Comunicadores del Sur

14.11.2020

Por Roberto Andrés

Las reformas impulsadas en Buenos Aires sobre los plásticos de un solo uso no han estado exentas de polémicas entre “prohibicionistas” y “regulacionistas”. Según recolectores, no hay proceso para hacer “el circuito de la comercialización”. Los recicladores argumentan que “las plantas no están capacitadas para el posconsumo”.

El pasado 6 de noviembre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Leonardo Grosso, aprobó un proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la reducción progresiva y prohibición específica de los plásticos de un solo uso, aquellos que se calcula que tienen un promedio de uso de 20 minutos pero que tardan entre 150 y 500 años en desaparecer completamente.
La vicepresidenta de la Comisión, la diputada cordobesa Brenda Austin (UCR) ya había presentado en agosto de 2019 la iniciativa legislativa: “La contaminación por plásticos es un desafío ambiental que requiere acción inmediata. Todo el plástico que desechamos nos vuelve. Micropartículas y pedazos diminutos entran en nuestros ecosistemas y contaminan nuestra comida, agua y aire. Se calcula que comemos 5 gramos de microplásticos por semana: el equivalente a una tarjeta de crédito”.
No se trata de una iniciativa solitaria. En la Comisión de Ambiente de la legislatura porteña, tanto la banca del Frente de Todos, bajo la conducción de Cecilia Segura, como la de UCR-Evolución, bajo la conducción de Manuela Thourte, presentaron respectivamente proyectos para “reducir la generación de plásticos de un solo uso vinculados al consumo de alimentos” y “promover la transición a una economía circular”.
Sin embargo, las reformas impulsadas en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos años sobre el uso de plástico no han estado exentas de polémicas y visiones cruzadas. A la oposición que la Cámara del Plástico y el Sindicato del Plástico han manifestado por el cierre de empresas y la pérdida de empleo, se suman los temores de pymes recicladoras ante los vaivenes del precio del petróleo y de las cooperativas recolectoras ante la inseguridad laboral y la exposición sanitaria.

La cruzada contra el plástico

En agosto de 2019 la Ciudad de Buenos Aires adhirió al Compromiso Global para la Nueva Economía de los Plásticos, un acuerdo impulsado por ONU Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur para erradicar la contaminación plástica desde su origen.
“La basura marina es uno de los ejemplos más visibles e inquietantes de la crisis de contaminación por plásticos que enfrentamos”, señaló Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Medio Ambiente, en el lanzamiento de la campaña. “Este compromiso es el paquete de objetivos más ambicioso que hemos visto hasta ahora en la lucha para vencer la contaminación por plásticos”.
Las noticias de animales marinos como ballenas, tortugas o aves que confunden los plásticos con alimentos se multiplican día a día. Se calcula que este material representa el 85 % de la basura marina y que cada año se arrojan más de ocho millones de toneladas a los mares y océanos, el equivalente en peso a 268 Congresos de la Nación por año.
El Compromiso Global fue firmado por 250 organizaciones, incluyendo multinacionales como Danone, L’Oréal, PepsiCo, Coca Cola y Unilever, entre otras, responsables del 20 % de todos los envases plástico a nivel mundial. También adhirieron empresas minoristas y recicladores, así como gobiernos y ONG.
Dos años antes, la ola de medidas contra el plástico en América Latina y el Caribe desembarcaba con la campaña Mares Limpios, también obra de ONU Medio Ambiente. La región cuenta con el segundo mar más contaminado del mundo con plástico, el Caribe. Para cuando fue lanzado el Compromiso Global, Mares Limpios ya agrupaba a 16 países latinoamericanos, más algunas ciudades de Brasil y México.
En la Ciudad de Buenos Aires la prohibición de la entrega de bolsas plásticas de un solo uso comenzó en enero de 2017, y para sorbetes en noviembre de 2019. Según informó el Gobierno de la Ciudad, la prohibición “evitó que más de 500 millones de bolsas por año terminen en rellenos sanitarios o en los desagües pluviales”.
Sin embargo, la medida contó con la oposición de la Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP), de la ONG Ecoplas, vinculada a Dow Chemical y PetroPack, entre otras, y de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP). En síntesis, señalan que no es negocio prohibir, porque las pymes no tienen financiamiento para la reconversión tecnológica, y apuestan al desarrollo de la industria del reciclado.
Otros sectores, como los recicladores de botellas y las cooperativas recolectoras argumentan que bolsas y sorbetes “no tienen proceso para hacer el circuito de la comercialización” y que “las plantas no están capacitadas para el posconsumo”.

