Comunicadores del Sur

Solicitada de los trabajadores del Banco Ciudad

7.8.2012

En medio de los múltiples cruces entre el Gobierno y la Ciudad, los empleados del Banco Ciudad publicaron hoy en los principales medios del país una impactante solicitada reclamándole a la Presidente que "retire" el proyecto de ley del kirchnerismo que intenta arrebatarle los fondos judiciales al Banco Ciudad.

"Los empleados del Banco Ciudad aquí firmantes le solicitamos a la Presidenta de la Nación el retiro del Congreso del proyecto de ley que busca quitarle a este banco público los fondos judiciales locales, con los que otorgamos créditos a los habitantes y Pymes de la región", destaca la solicitada, en cuyo interior se incluye la firma de cientos de trabajadores.

El aviso se publicó hoy, un día antes del día en que está prevista una sesión en la Cámara de Diputados, en la que el kirchnerismo pretende avanzar en su intento de arrebatarle al Banco Ciudad su capacidad de recibir depósitos judiciales. Ese día, el Frente para la Victoria avanzará con el proyecto de la ultrakirchnerista Diana Conti, que afectaría la liquidez de la entidad porteña, haciendo que los depósitos judiciales que hasta ahora se realizaban en el Banco Ciudad se efectúen, en adelante, en el Banco Nación.

$ 7000 Millones es el monto de los depósitos judiciales que hoy administra el Banco Ciudad

"El proyecto se enmarca en una lógica ya clásica del kirchnerismo: la búsqueda de cajas de recursos para sostener su creciente gasto público", expresó días atrás Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. Y aclaró, sin embargo, que "desde un inicio se les explicó a los autores del proyecto que ese dinero no estaba disponible en forma inmediata", ya que "es obligación de cualquier banco prestarlo en créditos a la vivienda y para dinamizar el aparato productivo".

El polémico proyecto

El proyecto de ley, que elaboró la diputada ultrakirchnerista Diana Conti, establece que aquellos fondos judiciales depositados antes de la eventual sanción de la ley no serán transferidos, sino que permanecerán en el Banco Ciudad hasta que terminen las causas. Aun así, todos los depósitos posteriores a la sanción de la norma se efectuarán en el Banco Nación.

En un primer momento, se había contemplado la transferencia total de los depósitos judiciales, es decir, de los actuales y los futuros, del Banco Ciudad al Nación.

Esta idea original de Conti desató una fuerte resistencia, pues esos fondos son utilizados por el Ciudad para realizar préstamos hipotecarios y préstamos a empresas a largo plazo a menores tasas de interés. Ante el descontento generado, el oficialismo modificó el proyecto y dispuso que el cambio hacia el Banco Nación comience a operar con los futuros depósitos judiciales, no los actuales.

Vecinos exigen el restablecimiento del servicio de la línea 50 dentro de su barrio

7.8.2012

Vecinos de barrio Piedrabuena reclaman el restablecimiento del servicio de la línea 50 de colectivos. Desde Febrero del corriente año, barrios en los que habitan más de 15.000 personas, sufren el recorte y la alteración del recorrido de la línea. Esta es la única vía de transporte que recorre las calles internas del barrio y llega al centro de la ciudad. La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que las líneas 80 y 141 que recorren calles cercanas, a partir de las 20.00 hs, cortan el servicio del ramal que va por Av. Piedrabuena, que es aquel que utilizan los vecinos de esta zona.

