Comunicadores del Sur

21.7.2022

El gobierno nacional oficializó el nuevo cuadro tarifario a través del Boletín Oficial en la mañana de este jueves.

El día empezó con malas noticias para los bolsillos. En el marco de la inflación más alta de los últimos 30 años y del paquete de medidas de ajuste que viene anunciando la nueva ministra Silvina Batakis, se oficializó este jueves, a través del ministerio de Transporte, que el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá un aumento del 40 % desde agosto.
En cuanto a los colectivos, el boleto mínimo pasará de $ 18 a $2 5,20, mientras que el de $ 20 (el más utilizado) pasará a $ 28. El que cubre de 6 a 12 kilómetros se incrementará de $ 21 a $ 29,40; el que cuesta actualmente $ 22 (de 12 a 27 kilómetros) pasará a costar $ 30,80, mientras que el segmento más largo, de 27 a 45 kilómetros que hoy cuesta $ 23 tendrá un valor final de $ 32,20.
El aumento también afectará a los trenes de corta, media y larga distancia, así como en los pasajes del servicio ferroviario de jurisdicción nacional e interurbanos regionales. Para los trenes del área metropolitana, en las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín, el boleto mínimo pasará a costar $ 17,25; en el ferrocarril Urquiza costará $ 11,25; en el caso del Roca y el Belgrano Sur, pasará a $ 10,75, mientras que Belgrano Norte subirá a $ 9,50 pesos.
De quienes todavía siguen sin conocerse muchas noticias, es de los dirigentes de las centrales sindicales. ¿Dónde está el paro nacional ante esta situación que ya no se aguanta?

20.7.2022

Organizaciones gremiales de la Ciudad de Buenos Aires se movilizarán mañana a las 10 desde el Hospital Braulio Moyano hasta la intersección de las calles Caseros y Entre Ríos contra «el ajuste del Gobierno porteño a la salud mental» y «el traslado y cierre de servicios» en ese centro.

Los organizadores de la protesta exigen un «presupuesto acorde a la atención integral en salud mental» y rechazan el traslado del servicio de hospital de día al pabellón San Juan para poner en su lugar un perinatal.
«Nosotros nos negamos al traslado, vienen con un proyecto que no es claro, que no lo hemos visto nunca y lo que quieren hacer es poner un perinatal cuando nos viven diciendo que no hay presupuesto», dijo el secretario General de ATE Hospital Moyano, Javier Benegas.
Asimismo, Benegas expresó que están hace dos semanas en asamblea permanente y que seguirán con las medidas hasta ser escuchados.
«Todos sabemos cuál es la intención del Gobierno de la Ciudad, hace tiempo que están insistiendo con las tierras del Moyano», sostuvo el dirigente gremial.
Las agrupaciones que convocan a movilizar son Junta Interna de ATE Hospital Moyano, Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (Aghim), Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCABA (Apss), Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), Asociación de Psicólogos del GCABA, Asociación de Terapistas Ocupacionales del GCABA (Atogba), Sindicato de Trabajadores de Enfermería (Sitre) y Asociación de Musicoterapeutas del GCABA.

18.7.2022

Luego de una audiencia pública de 5 días en la que hubo una oposición mayoritaria a la obra que pretende realizar el Gobierno porteño para el Arroyo Medrano, los vecinos organizados con el apoyo de organizaciones y referentes políticos y sociales enviaron una carta al Banco Mundial que es el financiador del proyecto.

