Comunicadores del Sur

22.3.2016

Los datos corresponden a un exhaustivo relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) sobre las fluctuaciones de precios al consumidor y volúmenes de ventas durante el último cuatrimestre. El informe destaca que los productos que más aumentaron sus precios, encabezados por lácteos, panificados y carnes, fueron, en general, los que menos se consumieron. También se informaron cambios notorios en los hábitos de consumo.

Miguel Ángel Calvete, Presidente del organismo de estadísticas explicó que el trabajo de campo se realizó desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 29 de febrero de 2016 inclusive, evaluando el movimiento de precios y los volúmenes de venta de 253 productos de la canasta básica, incluyendo alimentos, bebidas, higiene personal y artículos de limpieza.

Además  reveló que la medición se llevó a cabo sobre un total de 653 puntos de venta, incluyendo 249 Almacenes, 204 autoservicios chinos, 104 sucursales de grandes cadenas de supermercados y 96 ventanas (bocas de expendio de villas y asentamientos), en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Paraná, Córdoba Capital, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Salta Capital, Mendoza y Neuquén.

INDECOM detalló que la leche fluida en sachet por un litro fue el producto que más aumentó su precio en góndola, alcanzando una suba promedio de un 38,2 % y una baja en las ventas del 2,1 %. En tanto, los panificados tipo facturas fueron los productos que más bajaron en sus ventas, registrando una caída del 23,4 %, relacionada directamente con una suba en sus precios del 27,8 %.

Además, el estudio enumeró que el Pan tipo Felipe (8 piezas) que trepó en un 36 % disminuyó su consumo en un 13 %. En este punto, el sondeo aclaró que en el sector de panaderías existe casi un 50% de informalidad, siendo esta medición, realizada en panaderías formalizadas, y con colaboración del Centro de industriales panaderos

Por su parte, los yogures que registraron un alza promedio del 35,4%, bajaron sus ventas entre un 4 y un 11 %, según marca y calidad.

En cuanto a los cortes de carne, que subieron hasta un 34 %, dependiendo de la zona geográfica (CABA 34 %, GBA 30,6 %, Interior 32,4%), las mermas en las ventas fueron de entre el 9 y el 11 % en CABA, de entre el 13 y el 16,2 % en GBA y del 17 al 21,4 en el interior del país.

En este punto, el informe destaca que si se analizan los cortes cárnicos de manera individual, se observa un claro cambio en los hábitos de consumo, demostrando, por ejemplo, que los compradores reemplazaron el Peceto por Falda, la Milanesa de Peceto o Bola de lomo por Cuadrada. También se observó una mayor venta de Churrasco de Paleta, en detrimento de Bifes con Hueso, y que se duplicó el consumo de Carne Picada.

A su vez, los polvos de lavar la ropa aumentaron los precios en un 32,4 % y bajaron sus ventas en un 18,3 %, mientras que otros productos de higiene personal como jabones de tocador y desodorantes que incrementaron sus valores en un 29,7 %, cayeron en su consumo en un 16 %.

Apenas por debajo aparecen los quesos, en todas sus formas, que mostraron una suba de precios del 29,3 %, al igual que los fideos secos que se comercializaron por arriba del 28,7 %. En ambos rubros las caídas en las ventas rondaron el 14 %.

En tanto, el informe detalla que los detergentes subieron un 28 % y perdieron ventas por un 11 %, a la vez que las harinas se fueron para arriba en un 27,2 % y mermaron sus ventas en un 2,3 %.

Un escalón apenas abajo aparecen los productos tomatados, con alzas del 24,5 % en sus costos y con bajas en su consumo del 2,8 %.

Por último, aparecen las galletitas en todas sus variedades que alcanzaron subas de precios de un 17, 4 % y caídas en las ventas del 6,8 %.

Calvete explicó que “el informe también sacó a la luz la cadena de responsabilidades que causaron esas subas durante los últimos 120 días”. En ese sentido, destacó que “los incrementos fueron generados en un 32.5 % desde el ámbito industrial y en un 67,5 % por la especulación de los diferentes canales de comercialización”.