Desde Febrero del corriente año, en el barrio de Piedrabuena donde habitamos más de 15.000 personas, sufrimos el recorte y la alteración del recorrido de la línea 50. Esta línea es la única vía de transporte que recorre las calles internas de nuestro barrio y que nos traslada al centro de la ciudad, siendo un medio indispensable para la accesibilidad de la zona. La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que las líneas 80 y 141 que recorren calles cercanas, a partir de las 20.00 hs, cortan el servicio del ramal que va por Av. Piedrabuena, que es aquel que utilizamos los vecinos de esta zona. Los barrios afectados son el Complejo Habitacional Piedrabuena, el barrio lindante de casas bajas, las casas del Plan del Banco Hipotecario, el Barrio Scapino y la ex Villa 17 "Pirelli", zona delimitada por la Av. Gral. Paz, Av. Piedrabuena, Av. Castañares y Echeandía.
Los vecinos presentamos innumerables reclamos ante la CNRT solicitando el restablecimiento del servicio de la línea 50, pero la línea continúa sin entrar, luego de ya seis meses . En el día de ayer, una delegación de vecinos de Piedrabuena nos hicimos presentes en la Empresa a cargo (Nudo S.A. del Grupo Dota) acompañados por organizaciones sociales y políticas, comuneros del FPV y representantes de la Defensoría General de la Nación, quienes acompañan el reclamo. Los directivos que nos recibieron asumieron su incumplimiento, pero adujeron que no tenían posibilidad de resolver el problema ya que eran los trabajadores de la empresa quienes habían decidido en asamblea suspender las 3 paradas de Piedrabuena. Se argumentaron problemas de inseguridad, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación ya ha intervenido reforzando las medidas policiales en los recorridos. También se argumentaron problemas de ordenamiento de transito dentro del barrio que de ninguna manera justifican la suspensión del servicio.
Los vecinos y vecinas del Barrio Piedrabuena nos sentimos gravemente discriminados por este hecho en el que arbitrariamente se suspende el recorrido del único transporte publico que circulaba dentro de nuestro barrio, vulnerando gravemente nuestro derecho a vivir en un hábitat adecuado con accesibilidad a las zonas céntricas de la Ciudad, donde desarrollamos gran parte de nuestras actividades cotidianas. Esta lamentable situación refuerza nuestra vivencia cotidiana de estar aislados del resto de la Ciudad y de sufrir, como vecinos de la zona sur, graves desigualdades en lo que hace a los diversos servicios públicos urbanos cuya calidad se ve cada vez más deteriorada por el abandono estatal.

En por ello que exigimos:

· A la Empresa Nudo S. A. del Grupo Dota que cumpla con su obligación como concesionario de un servicio de transporte y restituya inmediatamente el recorrido de la Línea 50 por las calles internas del Barrio Piedrabuena.

· A la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que cumpla con su obligación como ente regulador estatal y tome las medidas necesarias para intimar a la empresa a restituir el servicio.

· A los trabajadores de la Empresa de Transporte que reviertan su posición que afecta a otros miles de trabajadores que necesitamos el transporte público. En todo caso, los problemas que hubiere deberían abordarse con la solidaridad de los trabajadores de Piedrabuena y los trabajadores de la empresa, reclamando en conjunto a los organismos responsables.

Asamblea de Vecinos y Vecinas de Piedrabuena
 

Comunicado del Instituto Espacio para la Memoria

4.8.2012

La cuestión del acompañamiento, protección y valoración de los testigos es un tema complejo e integral, que no admite simplificaciones y mucho menos intentos de utilización política ni disputas jurisdiccionales que rebajen su importancia forzando interpretaciones burocráticas que pretenden dirimir en el terreno administrativo la seguridad y bienestar de las personas víctimas del Terrorismo de Estado –y su grupo familiar- en los juicios por los delitos de lesa humanidad que se están sustanciando actualmente en la Argentina.

Según la legislación vigente y los pactos internacionales suscriptos, es al Estado como tal a quien le corresponde garantizar la seguridad, la tranquilidad y el respeto debidos a los testigos del genocidio. Son el Poder Judicial y las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo Nacional así como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los responsables de asegurar y garantizar su asistencia y contención.

El Instituto Espacio para la Memoria -creado por la Ley 961/2002, con un protagonismo fundamental de los organismos de derechos humanos, la participación de representantes legislativos y gubernamentales y el aporte de personalidades reconocidas en el tema- considera a la construcción de la memoria de los hechos del Terrorismo de Estado como vitalmente comprometida con la lucha contra la impunidad y por la conquista de las banderas históricas de Verdad, Memoria y Justicia y no como una cuestión en sí misma, como un proceso ascético o académico. En tal sentido, toda su tarea institucional pertinente, vinculada con la investigación de los hechos y la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, ha sido aportada en los procesos que juzgan delitos cometidos por el Terrorismo de Estado y valorada como prueba por juzgados de instrucción, fiscalías, Tribunales Orales Federales y otras instancias judiciales correspondientes.

