Comunicadores del Sur

21.05.2026

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, no descartó impulsar una reforma de la Constitución de la Ciudad y sostuvo que se trata de un debate “de época”, aunque reconoció que enfrentará obstáculos para concretarlo.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 en su artículo 129 estableció que la Ciudad pasa a ser autónoma (“un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”) y se ordenó la redacción de la carta magna capitalina, la cual fue aprobada en 1996 y ya habla de términos como democracia participativa y la existencia de las Comunas.

“Vamos a ver si da el clima y el momento de época. Pero creo que la necesita”, afirmó el mandatario, al referirse a la posibilidad de modificar el marco institucional porteño.

Jorge Macri fundamentó su postura en dos ejes principales. Por un lado, cuestionó el funcionamiento del sistema de Comunas y el esquema de representación actual: “Si vale la pena elegir comuneros, hay que pagarles la plata a los siete comuneros”, planteó, en alusión a la estructura de cada una de las 15 Comunas de la Ciudad.

Por otro lado, apuntó contra la cantidad de integrantes de la Legislatura porteña (60, se renuevan 30 cada dos años), al considerar que está sobredimensionada. “¿Hacen falta 60 legisladores en una ciudad que no es tan extensa?”, se preguntó.

El jefe de Gobierno anticipó que cualquier intento de reforma encontrará resistencias dentro del sistema político. “Sé que nada de esto es bienvenido por la política. Me va a costar un montón lograr que lo aprueben”, admitió.

En ese sentido, insistió en que, pese a las dificultades, se trata de discusiones necesarias en el contexto actual: “Me parece que son parte de los debates de época”.

En contexto, recientemente el bloque La Libertad Avanza había presentado un proyecto de Ley para reformar la Ley N° 1.777 Orgánica de Comunas (2005) y planteaba recortes en el área: que de los siete comuneros en cada Junta, solo el presidente (el líder, de la fuerza más votada) accediera a un salario, el resto estuviera ad honorme. También proponía cambios en los Consejos Consultivos Comunales de vecinos y mayores controles en las áreas, evitando superposición de tareas con ministerios.

En estas últimas semanas hubo rumores sobre ideas en el propio oficialismo sobre cambios en el funcionamiento de las Comunas.

20.05.2026

Un proyecto de ley presentado por la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires propone declarar como bien integrante del Patrimonio Cultural de la CABA al edificio conocido como “El Templete”, ubicado en Avenida Caseros 3250, en el barrio de Parque Patricios. La iniciativa busca encuadrar al inmueble bajo los alcances de la Ley N° 1227, normativa que regula la preservación del patrimonio cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El texto establece en su artículo primero la incorporación formal del edificio al catálogo patrimonial, con el objetivo de garantizar su protección legal, mientras que el segundo artículo dispone las comunicaciones administrativas correspondientes.

Según los fundamentos del proyecto, “El Templete” posee un alto valor histórico, arquitectónico y social, constituyéndose como un hito de identidad para la Comuna 4. De estilo neoclásico, la estructura fue inaugurada en 1907 bajo el nombre original de “Templo de la Fortuna Viril”, dentro de los terrenos del antiguo Zoológico del Sud, donde funcionaba como confitería del paseo público.

La obra fue dirigida por Clemente Onelli, con la colaboración del perito Francisco Pascasio Moreno, y formó parte del diseño paisajístico concebido por Carlos Thays. Tras el cierre definitivo del zoológico hacia 1938, el edificio atravesó diversas etapas de reutilización, albergando instituciones como la Escuela de Telares, el Teatro Manuel de Lavardén y dependencias del Registro Civil.

En 2012, el inmueble fue reabierto en el marco de políticas vinculadas al Distrito Tecnológico, incorporando además una estación del sistema de transporte Ecobici. Desde 2014, su gestión depende de la Comuna 4 y actualmente funciona como sede de la Subgerencia de Participación y Atención Vecinal, donde se desarrollan actividades comunitarias, talleres y cursos abiertos.