Finalmente, el titular de INDECOM reiteró que “la especulación de muchos sectores ante el cambio de gobierno y el posterior sinceramiento de la economía dispararon los índices y obligaron a los consumidores a disminuir sus compras o a modificar sus hábitos”

15.3.2016

Los docentes del Comercial N° 19 del Distrito Escolar 8 de Caballito, tomaron de forma conjunta la decisión de suspender la implementación de la NES (Nueva Escuela Secundaria). Movilizarán a la Dirección de Educación Media.

La situación del Comercial 19, como todas las escuelas “piloto”, recibió la promesa del acompañamiento, la dotación de recursos e infraestructura y la estabilidad laboral del personal docente a cambio de ensayar la transición hacia la NES. Sin embargo, la realidad fue distinta: desde el principio los docentes y directivos quedamos solos y la estabilidad laboral se desvaneció.

En el primer año se tradujo en recortes y pérdida de horas. A otros profesores se les ofrecieron Proyectos Especiales que, según resolución ministerial, tienen la durabilidad de una cohorte (5 años) y cuya continuidad queda a criterio del Rector, basada en una evaluación sin criterios definidos. Estas horas, que no son frente a curso ni están contempladas como horas extra clase, pueden ser dadas de baja por resolución del Ministerio de Educación.

Este tercer año de aplicación de la NES requiere nuevos ataques a la estabilidad laboral: más pérdidas de horas de trabajo, desmantelamiento de cargos recientemente formados bajo la ley de profesor por cargo y nuevamente la oferta de los proyectos especiales (que ésta vez tendrán una durabilidad de 3 años).

Por su parte, el trayecto de formación en Educación Tecnológica que muchos docentes realizaron a sugerencia del Ministerio de Educación como una estrategia para que pudieran conservar sus horas de trabajo en las materias de creación, resultó ser inútil ya que la Comisión de Títulos no le otorga incumbencia para la materia Introducción a la Tecnología. En similar situación se encuentran los docentes de Geografía que no pueden dar “Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales”.

La precarización laboral

La reforma curricular de la NES del Consejo Federal de Educación Nacional fue rechazada por la comunidad educativa sistemáticamente porque vacía de contenidos, reduce orientaciones, devalúa títulos y profundiza la precarización laboral docente.

En el 2012 en CABA, estudiantes y docentes se movilizaron en las calles para no perder orientaciones y horas de materias específicas. Algunos ataque fueron frenados, pero los gobiernos nacional y de la Ciudad avanzaron con las reformas; en 2014 se aplica la NES en escuelas “piloto” y en el 2015 en todas las escuelas secundarias de la Ciudad. Con la desaparición de materias quedaron docentes cesantes o se vieron obligados a tomar horas EDI (Espacio de Definición Institucional) que son estos proyectos sin estabilidad laboral y que en la práctica no ven regularizado su pago.

Recordemos las tomas de 14 colegios en junio de 2015 en contra de la implementación de la NES que suponía la pérdida de 140 orientaciones por tener que adecuarse a sólo 10, y la persecución posterior del gobierno a los alumnos y docentes que participaron, enviando inspectores a la escuela y telegramas por inasistencia a los padres.

Ahora, los planes socioeducativos nacionales del kirchnerismo como FinES, CAI, orquestas infantiles y otros trabajos precarizados se ven amenazados por el recorte educativo del macrismo: docentes con monotributo o contratos por cuatrimestres, incumplimiento de los derechos estatutarios (licencias, antigüedad, vacaciones), etc. A todos los problemas nombrados hay que sumar los históricos problemas edilicios, la falta de recursos y los cierres de cursos.

Organizar la resistencia en defensa de la educación pública

Para expresar que no están dispuestos a seguir siendo la variable de ajuste, el martes 15/3 los docentes del Comercial 19 estarán presentando en la Dirección de Educación Media y Técnica una nota elaborada en asamblea, exigiendo que se respete el Estatuto Docente y se garanticen los cargos y las continuidad de las horas destinadas a Proyectos Especiales, junto a ellos estarán representantes de Ademys, Congresales de UTE-CTERA, el legislador Patricio del Corro por el PTS/FIT y otros legisladores del Frente de Izquierda que sumarán su solidaridad.

Para revertir la política de dejar pasar estas nefastas reformas, exigen que el sindicato tome cartas en el asunto y se ponga a la cabeza de frenar los despidos de todos los docentes de Media frente a la aplicación de la NES. Desde el comercial 19, convocan a una asamblea conjunta de todas las escuelas piloto, comerciales y escuelas afectadas por la NES, a organizarnos en defensa de los puestos de trabajo este miércoles 16/03 en el colegio Sarmiento, Libertad 1257 a las 18:30 hs.