Además, muchos de sus integrantes han actuado y actúan como testigos y/o querellantes y desde diferentes áreas de trabajo del IEM se asiste permanentemente al desarrollo de los juicios, tanto los celebrados en la Ciudad como en otros tribunales del país. Esta presencia se traduce en apoyo a testigos, familiares, querellas y fiscalías; provisión de elementos de prueba basados en documentos e investigaciones propias; registro documental y fotográfico; recopilación de testimonios; elaboración de materiales de difusión (libros, periódicos, revistas, afiches, volantes, avisos, etc.) y participación en charlas, seminarios y entrevistas en medios gráficos y audiovisuales.

La realización de estos juicios asume una dimensión histórica y de relevancia regional e internacional, y en muchos aspectos son inéditos, desafiando al Poder Judicial, a otros poderes del Estado y a la sociedad toda. No hay recetas ni respuestas fáciles a los problemas que surgen de la situación creada por la intervención del Estado para asegurar la impunidad, desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976 hasta el año 2005. En la Causa contra los Jefes de la Junta Militar se acordó en el carácter necesario del testimonio de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Los defensores de la impunidad no han dejado de agredir a los testigos y aún seguimos sufriendo la desaparición forzada de Julio López ocurrida en setiembre de 2006.

Como ya se ha reseñado, más allá del sostenido y valioso aporte que el IEM realiza en numerosos aspectos vinculados a esa materia, resulta innegable que la responsabilidad de tutelar los derechos de las víctimas excede sus atribuciones como ente autárquico y autónomo, expresamente definidas en el artículo 2º de la Ley Nº 961 donde se establece que “es misión y función del Instituto Espacio para la Memoria el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años ´70 e inicios de los ´80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias”.

Dada la naturaleza y alcance de su misión y función, regidas por la Ley constitutiva, a lo cual se suma la experiencia acumulada en estos años en las tareas de reconstruir la memoria y aportar a los juicios, bajo toda evidencia no le corresponde al IEM asumir una responsabilidad que, a todas luces, le compete al Estado. En tal sentido, reclamamos su cumplimiento, uniendo nuestra voz a la de los involucrados directos, familiares, abogados, organismos de Derechos Humanos y fuerzas democráticas que exigen: NUNCA MÁS JULIO LOPEZ.

Paro de subtes

4.8.2012

El jefe de gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, responsabilizó a la Casa Rosada por el paro de cinco días convocado por los gremios que nuclean a los trabajadores de la red de subterráneos que comenzará esta noche por reclamos salariales.

"Es un tema del Ministerio de Trabajo nacional, que tiene que convocar a las partes", se desligó Rodríguez Larreta, mientras continúa la disputa con la Nación por quién debe hacerse cargo de la administración del servicio.

En ese sentido, el funcionario porteño aseguró que "ojalá" la red de subterráneos finalmente pase del ámbito nacional al capitalino, aunque insistió en condicionar la transferencia a que "se garantice la seguridad de la gente que viaja todos los días".

Esta noche, a partir de las 21, comenzará el paro por 48 horas decretado por los denominados metrodelegados mientras que el lunes se iniciará la huelga por 72 horas convocada por la Unión Tranviario Automotor (UTA), el otro gremio del subte, ambos en reclamo del reinicio de paritarias por mejoras salariales.

Consultado respecto de si podría concretarse el traspaso al ámbito metropolitano "antes de fin de año", Rodríguez Larreta contestó: "Ojalá que sí. Nosotros lo dijimos siempre: creemos que la Ciudad tiene que hacerse cargo del subte no hay dudas. Tenemos toda la voluntad".

Destacó que, "por eso, (el jefe de Gobierno, Mauricio) Macri accedió a iniciar las conversaciones a principios de año. Tenemos voluntad de hacernos cargo de todo, como la policía, todo lo que haga que Buenos Aires sea una ciudad más autónoma".

