Comunicadores del Sur

11.12.2016

A lo largo del año hubo dos hechos políticos que se erigieron como el paradigma de la política del Gobierno en la Ciudad: el traspaso de la Policía Federal y la sanción de la mega ley de seguridad.

Paolo Zaniratto

Abogado | CeProDH

La significancia del traspaso de la Policía Federal Argentina

Aunque el gobierno Nacional y el de la Ciudad hablaron del traspaso como una mera cuestión administrativa y los medios de comunicación concentrados han apañado esta idea, la realidad es que hay implicancias políticas aún no resueltas y un fortalecimiento del aparato policial que es el preludio de mayor represión y persecución penal a los sectores más vulnerables.

El traspaso de un sector de la Policía Federal (PFA) a la jurisdicción de la ciudad se dio, como lo vimos a lo largo del primer año de gobierno, en el marco de un avance en el fortalecimiento y organización de las fuerzas de seguridad: mayor presupuesto, mayor concentración territorial, mayor equipamiento y mayor especialización. Este fortalecimiento quedó en evidencia con el dictado de la Emergencia en Seguridad a nivel nacional. La propia ministra, Patricia Bullrich, había manifestado en ese momento que “el concepto de la emergencia es en sentido amplio”, dejando en claro que la medida implica una mayor discrecionalidad. Al mismo tiempo sostuvo que la declaración de emergencia permitirá fortalecer “la presencia del Estado en los lugares más peligrosos”. En palabras del macrismo, un eufemismo para saturar de presencia policial los barrios populares cuya vigilancia permanente ya implica una mayor persecución a los sectores más pobres.

La dedicación de la PFA a las cuestiones locales, en una Buenos Aires que es epicentro de una vasta serie de reclamos y demandas, tanto del resto del país como de la propia Ciudad, tiene su correlato en la política de “piquete cero” prometida por Macri antes de asumir y manifestada por la ministra de Seguridad a principios de año con el “protocolo antipiquetes” y que ahora el diario Clarín brama por su aplicación. Tengamos en cuenta que con un pronóstico para 2017 de una profundización de la caída de los índices económicos, con perspectiva de mayor desempleo y con la idea del gobierno nacional de hacer retroceder las conquistas de la clase trabajadora modificando los convenios colectivos de trabajo, la Ciudad de Buenos Aires está siendo sitiada por las Fuerzas de Seguridad para dar una respuesta a esta conflictividad social que nadie puede descartar que se dé con mayor intensidad el próximo año a pesar que es un año electoral.

El diputado del PTS-FIT Patricio del Corro había manifestado en el momento del traspaso que: "no extraña en este contexto la decisión urgente de realizar el traspaso. Lo que se busca es concentrar y reforzar el aparato represivo del Estado en la Ciudad. No olvidemos que las fuerzas de la Policía Federal que se traspasan ahora se dedicarán exclusivamente al delito en la Ciudad. A esto hay que sumar que el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, acaba de renovar la concesión a las empresas privadas que cumplían tareas de vigilancia y seguridad en distintas zonas de la Ciudad, supuestamente porque no contaban con la Federal. El traspaso sólo puede traer el aumento del control social sobre los sectores más vulnerables, los pobres y la juventud y preparar las condiciones para reprimir aún más la protesta social. No nos olvidemos que a la trayectoria criminal de años de la Federal el macrismo ha erigido como "modelo" a la Metropolitana, una policía que en su corta vida ya tiene un frondoso prontuario delictivo. Integrada su cúpula por represores que provienen de la dictadura militar y por exonerados de la propia Policía Federal, es experta en espiar a los maestros, en reprimir a los pobres como en el barrio Papa Francisco, y en el gatillo fácil".