Una política sin transición

En septiembre de 2016 Ecoplas ya había denunciado que la inminente prohibición de bolsas era una medida “fundamentalista” y que “la mejor opción para el medioambiente y los consumidores” era “el consumo racional, reutilización y reciclado de las bolsas plásticas”.
Por su parte, UOYEP informa a sus afiliados que su objetivo como sindicato es “proteger los puestos de nuestros trabajadores frente a los proyectos de prohibición de plásticos”. Como contrapartida proponen fomentar el reciclaje y el desarrollo de la industria recicladora plástica. “Por eso dentro de nuestras actividades, trabajamos para asesorar en proyectos de reciclaje”.
“Más de 500 empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y los 12.000 trabajadores que directa o indirectamente allí se emplean, verán afectados y vulnerados su derecho al trabajo”, señaló Ecoplas ante la prohibición de bolsas. Para octubre de 2018, y ante la inminente prohibición de los sorbetes, el sector volvió al ataque denunciando la pérdida de 10.000 empleos.
Junto a la Cámara del Plástico, la ONG cuestionó los límites para una reconversión tecnológica. “Europa se tardó de cinco a diez años en la reconversión. Acá dieron tres meses para sacar las bolsas”, criticó Sergio Hilbrecht, gerente de CAIP. Mientras que Julio Bisio, directivo de Ecoplas, sostuvo que “para reconvertirse se necesita tiempo y capital. Hoy la financiación no existe y las tasas no dan para la rentabilidad del negocio”.
Para UOYEP, “la mala gestión de los residuos en el mundo ha terminado por contaminar el medioambiente. No obstante, la correcta separación en origen de estos materiales y su posterior gestión son una potencial e importante fuente de empleos para la industria recicladora”.
Argentina produce unas 45 mil toneladas de residuos, de los cuales el 12 % corresponde a plásticos. Hoy la industria plástica tiene el 50 % de capacidad ociosa para trabajar en el reciclado. En ese proceso se podría reciclar más de un millón de toneladas de plásticos. Sin embargo, el conflicto es mucho más complejo que el expuesto entre los “prohibicionistas” y los “regulacionistas”.

