¿Golpe al negocio inmobiliario macrista?
19.2.2020
Mediante un decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional anuló la cesión de 31 bienes a la Ciudad de Buenos Aires, la cual había sido dispuesta por la gestión de Mauricio Macri en cercanías a la finalización de su mandato.
El decreto 145/2020 deroga el artículo 23 de la ordenanza 1382/12 por el que se facultaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a cancelar deudas del Estado Nacional o cumplir con asistencia financiera con bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino.
“Esto no significa que se haya anulado alguna venta o transferencia de Nación a Ciudad”, aclaró Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y agregó: “Pero el hecho de que se conforme una estructura y un plan de investigación en relación a las transferencias de Nación a Ciudad en los últimos dos años es muy importante porque de allí saldrían las medidas y las formas de recuperar la tierra pública”.
Desde 2015 hasta ahora se autorizó la venta de más de 150 inmuebles a nivel nacional a través de 11 decretos firmados por Mauricio Macri. También se vendieron tierras por decisión del Jefe de Gabinete. Hoy, el Estado nacional reconoce que los convenios firmados en noviembre con la Ciudad violaron la ley de Responsabilidad Fiscal que prohíbe la venta de inmuebles en los últimos seis meses previos al final de mandato.
Con este decreto, la AABE deberá revisar en un plazo no mayor a 60 días la legalidad de cada una de estas ventas y determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales.
“Esto va cercando las posibilidades de venta en la Ciudad de Buenos Aires de los predios recibidos por Nación, va a generar dudas en los propietarios que compren esos terrenos, o puede que también genere una aceleración de parte del gobierno de la Ciudad por vender esas tierras e ir complejizando la temática”, manifestó el abogado.
Hay un paso dado. Aún está por verse si se pretende ir a fondo, frenar el robo de nuestros bienes y enjuiciar a los ladrones. En todo caso seremos los afectados, es decir los ciudadanos, los que tenemos la última palabra.