Comunicadores del Sur

29.5.2014

La diputada Claudia Neira del Bloque Frente para la Victoria presentó en la sesión de hoy una declaración de preocupación por la falta de mantenimiento del Espacio Público que se observa en el Complejo Habitacional Padre Mugica ubicado en Av. Castañares y Gral. Paz.

Los habitantes del Barrio cuentan con un largo derrotero de abandono y penuria, ya que en su mayoría provienen de relocalizaciones como ser Villa Cartón, Barracas y Magaldi. El ingreso al Barrio, si bien significó una estabilidad y un piso de derechos elementales, no alteró la realidad de exclusión y abandono.

Neira, quien desde hace años acompaña el reclamo de los vecinos del barrio, manifestó que"a pesar de los reclamos realizados por los distintos vecinos y vecinas, no se han asfaltado las calles del barrio, ni se han repuesto las luminarias" y agregó:

"Los juegos para los niños no tienen mantenimiento, los areneros no reciben el tratamiento correspondiente, lo que genera, junto con el inexistente control de plagas, una peligrosa situación sanitaria para los vecinos"

En este contexto de abandono, el día martes 27 del corriente, en el marco de un allanamiento ordenado por la Justicia Federal, distintos dispositivos del Gobierno de la Ciudad realizaron intervenciones en el Barrio Padre Mugica.

Neira expresó que:"estas intervenciones no solo no resolvieron las dificultades que vienen denunciando los vecinos sino que, mezcladas con la intervención de la Policía Metropolitana y la Justicia Federal, se desvirtúa la presencia eficiente y ordenadora que requiere este barrio en particular" y agregó:

Mabel Quiroga, referente del Comedor "La Misión" del Barrio Mugica, y militante de la Corriente 20/21, manifestó que: "Los vecinos venimos pidiendo luz, calles, desinfección y el Gobierno de la Ciudad nos manda inspectores en medio de un allanamiento de la Metropolitana y la Justicia Federal"

Neira concluyó."La Policía no puede ser el único Estado que llegue a los Barrios"

29.5.2014

El gremio de los bancarios rechazó este miércoles por "improcedente" la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y ratificó el paro de 24 horas para este jueves, por lo que no habrá actividad en las entidades financieras de todo el país.

En un comunicado de prensa, la Asociación Bancaria aseguró que la conciliación dispuesta por la cartera laboral "legalmente no corresponde". La medida de fuerza fue convocada en protesta por la represión sufrida en Tucumán por empleados y cesanteados de la Caja Popular de Ahorros de esa provincia y para pedir la reincorporación de personal despedido.

"El Ministerio de Trabajo resolvió ordenar la reincorporación de los despedidos y las autoridades de Tucumán no respetaron esa decisión", afirmó el sindicato. El gremio se quejó también porque hasta ahora "no se ha establecido la responsabilidad ni castigado a quienes decidieron balear a 22 bancarios, a mansalva. Un hecho de terrorismo de estado que ningún argentino puede tolerar".

El secretario de Prensa del gremio Eduardo Berrozpe dijo que "nos cagaron a palos y (el ministro del Interior, Florencio) Randazzo se hace el boludo" y apuntó como máximo responsable de la represión policial al gobernador de Tucumán, José Alperovich.

El martes 13 de mayo unos 22 bancarios fueron baleados en Tucumán a las puertas de la Caja Popular mientras repartían volantes reclamando su reincorporación, tras haber sido despedidos -según el gremio- "sin causas".

En un acto-festival que contó con la actuación de Attaque 77, más de 4.000 personas se concentraron hoy frente a las puertas del hotel cooperativa B.A.U.E.N. bajo la consigna “No al desalojo. Sí a la expropiación”.

Miembros de cooperativas de todo el país, referentes de organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas, vecinos del hotel y público en general se reunieron para solidarizarse con los trabajadores que enfrentan una situación crítica, ya que pesa sobre ellos una orden firme de desalojo vencida al 15 de mayo. La Jueza Paula Hualde del Juzgado Comercial 9 ya libró el mandamiento al oficial de justicia. Esta nueva orden de desalojo amenaza con dejar en la calle a los 130 trabajadores que mantienen en pie el hotel.
Sobre el escenario también estuvieron, entre otros artistas La Beriso, La perra que los parió, Killertrip e Incorrectos.

Los referentes de la cooperativa expresaron que “la cooperativa debe quedarse en el hotel de Callao 360” y que “para eso es necesaria la intervención del Estado Nacional”. “Los antiguos dueños del BAUEN tienen deudas millonarias, que fueron tomadas durante la última dictadura militar, con un banco público (el BANADE, durante el Mundial del 78). Son préstamos del Estado que no se pagaron en 36 años”, explicaron.

“En medio de esta disputa hay una sentencia de desalojo para la cooperativa. Los plazos se vencieron la semana pasada. Nosotros estamos trabajando y no vamos a dejar las instalaciones. Somos garantía de que el Estado cobre sus deudas. Si el edificio pasa a los antiguos dueños, el Estado no va a cobrar sus deudas, como no las cobró en estos 35 años”, completaron.

