Comunicadores del Sur

19.6.2020

Por Natalia S.

En esta nota recopilamos entrevistas que realizamos para que nos cuenten algunas experiencias con los protocolos de detección y tratamiento del Covid en el AMBA. ¿Cómo funcionan los dispositivos de detección de casos? ¿Quiénes son los dueños de los protocolos? ¿Qué medidas proponen las organizaciones? ¿Qué pasa en los barrios con los operativos propuestos por el Gobierno? Si bien los protocolos y las modalidades de intervención cambian permanentemente, nos proponemos hacer un análisis a partir de dos testimonios de eventos que ocurrieron casi simultáneamente.

Hace ya algunos días, en el Bajo Flores se realizó una movilización denunciando la situación de los Centros de Salud y los dispositivos previstos para detección y tratamiento del Covid-19.
Mientras tanto, en Lanús, el Frente Popular Darío Santillán unos días antes había realizado dos operativos para detección de casos con muy buenos resultados.
¿Cómo funcionan los dispositivos de detección de casos? ¿Quiénes son los dueños de los protocolos? ¿Qué medidas proponen las organizaciones? ¿Qué pasa en los barrios con los operativos propuestos por el Gobierno? Si bien los protocolos y las modalidades de intervención cambian permanentemente, nos proponemos hacer un análisis a partir de dos testimonios de eventos que ocurrieron casi simultáneamente.
El 27 de mayo fue entrevistada Carolina, promotora de Salud del CeSaC 20, quien en el marco de la movilización en el Bajo Flores, describió algunas características del dispositivo del Centro de Salud, que permite entender mejor el rol de estos centros y los profesionales que allí trabajan: “El rol del promotor es el de ser el nexo entre la comunidad y el centro de salud debido a que antes se pensaba que un médico o un enfermero tenía que estar esperando que vaya la persona a presentar sus dolencias, pero con el cambio de paradigma esto cambió y justamente nace la figura del Promotor de Salud o Agente Sanitario como se conoce en los barrios. Como promotora de salud del CeSaC 20 nos encargamos de hacer trabajo territorial junto con un equipo de profesionales. Esto no funciona en todos los CeSaC del Bajo Flores. Se trabaja desde lo territorial, cada equipo debería estar conformado por un médico, un pediatra, un enfermero, un promotor de salud y un asistente social, pero no todos los equipos territoriales cuentan con todos los profesionales designados.”
Además, relató cómo fue el desembarco del Operativo Detectar en el Bajo Flores: “Nos dijeron que iba a haber una capacitación y no hubo tal cosa, solamente nos proveyeron ese día de la máscara y de un barbijo. Fue muy precario el equipo y la información que recibimos. Quedamos con muchas dudas.”
Por otra parte, menciona qué ocurría con las familias de las personas que son aisladas:
“Sucede con los aislamientos obligatorios que muchas veces la persona aislada es jefa de familia y la internan o la mandan a un hotel y no se piensa en los hijos. La familia sufre una desmembración muy difícil, no todas las familias están compuestas por otros parientes como abuelos, tíos o tías; hay familias que no tienen otra contención, ni siquiera de los vecinos porque también está la estigmatización. No todos, pero hay vecinos que apuntan y dicen cosas por desinformación. Otra cuestión es que hay personas internadas, incluso en terapia intensiva, que nadie levantó un teléfono y llamó al familiar para contarle cómo es la evolución del paciente día a día. Después de una semana o dos semanas de aislamiento, los familiares no saben cómo está la señora o el marido. Todo lo que se pudo hacer, lo hicieron las organizaciones sociales. Fueron ellas las que llevaron comida, asistencia y de tejieron redes entre nosotras, entre los médicos que son copados y tienen una mirada más integral, una mirada con empatía, con humanidad. Se pudieron tejer redes en los hospitales para que alguien llame a los familiares.”
Distinta es la situación en los barrios de Lanús en que el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) pudo articular con el Gobierno Municipal y Provincial para generar mecanismos de prevención y atención. Con el caso de Villa Azul como referencia, en los barrios La Fe y Semillita lograron intervenir de forma comunitaria y organizada para evitar la propagación del virus.
