Comunicadores del Sur

5.8.2019

Los envíos de Rappi, Glovo y PedidosYa no acataron el fallo de la Justicia y se hallan trabajando «de manera clandestina», sin las mochilas ni los elementos distintivos de esas plataformas para eludir los controles de la Policía de la Ciudad, ordenados por un fallo que exige el decomiso de los productos que transportan.

Desde la asociación gremial del sector, Julio Olivero, miembro fundador de App Sindical, confirmó que se está «trabajando de manera clandestina por temor a la persecución policial y al fallo que ordena decomiso y multas».

En ese sentido contó que los repartidores «están circulando ‘de civil’ y con mochilas particulares para no tener ninguna señal que haga que la Policía los detenga y repudió este hecho: «No somos delincuentes para que nos tengamos que ocultar, queremos ejercer nuestro derecho a trabajar y ya nos van quitando tres días de ingresos más lo que suceda a partir del lunes», agregó.

Según varios testimonios de empleados, “los empresarios los envían con los pedidos igual y aducen un funcionamiento normal” pero por temor los trabajadores optaron por vestirse de civil y disimular así un trabajo que “quedó prohibido” la semana pasada.

Juan Martín un joven que realiza repartos en San Telmo, explicó que “trabajan escondidos”. Esto lo hacemos porque lo necesitamos para comer», confesó.

Desde la Policía señalaron que ellos por su parte están “obligados a identificar a los repartidores, controlar que tengan el casco puesto, utilicen chaleco refractario, la caja fija a la motocicleta o bicicleta y contar con libreta sanitaria. De lo contrario, «se decomisa la caja, la mercadería y se los deja ir».

Los comerciantes consultados están a favor del funcionamiento de las apps y señalan que hay «que tomar medidas pero no suspenderlo, eso sería frenar el trabajo de los chicos». A ello ha que agregar que «suspender repercutiría negativamente en los comercios porque es un buen servicio para el local y no sé si para los clientes, pero creo que también», dijo.

3.8.2019

Jóvenes de distintas agrupaciones políticas y sociales, estudiantes secundarios y terciarios de la Villa 21-24, impulsan el proyecto que propone la creación de una casa de las juventudes en cada barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de generar un espacio de encuentro para la juventud. 

El pasado jueves 1 de agosto, jóvenes de distintas agrupaciones políticas y sociales, estudiantes secundarios y terciarios de la Villa 21-24, se reunieron en el Profesorado Pueblos de América para impulsar la "Casa de las Juventudes". También participó de la reunión uno de los pre candidatos a legislador porteño por el Frente de Todos, Tomás Lerner.

El propósito del proyecto es que el Gobierno de la Ciudad se encargue de crear una Casa de las Juventudes en cada barrio popular del distrito: un espacio de encuentro para los jóvenes en el que puedan hacer deportes, actividades culturales, talleres de oficio, recibir asesoría para continuar sus estudios y también orientarse sobre tratamientos de consumos problemáticos. 

"Esta propuesta surge como una respuesta al desentendimiento y el abandono que padecemos lxs jóvenes en la Ciudad. Las únicas perspectivas de futuro que ofrece este Gobierno siempre están ligadas a las fuerzas de seguridad y el sistema penal", expresó Tomás Lerner tras la reunión y agregó que "tenemos que lograr que el Estado ocupe un lugar de prevención, contención y acompañamiento antes que de represión".

En el encuentro, los jóvenes coincidieron en la necesidad de tener un espacio para ellos y además manifestaron la falta de respuestas a las distintas problemáticas que sufre su barrio: el riesgo eléctrico, la contaminación del agua potable y falta de vacantes para las escuelas.

2.8.2019

Lo detuvieron en Retiro, gracias al nuevo juguete vigilante del macrismo: las máquinas de reconocimiento facial. Después de una semana y a punto de llevarlo a un penal, se dieron cuenta de que se trataba de otra persona.

Patricia Bullrich y Diego Santilli (el vice jefe de Gobierno porteño) habían presentado la nueva tecnología casi emocionados.

Se trata de los centenares de cámaras que ubicaron en subtes y estaciones de trenes, al scannear los rostros de las personas que pasan diariamente por ahí, son enviados a una base de datos de personas consideradas prófugas o declarada en rebeldía.

A fines del mes pasado, esta nueva tecnología (que podemos ver en las películas yankys sobre la CIA) ya había arrojado varios papelones.

La semana pasada, lamentablemente, le tocó el turno a Guillermo Federico Ibarrola, un trabajador que se bajó de un tren en la estación de Retiro y al cruzar los molinetes es detenido por la Policía, por robo agravado.

Seis días detenido y cuando ya estaba siendo trasladado a un Penal, la fiscalía que atendía la causa, se comunicó por teléfono con la comisaría para avisarles que no era la persona buscada, que debían llevarlo a la fiscalía. Allí finalmente, fue liberado.

Ibarrola comentó en una entrevista: “(…) soy un hombre de trabajo, me podrían haber arruinado la vida”, mientras su cara dejaba traslucir el miedo que sintió. El gobierno de Horacio Rodrigo Larreta aduce un “error de carga”.

Si no fuera porque este chiche vigilante ya le viene amargando y perjudicando la vida a varias personas, sería un muy mal chiste.