15.3.2016

Los docentes del Plan Fines CABA denuncian el retraso en el inicio lectivo 2016 perjudicando sus derechos y el de sus estudiantes. Además alertan sobre el intento de vaciamiento del programa y cierres de cursos.

La asamblea de docentes Precarizados del Plan FinEs CABA nos hizo llegar un comunicado por la situación de precariedad y vaciamiento que están sufriendo ellos y sus estudiantes. Allí denuncian que “Ante el retraso en el inicio de clases y nuestra exclusión de la paritaria de nuestra jurisdicción, manteniendo la precarización laboral y educativa que padecemos docentes y estudiantes del Plan FinEs, nos declaramos en ESTADO de ALERTA y exigimos respuesta urgente”.

Sus reclamos inmediatos son equiparación salarial con el resto de los docentes, estabilidad laboral, plena vigencia de los derechos estatutarios, rechazo al vaciamiento del plan y los cierres de cursos y terminar con la precarización laboral y educativa.

Al respecto, el Congresal por UTE-CTERA Federico Puy manifestó: “Estamos muy preocupados. La mesa nacional de la paritaria docente fue una gran estafa, si bien afirmaron que los programas educativos nacionales continuarían, con el desmantelamiento de Conectar Igualdad los despidos ya se cuentan por cientos, ahora pretenden avanzar con el resto de los programas como Orquestas Nacionales y Plan FinEs. Macri no esperó a ninguna mesa para subirse su dieta y la de sus ministros. Con sueldos de más de cien mil pesos, ellos no tienen problemas para pagar el alquiler o las cuentas, pero pretende dejar familias en la calle”.

Hernán Cortiñas, docente del Plan FinEs y Congresal por UTE-CTERA, señaló “los docentes del Plan FinEs de la provincia de Buenos Aires no han cobrado nada desde diciembre del año pasado y en la Ciudad de Bs As la situación es peor, nuestras designaciones están vencidas, lo que implica un despido de hecho mientras ya nos anunciaron que retrasarían más de un mes el inicio de clases, perjudicándonos a nosotros y a nuestros estudiantes. Le exigimos a la conducción de la Ctera que rompa su tregua con el macrismo y deje de negociar a nuestras espaldas, convocando a asambleas conjuntas de todos los programas educativos nacionales por distrito para organizar un plan de lucha que derrote los ataques del macrismo”.

12.3.2016

La Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires hizo  lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenó que no se otorguen autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de planos), con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea anterior a dicha fecha, así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría ´Edificios Representativos´, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales haya resuelto previamente, en forma expresa e individualizada, que el bien no posee valor patrimonial.

Asimismo, el Tribunal ordenó hacer saber públicamente la existencia y objeto de la causa judicial a efectos de que los interesados que así lo deseen puedan presentarse y tomar participación en la causa dentro del plazo común de quince (15) días hábiles judiciales. Aclaró que las eventuales presentaciones que tuvieren por objeto apoyar la pretensión deducida por la parte actora serán admitidas solamente si aportan una argumentación propia —es decir, que no replique la ya realizada en la demanda sino que proporcione nuevos fundamentos— cuyo contenido persuada al Tribunal de que su incorporación supone una contribución sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia al objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso.

La sentencia fue dictada por el Dr. Aurelio Ammirato, Juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 10  en los autos caratulados “ASOCIACION CIVIL BASTA DE DEMOLER Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , Expediente N° 43501/0. Las causasjudiciales fueron presentadas por la Asociación Civil Basta de Demoler –por la Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Buenos Aires–, la Fundación Ciudad y la Asociación Civil y Vecinal S.O.S Caballito con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

A raíz de esta acción judicial, el día 26 de octubre de 2011 el Gobierno de la Ciudad y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires suscribieron un convenio para “la realización de tareas de asistencia técnica por parte de ´La FADU´ para definir un inventario de edificios de valor patrimonial a partir de la evaluación de 75.600 edificios (…) que forman parte de un universo de 134.000 inmuebles anteriores al año 1941 identificados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Facultad de Arquitectura fue remitiendo resultados parciales del relevamiento encomendado en el convenio, y de acuerdo a este relevamiento hasta el presente 5.284 inmuebles habrían sido incorporados[1] por la Secretaría de Planeamiento al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales, con carácter preventivo, hasta tanto sean evaluados de manera definitiva por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