La vulnerabilidad del reciclado

Carlos Briones, gerente institucional de Ecopek, planta recicladora de botellas que abastece a Coca Cola, informó a este medio sobre la vulnerabilidad comercial del reciclado. “El galón del barril de petróleo hasta el 2015 estaba en 100 dólares, pero por una pelea entre los americanos y los árabes ese año se fue a menos de 30 dólares. Esto hizo que los insumos para fabricar los plásticos bajaran”.
Al bajar el precio de los insumos, baja el del producto, pero también el del reciclado, “porque los costos de mano de obra, de energía, flete, seguro, impuestos, todo estaba a un valor que no bajó, y la única alternativa que hubo fue la de bajar el precio de la botella usada”.
“Cuando hicimos eso, los recuperadores empezaron a bajar la recolección, se dedicaron más al papel y al cartón, que, si bien valen menos que el plástico, en un bolsón se pueden meter muchos más kilos bien dispuestos”, agrega.
“Tenemos un gran porcentaje de material reciclable que es plástico”, señala Leonor Larraburu, presidenta de la cooperativa 18 de abril y comisión de El Amanecer de los Cartoneros. En diálogo con LID, Leonor indicó que el problema de su sector consistía en una irregularidad de los precios ante el comprador.
“Nosotros nos tomamos el trabajo de preparar la botella según las exigencias de la industria, que son como cinco horas de trabajo. Eso vos me lo tenés que pagar a mí como se lo estas pagando a cualquier otra cooperativa. Nos unimos todas las cooperativas para pelear un mejor precio a todos por iguales”, aclara.
Leonor también nos explica sobre otro punto débil del reciclado: “La prohibición del plástico de un solo uso, como los sorbetes y bolsas, a nosotros no nos afecta en nada, porque no tienen proceso para hacer el circuito de la comercialización que nosotros tenemos”.
“Los plásticos chiquitos, las bolsas que son muy volátiles… yo estoy medio de acuerdo con ir reduciendo su producción e ir remplazándola por alternativas mucho más sustentables”, agrega Alejandro Valiente, del equipo técnico de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).
En diálogo con este medio, Valiente señala: “El sorbete no hay quien venga a comprártelo. La Cámara del Plástico te va a decir que es reciclable. Su organismo técnico Ecoplas dice que es todo reciclable. Técnicamente es cierto, pero eso no quiere decir que haya una industria dispuesta a comprarle a una cooperativa de cartoneros un sorbete usado para reciclar. La bolsa de polietileno sí, se puede incorporar a un proceso de recuperación para hacer bolsas de consorcio o baldes de albañilería”, agrega.
“Acá el problema grave que hay en general es que las plantas no están capacitadas para el posconsumo. Entonces, no compran, y compran posindustrial”, se queja Carlos Briones. A diferencia del cartón, papel, vidrio o aluminio, “los materiales más nuevos como el plástico se tratan en plantas más nuevas. Ese uso se disparó, pero no hubo un acompañamiento en el conocimiento y el tratamiento de estos materiales”.
Desde hace varios años se han venido implementando toda una serie de reformas contradictorias en CABA sobre el tratamiento de residuos. Para habilitar la incineración de basura (una iniciativa polémica que generó una amplia oposición de ambientalistas, recicladores y organizaciones sociales) el Gobierno quiso modificar la Ley de Basura Cero de 2007.
Esta ley permitió el reconocimiento de los trabajadores recolectores y recicladores, lo que concedió a su vez a las cooperativas la responsabilidad de recolectar y separar los residuos reciclables en la Ciudad. Pero no ha sido suficiente.
“Desde la Federación estamos impulsando una ley de responsabilidad del productor que regule como tiene que ser el envase para que sea más fácil de reciclar, y que con ese envase se pague un pequeño impuesto para sustentar los sistemas de reciclado”, indica Valiente.
“Una ley que incluya todo lo socio-comunitario, el reciclado”, agrega Leonor. “Armar un combo de todo con una ley que lo ampare y que nadie se quede afuera. Porque tenemos más de cinco mil compañeros que no están reconocidos a pesar de estar prestando un servicio a la Ciudad”.

13.11.2020

Por Carla Libertad

Con protocolo y distanciamiento social, inicia el retorno de la actividad teatral y musical con público presencial en las salas de espectáculo. Este viernes se dan las primeras funciones, en Multiteatro y Brodway. Y el sábado abre el Teatro San Martín.