El proyecto cuenta con el aval del Ateneo de Estudios Históricos “Parque de los Patricios” y de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, instituciones que respaldan la necesidad de preservar el edificio como parte de la memoria urbana.

De aprobarse la iniciativa, “El Templete” quedará protegido frente a posibles modificaciones estructurales, consolidando su rol como patrimonio histórico y espacio activo de integración vecinal.

19.05.2026

El legislador Alejandro Grillo presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear un programa destinado a mitigar los efectos de los eventos masivos en el entorno del Movistar Arena, en el barrio de Villa Crespo.

La iniciativa, bajo el expediente 1546-D-2026, impulsa la puesta en marcha del “Programa de Mejoramiento del Entorno Urbano del Movistar Arena”, con el objetivo de reducir el impacto que generan los espectáculos en la movilidad, el ambiente y la vida cotidiana de los vecinos.

Entre las principales medidas, el proyecto contempla la implementación de un esquema de circulación restringida en las calles aledañas durante los días de eventos. En ese perímetro, solo podrían ingresar residentes, servicios de emergencia, transporte público y vehículos autorizados, además de prohibirse el estacionamiento para no residentes.

También se prevé la elaboración de un plan integral de tránsito que incluya desvíos, señalización y coordinación con operadores de transporte público para reforzar frecuencias en horarios de ingreso y egreso. En paralelo, se busca fomentar el uso de medios sustentables, como bicicletas y monopatines, mediante la incorporación de infraestructura específica.

El proyecto incorpora un capítulo ambiental que establece el monitoreo periódico de ruido y vibraciones, en línea con la Ley 1540 de contaminación acústica, y obliga al explotador del estadio a incorporar tecnología para amortiguar vibraciones, bajo apercibimiento de sanciones.

Asimismo, se plantea reforzar la seguridad en el área durante los eventos y mejorar las condiciones de higiene urbana en el entorno del estadio.

La iniciativa también establece la creación de una mesa de trabajo integrada por el Gobierno de la Ciudad, la Junta Comunal 15, representantes del estadio y del Consejo Consultivo, con el objetivo de monitorear y ajustar las medidas implementadas.

En cuanto a las obligaciones del concesionario, el proyecto le asigna la responsabilidad de financiar la señalética, el personal logístico y las campañas de difusión vinculadas al operativo. Además, deberá aportar información para la elaboración de un informe anual de cumplimiento socioambiental, que será público y remitido a la Legislatura.

El texto propone además modificar el régimen de faltas para incorporar sanciones específicas por incumplimientos en eventos masivos, que podrían incluir multas y clausuras en casos graves, especialmente si se afecta la circulación de servicios de emergencia o se generan daños a viviendas linderas.

En los fundamentos, el autor señala que la creciente actividad del estadio generó externalidades como congestión vehicular, ruidos y conflictos con vecinos, y plantea la necesidad de un abordaje integral que complemente la normativa vigente.

18.05.2026

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires convocó, mediante el Oficio Judicial N° 22646368/GCABA-PG/26, a ciudadanos, organizaciones y posibles interesados a presentarse en un amparo ambiental colectivo que cuestiona la construcción de un estacionamiento subterráneo en la Plaza Inmigrantes de Armenia, ubicada en el barrio de Palermo (Comuna 14).

Es en el marco de una licitación pública del Gobierno porteño para construir estacionamientos subterráneos en: Parque España, en Barracas (Comuna 4); un predio en la intersección de Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios (Comuna 4); la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo (Comuna 14); el Parque de la Innovación, en Núñez (Comuna 13); y la Plaza Noruega, en Belgrano (Comuna 13).

La convocatoria fue publicada mediante un edicto judicial que otorga un plazo de diez días para que quienes tengan interés en el resultado del litigio se presenten en el expediente, constituyan domicilio y aporten argumentos propios. El proceso se encuentra en una etapa inicial.