El Tribunal expresó que "los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece para identificar y proteger los inmuebles cuyo valor histórico debe ser preservado no estarían concluidos y se encontrarían en curso de realización, de manera tal que no existiría aún un registro definitivo; y esta situación —cuya consecuencia es la falta de certeza sobre el conjunto de bienes a preservar— configura el peligro en la demora. Por tanto, a efectos de cumplir con el imperativo constitucional y legal de proveer adecuado resguardo a los bienes en cuestión, y de tal manera evitar la posible afectación del patrimonio histórico, resulta procedente hacer lugar a la medida cautelar solicitada".

Las organizaciones actoras denunciaron que la Ciudad había implementado una política de protección de los inmuebles de propiedad pública o privada cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “Edificios Representativos“, a través de la creación del procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) instrumentado a través de la Ley Nº 2.548 cuyo plazo de vigencia culminó el 31/12/2011.

En virtud de ello, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaron diversos proyectos de ley tendientes a la protección de aquellos inmuebles.  Sin embargo, el tratamiento legislativo de dichos proyectos no se llevó a cabo en forma previa a la fecha de finalización del plazo de vigencia de la Ley Nº 2.548.

Afirmaron, que en consecuencia, dicho proceso protectorio podría perder sentido si no se implementa una protección preventiva por el plazo que se extienda el debate legislativo en cuestión o hasta que se brinde una solución definitiva a la problemática[2].

Las organizaciones que impulsamos esta acción judicial invitamos a ser parte de este proceso judicial, tal como lo publicita y autoriza el juez de la causa, y nos ponemos a disposición para comentar el estado de la causa y cualquier otra colaboración que se requiera.

[1] A través de las resoluciones n° 439/SECPLAN/13, 491/SECPLAN/13, 510/SECPLAN/13 y 19/SECPLAN/14.

[2]Las organizaciones actores había solicitado que se ordene como MEDIDA CAUTELAR, a fin de conservar la situación fáctica existente, la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo registro de planos), respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 y de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “Edificios Representativos” cuyo valor patrimonial no haya sido evaluado; con excepción de aquellos casos en que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelva en forma expresa e individualizada que el inmueble no posee valor patrimonial. Ello, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos; o bien hasta tanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires culmine el procedimiento de debate parlamentario en torno a los proyectos de ley referidos a la protección de éstos los inmuebles.

5.3.2016

La cantidad de propietarios de viviendas y terrenos bajó en los últimos años a la par que aumentó el número de inquilinos. El porcentaje de las casas y departamentos con déficit estructural y de servicios también va en aumento. Los datos surgen de un trabajo realizado por el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, en el que además se da cuenta de la falta de implementación de políticas públicas reales que ayuden a revertir este escenario.

(Red Eco)Argentina – Según datos del Censo Nacional de Población, entre 2001 y 2010 el porcentaje de viviendas cuyos habitantes son propietarios bajó del 71 al 69%, mientras que la cantidad de inquilinos pasó del 11 al 16%, teniendo en cuenta para ambos casos que la población se incrementa de manera permanente. Estos movimientos en los números se replican especialmente en los grandes núcleos poblacionales, en especial la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Estas cifras forman parte de un informe realizado por el Taller de Estudios Sociales del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (CEICS), en el que también se trabajó con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). "En el censo se entrevistan a todos los hogares del país, mientras que en la EPH se ve solamente una muestra, no todo el universo; si nosotros proyectamos los datos de la EPH, el número estimativo que tenemos es que para 2015 sigue cayendo en todo el país el porcentaje de propietarios de vivienda y terreno, que estaría en un 65%, mientras que el de los inquilinos aumentaría un 18% y las ocupaciones se encontrarían en un 9%", explicó la socióloga Julia Egan, integrante del Taller.