"Para hacernos cargo del subte, lo que queremos es que se garantice la seguridad de la gente que viaja todos los días. Queremos que el subte funcione en forma segura. Cuando vemos que sacan varios vagones de circulación por falta de mantenimiento, nos están dando la razón", prosiguió.

Los prostíbulos que Macri se niega a cerrar
3.8.2012

La Fundación La Alameda difundió la lista de los 126 prostíbulos que operan en la Ciudad de Buenos Aires y que fue confeccionada por la misma Agencia Gubernamental de Control (AGC) bajo el título "Archivo de AGC. Casas Clandestinas de Servicios Personales".

Es una nómina de whiskerías y cabarets relevados por el organismo y entregado a la Alameda por el propio titular de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) de la Ciudad, Rafael Roldán. La organización presentará entre hoy y mañana la actuación judicial correspondiente.

Según La Alameda, el gobierno porteño "pretende encubrir a los prostíbulos ilegales y prohibidos en todo el país por la Ley Nacional 12.331 de Profilaxis y los convenios supranacionales ratificados por el Congreso". En consecuencia, el vicepresidente de la organización, y abogado penalista, Mario Ganora, confirmó que realizarán una presentación en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). "Se viola la ley, que obliga a la clausura inmediata", afirmó el letrado. De la lista de 126 prostíbulos, muchos siguen en actividad, aunque figuran como clausurados, y otros no funcionan hace años, pero por acción de la justicia. Uno de ellos es el ubicado en Casco 126, en Liniers, donde, según La Alameda, se somete a la esclavitud a inmigrantes paraguayas, con enrejamiento del ámbito de trabajo.

La nómina fue entregada por Roldán en su propio despacho a vecinos de Recoleta y el comunero del partido Proyecto Sur, Luciano Úmerez. En dicha reunión -de la que también participó La Alameda-, el funcionario prometió que irían sobre los prostíbulos denominados "privados", que no cuentan con habilitación, algo que en los hechos no ocurrió.

No obstante, Roldán negó la situación prostibularia de algunos de los locales que funcionan alrededor del cementerio de la Recoleta. "No son prostíbulos, funcionan como boliches. Nunca comprobamos prostitución", definió el funcionario. Los vecinos respondieron que "en estos prostíbulos no existen bailes, se hicieron repetidas cámaras ocultas que lo demuestran, y hasta se violan normas tan básicas como la prohibición de fumar, que es muy fácil detectar por la colocación de ceniceros hasta dentro de los baños." Para Roldán, "los ceniceros son souvenirs".

El funcionario reconoció que vio las cámaras ocultas de La Alameda, donde se verifica que estas "whiskerías" promocionan la prostitución por cuenta ajena de mujeres, niñas, inmigrantes indocumentadas, y son a su vez boca de expendio de drogas.

La UFASE le pidió hace más de un año al Ejecutivo local que cierre 41 de estos locales. Para el fiscal Marcelo Colombo, su titular, la de la AGC es "una falsa excusa legal. Se pudo establecer que existía proxenetismo, y como estaban habilitados, le pedimos a la Ciudad que intente ver la posibilidad de revocar las habilitaciones, pero hasta el momento no tomaron ninguna decisión. Si cerró algún local, fue por decisión propia", afirmó.
 

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evitó referirse a los prostíbulos: "La Ciudad puede investigar si cumplen las medidas de seguridad y la habilitación. Si atrás de ello hay delito de trata, quien tiene que investigar es la justicia".

Córdoba ya los prohibió

En mayo pasado, Córdoba se convirtió en la primera (y única) provincia que prohibió la actividad de prostíbulos y cabarets. La iniciativa fue presentada en el parlamento provincial por el bloque oficialista de Unión por Córdoba y contó con el apoyo de la Unión Cívica Radical, el Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba. El Frente Cívico y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se posicionaron en contra.

La norma prohíbe la instalación y el funcionamiento de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o locales de alterne.
Las provincias de Santa Fe, Río Negro y Tucumán podrían copiar la normativa.