Comunicadores del Sur

22.9.2014

Mañana martes 23 a las 09:00 en la Sede de la CTA

La nueva inquisición: con las actuales restricciones se facilita la tarea de los proxenetas y se restringen los derechos de las trabajadoras sexuales

La pérdida de cada vez más derechos de las trabajadoras sexuales es hoy una realidad evidente en nuestro país. Lo normado en algunos artículos de la ley Antitrata  ha llegado a criminalizar el trabajo sexual generando que las trabajadoras sean objeto de una  constante persecución y criminalización que las pone en riesgo y obstaculiza el trabajo contra la explotación y trata.

Con la criminalización de las trabajadoras sexuales lo que se favorece es la violencia, la corrupción policial y el crecimiento de la explotación sexual, ya que en un ámbito de clandestinidad  muchas trabajadoras terminan siendo explotadas por las redes de trata. Por eso, y a raíz  del trabajo que venimos realizando con AMMAR desde hace años, entendemos que la única forma de luchar de verdad contra la trata y la explotación sexual, es legalizando el trabajo sexual.  

Frente a esta realidad y ante la urgencia por sacar de la clandestinidad y visibilizar a todos/as los/as actores involucrados, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura y Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rachid, junto con AMMAR, convocan a una conferencia de prensa programada para mañana martes 23, a las 09:00 horas en la sede de CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), donde presentarán la iniciativa de “Ley de Habilitación de Establecimientos donde se Brindan Servicios Sexuales” en la Ciudad.

La intención del proyecto, que tiene como antecedente la iniciativa de Ley de Trabajo Sexual Autónomo en el ámbito de la Nación y que fue presentada junto con el senador  Osvaldo López (MC), propone no sóloacabar con la criminalización del Trabajo Sexual, sino también legalizar la actividad y así terminar con las persecuciones de las que son objeto las trabajadoras.

La norma permitirá el ejercicio del trabajo sexual de manera independiente, ya sea individualmente o como cooperativas conformadas por trabajadoras/es que prestan servicios sexuales en casas o locales. Además, visibiliza a los/as actores/as que intervienen en la actividad,  las zonas y condiciones para poder ejercerla  y los requisitos de seguridad e higiene.  

Al respecto, Georgina Orellano, Secretaría General de AMMAR expresó que“desde hace mucho tiempo venimos luchando con las compañeras para que nuestro trabajo sea regulado, tenga un marco legal como cualquier otro y por supuesto, no se nos criminalice. Este es un gran paso que daremos, y se da en una fecha muy especial, al conmemorarse el Día Internacional en Contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres y Niños”, aseguró.

Por su parte la legisladora María Rachid adelantó que mantendrán“nuestro firme compromiso de acompañar a las compañeras de AMMAR y a lxs trabajadorxs sexuales que hoy ven peligrar su fuentes laborales debido a la persecución institucional por la falta de un marco legal que las proteja de este y otros tipos de abuso. Estamos convencidas/os de que el único camino para resguardar los derechos de las mujeres y luchar contra la explotación y la trata no es a través del sistema punitivo y la criminalización de la actividad, sino mediante el reconocimiento de su tarea, ofreciendo alternativas para evitar la clandestinidad y garantizar sus derechos y su seguridad, sin afectar la convivencia, tal como pretende esta iniciativa”.

"El argumento de que el trabajo sexual no es elegido por nadie y que es siempre una explotación parece ignorar por completo la esencia de un sistema capitalista que genera explotación laboral y la realidad de muchos trabajos en nuestras sociedades. Contra esto generalmente proponemos más garantías y derechos para esos/as trabajadores/as y no la persecución y criminalización que siempre tiene como trasfondo la imposición de una moral determinada y una mirada sobre la sexualidad y los cuerpos que no todos tenemos la obligación de compartir. En definitiva, nadie tiene el derecho de decirnos a las mujeres qué podemos hacer o no con nuestros cuerpos y esto incluye la posibilidad de ofrecer servicios sexuales cuando así lo decidimos y nadie tiene derecho, ni siquiera un sector del feminismo, a "tutelar" esa voluntad describiéndola como legitima o ilegitima de acuerdo se adapte a los parámetros morales de un sector o una época determinada. Así las consignas "mi cuerpo es mío" y "la libertad de decidir sobre el propio cuerpo", deberían incluir la posibilidad de ejercer el trabajo sexual".  