Con distanciamiento social, dejando espacios libres entre butacas y filas sin espectadores, vuelven los espectáculos con público en la ciudad de Buenos Aires. Las boleterías no están habilitadas, así que la venta de entradas es online. Y sólo se dará una función por día, los fines de semana. Fue publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del ministro de Salud, Ginés González García.
Este viernes 13, inauguran la escena post cuarentena las obras de Flavio Mendoza y Luis Brandoni en el teatro comercial. Ambos encabezaron una protesta junto a artistas y empresarios del teatro el lunes 9, por la reapertura. Luis Brandoni además fue parte todo el año de las manifestaciones de la derecha en los banderazos.
En Multiteatro dan “El acompañamiento”, del dramaturgo Carlos Gorostiza, con Brandoni como actor y director. Y en Brodway, la comedia de Flavio Mendoza “Un estreno o un velorio”, con Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa.
El día sábado reabre sus puertas el Teatro San Martín, del circuito oficial. En la Sala Casacuberta darán “Happyland”, escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Alfredo Arias: Derrocada por los militares, la presidenta Isabelita es recluida en un castillo gótico de la Patagonia. La acompañan su criada andaluza y sus perritos. Entre noches de espiritismo y confesiones con el Arzobispo que la visita para aliviar su alma, Isabelita añora, más que los años de la presidencia, los días felices en un cabaret de Panamá. Actúan Alejandra Radano, Josefina Scaglione, Carlos Casella, Marcos Montes, María Merlino y Adriana Pegueroles.
Julio Chávez también vuelve a la escena, el miércoles 18 con “Después de nosotros” en Paseo La Plaza, y el 21, con “El Equilibrista” en el Chacarerean.
#EmergenciaCulturalBA y #AlertaRoja

Durante los 8 meses de cuarentena los trabajadores de la cultura, artistas y salas independientes, artistas callejeros y técnicos precarizados, fueron de los más golpeados por la ausencia de políticas públicas que dieran respuestas durante el cese de las actividades.
Así surgió la campaña #EmergenciaCulturalBA con más de 60 organizaciones que se manifestaron a través de redes sociales, con artistas conocidos como Cecilia Roth, Cristina Banegas y Sara Hebe. En su declaración explican: “La cultura cumple un rol social fundamental generando espacios de inclusión y visibilización de sectores de la población históricamente postergados como la comunidad LGBTTIQ+, personas migrantes, afrodescendientes o en situación de calle”.
El movimiento viene exigiendo: la declaración de la emergencia cultural en CABA, el registro de trabajadoras y trabajadores de la cultura, la implementación de una renta cultural extraordinaria y la aprobación de proyectos de ley, como la ayuda económica a trabajadores de la cultura, a librerías y editoriales.
Por otro lado, este jueves se movilizaron a Plaza Congreso, trabajadores técnicos escénicos, inspirados en las manifestaciones que se vienen dando a nivel mundial bajo el lema #Alerta Roja. Reclamaron la reapertura de todos los espacios culturales, circos, plazas, parques, salones de eventos, recitales, con los protocolos correspondientes. También exigieron regularizar su situación laboral, la mayoría precarizados y monotributistas; así como también el otorgamiento de subsidios para este sector que no es el del empresariado de la cultura.

12.11.2020

Por Juan Borges

Jorge Rego, padre de la víctima de gatillo fácil Christopher Rego, dialogó sobre el juicio que comenzará este viernes 12 de octubre en el cual se juzgará a los efectivos de Prefectura Naval Argentina acusados por el crimen del joven de 26 años, el 12 de agosto de 2018, en Parque Patricios.

