Kicillof-Rodríguez Larreta: tensiones de frontera en el AMBA
19.5.2020
Por Walter Moretti
La flexibilización de la cuarentena dispuesta por el jefe de Gobierno porteño despertó la reacción de los funcionarios bonaerenses. La propagación del virus en las villas y asentamientos del conurbano, mientras crece la pobreza y se dificulta el abastecimiento de alimentos.
La apertura establecida por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, y centralmente la apertura de comercios y la habilitación de salidas recreativas para las familias levantaron polvareda en el gobierno de Kicillof.
“Ante la mayor cantidad de casos, como se ve en Capital Federal, lo lógico es reducir la circulación. Abrir comercios aumenta el peligro” disparó el viceministro de Salud de la provincia. Los intendentes, particularmente los sureños de la Tercera Sección, también sumaron sus críticas: “Van al foco del contagio y vuelven a nuestros distritos”, le dijeron al gobernador. Según distintos informes, el 48,5 % de la mano de obra de las actividades permitidas por el gobierno porteño viven en el Gran Buenos Aires. Mientras tanto, en la zona norte, tanto los intendentes peronistas –algunos de ellos más cercanos al presidente- y de Juntos por el Cambio acordaron ciertas flexibilizaciones graduales en la actividad comercial y otras.
Si bien la cercanía y la circulación existente entre los 24 distritos del conurbano y CABA -los integrantes del Área Metropolitana o AMBA- son un hecho real que puede llegar a potenciar las consecuencias epidémicas producto de la apertura de la cuarentena y la supuesta proximidad del “pico” de contagios, la reacción del kirchnerismo bonaerense también tienen el objetivo de pegar sobre el aliado principal, reivindicado y encubierto, por Alberto Fernández. Hace un par de semanas atrás en una reunión realizada en la quinta de Olivos Cristina Kirchner habría recriminado al presidente por dejar correr las campañas mediáticas contra el kirchnerismo. Como escribió un periodista del sitio Letra P: “hay ruido en la ´Triple Alianza´ del AMBA”. Pero cabe aclarar que se mantiene el acuerdo en lo esencial: que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo pobre.
Villas y asentamientos, una realidad indignante
El alarmante y predeciblemente anunciado crecimiento de la expansión del coronavirus en las villas porteñas, especialmente en el Barrio Padre Mujica –Villa 31- donde ya superan los 800 casos y se sufrió la muerte de dos referentes sociales del barrio, es un verdadero crimen social. A pesar del discurso del oficialismo y sus medios afines para diferenciarse, la Ciudad de Buenos Aires no es un país aparte, y las responsabilidades en esta situación son compartidas por Rodríguez Larreta y Alberto Fernández.
Kicillof anuncia planes de monitoreo y hasta hablan de sistemas de geolocalización (pareciera que el gobierno le agarró el gusto al control de personas); despliega destacamentos de voluntarios, pero la realidad es que hasta el día de hoy solo se testearon cuatro villas y asentamientos de los casi mil que existen a lo largo del conurbano. Allí habitan alrededor de 420.000 familias en condiciones de hacinamiento, muchas veces sin servicios básicos. Esta semana se realizarían en otros tantos test. Así las cosas, se corre el peligro serio de que el virus se extienda y que la caótica situación que hoy vemos en la ex Villa 31 sea solo un triste anticipo de lo que vendrá.
Durante la tarde del martes el gobernador realizará una videoconferencia para informar sobre el “Protocolo de Intervención para barrios populares”; no se puede perder más tiempo es urgente aplicar un plan masivo de testeos para evitar nuevos crímenes sociales entre los y las pobres del conurbano. Es necesario convocar a las organizaciones de profesionales y trabajadores de la salud para planificar controlar y garantizar su efectividad.
Un “cordón desatado”
La mitad de los casos de coronavirus se encuentran en el segundo cordón del conurbano que integra a los distritos de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Tigre, Ituzaingó, San Fernando, José C. Paz, San Miguel y parte de La Matanza.
Este dato no es casual. Allí viven unas 7 millones de personas, y abarca la región que más se empobreció durante las últimas décadas. No por casualidad en muchas de sus localidades surgieron los movimientos de desocupados más numerosos durante la crisis del 2001. La situación no ha dejado de empeorar, y años atrás varios analistas lo han denominado “el cordón desatado”
En el Segundo Cordón el hacinamiento es mayor; tuvo un crecimiento demográfico acelerado (3,5 habitantes/km cuadrado) que profundizó la falta de infraestructura sanitaria. Se trata de un ambiente de pobreza apto para el virus y donde, como en todo el conurbano, la asistencia alimentaria es insuficiente, sobre todo luego de la crisis de sobreprecios del Plan Alimentar, el “gran plan” anunciado por el gobierno al comienzo de la pandemia que quedó averiado desde el arranque. La llegada del virus a los barrios populares de los distintos países de América Latina está a la vista, y en este mismo momento presenciamos a pobladores pobres de Chile que exigen alimentos y son reprimidos por los carabineros. Antes había ocurrido en distintas ciudades de Bolivia.
Pandemia y pobreza
Cientos de miles de trabajadores informales llevan dos meses sin percibir ingresos, y solo una reducida parte de ellos y ellas han recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10 mil una sola vez, para cubrir a todo el grupo familiar. ¡Realmente miserable!
Distintos analistas señalan que este hecho por sí solo ha elevado la pobreza un 5 %, y que solamente en el primer semestre la pandemia podría llevar el nivel de pobreza a entre un 45 y 50 % de la población del conurbano.
Un reciente documento publicado por el IDEP (Instituto de Estudios sobre Estado y Participación) establece que hacia finales del 2019 el 10 % de los más ricos de la provincia se quedaban con el 25 % de los ingresos, y que el 10 % más pobre hacía lo propio solamente con el 2 %. Esta obscena desigualdad social seguramente crecerá más aún en tiempos de pandemia.
Esa minoría de empresarios y terratenientes multimillonarios tiene que pagar la crisis. Pero los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof no solo siguen escondiendo el supuesto proyecto de impuestos a las grandes fortunas, sino que también les subvencionan parte de los salarios de sus empleados, cosa que no pierdan ni un centavo de sus abultadas ganancias.
El FIT-Unidad presentó un proyecto en el Congreso Nacional para crear impuestos a las grandes fortunas, a las ganancias de los Bancos y de los grandes productores agropecuarios, en vista a responder, entre otras necesidades urgentes que impone la pandemia, un salario de cuarentena de $ 30.000 para todos y todas las que se quedaron sin ingresos y un verdadero plan de viviendas y obras públicas que resuelvan definitivamente las necesidades de infraestructura y de urbanización real de villas y asentamientos, ocupando para este fin a mano de obra desocupada.