Es de destacar que la persecución que sufren las trabajadoras sexuales  trasciende todas las jurisdicciones de nuestro país, de hecho días atrás en la ciudad de Rosario la policía detuvo al dueño de un portal web donde se promocionaban servicios sexuales, siendo hoy en día junto a los volantes que se reparten en la vía pública, los únicos medios para difundir los servicios de las trabajadoras, como una alternativa al proceso de clandestinización que se inició  producto de algunos artículos de las Leyes Antitrata, que paradójicamente las hizo objeto de persecución.

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), denunció las consecuencias de los hechos sucedidos en Rosario, que no solo afectarían los derechos de las trabajadoras sexuales sino los de todas aquellas personas cuyos derechos laborales son indirectamente atravesados por esta actividad como la de los taxistas, vendedorxs de lencería, personal de limpieza y lavanderías, y hasta los propios “volanteros” contratados por las trabajadoras que publicitan los servicios y que muchas veces son acusados de facilitadores o proxenetas, siendo procesados por ese delito tipificado en la Ley Antitrata.  De esta manera se criminaliza a estos trabajadores y se profundiza el aislamiento de los trabajadores.

De esta forma como una alternativa para promocionar sus servicios, organizaciones sociales y de derechos humanos manifestaron su solidaridad con AMMAR, evaluando la posibilidad de incluir en sus páginas web institucionales un espacio donde lxs trabajadorxs sexuales puedan publicar sus avisos sin sufrir ningún tipo de persecución.

Mañana martes 23, a las 09:00. 
Salón Azul, Sede CTA (Central de Trabajadores de la Argentina)
Piedras 1065, CABA.

20.9.2014

En los últimos días el gobierno de Macri ha reiterado, en diversas declaraciones periodísticas, su decisión de destruir buena parte del barrio de San Telmo, para construir el Metrobus del Sur. La traza de esa obra implicará la demolición parte de seis manzanas del barrio, comprendidas entre las calles Carlos Calvo y el Parque Lezama, incluye cuatro establecimientos educativos, un campo de deportes utilizado por los colegios del barrio, el frente de un medio de comunicación (Ámbito Financiero), varios comercios y viviendas, la sede de la Asamblea de San Telmo y el edificio Marconetti (diez pisos en los que viven 40 familias). También se encuentra en riesgo la preservación del sitio donde funcionaba el Campo de Concentración El Atlético, campo de concentración donde fueron masacrados 1200 vecinos.

Por otra parte, el gobierno sigue ignorando los reclamos vecinales que exigen la apertura de un diálogo acerca del proyecto, sigue sin contestar el pedido de informes votado en la Legislatura en marzo pasado y sigue sin atender los pedidos de reuniones con los funcionarios de las áreas involucradas. 

Por eso es que, desde la Comisión de Vecinos nos vemos obligados a profundizar las medidas de lucha para lograr algo tan elemental en la democracia como ser escuchados. Es responsabilidad del gobierno de Macri que esto suceda. El próximo miércoles 24 realizaremos un corte total de la avenida Paseo Colon entre H. Primo y San Juan, entre las 09,oo y las 18,oo horas. Y, si el gobierno de Macri persiste en su política de no escuchar y de producir hechos consumados, de intimidación, amenazas y persecución contra los vecinos, nos veremos en la obligación de transformar este corte en una protesta por tiempo indefinido.

18.9.2014

Neira: "Los Medios reproducen una ideología que apaña y tolera la violencia contra las mujeres"

La Legislatura Porteña votó de manera unánime una declaración de preocupación y repudio por el tratamiento mediático ofensivo y sexista que recibe la joven Melina Romero. El proyecto fue una iniciativa de la Diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira, Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y del Diputado Edgardo Form, del Bloque Nuevo Encuentro.

