, ellas mismas están siendo sometidas a una situación de violencia laboral por parte del Estado. Es que, más allá de la vulnerabilidad contractual, la ausencia de obra social y la inestabilidad laboral que padecen, por segundo mes consecutivo sufren un atraso en el pago de sus haberes.