Comunicadores del Sur

17.3.2014

Nos encontramos hoy en un momento de precarización y deterioro de la política educativa en su conjunto. A nivel nacional, se impulsan propuestas educativas que empobrecen tanto lo pedagógico como las condiciones laborales de lxs trabajadorxs de la educación. En la provincia de Buenos Aires, las escuelas se encuentran en un estado edilicio deplorable; el Estado no cumple con la paga de lxs educadorxs y en las actuales negociaciones se niega un reconocimiento salarial digno para lxs trabajadorxs de la educación.

A nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se privatiza y mercantiliza la educación con el cierre de cursos, el desfinanciamiento en materia de infraestructura escolar y el proyecto de creación de un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. Se separa a las familias de las escuelas a través del desastroso Sistema de Inscripción Online que costó 16 millones de pesos al Estado y dejó a 9 mil chicxs sin vacante en la Escuela Pública.

Nosotros, los Bachilleratos Populares enmarcados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, luchamos por una educación pública y popular digna.

Denunciamos al Estado Nacional y a las provincias por hacernos responsables de la falta de continuidad pedagógica y de la caída de la calidad educativa. Al gobierno por descalificarnos y hacernos ver ante la opinión pública como responsables de que las escuelas estén cerradas. Saludamos la lucha docente en cada asamblea, en cada acción en la calle, en cada una de las aulas que nos demuestra que la lucha solo está en nuestras manos. Siendo este un momento que nos necesita unidxs con mayor participación y organización, sosteniendo acciones que surjan desde abajo por que el sindicato es y fue siempre una herramienta de lucha de lxs trabajadorxs.

Pese a nuestros reclamos históricos, todavía muchos Bachilleratos Populares no estamos reconocidos ni financiados por el Estado. Esto también nos posiciona en una situación de total precariedad, tanto por el desfinanciamiento de nuestras experiencias como en la falta de reconocimiento a nuestro trabajo como docentes. Frente a la falta de respuestas, exigimos a las autoridades:

● AUMENTO SALARIAL PARA TODXS LXS DOCENTES

● FINANCIAMIENTO PARA INSFRAESTRUCTURA

● POR UNA EDUCACIÓN DIGNA PARA TODXS

● POR UNA ESCUELA PÚBLICA Y GRATUITA SIN SUBSIDIOS A LAS PRIVADAS

● RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS BACHILLERATOS POPULARES

COORDINADORA DE BACHILLERATOS POPULARES EN LUCHAImpa, Maderera Córdoba, 19 de diciembre, Chilavert, Raíces, 1º de Mayo, Paulo Freire, El Cañón, El Cañón ATE- Moreno- Agustín Tosco, -Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP); Arbolito-Cooperativa Encuentro de Educadores Populares (CEEP); Simón Rodríguez-Organización Popular Fogoneros (OPF); Centro Cultural de los Trabajadores-Centro Cultural de los Trabajadores (CCT); 2 de diciembre; Raymundo Gleyzer-El Gleyzer, Frente Cultural; Voces de Latinoamérica; Roca Negra, Darío Santillán (San Telmo y Barracas), El puente -Frente Popular Darío Santillán (FPDS); Miguelito Pepe (MOI-CTA); Alberto Chejolán (CTUyS-MOI-CTA); Ñanderoga-Centro Cultural Ñanderoga; 20 Flores-Asamblea de Flores; Casa Abierta Villa 31; Germán Abdala-Agrupación Territorial Germán Abdala (CTA); Memoria del Fuego, Vientos del Pueblo, MTL-CTA, Salvador Herrera – CTA,El galpón de Moreno -Marea Popular-; Bartolina Sisa, Carlos Fuentealba, Educar es combatir, 26 de junio – Frente Popular Darío Santillán – Correinte Nacional (FPDS-CN), Proyecto uno-Organización Horizontal Proyecto uno; Amaycha-Grupo Amaycha; El Galpón Cultural, Lago del bosque, El Llamador-El Galpón de Tolosa – Corriente de Organizaciones de Base La Brecha (COB LA BRECHA ); Arbolito UST – CTA; Sergio Karakachoff – CTA; Osvaldo Bayer; La Grieta.

15.3.2014

La canasta alimentaria para una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 40% en febrero respecto del mismo mes en 2013, según el relevamiento que realiza mensualmente el Gobierno porteño. En tanto que la canasta total -que incluye alimentos, servicios del hogar, indumentaria y salud- tuvo un incremento de 35,4%, en el mismo período.

