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Paro en la Línea 144 de asistencia por violencia de género de la Ciudad

20.5.2020

Por Alfonso de Villalobos

En el marco de la cuarentena el gobierno porteño dispuso la rotación de profesionales para ampliar las dotaciones de la línea de contención para mujeres sometidas a situaciones de abuso. Ahora pararon porque todavía no les habían pagado el sueldo. Sin embargo, en la tarde del miércoles se conoció un comunicado que señala lo siguiente:

LEVANTAMOS EL PARO. Las trabajadoras contratadas bajo la modalidad de asistencia técnica de la línea 144 CABA, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA levantamos el paro que venimos llevando ya que en el día 19 de mayo por la tarde nos han depositado nuestro sueldo. Continuamos con nuestro reclamo por la modalidad de contratación en la que nos encontramos. Nos encontramos terciarizadas por convenio de la UBA, por lo que nuestros derechos laborales se encuentran vulnerados. Reclamamos por nuestros derechos laborales y el cambio de nuestra situación de contratación.
Las medidas de aislamiento social obligatorio generaron un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. El encierro y la crisis económica agudizan dramáticamente las contradicciones sociales que, en definitiva, son la raíz del cuadro de violencia a la que son sometidas las mujeres y las disidencias en la Argentina y en el mundo.
El incremento del flagelo era previsible a la luz de lo ocurrido en otros países así como por la evidente mayor exposición horaria del género femenino a la violencia doméstica. Por ese motivo, desde el ejecutivo porteño, se dispuso la rotación de profesionales de la Dirección General de la Mujer afectadas tradicionalmente a otras tareas y ahora laborando bajo la modalidad de teletrabajo, hacia la atención de esa línea de emergencia.
Sin embargo, la precarización laboral que abunda en el Estado en todos sus niveles se puso de manifiesto a poco de andar y, ahora, compromete la atención de las personas expuestas a la problemática. Es que las trabajadoras afectadas, mayormente psicólogas y trabajadoras sociales recibidas o cursando los últimos años de sus carreras, se encuentran contratadas bajo la modalidad de asistencia técnica que rige los convenios entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las universidades.
Se trata de una forma de contratación laboral precaria que soslaya el vínculo entre el empleado y el empleador real, en este caso la Dirección General de la Mujer, para transferirlo a las instituciones educativas. De este modo, si bien se trata de monotributistas, cuentan incluso con menos derechos y cobertura que esas otras modalidades laborales también precarias de la ciudad como el contrato de locación de servicios donde, al menos, la contraparte formal es el GCBA.
Las trabajadoras que asisten casos de violencia de género denuncian que, paradójicamente, ellas mismas están siendo sometidas a una situación de violencia laboral por parte del Estado. Es que, más allá de la vulnerabilidad contractual, la ausencia de obra social y la inestabilidad laboral que padecen, por segundo mes consecutivo sufren un atraso en el pago de sus haberes.

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