Christopher, también conocido por sus amigos como “El Bocha” regresaba a su casa en camioneta se encontró con un control vehicular de la Prefectura. Al haberse olvidado los papeles del vehículo no frenó ante el control. En ese marco, el oficial prefecto Pablo Brítez le disparo y el joven terminó estrellándose contra un poste de luz.
La querella comprobó que en un intento de encubrir el crimen, los uniformados intentaron quitar los casquillos de bala que se encontraban en el lugar. Al llegar al lugar personal policial de la ciudad encontró el cuerpo y la camioneta con dos disparos de arma de fuego en el lateral derecho y otro en la parte trasera.
Los agentes Pablo Brítez, Javier Fernández, Mariano Paredes, Axel Díaz Guevara, Rubén Viana, Cristian López, Lucila Carrizo y Jacqueline Acosta deberán responder por los delitos de homicidio y encubrimiento.
¿Cómo fueron los hechos que desembocaron en el asesinato de su hijo?
JR: Era un domingo a la madrugada y a las 2 y media de la madrugada. Bocha había dejado a Luana, su esposa y a Bastian su hijo en un cumpleaños. En ese horario la llama y le avisa que iría a buscarla a Nueva Pompeya donde era el cumpleaños.
Hacía pocos días había comprado el Bocha una camioneta y todavía no tenía todos los papeles, por eso en el trayecto no paro en el control vehicular. Había ocho prefectos haciendo el control, ellos no debían estar ahí. Pablo Brítez es el asesino de mi hijo, le disparo a sangre fría y lo hizo chocar contra otro vehículo. Llegan otros prefectos que buscaron tapar las evidencias, mi hijo seguía vivo y lo dejaron morir. No llamaron al SAME y murió en ese lugar. Por suerte hubo un testigo que vio todo y además las cámaras grabaron todo. Como lo mataron impunemente, como borraron las evidencias, todo.
Avances todavía no veo ninguno. En marzo se iba a iniciar el juicio pero con el inicio de la pandemia se pospuso. Recién este viernes 13 de noviembre se realizará la primera audiencia. De los ocho detenidos, quedan apenas tres presos. Los demás los fueron liberando de a poco.
¿Qué espera del juicio oral que comienza?
JR: Del juicio oral espero que se haga justicia, mi hijo está muerto injustamente. Mi hijo lo único que no hizo fue no pararse en un control vehicular muy extraño que no cumplía con las reglas para hacerlo. Es horrible como lo mataron, las fuerzas de seguridad que nos tienen que cuidar terminan matando a nuestros hijos, tienen una preparación muy básica, no les hacen un test psicológico como debe ser y le dan una placa y un arma cuando no están preparados lo suficiente. Milito en la Marcha Nacional contra el gatillo fácil, hay 7600 casos de asesinatos como el de mi hijo.
Christopher era padre de un niño pequeño…
JR: Mi nieto Bastian es lo más hermoso que nos dejó el Bochita. Es muy parecido al padre, es rubio pero tiene los ojos marrones, travieso como era el Bochita cuando era chiquito. Bastian tiene dos años y dos meses. Es un ángel mi nieto.
Desde el 12 de agosto de 2018, que lo mataron al Bocha extraño todo. Lo recuerdo todos los días, a cada momento se me viene una imagen de él. Cuando voy en el auto y paso por lugares donde desayunaba con él, ir a la cancha de Huracán los dos juntos. Extraño todo, era un pibe espectacular, buen hijo, buen hermano. Era muy trabajador. Cuando nació su hijo se compró la camioneta usada para trabajar. Lo extraño mucho, era un pibe muy querido. En su velorio fueron cerca de 500 personas, le hicieron cinco murales sus amigos, le hicieron una canción y una bandera en la cancha de Huracán. El club de sus amores.

12.11.2020

El sindicato de Camioneros desmintió «las falsas noticias» y aseguró que para combatir la desinformación comenzarán asambleas informativas en los puestos de trabajo.

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, desmintió hoy «las falsas noticias» que anunciaron «la firma de un acuerdo con el Gobierno porteño para no recolectar residuos los fines de semana», informó el gremio.
La organización sindical, que lideran Hugo y Pablo Moyano, aseguró en un comunicado que a lo largo de su historia defendió «los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores y sus familias, en especial en el contexto de la pandemia de coronavirus aún en curso», indicó el gremio.
El documento, firmado por Pablo Moyano y el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, desmintió de forma rotunda «la falsa noticia aparecida en el diario La Nación respecto del supuesto acuerdo firmado con las autoridades del Gobierno metropolitano».
Los dirigentes sindicales afirmaron que esa «falsa noticia» dio cuenta de que «los trabajadores de la Rama Recolección de Residuos y Barrido podrían sufrir recortes salariales».
«No hubo acuerdo alguno con el Gobierno de la Ciudad para no prestar tareas de limpieza sábados y domingos como consecuencia de un supuesto ajuste presupuestario», afirmaron.
Los gremialistas anunciaron hoy que comenzarán las asambleas informativas en todos los puestos de trabajo de esa rama de actividad para defender «las conquistas y derechos adquiridos junto a quienes generan riqueza, es decir, los trabajadores».
«Camioneros siempre defendió el salario de los trabajadores, en especial desde el inicio de la actual pandemia. Ellos realizaron sus tareas esenciales a diario y durante las 24 horas. El gremio niega y desmiente la falsa publicación de La Nación, que solo procura desprestigiar las medidas de Gobierno del presidente Alberto Fernández por la coparticipación federal», puntualizaron.
Por último, Moyano y Aparicio expresaron que esas «falsas noticias» solo procuran instalar «preocupación» entre los trabajadores de la actividad, lo que el gremio rechazó de plano.

