14.08.2026
Una nueva controversia llegó a la Legislatura porteña a partir de una licitación impulsada por el Gobierno de la Ciudad para concesionar durante cinco años una bóveda del Cementerio de la Recoleta. La iniciativa contempla la instalación de un comercio, la venta de alimentos y bebidas y la realización de actividades de turismo nocturno.
Dos proyectos legislativos pusieron el foco sobre la medida y reclamaron explicaciones al Ejecutivo porteño. Los cuestionamientos apuntan tanto al carácter comercial de la propuesta como a su compatibilidad con la normativa que regula los cementerios de la Ciudad y con las condiciones de protección patrimonial que rigen sobre el predio.
La licitación fue convocada mediante la Disposición N.º 278/DGCOYP/26 y publicada en el Boletín Oficial porteño el 7 de agosto. El espacio que se busca concesionar tiene aproximadamente 24,55 metros cuadrados y está ubicado en la Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12 del Cementerio de la Recoleta, sobre Junín 1760.
El llamado establece una concesión onerosa por cinco años. El canon base mensual fue fijado en $1,6 millones, mientras que para la actividad de turismo nocturno se estableció además una participación mínima del 20% sobre los ingresos brutos.
La apertura de ofertas está prevista para el 9 de septiembre a las 11. De acuerdo con el pliego, el espacio podrá funcionar como un “gift shop”, con publicaciones, piezas gráficas, objetos conmemorativos y otros productos relacionados con la identidad histórica y cultural del cementerio y de la Ciudad.
También se contempla la venta de alimentos y bebidas de elaboración simple, productos envasados y despacho inmediato, como café, té y otras infusiones. El servicio previsto sería bajo modalidad take away, sin mesas ni permanencia del público dentro del local.
La tercera actividad prevista es el turismo nocturno, mediante visitas guiadas y propuestas culturales, educativas y recreativas destinadas a difundir el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y funerario de la necrópolis.
El principal cuestionamiento: la Ley 4977:
Uno de los proyectos presentados en la Legislatura plantea una pregunta concreta al Ejecutivo porteño: cómo se compatibiliza la concesión con el artículo 22 de la Ley 4977, que establece la prohibición de actividades comerciales dentro de los predios de los cementerios de la Ciudad.
El expediente 2487-D-2026, presentado por Bárbara Rossen, con la coautoría de Francisco Caporiccio y Claudia Neira, solicita al Gobierno porteño que informe cuáles fueron los antecedentes y criterios utilizados para avanzar con la concesión y por qué se seleccionó específicamente esa bóveda.
También pide conocer qué reparticiones intervinieron en la decisión y cuáles fueron los fundamentos para otorgar el uso y explotación comercial del espacio.
Una zona con protección patrimonial:
El segundo eje de las críticas está relacionado con el valor histórico del Cementerio de la Recoleta. El predio integra el Área de Protección Histórica APH14 “Ámbito Recoleta” y la parcela involucrada cuenta con nivel de protección integral.
El expediente 2482-D-2026, impulsado por Manuela Thourte junto a Guillermo Suárez, propone que la Legislatura manifieste su preocupación por la licitación.
Los autores remarcan que el cementerio no constituye solamente un espacio de valor turístico y patrimonial, sino también un lugar de sepultura y duelo. En ese sentido, plantean que cualquier intervención debería contemplar tanto la preservación física del patrimonio como los usos tradicionales del lugar y el respeto hacia las personas sepultadas, sus familiares y quienes concurren al predio.
El pedido de informes también recuerda que el Cementerio de la Recoleta cuenta con unas 4.500 bóvedas y que más de 90 sepulcros fueron declarados Monumentos Históricos Nacionales.
Los proyectos legislativos ponen además la lupa sobre las eventuales obras de adecuación de la bóveda. Según los documentos analizados, el futuro concesionario tendrá 30 días hábiles desde la toma de posesión para presentar el Plan de Obra, Adecuación y Mejoras Definitivo y luego tramitar las autorizaciones correspondientes.
El planteo legislativo sostiene que, debido al nivel de protección integral del inmueble, las intervenciones deberían contar con las autorizaciones patrimoniales necesarias y que el proyecto definitivo debería poder ser conocido y verificado antes de que comiencen los trabajos.
Además, los legisladores señalaron una diferencia entre algunos documentos técnicos y el propio pliego respecto del alcance de la actividad gastronómica: mientras determinados informes describen la comercialización de productos cerrados en origen y sin elaboración en el lugar, el pliego contempla alimentos y bebidas de elaboración simple y despacho inmediato.
El Gobierno porteño deberá responder:
Los dos expedientes quedaron incorporados al debate legislativo sobre la concesión. Uno busca expresar la preocupación de la Legislatura por la iniciativa y el otro solicita al Ejecutivo porteño que explique sus fundamentos y, especialmente, cómo pretende compatibilizar la concesión con la legislación vigente y las normas de protección patrimonial.
La discusión pone así bajo la lupa una decisión del Gobierno de Jorge Macri que combina explotación comercial, actividad turística y utilización de un espacio ubicado dentro de uno de los principales sitios históricos de la Ciudad.
El punto central del debate, más allá del atractivo turístico que pueda representar la propuesta, será determinar si el uso previsto para la bóveda resulta compatible con las normas que protegen al Cementerio de la Recoleta y con el carácter particular de un espacio que continúa funcionando como lugar de descanso y duelo.