El primero, organizado entre el FPDS y el Municipio fue un barrido, en un barrio que se llama Semillita de unas 8 manzanas, donde se realizó un relevamiento casa por casa tratando de encontrar contactos estrechos y casos sintomáticos de COVID ante una situación en la que ya había habido un caso positivo en el barrio y, a partir de ese primer caso, algunos contagios. La intervención tuvo dos objetivos: evitar que se siguiera propagando el virus y por otro lado, hacer frente a una demanda concreta del barrio que, según explicó a Red Eco uno de los militantes: “nos pedía que nos acercáramos o acercáramos al Estado”. En esa ocasión, lograron que el Municipio enviara un equipo de salud y de promotores comunitarios. Se relevaron 200 casas, encontrando 6 casos sospechosos, de los cuales 2 terminaron siendo positivos.
Unos días después, a fines de mayo, realizaron una intervención más grande en el Barrio La Fe, junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Salud del Municipio. Se trató de un operativo casa por casa que duró 3 días, en los que se relevaron 35 manzanas, alrededor de 1400 casas y más de 8000 personas. El barrio La Fe es un barrio que surgió a partir de una toma de tierras, hace bastantes años ya, en el que el FPDS tiene una constricción sólida.
Desde la organización, comentaron que lo novedoso de este operativo fue que no estuvo enmarcado ni en el operativo Detectar ni en “El barrio cuida al barrio”, sino que “fue un operativo estrictamente pensado desde la organización y logramos que Provincia pusiera un equipo de profesionales de la salud pero también un equipo de vacunación. Se fue vacunando con la antigripal y contra la neumonía casa por casa, y el Municipio puso también los equipos de salud. De ese operativo encontramos unos 12 casos sospechosos, de los cuales 4 terminaron siendo positivos.”
Además, en este operativo se priorizaron algunos elementos interesantes: por un lado, que el relevamiento casa por casa lo hicieran vecinos y vecinas del barrio, que viven en el barrio y que están organizados con el FPDS, pero además, que no fuera tan invasivo: “Se dio en un contexto en el que lo de Azul era la novedad, así que logramos que no se fuera con el aparato de las fuerzas de seguridad sino que se fue directamente con protagonismo de las organizaciones del barrio.”
Además, la semana posterior se mantuvo un equipo de compañeros y compañeras que se encargó de recorrer algunas casas particulares que habían manifestado mayores miedos o mayores dudas sobre la transmisión del virus, y en algunos casos habían mostrado que eran casas donde alguno de la familia se había tenido que aislar. “Desde la organización lo que intentamos garantizar, o intervenir para garantizar, fue justamente que el Municipio asegure alimentos y artículos de higiene para la gente que se tuvo que quedar en la casa.” Así que fue en esos dos planos. Por un lado de detección temprana y por otro lado de difusión de medidas de cuidado y de prevención.
En el barrio Las Flores, de Vicente López, también hicieron un acompañamiento sólo como organización, sin intervención del Estado y en Don Orione y Glew realizaron seguimientos casa por casa.
Previo a los operativos, también hubo un hecho novedoso. Uno de los primeros casos en La Fe fue una familia que está organizada en el FPDS, y en ese caso se puso a disposición los vehículos de la organización para evitar que el traslado desde el barrio hasta el centro de aislamiento municipal no fuera con ambulancias y patrulleros como se venía haciendo, porque era una situación bastante traumática para los vecinos por los miedos que había las primeras semanas. Así que eso también fue algo novedoso, que fueron militantes, integrantes de la organización haciendo los traslados de vecinos y vecinas del barrio al centro de aislamiento.
La estigmatización y el señalamiento también los relatan desde la movilización de los centros de salud, pero todo cambia cuando hay propuestas desde las organizaciones populares: “hay mucha diferencia cuando hay una organización atrás, no están aislados”.

18.6.2020

El proyecto que regularía la actividad de los repartidores que presentó Juntos por el Cambio, finalmente no se trató en la legislatura. Los trabajadores movilizados expresaron su repudio, fueron acompañados por la diputada Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda.