Esta investigación del CIECS comenzó a tomar forma a partir de la toma iniciada en noviembre de 2015 en los terrenos de Merlo, que hace pocos días fue desalojada: "ese fue el alerta por el que decidimos ver qué es lo que estaba pasando con el tema de la vivienda. Tomamos datos censales, además de algunas entrevistas que ya teníamos en la base de los archivos orales del CEICS y otras entrevistas que hicimos durante la toma", detalló Egan.
Al dar cuenta de la situación habitacional, la socióloga se refirió también a la degradación que se viene registrando en distintos servicios:"mientras en 2001 el 65% de los hogares tenía acceso a gas de red, en 2010 solo lo hace el 57%. Después hay otros servicios que descienden en menor medida, como el transporte público y la pavimentación. La presencia de desagüe de inodoro a red pública desciende del 55% al 53%, en el Gran Buenos Aires crece pero solo cubre el 50% de los hogares, y el gas de red desciende en un punto a nivel nacional y en el Gran Buenos Aires desciende 2 (del 70 al 68%)".

Otro punto grave del relevamiento efectuado por el CIECS es el lugar donde se asientan las viviendas: "en base a un informe del Taller, vemos que entre los años 2003 y 2015 el promedio de personas cuyas viviendas se ubican en zonas inundables, es decir que no son aptas para viviendas, constituyó entre un 12 y un 16% en todo el país; esto implica alrededor de 6 millones de personas. A esta cifra llegamos a través de una encuesta donde simplemente se le preguntó a la persona si entendía que el lugar donde está su vivienda era una zona inundable, con lo cual creemos que este número está sub-representado, probablemente sean más si esto se pudiera definir objetivamente. También vemos que esta gente que vive en zonas inundables es justamente la población más pauperizada. Los funcionarios tratan de justificar estas cuestiones a partir de fenómenos naturales, pero si uno analiza la composición social de la gente que vive en estos lugares encontramos que el problema tiene una raíz económica de diferencia de clase social, y esto se manifiesta en cosas muy concretas como que en cada inundación la gente pierde todo inclusive se pierden vidas", expresó Egan.

Durante el trabajo realizado por el Taller en las tomas de Merlo y del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires, se analizó la condición social de los ocupantes:"en Merlo concretamente entrevistamos a muchos ocupantes –afirmó Egan– y casi en su totalidad se trata de obreros desocupados u ocupados en negro, en actividades como construcción, herrería, servicio doméstico o que reciben planes sociales o son cooperativistas, es decir que acá también encontramos que se trata de las capas más pauperizadas de la clase obrera. Cuando indagamos acerca de dónde venían, la mayoría dijo que vivía de prestado en casas compartidas, en general con alguna de las familias de la pareja, o una madre soltera con sus padres o también en habitaciones alquiladas que en general tienen un alto costo. Esto también lo comprobamos durante la toma del Indoamericano, que las habitaciones que se alquilan en las villas donde en general viven familias enteras tienen un costo que hoy está rondando al menos los 3.000 pesos. Es decir que en Merlo y en el Indoamericano encontramos que comparten el hecho de vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional. Cuando comenzó la toma de Merlo, los ocupantes que se habían organizado plantearon que querían que se loteara el terreno y pagar una cuota accesible a sus ingresos, planteaban que tenía que ser de 500 pesos, lo que habla de que estas familias apenas rozan la supervivencia".

La realidad del Plan Procrear

Una de las medidas en materia habitacional que tomó el kirchnerismo durante su gestión fue la puesta en marcha del Plan Procrear, en el que se impulsaba la construcción de 400.000 viviendas. Julia Egan advirtió que nunca se blanqueó en cuánto tiempo se iban a hacer, pero sobre todo señaló que el programa no cubría desde su propia postulación el déficit de vivienda de aproximadamente 3.500.000 unidades, según lo planteado en el último censo: "esta cifra se deduce de la cantidad de viviendas que son habitadas por población que no es propietaria, y ya desde el inicio hay 1.350.000 familias que se anotan en el Procrear que necesita acceder a una vivienda propia, pero de esa cifra se sortearon solo 570.000 viviendas, según datos del último informe público que sacó la ANSES a mediados del año pasado. De esas 570.000 viviendas sorteadas, solo se pusieron en marcha 200.000 y el problema es que al día de hoy no se sabe cuántas fueron finalizadas y cuántas se entregaron de forma efectiva".
Desde el CEICS realizaron un relevamiento de varios medios para ver cómo se desarrolló la implementación del Procrear: "encontramos que la gente denunció problemas con esta línea de crédito, sobre todo lo que es la línea de construcción que fue la que más se abrió desde el propio programa. Veíamos que inclusive con los créditos más grandes que otorgaban alrededor de 125.000 pesos, la gente denunciaba que no alcanzaban para cubrir los costos necesarios para comprar un terreno que cumpla con los requisitos que pedía el programa. Para los créditos de compra a estrenar la mejor línea de crédito cubría de alrededor de 650.000 pesos y nosotros encontramos que un departamento usado de 45 metros cuadrados en Parque Patricios, que es uno de los barrios más económicos dentro de Capital Federal, costaba alrededor de 955.000 pesos, es decir que el crédito no llegaba a cubrir el costo. Además, para poder acceder al crédito se necesitaba demostrar ingresos de hasta 8.000 pesos mensuales, cuando el propio Indec reconocía que la mitad de los trabajadores ganaba 6.000 pesos mensuales, que hay un alto porcentaje de empleo no registrado (que estimamos en alrededor del 30%) que no puede demostrar ingresos y que gana menos que un trabajador en blanco. Con lo cual inclusive estructuralmente es muy complicado que una familia se pueda presentar y cumplir los requisitos que son bastante elementales".