Según el informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos, para una familia compuesta por un matrimonio con trabajo, propietario de vivienda y con dos hijos la canasta de alimentos pasó de costar $2.645,91 a $3.705,11 y la total subió de $5.852,55 a $7.927,15.

El valor diario de la canasta total, por su parte, tenía un valor de $195,09 y subió a $264,24, mientras que la alimentaria pasó de costar $88,20 a $123,50. El informe exhibe que, en el caso de un hogar en el que vive un matrimonio de adultos mayores sin trabajo y propietarios de una casa, la canasta total aumentó un 34%, puesto que su valor subió de $2.976,69 a $3.990,57.

De acuerdo a las estadísticas difundidas oficialmente, para un varón de 25 años con trabajo y con casa propia la canasta total tuvo un incremento del 33,5% y pasó de costar $1.976,20 a $2.638,34. En una familia compuesta por dos adultos mayores de 25 años, con trabajo, propietarios y sin hijos la canasta tenía un valor de $3.313,29 en febrero del año pasado, mientras que en ese mes durante este año su costo fue de $4.493,59, lo que significa un aumento de un 35,6%.

14.3.2014

En la jornada de hoy, la legisladora María Rachid, presentó al Parlamento porteño un Proyecto de Ley que establece una tarifa social y un boleto estudiantil universal y gratuito para los usuarios/as del Servicio de Transporte Ferroviario y de Subterráneos de la Ciudad,  con el fin de garantizar el acceso al transporte, desde un enfoque social e inclusivo, según lo establece la legislación local.
 
La iniciativa, elaborada junto al Movimiento Universitario Evita, y la Unión de Estudiantes Universitarios, plantea por un lado una tarifa social que contempla una reducción parcial o total del precio del servicio de los medios transporte referidos, y por otro, un boleto estudiantil  universal y gratuito, que incluye como beneficiarios a los/as profesionales de la educación docentes, educadores/as populares, no docentes y auxiliares de los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria y de institutos de formación técnica y profesional de todos los establecimientos de gestión estatal, ya sean nacionales o locales, y a los privados con aporte estatal, más los de gestión social como escuelas primarias, bachilleratos y universidades populares.
 
Acompañada con la firma de otros legisladores y legisladoras, la norma agrega como beneficiarios a los/as profesionales de las salud, médicos/as, residentes, concurrentes, técnicos/as y auxiliares de los establecimientos públicos tanto locales como nacionales de la Ciudad, a los trabajadores/as que acrediten cobrar el salario mínimo vital y móvil, y a quienes no tengan un salario formal y registrado, así como a las personas a su cargo.
 
En la misma línea, incluye a los/as beneficiarios/as de los programas sociales, habitacionales, sean de origen local, provincial y/o nacional, como a las personas a su cargo, a jubilados y pensionados, a las personas con discapacidad y todas aquellas que por razones fundadas en su realidad socioeconómica o que por distintas circunstancias, la Autoridad de aplicación determine el otorgamiento  de este subsidio.
 
Para la autora del proyecto, “el transporte público es una herramienta para el goce del derecho al trabajo, a la educación y a la salud, razón por la cual esta iniciativa tiene como fin garantizar el acceso de todos y todas a los servicios trenes y subtes que se prestan en el ámbito de la Ciudad, sobre todo desde el injustificado aumento que rige a partir de hoy para los subterráneos, que sin lugar a dudas, deja excluidos/as a una enorme cantidad de vecinos/as”.
 
Federico Demiriyi, miembro del Movimiento Universitario Evita, que junto a la Unión de Estudiantes Universitarios participaron en la redacción de la iniciativa, expresó que “ante una situación de deterioro de la posibilidad de acceso al transporte público, y en particular con el aumento del subte, refrendamos una vez más la necesidad de avanzar hacia un boleto estudiantil gratuito y una tarifa social que comprenda los tres niveles educativos sin restricciones burocráticas o de capacidad de viaje, para que el pueblo de la ciudad que necesita utilizar el subte no se vea excluido del servicio, ya que Metrovías ofrece un abono estudiantil restrictivo”. El dirigente estudiantil subrayó además que “Macri miente al hablar del ajuste inflacionario cuando la empresa no aclara el costo real del boleto, esto es un ajuste de hecho, por lo que se hace imperioso que la  Legislatura tome cartas en el asunto”, indicó.

14.3.2014

El fiscal federal Jorge Di Lello insistió en que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, vaya a juicio por la causa de las supuestas escuchas ilegales a adversarios políticos y familiares, al sostener que no está de acuerdo en que no existen pruebas contra el líder de Pro.