En el día de ayer entró a última hora un Proyecto de ley presentado por el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura porteña. La propuesta es para reglamentar y regular la actividad de reparto que mayormente se hace desde las plataformas digitales como Glovo, Rappi, Pedido Ya y Uber Eats. El proyecto finalmente fue retirado por bloque oficialista porque no logró conseguir la mayoría y será tratado mañana en la comisión transporte.
La diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda declaró que rechazaba el proyecto presentado porque convalida la situación de precarización laboral de las y los trabajadores de las Apps y expresó su desacuerdo en tratar un proyecto que no fue consultado con las y los trabajadores de reparto. Se prevé que se trate en la próxima sesión legislativa.
La legisladora Alejandrina Barry desde la banca del Frente de Izquierda expresó también su repudio al Proyecto:
Los trabajadores organizados en La Red de trabajadores precarizados e informales se movilizaron el día de hoy a la Legislatura porteña para expresar su repudio. Denuncian que se vienen discutiendo entre las y los trabajadores del sector cómo regularizar su actividad laboral, pero el gobierno de de la ciudad y el nacional desoyen sus reclamos.
“Hoy nos enteremos que además de que no nos escuchan, Larreta impulsa un proyecto que es a espalda de los trabajadores, cuando somos nosotros los que ponemos el cuerpo todo los días en las calles, ya son 5 los compañeros que murieron este año. La precarización nos mata. Nosotros nos organizamos y luchamos por que nuestras vidas importan” comenta Damián trabajador de Rappi

De qué se trata el Proyecto

El Proyecto ley sigue avalando la precarización laboral por que considera a la empresas como “simples intermediarias” entre los trabajadores y usuarios. Estipula como obligatorio el uso de casco y chaleco para el trabajador pero las empresas no estarían obligadas a garantizarlos.
Además atenta contra el derecho a trabajar ya que restringe la actividad laboral en CABA para miles de trabajadores, ya que los trabajadores que tiene domicilio en la Provincia de Buenos Aires no podrían sacar la habilitación para trabajar en la ciudad.
Los trabajadores declararon que iniciarán una gran campaña para frenar el Proyecto de ley y seguirán exigiendo que cualquier proyecto que sea tratado no sea a espalda de ellos, para que estén contempladas todas las demandas de las y los trabajadores de aplicaciones.

18.6.2020

En la sesión legislativa de este jueves, una vez más el oficialismo impidió que se traten las decenas de proyectos para palear la crisis sanitaria y social. La diputada del FIT, Alejandrina Barry, llevó la voz de los reclamos de los docentes, trabajadores de la salud y jóvenes precarizados de las apps.

