Comunicadores del Sur

22.5.2020

Patricio Abalos Testoni

Frente al avance del virus Covid 19 el Gobierno porteño utiliza los súper poderes que le votó Legislatura e implementa el programa de “Servidores Públicos”. Una medida marketinera que reasigna tareas, obligando a trabajadores del GCBA a participar de operativos aun cuando se encuentran en grupos de riesgo o con personas a cargo.

El crecimiento de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más alarmante, sobre todo en villas y asentamientos. En paralelo el Gobierno porteño flexibilizó la cuarentena sobre todo por la presión de grupos empresariales. Frente a esta situación crea el programa “Servidores Públicos” con el fin poner al Estado “al servicio del acompañamiento de la transformación cultural de la comunidad en su conjunto” como se expresa en el Boletín Oficial del Decreto.
La resolución RESFC-2020-20-GCABA-MJGGC refiere que el Programa tiene como fines el “apoyo a las acciones de concientización, distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos” por lo que “requiere que aquellos recursos humanos que pudieran ser puestos a disposición, siempre que no estén alcanzados por las eximiciones dispuestas en el Decreto 147/20, (Salud, Seguridad y Desarrollo Humano y Hábitat) puedan ser reasignados en forma transitoria y excepcional a dicho Programa”. Aun así puede reasignar trabajadores dentro de las áreas esenciales, por lo que dentro de estos sectores también están viviendo reasignaciones de tareas.
A partir de la publicación de esta medida, lo que se empezó a vivir en el Gobierno de la Ciudad aprietes de los funcionarios en “reasignar” a los miles de trabajadores (o recursos humanos como expresa el GCBA en lenguaje empresarial) de una forma desesperada, sin importar mucho la tarea, el cómo, el dónde, ni el cuándo. Entonces lo que está sucediendo es que las reasignaciones quedan en la discreción de los directivos y ya hay numerosos casos en que se dan tareas sin importar si los trabajadores forman parte del grupo de riesgo o que tienen a cargo a personas de dicho grupo; o se los quiere colocar en tareas que nada tienen que ver con las habituales, sin ninguna capacitación, y sin los elementos de protección necesaria.
Estos aprietes surten más efecto sobre los miles de trabajadores contratados, que tiene que optar entre el miedo al contagio o el miedo a ser despedidos. Además de no contar ni siquiera con ART por su precariedad laboral.
Como se podía prever, ya hay trabajadores contagiados por el virus Covid-19 que habían sido reasignados desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a hacer hisopados a las villas. Los propios trabajadores del IVC denunciaron que los mandan a los operativos donde están siendo testeadas las personas en las villas, con un solo barbijo para 8 horas de trabajo cuando tienen una duración de 2 o 3 horas; con unos camisolines que son descartables pero increíblemente en los operativos los reutilizan. Además en ningún momento son capacitados para ejercer tareas relacionas a la salud y no hay protocolos para manejarse.
Era una cuestión de tiempo que en estas condiciones, algunos de los trabajadores iban a terminar contagiados por coronavirus. Pero crece la bronca e indignación porque era evitable si se hubiesen tomado las medidas sanitarias necesarias.

Los trabajadores y los más necesitados doblemente expuestos al virus en estas condiciones