11.11.2020

El pasado martes 10 de noviembre, vecinas/os y organizaciones protagonizaron una importante movilización al Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat de CABA. Los principales reclamos fueron la quita de restricciones al acceso al subsidio habitacional, la creación de una línea inmediata para casos de violencia de género y un piso de $ 15.000 para ayuda económica que permita solventar alquileres y evitar la ola de desalojos.

La medida del pasado martes se enmarca en un plan de lucha escalonado que fue votado en el Congreso por la vivienda, realizado en Plaza de Mayo el pasado 16 de octubre. Allí se elaboró un programa de 15 puntos con demandas tanto al gobierno nacional de Alberto Fernández como al de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta (PRO). Entre los puntos, se encuentran la declaración de la emergencia habitacional a nivel nacional, la creación de un banco de tierras para la construcción de vivienda social, la incorporación de los inmuebles ociosos para alquiler social a través de uso social o expropiación, sumado a un impuesto a las viviendas vacías.
Con las armas de la policía de Berni aún humeantes luego del violento desalojo en Guernica, la crisis habitacional a nivel nacional se ha puesto en agenda pública. Con el poder político y los defensores de la propiedad privada envalentonados, se han sucedido desalojos de recuperaciones de tierra en Chaco, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires y demás provincias, dejando aún más precario e incierto el futuro habitacional de miles de familias que sufren la falta estructural de políticas de suelo y vivienda desde hace décadas.
Mientras el gobierno retoma iniciativa (por derecha), Guzmán recibe al FMI y comienza un plan de ajuste feroz sobre les trabajadores. Esto se demuestra en el ajuste a les jubilades, la quita del IFE, y el acuerdo con la CGT para llevar paritarias a la baja. Además, el presupuesto 2021 presenta recortes en áreas como salud y seguridad social.
En el área de tierra y vivienda también ha habido movimientos. Hace poco más de un mes, la Secretaría de Integración Socio-Urbana pasó de la esfera del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a Desarrollo Social, un sector con mayor vínculo y experiencia de trabajo con las organizaciones sociales. Gesto necesario de Fernández a organizaciones sociales afines para evitar un “fuego amigo” de tomas de tierra. A su vez, se da la novedad del desembarco de Ferraresi al ministerio de Hábitat que conducirá hasta el jueves 12 la Arquitecta María Eugenia Bielsa, en un movimiento con intenciones similares. Esto se da a días de declaraciones del presidente Fernández en relación a “poner a producir” las tierras ociosas (fiscales) del país, pero aclarando que no se trata de una reforma agraria. No vaya a ser que la derecha crea que va a ir en contra de la propiedad privada. Mientras tanto, el PRO.CRE.AR es hoy único programa de vivienda social con condiciones de ingreso expulsivas para la clase trabajadora, y el programa de Alquiler Social definido en la nueva ley de alquileres, brilla por su ausencia.
Si estas son las medidas adoptadas por el gobierno nacional, ¿qué resta para la derecha de Larreta y el PRO en la Ciudad? En la ciudad más rica del país, más de 300.000 personas habitan en villas, muchísimes inquilines alquilan a través del mercado informal y se calculan más de 7000 personas en situación de calle. Además, hay más de 1.000.000 de pobres, cuya situación ha empeorado rotundamente a partir de la crisis económica que se vive en el mundo entero, en una de las mayores crisis del capitalismo que no logra una recomposición sostenida desde hace ya mucho tiempo.