Una nueva sesión de la legislatura, donde el oficialismo sigue impidiendo que se traten las decenas de proyectos acordes a resolver los reclamos de trabajadores esenciales, de la salud y vecinos de la ciudad que vienen sufriendo la crisis sanitaria, económica y social.
La diputada Alejandrina Barry del PTS en el Frente de Izquierda, aprovechó sus diez minutos, para hacer público los reclamos que a diario escucha en sus recorridas y reuniones con trabajadores.
Las distintas denuncias arrancaron con la escandalosa medida que el Jefe de Gobierno porteño, pretende pagar el aguinaldo en cuotas a docentes y estatales. Y no solo esta medida de ajuste es privativa de la Ciudad, sino que lo mismo pretende aplicar Kicillof en la provincia y Fernández a nivel nacional.
A esto le sumó la denunció de los jóvenes precarizados de las Apps, que no solo deben sufrir una completa precarización en sus condiciones de trabajo, sino que ahora Larreta pretende incorporarlo en las leyes de tránsito avalando el fraude empresarial y haciendo cargo a los jóvenes de sus materiales de protección vial y responsabilidad social. Mientras en el recinto Alejandrina hacia el reclamo, su par Myriam Bregman, salió a las puertas del reciento para solidarizarse con los jóvenes movilizados.
A su debido momento, Alejandrina, se explayó sobre los contagios en hogares de ninños y adolescentes, acaecidos en esta semana, por falta de protocolos claros, protección sanitaria personal y por una desidia del estado en mantener a los hogares en condiciones pésimas de infraestructura y falta de personal. Días atás, la diputada estuvo reunida con los trabajadores que esperan los resultados de los hisopados y le contaban toda la situación calamitosa de sus trabajos.
Esta misma situación de abandono ante los contagios de Covid-19, la sufren los trabajadores de empresas privadas, como en Coca Cola. Donde la patronal prioriza la producción ante la salud y vida de sus trabajadores. “La vida de los trabajadores también importan” decía Alejandrina, como parte de una pelea para que los trabajadores conformen comités de higiene y seguridad para ser ellos mismos los que impongan las condiciones sanitarias para el trabajo sin enfermedad, ni muerte.
Por último y no por ello menos importante, retomó las denuncias de “las heroínas”, las “esenciales”, las y los trabajadores de la salud, que vienen desde el comienzo de la cuarentena denunciando las pésimas condiciones de los hospitales, la falta de personal, la falta de insumos y la falta de protección sanitaria acorde a las tareas de riesgo que encaran.
Alejandrina Barry, que viene acompañando desde un comienzo a las y los trabajadores de la salud, hoy se encontró con la necesidad de denunciar la muerte de varios trabajadores por desidia de las autoridades. A los trabajadores de la salud, que son población de riesgo por enfermedades preexistentes, se les niegan las licencias médicas o se las retrasan por la falta de personal. Así es que fue el lamentable fallecimiento de Julio, enfermero del hospital Durand; una verdadera muerte completamente evitable. Un crimen social.
Todas estas denuncias surgen del acompañamiento de parte de Alejandrina Barry y del conjunto del Frente de Izquierda a los reclamos de las y los trabajadores. Todas estas denuncias conllevaron propuestas para resolverlas, muchas de ellas proyectos de ley presentados, demandas judiciales o amparos. Sin embargo, el oficialismo sigue frenando sus tratamientos en la legislatura y sigue haciendo oídos sordos a los mismos. Será necesario que las y los trabajadores se organicen para imponerles a los gobiernos que la crisis sanitaria, social y económica no recaiga sobre su vida y la de sus familias.

17.6.2020

Un informe del Ministerio Público de la Defensa porteño le puso cifras al maltrato cotidiano de las fuerzas de seguridad sobre los menores de barrios populares: uno de cada dos dijo haber sido víctima de maltrato físico o verbal cuando se lo llevaban detenido. “Son prácticas naturalizadas que hay que erradicar”, dijo Durga Angulo, directora de la Secretaría de Intervención Penal Juvenil del MPD.

