Comunicadores del Sur

18.9.2013

Una organización no gubernamental denunció por estafa a dos empresas privadas que operan en la Capital Federal con licencia vencida y que acarrean unos 1000 vehículos por día por mal estacionamiento, lo que les genera una ganancia millonaria.

Según la denuncia, por día son llevados unos 1.000 autos, con una recaudación promedio de 350 mil pesos y que mensualmente supera los 10 millones de pesos.

De ese monto, apenas el 1 por ciento llega a la Ciudad para el pago de salarios u obras públicas Años atrás, la Defensoría del Pueblo porteña emitió un dictamen durísimo sobre el denominado acarreo de vehículos de la vía pública por mal estacionamiento, alertando que se realiza transgrediendo las normas y violando el derecho de propiedad de los ciudadanos.

Pero además señaló que el dinero recaudado no ingresa a las arcas del fisco de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la remoción callejera forma parte de un sistema ejecutado con licencia vencida hace más de una década por dos empresas privadas que actualmente cobran 350 pesos por devolver a los infractores cada rodado "levantado".

Según informa hoy el Diario Popular, las empresas a cargo del servicio son Dakota SA y BRD SAICFI, que se dividen las tareas en el micro y macrocentro a partir de la calle Viamonte.

En la página oficial del Gobierno de la Ciudad se puede leer que ambas tienen la "licitación vencida" desde 2001, pero reciben polémicas y cuestionadas prórrogas para seguir operando.

La privatización del sistema comenzó en 1990, cuando Carlos Grosso era el intendente.
Según la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires, unos 1.000 autos son levantados por día, estas dos empresas logran recaudar mensualmente unos 10,5 millones de pesos.

El abogado Javier Miglino, titular de la ONG, dijo que "de toda esa plata, que es mucha, las empresas en teoría le abonan a la ciudad, es decir a todos los porteños, nada más que 100 mil pesos por el alquiler de las dos playas donde estacionan los coches hasta que los dueños los retiran. Por lo tanto, ganan 10.4 millones por mes estafando a los ciudadanos".

Consultada por el mismo matutino, la diputada María José Lubertino, miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura, expresó que "se trata de un gran negocio de empresarios que lucran con el dinero de la gente, y que se remonta a la época del intendente Grosso, sostenido y ampliado por el gobierno de Mauricio Macri".

"Desde hace años, los legisladores venimos dando pelea para desmontar este fraude y que realmente se lleve adelante un sistema de control público que sirva para mejorar el tránsito y nuestra calidad de vida", agregó.

En ese punto, se debe indicar que la tasa de "acarreo" -los citados 350 pesos- es lo que abonan los propietarios de los vehículos sólo para poder retirarlos de las playas, mientras que luego llega a los domicilios la multa por mal estacionamiento, cuyo costo depende del nivel de infracción.

"El fin del acarreo privado no es disuadir y concientizar al conductor, sino que es recaudatorio, pero ni siquiera para beneficios de los porteños, sino para el bolsillo de dos empresas.
 

La prueba está en que no se reduce la cantidad de acarreos, sino que cada vez aumenta más. Sencillamente porque es un negocio", señaló Lubertino.

En el dictamen de la Defensoría del Pueblo se explica en detalle que la normativa vigente en torno a la remoción de los vehículos es transgredida por las empresas a cargo del acarreo. Es que los vehículos sólo pueden ser removidos por grúas si resultan "peligrosos o constituyen un obstáculo para la circulación", requisitos que exige el Código de Tránsito y Transporte.

"Ello sin dejar de mencionar que estos valores no ingresan a las arcas del fisco, sino que son ingresos netos que reciben las concesionarias, con lo cual no forman parte del presupuesto ni son destinados al bien público", agregó el texto.

Actualmente, la persona que a criterio de las dos empresas privadas de grúas deje su auto mal estacionado está obligado a pagar 350 pesos para retirarlo de los playones de estacionamiento.

16.09.2013

C o m u n i c a d o  d e  P r e n s a

En nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Capital Federal, nos dirigimos a los medios de prensa y a la comunidad en general a fines de comunicar lo siguiente:

En virtud de un amparo presentado por  ATE Capital, el Juzgado Nº2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Turno, en fecha 13 de setiembre del corriente año, ordenó como medida precautoria “hacer lugar a la medida cautelar peticionada ordenando al GCBA que se abstenga de obligar, bajo cualquier modalidad o procedimiento, al personal paramédico que desempeña laborales en hospitales públicos, y que si la vez cumple funciones en otra u otras instituciones sanitarias, sean estas públicas o privadas, a optar por uno sólo de esos cargos, y a formalizar la renuncia en el otro”.

En efecto, el pasado 6 de setiembre,  la Dirección General de Administración y Recursos Humanos del Ministerio de Salud, se dispuso ordenar a los Directores de los hospitales a obligar a los trabajadores auxiliares y colaboradores de la medicina y los profesionales del arte de curar que supuestamente se encontraban bajo alguna incompatibilidad, a optar por alguno de los trabajos bajo apercibimiento de
cesantearlos.

Muchos de nuestros compañeros fueron convocados por las oficinas de personal de cada nosocomio y sin mostrarles nada, se vieron obligados –muchos de ellos incluso mediante prácticas intimidatorias- a declarar una supuesta incompatibilidad que no existía y con motivo de esa confesión, hacerles firmar una opción y en su caso la renuncia al cargo en el plazo de 72 hs., todo ello bajo apercibimiento
de cesarlos.