Así, como primer medida de lucha, la organizaciones que participaron del Congreso por la vivienda en la Ciudad ha entregado un petitorio de demandas en la Jefatura de Gobierno de CABA el martes 3/11 exigiendo respuestas tanto inmediatas como estructurales. Del mismo, hasta el día de la fecha, el gobierno porteño no ha dado ningún tipo de respuestas.
Como segunda medida concreta, se realizó la movilización del pasado martes 10/11, donde el Polo Obrero, las Consejerías de Vivienda, el MTR 12 de Abril, el MTL Rebelde y vecines de hoteles, pensiones y villas realizaron un corte en Pavón y Entre Ríos, sede de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar, encabezada por Maximiliano Corach. Dicha cartera, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es quien tiene a cargo el programa de Asistencia a personas y familias en situación de calle, que otorga subsidios habitacionales a población vulnerable. Producto de esta medida de fuerza, fue recibida una delegación que presentó al funcionario una lista de demandas que incluye los siguientes puntos:- Quita de requisitos para el acceso al subsidio habitacional, dado que los mismos dejan por fuera a muchísimas personas y familias. Por empezar, el ingreso requiere estar en situación efectiva de calle, cuando una política de estas características debería evitar que se llegue a dicha situación. Además, requisitos como presentar la boleta de ABL de la vivienda que se alquila es completamente inaccesible para quienes alquilan en villas, por ejemplo.- Línea urgente para víctimas de violencia de género. Como se sabe, la pandemia ha recrudecido los conflictos de violencia intrafamiliar y muchas mujeres y disidencias continúan conviviendo con su agresor por la imposibilidad material de alquilar una nueva vivienda. Así, se exige que la sola denuncia por violencia sea suficiente para acceder al subsidio. – Aumento del monto. Hoy, el subsidio habitacional va de $ 5.000 a $ 8.000, mientras una habitación con baño y cocina compartida en el barrio de Constitución ronda los $ 14.000. Se demanda que el monto mínimo ascienda a $ 15.000 y el máximo a $ 24.000- Plus por desendeudamiento en las cuotas. La falta de trabajo ha generado cuantiosas deudas en los alquileres y es por esto que se requiere de un plan de desendeudamiento urgente. Por este motivo, se propone que a cada cuota del subsidio se le adicione un proporcional de la deuda total para ir saldando la misma.- Ordenamiento de la fecha de cobro. Se exige que las mismas sean entre los días 1 y 5 de cada mes.
Luego de la reunión en donde las organizaciones presentaron sus demandas al funcionario, el mismo se comprometió a dar una reunión para jueves o viernes de la semana entrante para dar una respuesta. En la asamblea del cierre de la medida, las organizaciones dejaron en claro que de no recibir una respuesta certera y favorable, se fortalecerán las acciones de lucha.
Además, se planteó la continuidad del reclamo también en la esfera nacional. Resulta que hoy los desalojos en el circuito formal, así como la suba de los alquileres, se encuentran prohibidos por el DNU 766 que vence el 31/1/21. Sin embargo, les inquilines precarizades que no cuentan con contrato y habitan en hoteles, pensiones y villas quedan por fuera de esta normativa y los desalojos aumentan día a día. Otras situaciones de precariedad habitacional como las casas y tierras recuperadas tampoco están consideradas, lo cual genera un peligro para miles de familias que ven en la toma de espacios y viviendas abandonadas su última esperanza de acceder, al menos por mano propia ante la ausencia estatal, al derecho a la tierra y la vivienda dignas. Por esto, quienes participaron de la medida de fuerza, plantearon la necesidad de posicionar en la agenda de lucha de las organizaciones a nivel nacional, la extensión y ampliación del DNU 766, para evitar lo que en febrero se avizora como una ola de desalojos de no prorrogarse esta medida.