Gritos, insultos, trato humillante, presión de las esposas en las muñecas, patadas, empujones y golpes contra el suelo o la pared. Ésas y otras formas de maltrato físico y verbal surgen de los testimonios de pibes menores de edad, en su mayoría habitantes de villas y barrios populares, que fueron detenidos durante el último año por las fuerzas de seguridad que actúan en la Ciudad de Buenos Aires. Los relatos forman parte del informe elaborado por un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Intervención Penal Juvenil (SIPJ) del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que entrevistó a un centenar de adolescentes en situación de vulnerabilidad y se encontró con que la mitad dijo haber sido víctima de violencia institucional en el momento en que se los llevaban presos.
De acuerdo al informe, el ensañamiento de los efectivos se da particularmente con varones de 16 y 17 años (representan el 64,5 por ciento de los casos) y en detenciones efectuadas tanto en los barrios de Flores y Parque Chacabuco (dentro de la Villa 1-11-14 y en sus alrededores) como en Once y San Cristóbal, zonas de circulación de pibes con dificultades para mantener la escolaridad o que están en riesgo de calle y asisten a la red de dispositivos de contención del Gobierno porteño como La Balsa, La Boquita o el CAINA.
“El informe viene a constatar que la violencia institucional es otra de las vulnerabilidades que se suma a las tantas que ya tienen los adolescentes de los barrios populares, catalogados culturalmente con el estigma de pibes chorros, y también, que esa violencia es cotidiana, es moneda de todos los días en el barrio”, precisó Durga Angulo, directora de la Secretaría de Intervención Penal Juvenil del MPD. “Cuanto más vulnerable es el menor, más expuesto está a la violencia de las fuerzas”, explicó.
Una de las preocupaciones que resalta el trabajo apunta a que la violencia está naturalizada no sólo por los efectivos de las fuerzas de seguridad, sino por los propios pibes, lo que da cuenta de que ese tipo de prácticas abusivas son moneda corriente. “En general, los relatos de los chicos muestran que se conocen con los efectivos, que hay un ida y vuelta violento, desde la discriminación del adulto, y que muchas de las detenciones, bajo la figura de resistencia a la autoridad, se dan a partir de malas respuestas o cruces, que no implican la comisión de ningún delito”, aclaró Angulo.
“Nos sorprende que en los relatos, además, los chicos ven como normal que un policía o un gendarme les apriete las muñecas con las esposas. Cuando una les pregunta si fueron violentados, capaz dicen que no o que no saben, pero ante la pregunta de quién te hizo ese moretón o de dónde salió esa marca en las muñecas, la violencia de los efectivos surge con claridad”, describió. “Eso da cuenta de una práctica naturalizada, que hay que erradicar”, advirtió.
Otro de los datos llamativos del informe hace referencia a la actuación de la Gendarmería Nacional en la Villa 1-11-14, donde los casos son más frecuentes. En ese barrio ocurrió un hecho gravísimo hace ya cuatro años, cuando un grupo de gendarmes reprimió una murga del barrio, compuesta en su mayoría por pibes. “Allí lo que surge es que para los chicos el uso del espacio público es clave, porque sabemos que tienen problemas en sus casas, ni hablar del hacinamiento y demás condiciones precarias de habitabilidad, por lo que estar y encontrarse con otros en las esquinas y las plazas es algo que necesitan, y es precisamente en esos espacios donde se producen los cruces con las fuerzas de seguridad y las posteriores detenciones”, afirmó Angulo.
Si bien la muestra del informe, de 107 entrevistas, es pequeña en relación al número de detenciones de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad (el promedio a junio de 2019 es de 159 detenciones por semana, según el Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación), los datos sirven para poner las violencias en debate. “Seguramente, si entrevistáramos a todos, los números serían similares, porque lo que tenemos enfrente es una cultura, un modo de proceder”, explicó Angulo.
Consultada sobre las estrategias para revertir la violencia institucional, la especialista propuso una pedagogía similar a la que está intentando realizar el Estado contra la violencia de género, como el caso de la Ley Micaela. “Muchas veces comparé acertadamente la violencia contra los niños con la violencia de género. Se trata de violencias instaladas, que es necesario visibilizar e incluir en la educación, erradicar esa noción de que esa violencia está bien”, concluyó. “Por otro lado, nada se podría hacer sin tener en cuenta el testimonio y la experiencia de los propios chicos, que tienen que ser los protagonistas de las estrategias para erradicar el maltrato. Es lo que les pasa todos los días: los adultos no los escuchan y eso termina en violencia”.

17.6.2020

Por Carlos Platkowski

En los últimos días murieron tres personas que dormían en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Son cuatro desde el inicio de la cuarentena. Las diputadas Bregman y Barry del FIT presentaron un Proyecto en mayo para que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad y se tomen medidas urgentes. El oficialismo lo tiene cajoneado.

