23.11.2016
La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno acaban de anunciar que van a firmar un decreto para modificar cuestiones centrales en el puntaje docente. Una vez más los/as docentes nos enteramos de las novedades a través de los medios, una muestra más de lo poco que les importa a las autoridades la opinión de quienes todos los días trabajamos en escuelas y colegios.
La modificación consiste en poner tiempo de caducidad al puntaje obtenido mediante la realización de cursos docentes que pasaría a tener una validez de 5 años y de aumentar de 6 a 9 puntos el tope de puntaje por cursos, a partir de 2017. Argumentan que los docentes no se capacitan en forma permanente, una vez que obtienen el puntaje necesario, y que ante esta situación la solución es establecer para los mismos una “fecha de vencimiento”. ¿Será que los conocimientos adquiridos son perecederos? ¿Estamos ante el surgimiento de una nueva mercancía que se adquiere y luego de un tiempo es obsoleta, ya no sirve?
Actualmente el sistema es deficiente y cada docente para capacitarse y obtener el puntaje necesario debe hacerlo fuera del horario laboral, y en la mayoría de los casos abonando aranceles a empresas privadas que “prestan el servicio” y ofrecen mayor disponibilidad de cursada o para aprobar el mismo. Con esta nueva modalidad el Gobierno fomenta la privatización de la capacitación y da rienda suelta al negocio de la venta de puntaje de la mayoría de los sindicatos de la Ciudad que lucran con cursos y carreras al mismo tiempo que negocian con el Gobierno a espaldas de los trabajadores. Los/as docentes nos veremos empujados a ingresar en una lógica mercantil en donde la formación docente se transforma en un bien de uso que debe ser actualizado porque queda en desuso. Sólo quiénes puedan disponer del tiempo necesario para estudiar por fuera del horario laboral, y pagar cursos de formación podrán acceder y permanecer en el sistema, e incluso ascender a cargos de conducción.
Durante los gobiernos macristas se realizó un pronunciado vaciamiento de la capacitación gratuita y a cargo del Estado que estaba representada en CePa –hoy Escuela de Maestros-, mediante el cierre de postítulos y una importante cantidad de cursos. Este mismo gobierno que dice estar preocupado por la formación continua de los docentes, sólo prevé en el presupuesto del próximo año $53.325.236, la cuarta parte que para escuelas verdes, lo que significa que el plan no es incentivar la formación docente continua, sino romper la lista de mérito actual y pasar a jerarquizar los cursos que se den en ámbitos privados.
Un ejemplo claro del objetivo privatista es la promoción de los cursos para docentes y directivos de escuela fueron a capacitarse en la Universidad de San Andrés, en cursos que paga el Ministerio de Educación de la Ciudad. Hasta la fecha, sus costos para el gobierno de la Ciudad no están transparentados como información pública en el proyecto de ley de presupuesto ni existe documentación pública que fundamente la decisión de sostener la formación continua en ese ámbito privado en lugar de la Escuela de Maestros (ex CePA). Mientras se privatiza nuestra capacitación, se avanza con un politica de evaluación punitiva hacia la docencia.
A todo esto se suma que se intenta avanzar en la determinación de qué saberes son prioritarios, estableciendo mayor puntaje a los cursos de determinadas áreas. Este interés del Gobierno de control ideológico, mediante la elección de aquellos saberes “más importantes” afecta directamente la libertad de los maestros de decidir qué quieren estudiar según las necesidades que evalúen como más relevantes según su práctica docente, sus necesidades, su formación previa y sus intereses.
El gobierno avanza mediante un decreto con una medida inconsulta a los/as docentes en la modificación de la carrera docente, destruyendo el sistema de cursos y modificando la estructura del puntaje. Esto debe leerse en un marco más amplio de Reforma Educativa que ya nos están imponiendo donde la privatización y la tercerización e ingreso de empresas y fundaciones a las escuelas van de la mano de la inestabilidad y la precarización laboral. Este avance contra los listados, los concursos, la modificación del puntaje por cursos y antigüedad atenta contra la estabilidad docente y va en camino de la modificación completa del sistema de ingreso y ascenso de la carrera docente.
Desde Ademys venimos sosteniendo la importancia de la capacitación en servicio dentro de la jornada laboral, garantizada por el Estado en forma gratuita. La capacitación en servicio no sólo es una instancia de formación continua sino que además se lleva a cabo en las escuelas y son situadas, es decir, trabajan a partir de la práctica concreta de los maestros y de los conocimientos que han construido.
Para que los docentes podamos capacitarnos y tener una verdadera formación continua el gobierno debe empezar por garantizar salarios dignos, reajustables semestralmente de acuerdo a la inflación, que no obliguen a la docencia a andar corriendo para defenderse del costo de vida o recargarse de horas y cargos para llegar a fin de mes. Que le permitan no sólo sobrevivir, sino comprarse un libro o ir al teatro.
Desde Ademys rechazamos enérgicamente esta modificación en el puntaje de cursos y llamamos a los docentes a organizarnos para rechazarlo.
No a la mercantilización del puntaje
Capacitación gratuita y dentro de la jornada laboral.
ORGANICEMONOS PARA RECHAZAR ESTE NUEVO ATAQUE A LA DOCENCIA