La mega ley de seguridad

Recordemos que el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ley producto del convenio firmado a principios de año entre Macri y Rodríguez Larreta cuando justamente se dispuso el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

La sanción de esta mega ley de seguridad en la legislatura, que contó con el apoyo cómplice de todos los bloques de la oposición menos de los legisladores de la izquierda, implica un mayor cercenamiento a las libertades democráticas para todos, pero también mayor criminalización para los sectores más vulnerables: los jóvenes pobres y los niños, niñas y adolescentes. Los últimos casos de torturas sobre menores de edad no hacen más que dejar en evidencia el rol policial en este sistema. Es importante remarcar que cuando nos referimos en nuestras denuncias a un sistema penal de clase, hablamos justamente de estos criterios selectivos de persecución y criminalización. Puntualmente, esta ley viene a legalizar un sinfín de situaciones que ya se venían dando y que en la mayoría de los casos la justicia de la Ciudad venía convalidando, ya sea desde el fallo del Tribunal Superior de Justicia que amplía notablemente las potestades policiales para detener personas con el único justificativo del “olfato policial”, como también el fallo que autoriza a las Fuerzas de Seguridad a usar las pistolas Táser, a pesar que son consideradas un elemento de tortura en el ámbito internacional. Esta ley planea además de legitimar la saturación policial con más de 30.000 efectivos, incorporar todas las cámaras privadas de vigilancia y sumar nuevas para cubrir todo el territorio de la Ciudad, transformando Buenos Aires en un Gran Hermano policial.

La ley plasma una política deliberada de control social sobre los sectores populares de la Ciudad sin atacar a las mafias de la ciudad vinculadas al narcotráfico o la trata de mujeres. Buenos Aires necesita más escuelas, más viviendas, no más cámaras de seguridad ni más policías.

Planean instalar cámaras por toda la ciudad y sumar todas las cámaras que ya están en funcionamiento. Esta “utilización del espacio público” tiene el objetivo de crear un “Gran Hermano” descomunal de vigilancia y control. Las cámaras de vigilancia privada se integran al sistema de videovigilancia pública expandiendo por lo tanto toda la capacidad de monitoreo en forma descomunal. El monopolio de la información obtenida queda en cabeza del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de control. Estamos, por lo tanto, ante la concentración de un poder enorme que deja en evidencia un paradigma de vigilancia total. Al mismo tiempo no podemos dejar de mencionar que la inteligencia ilegal realizada, ya sea por fuerzas provinciales o del Estado nacional, en el seno de organizaciones políticas, populares y de Derechos Humanos implica una persecución política y criminal que es la cara más nefasta de este sistema de vigilancia total que mediante la mega ley quieren legalizar. Es el escándalo de las escuchas del Fino Palacios y Ciro James multiplicado exponencialmente.

Durante este año desde nuestra banca del PTS-FIT con Patricio del Corro y el CeProDH hemos denunciado de conjunto esta política, tanto la del traspaso como esta mega ley, al mismo tiempo recordemos que se ha presentado un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad brinde datos sobre los genocidas que prestaron servicios en la última dictadura militar y que ahora son parte de la Policía Metropolitana. Como era de esperar, aún no han contestado este requerimiento y la razón es muy sencilla; no pueden explicar porqué necesitan personal policial con formación militar para una fuerza que según ellos era de proximidad y vecinal. Por eso, siguiendo con esta lógica, ahora mediante esta ley dejan explícitamente establecido la posibilidad de que personal proveniente de las Fuerzas Armadas integren la nueva policía, es claramente una lógica totalmente reaccionaria.

La ley plantea además que la seguridad privada articula su actividad con el resto del Sistema de Seguridad Pública. Eso eleva la cantidad de personal involucrado exponencialmente. Si tenemos en cuenta que ya hoy la Ciudad de Buenos Aires está militarizada, con 30 mil efectivos de las distintas fuerzas de "seguridad" para las 12.255 manzanas. Esto significa que haya 2,5 policías por manzana y si le sumamos los 50.000 uniformados de las empresas de seguridad privada llegamos a 6,5 por manzana, terminando de consolidar a Buenos Aires en una de las ciudades con más personal de seguridad del mundo.

La clave del programa de seguridad de esta ley es la mayor presencia policial que transformará los barrios en verdaderas cárceles a cielo abierto que además se articula con el traspaso que ya hemos descrito. Ya lo vimos con las torturas y vejaciones que sufrieron Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro en la Villa 21-24 por parte de la Prefectura en septiembre, pero ya es algo que se viene sufriendo hace años en la Capital, especialmente en la zona sur. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) señaló recientemente que la Policía Federal es la institución que reúne mayor cantidad de denuncias por simulacros de fusilamiento, uso de la picana, golpes y amedrentamientos, entre las formas de la violencia a niños y adolescentes.