Hay una enorme cantidad de contagios de Covid-19 en la Ciudad. Ya comenzaron las noches más frías del año y de la profundización de la crisis económica que sigue arrojando personas a vivir en la calle. Sin embargo, el Gobierno de Rodríguez Larreta se sigue negando a adoptar medidas elementales para atender un drama que afecta a miles de personas.
El 20 de mayo las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de Ley para que se declare la emergencia habitacional en la Ciudad y así obligar al Poder Ejecutivo a ejecutar políticas públicas inmediatas a fin de brindar una vivienda digna a toda persona en situación de calle o en riesgo de perder su techo. (Al final de la nota podrás ver el proyecto completo).
A su vez ese mismo proyecto no solo establece el reacondicionamiento de la red de alojamientos de la Ciudad garantizando todas las pautas y recomendaciones sanitarias si no que apunta a que se garantice, a las personas en situación de calle, habitaciones en hoteles y/o viviendas pagas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto ni siquiera fue tratado por la legislatura porteña. Pero es necesario luchar para que sea aprobado ya que cada vez son más las personas sin vivienda que mueren en las calles de la ciudad.
El primer caso ocurrió en el barrio de Núñez. A pocos días del inicio de la cuarentena, vecinos encontraron muerto a una persona en situación de calle muy conocida por la gente del barrio. Los vecinos, que informaron de esta situación al Ministerio Público de la Defensa, mencionaron que por esa fecha había existido “una situación poco clara con la policía y que para ellos la muerte tuvo que ver con este contacto con las fuerzas de seguridad” según ese mismo organismo.
El 30 de mayo un pedazo de mampostería de un local abandonado cae y mata a un adolescente de 16 años que vivía en la calle. Ese joven se llamaba Agustín Lara. Terminó viviendo en la calle escapando del acoso policial que sufría por parte de personal de la Comisaría 48.
Una semana después murió Leonardo. Aún no está claro si murió de frío o a causa de haberse contagiado de Covid 19. Vivía en la calle ya que había sido desalojado junto a su pareja del hotel La Florida en el barrio de Monserrat. Los desalojos se encuentran prohibidos por disposición del decreto 320/20. Esa protección, como la del derecho al acceso a una vivienda digna, fue una ilusión para Leonardo. Murió en la calle. De madrugada. Tiritando, en la ciudad más rica del país.
El gobierno porteño tomó conocimiento de todos los casos. Pero no hizo nada. Pocos días después, mientras la temperatura bajó a los 3 grados, murió otro hombre en situación de calle. Esta vez la víctima era un enfermo de diabetes de 63 años. Sergio tosió y tuvo fiebre toda la noche hasta que falleció en la puerta de la fábrica donde dormía todas las noches. Todavía se esperan los resultados del hisopado para conocer si estaba enfermo de coronavirus.
Estas muertes, que son verdaderos crímenes sociales, se seguirán incrementando. Y es por eso que, Bregman y Barry insistirán en su proyecto que denuncia la grave situación en la que se encuentran los paradores de la Ciudad. En particular, denunciaron la situación del Parador Retiro, donde se habían detectado 79 casos positivos de COVID-19 sobre un total de 92 personas alojadas. Que en los mismos no hay insumos sanitarios adecuados y que por la cantidad de personas que viven allí donde todas las instalaciones son pequeñas y de uso compartido terminan actuando como un foco de contagio de personas que son parte de una población de extrema vulnerabilidad que padece frecuentemente enfermedades infectocontagiosas, neumonías y tuberculosis.
En el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC), se constató que en el año 2019 había más de 5.412 personas durmiendo en la calle y sin acceso a paradores. Esa cantidad ascendía a 7.200 personas que no tienen acceso a un techo. Producto de la crisis económica, que se profundizó durante la pandemia, este número se está incrementando ya que muchos hoteles e inquilinatos no cumplen con la prohibición de desalojo que rige hasta el mes de septiembre.
Por eso, Bregman y Barry, proponen que se use para las personas en situación de calle la enorme cantidad de habitaciones de los hoteles de la ciudad. Según la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) se registró una cancelación del 85% de las reservas en los hoteles a raíz de la pandemia. Del mismo modo en que el Gobierno de la Ciudad contrata los hoteles para que los viajeros realicen la cuarentena, exigieron que adopten la misma medida para las familias y personas que no cuentan con una vivienda. En ese sentido solicitaron que se disponga de viviendas para el mismo fin.
El mismo proyecto se denuncia que, además de los inmuebles que son propiedad del mismo gobierno, hay 138.328 viviendas ociosas registradas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Recursos hay, solo hace falta imponer que sean usados al servicio de la vida de los sectores más vulnerables de la Ciudad y no en post de mantener la especulación inmobiliaria del capital financiero, que ve la Ciudad como un negocio habilitado y fomentado por el Gobierno de la Ciudad. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.