La causa fue iniciada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, encabezada por Jonatan Emanuel Baldiviezo, junto con la Fundación Ciudad, representada por Andreina Ermelinda María Conso De Luca, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la demanda, las organizaciones solicitan que se declare la inconstitucionalidad de una parte de la normativa que habilitó el proyecto, así como la nulidad del proceso licitatorio y de distintos actos administrativos vinculados a la concesión para la construcción del estacionamiento.

Además, piden que se ordene la paralización de cualquier obra o excavación en el predio. En caso de que los trabajos ya hayan comenzado, reclaman la recomposición ambiental del espacio verde, con suelo absorbente y uso público.

El juzgado aclaró que solo se admitirán presentaciones que aporten fundamentos nuevos y relevantes para el caso, con el objetivo de contribuir al análisis judicial antes de que avance el proceso.

El proyecto de estacionamiento en Plaza Armenia ha generado debate en torno al uso del espacio público y el impacto ambiental de las obras en áreas verdes urbanas. La resolución del amparo podría definir el futuro de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo porteño.

15.05.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la nueva reglamentación del régimen de boleto educativo mediante el Decreto 183/26, que actualiza las condiciones de acceso, uso y control del beneficio en línea con las modificaciones introducidas por la Ley 6.770. La medida designa al Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires como nueva autoridad de aplicación y deroga la normativa anterior vigente desde 2017.

El decreto, firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, establece una nueva reglamentación de la Ley 5.656, que regula el acceso al beneficio para estudiantes del sistema educativo porteño y amplía el alcance del esquema de transporte subsidiado.

Según la normativa, el boleto educativo será válido en toda la red de subterráneos y Premetro, así como en las líneas de colectivos que circulan dentro del territorio de la Ciudad, tanto de carácter local como interjurisdiccional. El beneficio continúa destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, educación especial y terminalidad educativa, con un tope máximo de 50 viajes mensuales y hasta 4 por día.

Uno de los cambios centrales es la incorporación de criterios socioeconómicos para determinados beneficiarios. En esos casos, los estudiantes deberán acreditar pertenecer a hogares en situación de pobreza, clase media vulnerable o frágil, de acuerdo a los indicadores elaborados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se exigirá la presentación de una declaración jurada con datos sobre ingresos, domicilio, establecimiento educativo y modalidad de cursada.

La reglamentación también establece que los estudiantes deberán acreditar su condición de alumno regular y tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Para los menores de 12 años, se prevé un boleto con descuento del 55% para un acompañante adulto, que deberá ser debidamente registrado.

El trámite para acceder al beneficio será a solicitud del interesado —o de sus responsables en caso de menores— y se realizará a través de plataformas digitales que determine la autoridad de aplicación, con posibilidad de instancias presenciales. Asimismo, se habilita el uso de sistemas interoperables, como tarjetas o billeteras virtuales, para la instrumentación del boleto.

El nuevo esquema incorpora mecanismos de control más estrictos. La autoridad podrá verificar la información declarada mediante cruces de datos con organismos públicos y privados, y los beneficiarios deberán informar cualquier cambio en su situación académica, domicilio o condición socioeconómica. El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o baja del beneficio.

Entre las causales de pérdida del boleto se incluyen la falta de regularidad escolar, el cambio de domicilio fuera de la Ciudad, la mejora en la situación económica o el uso indebido del beneficio. En estos casos, el usuario podrá quedar inhabilitado para volver a solicitarlo durante un plazo de seis meses.

El decreto también tipifica como uso indebido la cesión, transferencia o utilización por terceros del beneficio, y habilita al Gobierno a iniciar acciones administrativas o judiciales en casos de fraude, en línea con lo previsto en el Código Penal.

Finalmente, la norma faculta al Ministerio de Movilidad e Infraestructura a dictar disposiciones complementarias para la implementación del sistema y establece que cualquier medida con impacto presupuestario deberá contar con la intervención previa del Ministerio de Hacienda y Finanzas.