Esta ley es un retroceso enorme en materia de derechos democráticos para todos, y en particular para los sectores más vulnerables, los pobres y los jóvenes, niños y adolescentes y es lo que vamos a seguir denunciando desde el Frente de Izquierda.

9.12.2016

Marcelo Ramal, diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda, se refirió a la muerte de un operario de 21 años en la línea H, mientras realizaba una tarea de mantenimiento eléctrico en el taller Colonia: "Exigimos que comparezcan a la Legislatura el presidente de SBASE y el subsecretario de Trabajo, a fin de qué den cuentas de su responsabilidad y la del concesionario".

“Estamos ante otro episodio en una larga saga de accidentes fatales en el subte. Concretamente,  ha muerto un trabajador por año en el último lustro. La razón es muy clara: la empresa se niega a cumplir con el protocolo de seguridad e higiene que han propuesto los delegados, y las autoridades miran para otro lado. Justamente en el día de ayer, una delegación del sindicato AGTSYP sostuvo una audiencia en la Secretaría de Trabajo, junto a miembros de la policía del trabajo y representantes de la empresa.  Allí, por enésima vez, Metrovías rechazó adoptar el protocolo reclamado por los trabajadores. Las consecuencias fatales llegaron tan sólo 24 horas después”.

“Estamos ante la expresión más brutal de una concesión que coloca sus beneficios por encima de la vida de trabajadores y pasajeros.  Nuestro bloque ha llevado a la Legislatura numerosas evidencias de esta desidia, que no han querido ser tratadas por el oficialismo. Ante esta nueva muerte, exigimos que comparezcan a la Legislatura el presidente de SBASE y el subsecretario de Trabajo, a fin de qué den cuentas de su responsabilidad y la del concesionario”. “Metrovías debe cesar en la concesión del subte, e iniciarse una investigación independiente sobre esta concesión ruinosa, renovada a costa de tarifazos y complicidades oficiales” finalizó Ramal.

8.12.2016

La Legislatura porteña sancionó una ley contra el acoso callejero que prevé penas de hasta $1000 o 10 días de trabajo social contra las personas que “hostiguen, maltraten o intimiden” y que “afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de las personas basados en su condición de género, identidad y/o orientación sexual”. Los “piropos” entran dentro de las acciones prohibidas en la nueva normativa. 

Todas las mujeres escuchamos alguna vez un comentario sobre nosotras en la calle. Sea dirigido explícitamente, hecho por lo bajo, o entre hombres. Alguna vez nos dijeron que éramos lindas, nos dijeron groserías o nos hicieron sentir mal por nuestra ropa, forma de ser o simplemente por nuestra identidad sexual.

En los últimos años creció la visibilización de los mal llamados “piropos” como una forma más de violencia y se escuchó, por primera vez, la voz de quienes no nos sentimos halagadas si no, más bien, incómodas.

Tiempo atrás, los medios recogieron estos debates y hasta el ahora Presidente Mauricio Macri entró a la discusión y dijo estar a favor de los “piropos” porque “a todas las mujeres les gustan que les digan un piropo. Por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien”.

En la Ciudad de Buenos Aires trascendieron este año casos de masturbaciones en el subte. Los casos de este tipo son numerosos y llegan a menudo hasta las fiscalías porteñas, donde en el primer semestre del año se recibieron 72 denuncias. Si bien muchos pensarán que éstas son situaciones extremas, son más comunes de lo que parecen y están también vinculadas con las exhibiciones obcsenas en las calles que completan la imagen general para entender de qué manera somos tratadas las mujeres en la ciudad y en nuestra vida diaria.

Las campañas llevadas adelante por organizaciones de mujeres evidenciaron que este tipo de prácticas son comunes a todas (incluídas las niñas) y permitió romper el silencio poniendo el debate sobre la mesa. La ley que sanciona el acoso sexual callejero es un avance para continuar cambiando la cultura machista y promover el respeto y la no discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

7.12.2016

Lxs Trabajadorxs del Subte y Premetro repudiamos el comunicado de Metrovías vinculado a la muerte de un trabajador ocurrida en la madrugada de hoy en el Taller Colonia. Por el mismo la empresa intenta salvar su responsabilidad afirmando que existen protocolos actualizados y que el personal está capacitado para su aplicación. De esa forma da a entender que lo que ocurrió  fue por responsabilidad de nuestro compañero.