Durante la entrevista, Egan remarcó otras deficiencias de este plan: "en lugar de realizarse estudios socioeconómicos que determinaran los casos prioritarios, el acceso a la vivienda se sorteó por Lotería Nacional, es decir que se dejó totalmente al azar. Esto plantea un problema en términos de qué posibilidad hay de hacer un uso no discrecional de los fondos destinados a beneficios sociales. Acá tendría que haber una cuestión planificada que determinara cuáles son los casos de emergencia, como por ejemplo la gente que vive en tomas y en lugar inhabitables, y que se trace un plan realmente sistematizado y justificado en términos de la necesidad de la gente".

Perspectivas

"Así como anteriormente vimos que no se hizo nada para mejorar la situación, inclusive contando con fondos estatales muy importantes provenientes de los precios record de las commodities, creemos que este problema va a tender a agravarse sin duda", afirmó Egan ante la consulta de Red Eco sobre posibles cambios en esta temática frente a la llegada de Cambiemos al gobierno nacional. Para explicar esta postura, la socióloga recurrió a cómo el PRO trató el tema habitacional durante sus años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires: "midiéndolo por el censo, los propietarios de vivienda y terreno pasan de 68% en 2001 al 57% en 2010, es una baja del 11%, y los inquilinos pasan del 22% al 29%. Lo que estimamos para 2015, según la EPH, es que los propietarios continúan bajando al 53% y los inquilinos aumentando al 32%, es decir que en la Capital Federal tampoco se han encontrado soluciones y se ha retrocedido de una forma muy fuerte en el tema de vivienda. En este sentido, claramente no evaluamos que el gobierno de Macri a nivel nacional vaya a hacer algo distinto que lo que ya no hizo en materia de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires".

En este punto, se le preguntó a Egan acerca de cuáles son las medidas que se deberían tomar para revertir la situación habitacional: "entendemos que se tendrían que formar comisiones de trabajadores donde se pueda decidir entre ellos qué se va a hacer con los fondos públicos en materia de vivienda, que se establezca a partir de las necesidades que allí se evalúen un plan que de forma consciente y sistemática se desarrolle en función de sus propias necesidades, sobre todo en este cuadro donde en la actualidad nos encontramos con una evidente crisis de caja estatal, donde claramente ya no se va a seguir destinando la misma plata a vivienda, con lo cual creemos que los que tienen que decidir cómo solucionar el problema son los afectados. Si bien sabemos que hoy en día es muy difícil solucionar la falta de acceso a la vivienda porque es imposible acceder a un crédito bancario, no solo para la parte más pauperizada de la clase obrera, sino para aquellas fracciones que se ven en mejores condiciones salariales. Según un estudio que se hizo el año pasado, se calcula que para poder sacar un crédito bancario hay que demostrar ingresos por 40.000 pesos mensuales, así que ya no estamos hablando de los trabajadores más pobres sino de una fracción importante de trabajadores que ya ni siquiera puede pensar en la casa propia. Nosotros creemos que son los afectados quienes tienen que tomar en sus manos la resolución del problema y decidir qué se hace con la plata del Estado para solucionar el tema de la vivienda y trazar un plan que se destine a solucionarlo".