La actitud adoptada por el Ministerio de Salud, es contraria a  los derechos inalienables de la estabilidad del empleo público, el derecho a la defensa en juicio, debido proceso adjetivo y sustantivo, motivo por el cual esta Organización presentó la Medida Cautelar ante el juzgado arriba mencionado.

En efecto, la Justicia destaca la que “la conducta de la accionada, manifestada en las vías de hecho denunciada por la amparista, resulta manifiestamente ilegal, ilegítima y arbitraria. Esa ilegitimidad se manifiesta en forma palmaria en la nota emanada de la propia autoridad administrativa…” y consecuente suspende sus efectos de las vías de hecho hasta tanto exista una sentencia definitiva en el marco de mayor debate.

15.9.2013

De acuerdo a lo decidido en el plenario de delegados realizado el día  jueves 29 de agosto, ATE Ciudad moviliza el próximo 17 de septiembre a las puertas de tribunales para exigir el sobreseimiento definitivo de los 8 compañeros que el día 26 de abril fueron detenidos durante la brutal represión desatada por el Gobierno macrista en el Hospital Borda cuando los trabajadores, pacientes y legisladores, intentaron frenar la demolición del Taller Protegido Nº 19.  

En la reunión organizativa realizada el pasado 11 de septiembre se decidió concentrar en Diagonal Norte y Lavalle desde las 10 hs. para culminar en un gran acto de repudio a los responsables y acompañamiento a los 8 detenidos en las puertas de puertas de Tribunales. 

12.9.2013

"Hay dos proyectos antagónicos: el del kirchnerismo que quiere urbanizar y el PRO que quiere hacer un proyecto inmobiliario."

"Según Michetti, lo que no pudieron las topadoras de la dictadura, lo hará la mano invisible del mercado que construirá un emprendimiento inmobiliario en esos terrenos 'apetitosos'. A esto le llama urbanizar el PRO"

En la sesión de hoy de la Legislatura Porteña se votó una declaración para que el Congreso Nacional vote la cesión de los terrenos de la Villa 31 y 31bis al ámbito de la Ciudad. Sin embargo, el proyecto del PRO para el Villa 31 no contempla la urbanización sino únicamente la regulación dominial.

La diputada Neira manifestó que "la referente del PRO y primera candidata a Senadora Gabriela Michetti sinceró en un programa de televisión el plan del macrismo para la VIlla 31 y 31bis: Títulos de propiedad para que los vecinos de la villa vendan las tierras a precio de mercado y se vayan a otros barrios, o fuera de la Capital"

"Según Michetti, lo que no pudieron las topadoras de la dictadura, lo hará la mano invisible del mercado que construirá un emprendimiento inmobiliario en esos terrenos 'apetitosos'. A esto le llama urbanizar el PRO"

La diputada también interpeló a los sectores autoproclamados 'progresistas' y de UNEN que no asumen ninguna responsabilidad concreta frente a la gestión de la Ciudad y refirió que "mientras trabajan legislativamente en un proyecto de urbanización, caen en la agenda del PRO y se despistan en la primera curva. Con tal de diferenciarse del kirchnerismo votan a favor de un pedido del macrismo que tiene como objetivo la erradicación de la villas"

Neira leyó en la sesión las declaraciones completas de la candidata a Senadora en el programa de Mirtha Legrand de manera de que no queden dudas sobre el cuál es el proyecto del PRO para la Villa 31 y 31bis. Copiamos esas declaraciones:

"La Villa 31 es el único lugar – de las villas – que es muy difícil de transformarlo en un barrio, por eso mi sensación es que hay que hacer la regularización dominial entonces cada persona tiene su casa y su escritura. Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto, es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y para el sector, digamos, inmobiliario; lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprar una casa en la ciudad o en cualquier otro lugar. Y ese lugar (los terrenos de la Villa 31 y 31 bis) queda para el puerto – o para integrarlo al puerto – o hacer un sector de barrios para la clase media. (…)

Estamos en eso, estamos en la regularización dominial pero tenemos un problema enorme que es que los terrenos son nacionales. Como los terrenos son nacionales, nosotros no podemos dar los dominios."

Gabriela Michetti, 25 de agosto de 2013, en el programa de Mirtha Legrand

11.09.2013

El Proyecto de Ley de Reparación Integral a las Víctimas de "Cromañón" presentado por los legisladores Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sanchez (ARI-Coalición Cívica), obtuvo ayer dictamen de mayoría en la Comisión de Derechos Humanos y ahora deberá ser tratado en la Comisión de Presupuesto. El proyecto fue trabajado durante dos meses en la Comisión con la participación de familiares y víctimas de Cromañón, de legisladores de diferentes bloques de la oposición.

Lo que pretende este proyecto es brindar un subsidio mensual y vitalicio a las víctimas que hoy se encuentran en estado de vulnerabilidad como consecuencia del impacto provocado en sus vidas por esta tragedia. Además, el proyecto propone coordinar esta ayuda material con otras acciones, tales como atención médica, psicológica y social para las víctimas, pensando en la integralidad del daño sufrido.
Serán beneficiarios de este subsidio aquellas personas que hayan sufrido la pérdida de un familiar directo, o padezcan afecciones de salud físicas o psicológicas permanentes, que guarden relación directa con los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004. El monto del mismo será equivalente al fijado como Salario Mínimo Vital y Móvil por el  Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o su equivalente en el futuro.
Este subsidio se sustenta en el principio de solidaridad social y en el convencimiento de que el estado debe atender las consecuencias de un siniestro, que por omisión, ayudó a generar.