Por ley la responsabilidad de la empresa es tomar las medidas de prevención que sean necesarias  para que los accidentes no ocurran, eliminando las condiciones inseguras existentes en las tareas, algo que obviamente no está haciendo cuando ya ocurrieron seis muertes en los últimos años. Todos los accidentes son evitables. Los trabajadores no son los culpables. Matías, como todos sus compañeros, concurrió ayer a trabajar para ganarse la vida, no para perderla.

Si ello ocurrió es porque los protocolos existentes no sirven. Es porque la capacitación que supuestamente se realiza no alcanza. La norma ISO 9001 no tiene relación con la salud o seguridad laboral y su mención en el comunicado demuestra que la única preocupación de la empresa es quedar otra vez impune ante esta nueva muerte. Las Condiciones Inseguras existentes en las tareas del subte son las que desencadenan los accidentes y los trabajadores sólo son sus víctimas.

Por eso exigimos en nuestra propuesta, hasta ahora ignorada por la empresa,  de aprobar un nuevo protocolo, que se implemente un sistema preventivo de alertas y recaudos, con planes de inversión, que eliminen las condiciones inseguras y eviten nuevos daños. Nos mantenemos en Estado de Alerta

SECRETARIADO EJECUTIVO

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETROnt-weight:bold'>La resistencia de la empresa en aplicar el protocolo de seguridad sobre trabajos con alta tensión coloca a Metrovías como la principal responsable de una nueva muerte. El lucro empresarial ha convertido al subte en un lugar de alta siniestralidad.

Esto sucede mientras el gobierno macrista, responsable del control del subte, impulsa una reforma de ART que va a aumentar la precariedad de la seguridad laboral.

Compañeros, la lucha por la aplicación del protocolo ya no tiene margen. Las seis líneas del Subte se encuentran paralizadas. La seguridad laboral requiere una respuesta firme e inmediata de los trabajadores, frenando toda tarea riesgosa que atente contra integridad física de los trabajadores.

Proponemos una movilización al Ministerio de Trabajo por:

– JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE TRABAJADORES. EXIGIMOS LA RENUNCIA DE MARCELO GRACIANO, GERENTE DE RRHH.

– POR LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTA TENSION Y DE TODOS LOS RECLAMOS ELEVADOS POR LOS DELEGADOS DE TALLERES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL Y CONDICIONES DE MANTENIMIENTO.

– ABAJO LA LEY DE ART

-CESE DE LA CONCESIÓN DEL SUBTE A LA GERENCIADORA CRIMINAL METROVÍAS

7.12.2016

El diputado del Frente de Izquierda (PO) Marcelo Ramal denunció que “el desvío de la traza de la autopista Illia apunta a dejar las viviendas precarias como están y realizar una urbanización cosmética de la Villa 31. El proyecto no dice una palabra de la construcción de viviendas necesarias para una verdadera urbanización y omite cualquier referencia a las leyes de urbanización de la villa largamente incumplidas. Se trata de una dilapidación de recursos que irán a los contratistas amigos del gobierno y que deberían destinarse a la transformación de la Villa en un barrio. El corrimiento de la autopista y esta pseudo urbanización están enmarcados en la transformación de la toda la zona ribereña en función del capital inmobiliario y nuevos “Puerto Madero” hacia el norte y el sur. Allí está el proyecto de para permitirle a Irsa la construcción de 13 torres al lado de la Reserva Ecológica, la venta de los terrenos ferroviarios de Catalinas Norte y el Paseo del Bajo. El Frente de Izquierda rechaza estos proyectos inmobiliarios especulativos y contaminantes y acompaña la lucha de los vecinos por una verdadera urbanización”.:ES;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>La alarmante situación que ha dejado este año a 11.432 chicos sin vacantes, cifra reconocida por la Ministra de Educación Soledad Acuña, se centra en los jardines de infantes con 10.665 chicos que han quedado afuera. El Gobierno porteño que poco ha hecho este año para solucionar el problema, pretende desguazar un colegio secundario para atender esta demanda. Los pibes y las pibas tienen clara sus demandas y no entran en falsas contradicciones, las pancartas lo indican “Sí al jardín, No a la quita del predio”.