Neira manifestó que "Los Medios reproducen una ideología que apaña y tolera la violencia contra las mujeres" y agregó:

"en vez de condenar enérgicamente un crimen contra una mujer, nos perdemos en un limbo moral donde  se hace foco en la víctima, en circunstancias de su vida ajena al hecho, como por ejemplo si dejó la escuela o va a bailar".

"Si algo es condenable es el acto de violar y matar. No nos importa, no nos resulta relevante, no nos parece ético conocer los pormenores de la intimidad de una víctima, que además es menor de edad".

En los fundamentos del Proyecto se cita la Ley 26.845 sobre Violencia contra las Mujeres donde se instituye a la Violencia Mediática como una de las modalidades de la misma, definiéndola como "aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres; como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres."

En la misma medida, el proyecto recupera el espíritu de la Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia que protege taxativamente el Derecho a la Dignidad en Artículo 22: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen."

16.9.2014

Un grupo de Vecinos del Barrio de Colegiales y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron una acción de amparo para frenar la construcción ilegal de una sede del Mercado Central en el Barrio de Colegiales.

            Desde hace varios meses el Mercado Central inició obras para establecer una sede del Mercado en el Barrio de Colegiales que fueron clausuradas en reiteradas oportunidades. Las obras se están realizando en un terreno desafectado del uso ferroviario ubicado entre las calles Jorge Newbery, Olleros y Cramer (Cramer N° 475) de aproximadamente 3000 m2.

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            La acción judicial fue presentada en los Tribunales Contenciosos Administrativos de la Ciudad, fue radicada en el Juzgado de Primera Instancia N° 6 a cargo de la Jueza López Vergara y caratulada como "Albirzu, Mónica Fabiana y otros c/ GCBA s/ Amparo", Expte. N° A11084-2014/0".         

            En la demanda se denuncia que la obra no cuenta con el permiso de obra, que no se ha realizado la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente, que la instalación de un Mercado no está permitido por los usos y la zonificación del predio y que no ha existido instancia de participación comunal y vecinal para definir el destino más conveniente para el barrio que debe darse a ese predio.

                Los vecinos de Colegiales que firman esta demanda expresaron que "agotamos todos los canales administrativos, enviamos cartas a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad, ya que entendemos que es la autoridad que debe defender nuestro derecho, pero también solicitamos respuesta de la Agencia de Administración de Bienes del  Estado que es la que otorga el predio para este uso no permitido. En ambos casos la respuesta fue la ausencia de respuesta. No hay nadie dispuesto a escuchar nuestro reclamo. Tal vez sea a través de la justicia que logremos hacernos oír".

            El Observatorio del Derecho a la Ciudad ante estos hecho manifiesta que "nuevamente se reitera en la Ciudad la construcción absolutamente ilegal en ex terrenos ferroviarios, como si en los predios del Estado Nacional no debieran respetarse la normativa de planificación urbana y edificación que establece la Ciudad. Las mismas irregularidades por las que la justicia paralizó la construcción de las obras del Shopping a cielo abierto en Palermo se repiten en este caso".

15.9.2014

Quieren meter presos a referentes sociales 

sólo por poner la cara ante las necesidades de sus vecinos

No a la criminalización de la protesta: repudiamos la elevación a juicio de Diosnel Pérez y el Tano Nardulli por la toma del Indoamericano

Sin pruebas, la justicia macrista acusa a dos dirigentes sociales respetados y reconocidos de haber "instigado" una toma, cuando lo único que hicieron fue establecer un canal de diálogo con autoridades porteñas y nacionales concurriendo a una reunión en Casa Rosada donde plantearon las necesidades habitacionales de los habitantes de Soldati y Lugano. Cuatro años después sigue sin cumplirse la ley 1770 de Urbanización de la villa 20. Y la única respuesta que encontraron las familias sin techo fueron los palos y las topadoras.