Di Lello apeló, así, la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien anuló la decisión del primer juez del caso, Norberto Oyarbide, que había cerrado la investigación contra Macri. Por eso, también quedaron anulados la elevación a juicio del jefe comunal presentada por la fiscalía y la querella.

Casanello estimó que no hay una "prueba concreta" que permita sostener que Macri haya ordenado espiar a su cuñado, Néstor Leonardo, ni al dirigente opositor Sergio Burstein. Tampoco está demostrado en la causa -afirmó- que el jefe de gobierno porteño haya montado una "asociación ilícita" destinada al espionaje clandestino. Dijo que sólo se lo acusaba por ser la cabeza del organigrama del gobierno local, sin pruebas de su actuación.

Di Lello intentó descalificar esos argumentos para que la Cámara Federal revoque el fallo de Casanello. Dijo el fiscal que está "hartamente" probada la relación entre Macri y el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, procesado por espionaje. Dijo que fue Macri el que lo propuso para el cargo.

Di Lello consideró que las imputaciones y cargos contra Macri "fueron debidamente acreditados a lo largo de este extenso expediente".

Palacios está acusado de ser quien coordinaba el espionaje.

Para Di Lello, la decisión de Casanello "sustrajo valor objetivo a los hechos ya probados, minimizando lo que ha sido una más que extensa instrucción en la que la parte interesada ha tenido innumerables oportunidades para ejercer su defensa".

Macri está procesado por violación de secreto, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita por supuestamente participar de la intervención de los teléfonos del familiar de una víctima de la AMIA, Sergio Burstein, y de su propio cuñado, Néstor Leonardo.

Pero para el juez no hay pruebas suficientes que acrediten su interés en esas escuchas y citó para el próximo 15 de abril al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, a declarar como testigo.

Además, requirió información de la empresa de seguridad Akerman SA, a la que el empresario Franco Macri, padre de Mauricio, reconoció que contrató para tener información sobre Leonardo.

El juez Casanello espera completar estas medidas de investigación, sobre todo el testimonio de Montenegro, para decidir si sobresee a Macri en el expediente, mientras profundiza quiénes fueron los investigadores que contrató Franco Macri, según él mismo reconoció.

Casanello envió a juicio a Palacios, al policía Ciro James, al ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, al ex juez de Misiones José Rey, a su ex secretaria Mónica González y a un grupo de ex policías de esa provincia.

Todos están acusados de formar parte de una organización que intervenía teléfonos de manera ilegal para hacer escuchas ilegales a través de la justicia de Misiones y presuntamente por pedido de Palacios.

El fiscal dijo que le pareció "antojadiza" la medida de Casanello a esta altura del proceso, porque entendió que el momento en que se hace esta valoración es el juicio oral y no la instrucción.

Ésta era la opinión de Oyarbide, que actuaba como suplente en el juzgado que tenía el caso, porque el cargo estaba vacante. Casanello asumió como nuevo juez luego de haber concluido el concurso y formó su propia opinión sobre el contenido del expediente y si había o no evidencias para avanzar contra Macri.

13.3.2014

En el mediodía de hoy, legisladores/as de distintos bloques de la Legislatura Porteña, acordaron designar como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación a la diputada María Rachid. Asimismo, la vicepresidencia de la Comisión estará a cargo del diputado Daniel Lipovetzky, mientras que la dirección corresponderá a Alejandro Nasif Salum, integrante de la Federación Argentina LGBT. 

La designación de María como titular de la Comisión es el resultado de la lucha y el compromiso que, desde hace dos décadas, mantiene con los derechos humanos de la diversidad, de los sectores más vulnerados y de aquellos que no han tenido ni tienen igualdad de oportunidades.

La asunción se formalizó durante la reunión constitutiva que tuvo lugar en el salón Jauretche, oportunidad en la que María estuvo acompañada de diversos representantes y militantes de organizaciones por los derechos humanos. 

Además de presidir la Comisión de DD. HH., María integrará la comisión de Salud; de Mujer, Infancia, Adolescentes y Juventud; de Protección y Uso de Espacio Público y la de Junta de Interpretación y Reglamento.

Para la legisladora, la designación de hoy “responde al trabajo que desde hace años venimos realizando con el aporte de muchas organizaciones sociales y que, desde la presidencia de esta Comisión trataremos de profundizar, abriendo el  debate, el diálogo y la participación, tal como hemos hecho en todas las organizaciones de las que hemos formado parte. Ocupar este cargo refuerza nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la lucha contra la discriminación y con el trabajo por la igualdad real de todas los/as habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”.