Vecinos organizados del barrio porteño de Saavedra continúan su pelea contra la construcción de un arroyo artificial en el parque que intenta realizar el Gobierno de la Ciudad. Luego de una audiencia pública que se tuvo que extender por 5 días entre los últimos días de junio y los primeros de julio, debido a la cantidad de inscriptos, en la que el rechazo a la obra fue mayoritario, ahora enviaron, con el apoyo de organizaciones y referentes políticos, una carta al Banco Mundial que es el financiador del proyecto.
Tanto en la audiencia como en la misiva, plantearon que es “innecesario e inútil” el proyecto de regeneración del Arroyo Medrano y que no se cumplirá la promesa de que mitigará las inundaciones. Solicitan, en cambio, que se avance con la obra del segundo reservorio de agua pluvial en el Parque Sarmiento al entender que servirá para evitar los anegamientos en días de lluvias intensas. Todo, fundamentado con “opiniones de percepción social como técnicas especializadas”, según dice el documento enviado a la entidad bancaria.
El plan oficial sobre el Arroyo Medrano fue anunciado en septiembre del 2021, pero con otro enfoque que refería a la propuesta para abrir a cielo abierto medio kilómetro del curso de agua que permanece entubado desde 1942 y corre por debajo del Parque Saavedra. Tras el rechazo masivo de los vecinos y vecinas, el proyecto fue replanteado en varias ocasiones hasta la redacción final que contempla la creación de un “reservorio temporal” de unos 400 metros de extensión, por seis de ancho y dos puentes, que promete reducir el riesgo de inundaciones en la zona.
Sin embargo, los argumentos que se expresaron en la audiencia hablan de que no se dará una solución sería e integral al tema de las inundaciones y se perderán (cómo mínimo) unos 5.000 metros cuadrados de espacio verde. Caracterizaron el proyecto como “paisajístico” y lo relacionan con el nuevo código urbanístico (al que también se oponen) y la especulación inmobiliaria del Gobierno de la Ciudad.
Asimismo, en la carta enviada al Banco Mundial, manifestaron que se deriven los recursos previstos para la obra a la realización prioritaria del denominado Reservorio 2 en terrenos ya definidos en el cercano Parque Sarmiento (en terrenos de un ex-drive de Golf) en el trayecto del arroyo Medrano, incluido en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de 2006.
“Reafirmamos nuestro firme apoyo a la necesidad de avanzar inmediatamente en el demorado plan integral para la prevención de inundaciones en forma interjurisdiccional (el arroyo Medrano atraviesa partidos del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires), para llevarse adelante sin demora en forma racional, eficiente, transparente y efectiva utilizando recursos existentes y a gestionar. Este proyecto, mal denominado “Regeneración del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra” por su irracionalidad, ineficacia, desmerecimiento de la opinión vecinal, impactos ambientales y alto costo alternativo es absolutamente contrario a tal perspectiva imprescindible”, explicaron.
Desde las bancas en la legislatura porteña del FIT-U que viene apoyando y tomando los reclamos de los vecinos (también con el apoyo de la diputada Nacional Myriam Bregman) se presentó un pedido de informe para que el Gobierno de la Ciudad explique los motivos que lo llevaron a no iniciar esta obra y en el que se pregunta si esto tiene relación con la cesión de terrenos al Belgrano Athletic Club en el Parque Sarmiento.
Esta obra no es más que un nuevo capítulo de avanzada sobre el espacio verde para favorecer los negocios inmobiliarios, denominado extractivismo urbano, impulsado por Rodríguez Larreta y no puede ser analizado por separado a la reciente oleada de convenios de modificación del código urbanístico para construir torres en zona de casas bajas. Un proyecto de ciudad de negocios millonarios con constructoras vendiendo espacios públicos y verdes. Iniciativas con un alto impacto socio-ambiental que han recolectado un amplio rechazo popular y de organizaciones políticas, sociales y ambientales.

16.7.2022

El mismo se conoció 5 días antes de que la Justicia de la Ciudad removiera al Juez que llevaba la causa. Un claro guiño que le da impunidad a Horacio Rodríguez Larreta. El hecho adquiere mayor gravedad porque se da en el marco de otros fallos que garantizan la impunidad de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en las causas por el espionaje a los familiares de Santiago Maldonado y del ARA San Juan.

Un peritaje oficial, realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria con fecha 8 de julio, confirmó que el Gobierno porteño utilizó de manera ilegal el tan cuestionado Sistema de Reconocimiento Facial implementado en el 2019 luego de haber modificado la Ley 5.688 de Seguridad Pública y que utiliza las cámaras que se encuentran en la vía pública.
El estudio informó que 8045 personas de las que fueron cargadas en el sistema no se encontraban bajo órdenes judiciales, ni en el CONARC (Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas). Mientras, por otro lado, detectó 356 registros que fueron ingresados, buscados y luego borrados manualmente del sistema, entre otras irregularidades.
Los datos otorgados por el peritaje dan cuenta como mínimo de varias irregularidades que el Gobierno porteño no puede explicar. Quizás por ello, 5 días después de presentado en el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ordenó remover al juez a cargo de la causa. La misma había sido iniciada por la demanda del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) que plantea la inconstitucionalidad Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP).
Este hecho que otorga un guiño de impunidad a Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli al momento de la implementación del sistema, cobra mayor relevancia ya que se da en el marco de otros fallos que garantizan la impunidad de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en las causas por el espionaje a los familiares de Santiago Maldonado y del ARA San Juan.
Las firmas para la remoción del Juez Gallardo, según informó Página 12, fueron aportadas el miércoles 13 de julio, por Inés Weinberg, candidata fallida de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi, ex número dos del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano y Marcela De Langhe, allegada a Horacio Rodríguez Larreta.
La legisladora porteña del PTS en el Frente de izquierda, Alejandrina Barry, indicó que “es por eso que desde el FIT votamos en contra de la política de Larreta de convertir la Ciudad en un Gran Hermano. Presentamos el proyecto para prohibir el Sistema de Reconocimiento Facial y solicitamos la interpelación del Ministro de Seguridad de la Ciudad para que dé explicaciones sobre esto”.
En abril pasado, Barry había presentado un pedido de interpelación al ministro Marcelo D’Alessandro, ante las irregularidades que salieron a la luz en la utilización del sistema de reconocimiento facial y que implicaban la consulta de datos biométricos de dirigentes políticos, sociales y de DD HH. Luego, ante la falta de explicaciones, la legisladora presentó un proyecto de Ley de derogación y prohibición de la herramienta.
En la sesión legislativa del 22 de octubre del 2020, donde se aprobó con 36 votos afirmativos y 18 en contra la regulación del Sistema, la voz cantante del Frente de Izquierda la tuvo la actual diputada nacional y entonces legisladora Myriam Bregman. En la misma llevó las denuncias que realizarán organizaciones de derechos humanos especialistas en el tema, dando cuenta de las irregularidades del sistema. En ese momento advirtió que iba a ser una herramienta de espionaje político en manos de Horacio Larreta. “Al sistema de reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe”, dijo.