En diciembre del año pasado, la jueza María Gabriela López Iñiguez, dio lugar al pedido de sobreseimiento de los dos militantes (siendo el segundo sobreseimiento recibido). 

Sin embargo, los jueces Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y Elizabeth Marum de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocaron esta decisión, con el fundamento de que es un caso "atípico" y debe resolverse en un juicio oral y público.

Con esta definición la Jueza Contravencional porteña Cristina Lara, dió lugar al pedido de los fiscales porteños Claudia Barcia y Luis Cevasco, quienes continúan impulsando una persecución jurídica a los compañeros Diosnel  Pérez Ojeda, (integrante de la junta vecinal de  la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán, y Luciano “el Tano” Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusándolos de ser los instigadores de una toma que no tuvo más impulso que el reclamo de una vivienda digna.

Cevasco es el mismo fiscal que en 1998 se opuso al juicio contra el dictador Rafael Videla y consideró que el robo de niños no formó parte del plan de exterminio y hoy se desempeña como fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, estrella de los fiscales PRO. 

Vale recordar que, tres años y medio después de la toma del Parque Indoamericano, donde las fuerzas de seguridad reprimieron salvajemente y asesinaron a tres de las miles de personas que reclamaban por el derecho a una vivienda digna, la Cámara del Crimen absolvió y en otros casos dictó falta de mérito a los miembros de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal acusados. 

La toma del Parque Indoamericano

El 6 de diciembre de 2010, mil quinientas familias fueron desalojadas con una brutal represión de la Policía Federal y la Metropolitana en conjunto, dejando como saldo la muerte de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y días más tarde a Emilio Canaviri Álvarez, en lo que fue la toma de tierras más grande que se ha realizado en los últimos años en reclamo de vivienda digna.

La toma del Parque Indoamericano desnudó la crisis habitacional que afecta a los sectores más postergados de de la Ciudad de Buenos Aires y nuestro país. Tras la represión el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad sacaron a las familias de Parque con promesas de viviendas e inversión. Prometieron “un peso por cada peso que ponga el otro” para solucionar la problemática habitacional de las familias, pero nunca cumplieron. Berni, el mismo que avaló el desalojo violento en el barrio Papa Francisco, fue el que se comprometió a dar respuesta a las familias. 

La única acción del Estado fue iniciarle una causa penal a nuestros compañeros Diosnel Pérez y el Tano Nardulli a través del Ministerio Público Fiscal, demostrando una vez más que la política del gobierno es perseguir y criminalizar a los que luchan.

Desde el Frente Popular Darío Santillán manifestamos nuestra preocupación sobre el hecho y alertamos de una escalada del gobierno macrista contra los luchadores y luchadoras sociales. Denunciamos además el avance en la criminalización de referentes sociales, como es el caso de los trabajadores del Hospital Borda, así como la elevación a juicio de Mariano Skliar, delegado de la Junta Interna de ATE y militante del Frente Popular Darío Santillán, también procesado  por ser referente de una protesta realizada en el 2013, en el marco del conflicto salarial.

DESPROCESAMIENTO YA DE DIOSNEL PEREZ, LUCIANO NARDULLI Y TODOS LOS

LUCHADORES POPULARES

BASTA DE IMPUNIDAD Y COMPLICIDAD POLÍTICA Y JUDICIAL: REPUDIAMOS LA ABSOLUCIÓN DE LOS POLICÍAS QUE REPRIMIERON EN EL PARQUE INDOAMERICANO

JUSTICIA POR LOS ASESINATOS DE EMILIO CANAVIRI ÁLAVAREZ, BERNARDO

SALGUEIRO y ROSEMARY CHURAPUÑA

BASTA DE REPRIMIR Y CASTIGAR A LOS LUCHADORES SOCIALES

¡POR TIERRA Y VIVIENDA YA!

¡QUE NACIÓN Y CIUDAD CUMPLAN SUS PROMESAS!