Se están enviando a los trabajadores a lugares donde hay alta posibilidad de contagio, como las villas, asentamientos, hogares o paradores, sin los insumos necesarios para la prevención y sin ninguna formación para hacer tareas de salud.
Pero además los trabajadores denuncian cómo son los operativos. Las personas con las que se trabaja están siendo doblemente expuestas. Por ejemplo en las villas, donde las personas son testeadas, después son agrupadas todas juntas, entonces si no tenías el virus previamente, podes contagiártelo mientras esperas el resultado. En estas condiciones los trabajadores están casi sin insumos e incluso en espacios donde no se puede respetar el distanciamiento social que se requiere en este contexto.
Sumado a todo esto, se van cambiando los lugares de trabajo, por lo que se fomenta la circulación de las personas. Dependiendo el día son reasignados a distintos operativos en distintas villas, por lo que si alguno se contagia, puede estar trasmitiendo el virus a distintos puntos de la Ciudad.
También una trabajadora del GCBA nos relataba que estuvo en el Parador Retiro (que luego cerró por 90 casos positivos) y después las pusieron a atender personas en un Cesac, exponiendo al resto de los trabajadores y a las personas que atendía.
Por lo tanto la vulnerabilidad con la que obligan a trabajar a miles de municipales, no solo expone a los propios trabajadores, sino a las personas con las que trabaja, a sus familias e incluso a trasmitirlo en el transporte público, porque ni donde viven se tiene en cuenta para la reasignación de tareas.
Los trabajadores también advierten que en algunos espacios no hay demasiadas tareas para hacer, sino que es colocarlos allí para que se los vea, es decir con un fin más marketinero que para suplir una función esencial. Muchas veces ni siquiera se los convoca para tareas esenciales, aunque si están al lado de posibles casos.
Por si fuera poco la resolución permite “modificar los horarios habituales de trabajo o prestación de servicio” como si esto no afectara la vida de las personas. Cabe destacar que muchos de los trabajadores tienen más de un trabajo para suplir los salarios del Gobierno porteño que rondan los 30 mil pesos y están lejos de cubrir la canasta básica familiar.

Los más precarizados son los más “voluntarios” para el Gobierno porteño

Todo esto en la práctica ya lo vimos desde el principio de la cuarentena, con los “voluntarios que presentaba Larreta que en verdad eran trabajadores obligados a prestar tareas bajo amenazas directas de los funcionarios, como se pudo escuchar en audios que se difundieron. Incluso abusaban de la fragilidad de contratación de los tercerizados y de locación de servicio para mandarlos a trabajar sin ninguna capacitación en áreas que no tenían nada que ver con sus funciones. Lo que ahora se potencia es que las tareas que se obligan a hacer son más riesgosas y con menos recursos. Encima ya hay casos de despidos para los que se negaron.
La bronca de los trabajadores crece al leer los fundamentos de la medida, que implica que sus tareas tratan de una “transformación cultural” cuando son los que mejor conocen las condiciones que viven miles en la Ciudad porque trabajan todos los días con los más necesitados.
El crecimiento de casos positivos en las villas y asentamientos o entre las personas en situación de calle, no es por cuestión cultural sino estructural, donde las políticas nunca benefician a los que tienen menos recursos, que no pueden acceder a servicios de salud de calidad o a trabajos bien remunerados, o vivir en condiciones dignas. Hay miles de Ramonas en las calles que ni tienen agua potable y están totalmente expuestas al coronavirus y sobre todo a la pobreza.
Es justamente por esto que si se quiere hacer bien una medida así, debería estar la organización en manos de los propios trabajadores; que puedan armar tanto los protocolos preventivos como en casos de positivos, teniendo todos los recursos necesarios, con el asesoramiento de especialistas de la salud, y no depender de funcionarios que sacan a los trabajadores a la calle para que se vean más chalecos amarillos dando vuelta.
Sin embargo no hay una mínima consulta a los trabajadores para organizar las tareas y funciones, y solo están llegando directivas de donde presentarse, sin ninguna otra capacitación. Es claro que las políticas del Gobierno de Rodríguez Larreta están atravesadas más por la presión empresarial de no tirar atrás la flexibilización de la cuarentena que por las necesidades de la mayoría.
Por lo tanto los trabajadores son los que saben que frente al avance de la pandemia se necesitan recursos y políticas estructurales y que este programa de Servidores Públicos es solo una maniobra que termina dejando a miles expuestos al contagio, e incluso poniendo en riesgo sus vidas, con tal de aparentar una política activa. Ya se ha visto que los propios trabajadores fueron los que voltearon la Ley de residentes y concurrentes el año pasado, por lo que hay fuerzas para enfrentar este ataque, exigiendo a las conducciones de Sutecba que deje la complicidad histórica con el GCBA y a ATE que salga de su pasividad, para hacer caer esta medida marketinera.