16.7.2022

Por Juan Borges

El entonces agente policial de la Metropolitana fue condenado a 16 años de prisión por el intento de homicidio de Lucas Cabello. Su pena fue ratificada por la Casación. Sin embargo, la pena no fue de cumplimiento efectivo.

A pesar de que el agente policial Ricardo Ayala fue condenado por el Tribunal Oral N° 1 en 2019 a 16 años de prisión por el intento de homicidio agravado del joven Lucas Cabello en 2019, y la pena ratificada por la Cámara de Casación este año, el uniformado continúa en libertad. El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía General nro. 1, Nicolás Amellotti, – en línea con la querella- había requerido la detención del agente condenado por el delito de “tentativa de homicidio agravada por haber sido cometida abusando de la función policial y por el uso de arma de fuego”.
El abogado de la querella Matías Busso conversó sobre la situación del uniformado condenado y sobre los pasos a seguir luego de la que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación denegara el pedido de detención del agente. “La Corte debería rechazar el caso, como hace la mayoría de las veces, con el artículo 280. Este es un caso que claramente debe ser rechazado. Una vez rechazado que se haga efectiva la condena”. Además, el letrado sostuvo: “No amerita que la Corte se inmiscuya en el asunto. El juicio fue claro, no hay mucho que discutir en torno al caso. A Lucas le dispararon en tres oportunidades en el suelo y el arma agresora era del efectivo Ayala”.
“A nosotros también nos cuesta explicarle a la familia que Casación confirmó la condena, que es parte de la noticia buena, pero que esta no es efectiva, que sigue en libertad el acusado. Todo esto pone en juego la fortaleza de la familia y el Poder Judicial no tiene en cuenta que el factor anímico juega un gran papel en la salud de Lucas. No están tutelando el derecho a la víctima, ni tampoco están haciendo nada para protegerlo”, desarrolló Busso. En este mismo sentido, se refirió a la decisión de los camaristas de denegar el cumplimiento efectivo de la pena. “El Poder Judicial es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Ayala está en libertad porque estuvo vinculado a la Policía Metropolitana y después a la Policía de la Ciudad. El Poder Judicial a los pibes de los barrios populares o desocupados les dicta la prisión preventiva, poniendo que no van a sujetarse a proceso, pero a los poderosos de cierto poder económico se les respetan todas las garantías”.
El letrado ahondó en los cuestionamientos a la resolución del tribunal de alzada: “Por otro lado, es un poder lento e ineficaz, porque pasaron siete años y debería haberse resuelto hace tiempo y sigue sin resolverse. Frente a ese retardo se excusan, tanto el Poder Judicial en general como la Cámara de Casación en particular. Nadie quiere asumir el costo de encarcelar a un efectivo policial”. A su vez, Busso enfatizó sobre la necesidad de protección sobre el derecho a la victimar: “El poder judicial debe velar por la protección de la víctima y en este caso, que las víctimas son Lucas Cabello y su familia, no tiene una reparación en el sentido integral y sufren el temor de cruzarse con esa persona en cualquier momento”.
Por último, se refirió al planteo realizado por el fiscal que advirtió sobre la posibilidad de fuga por parte del uniformado: “Es cierto, lo planteamos en el escrito también. Podemos decir que ya la condena está firme, se cumplió la garantía del doble conforme y por otro lado Ayala tiene una causa también por falsificación de documentación, por un registro de conducir trucho. Cualquier persona por estas dos causas estaría en prisión”. Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal había puntualizado en su pedido de detención que “el riesgo de fuga en el presente caso debe ser considerado con mayor seriedad, dado que, de concretarse, se vería comprometido el deber del Estado argentino de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones”.