Un lector de esta página dice que esta tecnología debería llamarse “la Gran Hermana”, ya que es Patricia Bullrich la que se desvela pensando cómo mejor vigilar a grandes sectores de la población.

Pasa que el gobierno macrista en estos temas gusta seguir como sombra al cuerpo, los pasos del Gran Hermano imperial. Estados Unidos por decisión de Trump utiliza desde el año pasado, en la frontera con México la misma tecnología contra los migrantes.

Pero hay que admitir que no son los precursores. El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, ya había implementado algo similar en Tigre.

Así detienen personas al boleo, pero eso sí, con… ¿tecnología de punta?

2.8.2019

Parate para las plataformas delivery en la Ciudad de Buenos Aires. El juez Andrés Gallardo ordenó suspender toda actividad a Glovo, Rappi y PedidosYa. Luego de reiterados accidentes, el juez determinó que todo el personal deberá tener al menos los efectos mínimos de seguridad. Ya no podrán enviarse trabajadores y trabajadoras sin casco ni bandas refractantes o con la caja a cuestas en la espalda. Mientras, en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores seguirán pedaleando sin los elementos de seguridad.

El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, a cargo de Andrés Gallardo, ordenó suspender la actividad de las empresas de deliverys Rappi, Glovo y PedidosYA que funcionan mediante apps. A partir de hoy no podrán realizar envíos en la Ciudad de Buenos Aires y  habrá sanciones desde 10 mil pesos y decomiso de mercadería a cargo de bromatología por cada infracción que se detecte.

Las empresas vienen siendo denunciadas por la precariedad y el no reconocimiento como trabajadores a su personal. Los y las jóvenes que trasladan y entregan los pedidos lo hacen en bicicletas y motocicletas, a veces sin los mínimos requerimientos de seguridad. El sábado pasado, un repartidor de 63 años fue arrollado por un vehículo y la empresa se preocupó más por la entrega que por el estado de salud, lo que evidenció la situación laboral.

Ante el incumplimiento empresarial desde hace más de siete meses para regularizar al personal, el magistrado ordenó el parate de toda actividad y estableció dos días de plazo para que se haga la entrega de un listado de todo el plantel laboral, así como una constancia de haber entregado a la totalidad del personal los implementos de seguridad vial exigidos por ley (casco, indumentaria para visualización nocturna, fijación de caja en rodado) y que los costos no sean cobrados a los trabajadores bajo ningún concepto. También se exige la acreditación de la libreta sanitaria vigente, junto con constancias de regularidad laboral y cobertura de seguros y ART.

La solicitud de la resolución cautelar estuvo a cargo de la Asociación de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) y tiene por objetivo que las empresas regularicen las prestaciones de las empresas conforme el marco legal vigente. Los objetivos: impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores; prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos y prevenir y evitar la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos.

Cabe señalar que las plataformas fueron denunciadas reiteradas veces por la persecución política que sufrían los y las trabajadoras en cada internto de organización. El 18 de julio la empresa de delivery Rappi pagó una multa dispuesta por la justicia porteña, pero se negó a desbloquear a 3 trabajadores despedidos. Los operarios cesanteados forman parte de la comisión directiva de la Asociación de Personal de Plataformas.

1.8.2019

Matías Lammens y Gisela Marziotta se reunieron con el colectivo Habitar Argentina en la UMET con el fin de dialogar sobre las situaciones de vivienda que hay en la Ciudad de Buenos Aires y pensar así una solución a 1 de cada 3 porteños. “El alquiler no es un estadio transitorio hacia la posibilidad de ser propietario”, expresó el candidato a jefe porteño por el Frente de Todos.

El candidato a jefe de gobierno Matías Lammens y la candidata a vicejefa Gisela Marziotta se reunieron en la UMET con el colectivo Habitar Argentina para pensar una política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Con el fin de contener a los inquilinos y favorecer el acceso a la vivienda, los candidatos junto con Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudio y Acción por la Igualdad (CEAPI) y el Centro de Estudios Metropolitano (CEM) trabajaron sobre un documento en conjunto para pensar políticas, estrategias y soluciones a los 3 millones de porteños.

Lammens propuso que se implemente “un fondo de desarrollo que permita el acceso a la vivienda y que pueda bajar el precio del metro cuadrado”. Uno de cada tres porteños alquila y en los últimos 20 años el porcentaje de inquilinos en la Ciudad aumentó un 30%. “En la mayoría de los casos el alquiler no es un estadio transitorio hacia la posibilidad de ser propietario. Hay que poner en marcha una política pública integral de vivienda”, expresó el candidato por el Frente de Todos.

Por otro lado, la candidata a vice jefa expresó la necesidad de hacer un censo de inquilinos: “No hay cifras oficiales del Gobierno para saber cuánta gente alquila y es fundamental contar con esos números para implementar soluciones”. Y allí puntualizó Marziotta: “El 60 por cierto de las denuncias que recibe la Defensoría del Inquilino, corresponde a mujeres con hijos, jefas de hogar, que explican que después de pagar el alquiler y los servicios, no les alcanza para cubrir la canasta básica. Esta es una muestra de la crisis que vive la Ciudad y por eso tenemos que trabajar y proponer soluciones y políticas concretas para alcanzar condiciones de acceso a la vivienda más justas”