Los cooperativistas recordaron que en el Congreso Nacional hay proyectos de ley con estado parlamentario que plantean la expropiación del inmueble. “Tal vez aparezca una figura que le permita al Estado hacerse con el inmueble. Estamos en un momento del conflicto en que necesitamos una salida política”, completaron.

Ésta es la segunda amenaza de desalojo que enfrentan los trabajadores, ya en 2007 pasaron por una situación similar, que se revirtió gracias al acompañamiento popular. En esa oportunidad, más de 4.000 personas se movilizaron hasta las puertas del hotel y participaron de una acción para impedir el desalojo.

El Hotel B.A.U.E.N. se construyó con dinero público, otorgado por la dictadura cívico militar entre 1977 y 1978, que nunca fue devuelto al Estado Nacional por los empresarios que lo edificaron.

En diciembre de 2001, los mismos empresarios que recibieron esos fondos provocaron el cierre del hotel, dejando en la calle a más de 100 familias. En 2003 el B.A.U.E.N. fue recuperado y desde ese momento es una empresa gestionada por sus trabajadores.
Ahora, el grupo económico que construyó el hotel con fondos del Estado que nunca devolvió y que dejó sin trabajo a más de 100 personas quiere volver a adueñárselo.

“Que la Justicia no beneficie a quienes hicieron negocios con la dictadura, mantienen una deuda millonaria con el Estado nacional y participaron en el vaciamiento del país en el 2001”, pidieron los trabajadores.

28.5.2014

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la indemnización a familiares de tres víctimas de la "Tragedia de Lapa", hecho que tuvo lugar el 31 de agosto de 1999, a raíz que les entregaron cadáveres equivocados.

El Tribunal dispuso una indemnización de 100.000 pesos a los familiares de víctimas del hecho por el cual el avión de LAPA matrícula LV-WRZ cayó a poco de despegar en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery.

Los jueces del Tribunal Carlos Grecco y Clara Do Pico consideraron que "el servicio público ha funcionado defectuosamente, sin culpa de los agentes pero ocasionando un daño injusto, en tanto es indudable que los perjudicados no tenían por qué tolerarlo".

Los familiares de las víctimas del accidente debieron "exhumar los cuerpos oportunamente entregados" y "finalmente, luego de la rectificación pertinente, y la entrega definitiva del cuerpo correspondiente familiar, el 23 de diciembre de 1999, procedieron al respectivo nuevo sepelio e inhumación definitiva".

"El menoscabo sufrido se encuentra configurado por haber tenido que sepultar dos veces a un familiar, un hecho traumático fuertemente desequilibrante que hizo resurgir el duelo padecido con toda su integridad original", explicaron.

27.5.2014

Por Camilo Carboneli y Enrique de la Calle

APU: ¿En qué consistirá la actividad de mañana (miércoles 28 de mayo)?

Federico Tonarelli: Vamos a hacer una manifestación pública, junto a artistas y compañeros de los movimientos sociales y políticos. Vamos a decir lo que venimos diciendo todos estos años: la cooperativa debe quedarse en el hotel de Callao 360. Para eso es necesaria la intervención del Estado Nacional. Los antiguos dueños del BAUEN, la familia Ircovich, tienen deudas millonarias, que fueron tomadas durante la dictadura militar, con un banco público (el BANADE, durante el Mundial del 78). Son préstamos del Estado que no se pagaron en 36 años. Todo esto está en litigio judicial.

APU: ¿En qué situación está la causa judicial, que ya tiene 10 años? ¿Hay una orden de desalojo?

FT: Claro, en medio de esta disputa hay una sentencia de desalojo para la cooperativa. Los plazos se vencieron la semana pasada. Nosotros estamos trabajando y no vamos a dejar las instalaciones. Somos garantía de que el Estado cobre sus deudas. Si el edificio pasa a la familia Iurcovich, el Estado no va a cobrar sus deudas, como no las cobró en estos 35 años. Si no pagaron en su momento por qué van a pagar ahora.

APU: ¿La única solución que queda es la salida política?

FT: Nosotros presentamos proyectos de expropiación que fueron tratados sin éxito en el Congreso Nacional. Somos optimistas en que se resuelva favorablemente. Tal vez, aparezca una figura que le permita al Estado hacerse con el inmueble. Nosotros pensamos en una ley pero tal vez no sea necesario, tal vez haya otro camino.

APU: ¿Cómo es el diálogo con el kirchnerismo?

FT: Tenemos diálogo con muchos sectores políticos, no sólo del oficialismo. En estos años nos han apoyado desde diferentes espacios. Incluso, tres ministerios nacionales suelen contratar servicios de la cooperativa. Hace poco, el Ministerio de Educación realizó una actividad en el hotel. Por eso somos optimistas. Creemos que se va a resolver favorablemente.