Comunicadores del Sur

Policía Metropolitana usará pistolas eléctricas

6.2.2010

La pistola eléctrica modelo Taser X26produce una descarga de 50 mil voltios durante cinco segundos, a través del disparo de arpones unidos al arma con filamentos electroconductores. 
 

Amnistía Internacional denunció que los artefactos causaron en forma directa e indirecta la muerte de unas 70 personas en Estados Unidos y Canadá, debido a cardiopatías, entre otras causas y difundió un comunicado, que expresa que “exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda el uso y la transferencia de armas con dispositivos de energía conducida hasta que no se realice una investigación independiente, seria y rigurosa sobre los efectos que provoca su utilización. Y solicita al Registro Nacional de Armas (RENAR) la información que tuviera disponible sobre este tipo de armas en el territorio argentino”.

Además, la Policía Metropolitana contará con la pistola o escopeta Peperball "antidisturbios" que consiste en un arma que dispara a unos 50 metros hasta 180 bolas con un polvo irritante que envuelve a una persona en una nube de "pimienta" que cierra los ojos y las vías respiratorias durante minutos. 

El bloque Proyecto Sur de la Legislatura porteña, que advirtió que las Taser X26 son consideradas desde 2007 como una forma de tortura por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El abogado Eduardo Barcesat, ex constituyente en 1994 y profesor en la Facultad de Derecho de la Univesidad de Buenos Aires, consideró a las pistolas TASER como "instrumento de tortura, gravemente lesivo de la integridad de la persona, humana" y agregó que la decisión de adquirir esos elementos de represión para la fuerza de seguridad metropolitana podría infringir los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y contra la Tortura a los que Argentina ha adscripto.

El jefe de Gobierno porteño, en conferencia de prensa en la Plaza San Martín, en Retiro, respondió que 

"vamos a probarla y la verdad es que hay demasiado prejuicio y opinión superficial" y detalló "No estamos improvisando sino que estamos trayendo tecnología de avanzada que se usa en otras partes del mundo, y la probaremos a ver cómo la introducimos, siempre en favor de disuadir, salvar vidas y que la violencia sea la menor posible, protegiendo a nuestros policías". 


 

Vetos del Ejecutivo porteño

5.2.2010

En los últimos días se conocieron más vetos de Mauricio Macri a leyes aprobadas por la Legislatura (a mediados de enero se conoció la desestimación de la Ley 3298 que creaba el Comité para la Prevención de la Tortura en la Ciudad de Buenos Aires, y de la norma 3299 que le otorgaba un subsidio a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de 72 mil pesos para su funcionamiento). Ahora quienes se vieron perjudicadas por este hobby del jefe de gobierno fueron las Abuelas de Plaza de Mayo.
Mauricio Macri vetó la Ley 3329, aprobada por la Legislatura, que disponía la creación de un Fondo para la localización y restitución de niños secuestrados y nacidos en cautiverio durante la última dictadura.
Entre los argumentos, el jefe de gobierno expresó: “No resulta procedente que el Gobierno de la Ciudad disponga de su patrimonio en la constitución de un Fondo para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto de ley en revisión en toda la República Argentina, excediendo su ámbito de jurisdicción”.
A través de un comunicado, Abuelas señalaron que este Fondo era “una forma de cumplir con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su artículo 12 expresamente dispone que ´la ciudad garantiza el derecho a la identidad de las personas´ y que ´debe facilitarse la búsqueda e identificación de aquellos a quienes les hubiera sido suprimida o alterada su identidad´.
También remarcan que esta contribución resulta de vital importancia para el desarrollo de la tarea de Abuelas, “además de representar un porcentaje absolutamente menor en el presupuesto global de la Ciudad”. “Hablamos de un fondo que otros gobiernos democráticos ya dispusieron para apoyar la búsqueda de los niños apropiados durante la última dictadura militar, como ocurrió con la ley 274 sancionada en 1999 que creaba, con similares características, el Fondo de Reparación Histórica de la Ciudad de Buenos Aires por la Identidad para la localización y restitución de niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio en Argentina y la ley 1035 sancionada en 2003 que reestablecía dicho Fondo; en ambos casos con una duración de tres años”, explican.
Pero Macri tuvo tiempo de vetar otra ley. La 3348 que le otorgaba a la Multisectorial de San Cristóbal “el uso precario y gratuito” del edificio, ubicado en el Pasaje Prudan 1365, en el que vienen desarrollando actividades sociales, culturales y educativas desde hace años.
En el decreto de veto se argumenta que “el predio permanece cerrado la mayor parte del tiempo, no evidenciándose la realización de actividad alguna, salvo en forma esporádica”, y que funcionarios no pudieron “tomar contacto con ningún representante del permisionario”.
Desde la Multisectorial afirman que estas justificaciones son ridículas ya que el mismo gobierno porteño contribuye a las actividades. A través del Ministerio de Desarrollo Social otorga parte de la comida que se distribuye en La Olla de los sábados y financia la revista de la organización. Otorgó además subsidios para el mantenimiento del lugar, mientras que el Ministerio de Educación desarrolla en ese local el programa “Puentes Escolares”. Respecto a las inspecciones, los responsables de la Multisectorial afirman que la última la realizaron funcionarios de la cartera de Desarrollo Social el 14 de noviembre pasado.
Lamentablemente, es muy probable que este listado continúe.

Ciudad de Buenos Aires, Lunes 18 de Enero de 2010

Sr. Secretario de Comunicación Social (GCABA)

Gregorio Centurión

Estoy totalmente sorprendido e indignado ante las acusaciones realizadas por el Señor Ariel Rosales, Presidente de COMECI y Veedor titular por los Medios Digitales, quien supuestamente debería defender a los medios vecinales. El Sr. Rosales muestra un total desconocimiento de la trayectoria de 10 años del medio barrial más importante de Belgrano, incurriendo en acusaciones falsas y con argumentos no válidos.

Mi Belgrano nació en la Web en Diciembre de 1999, y desde ese entonces soy el director y propietario del medio. Gabriela Michetti presentó un proyecto en la legislatura, mencionando que la información la obtuvo desde nuestro Portal, La Nación sacó notas sobre nuestro portal (Presentamos al inscribirnos en el registro artículos en medios masivos que avalan la antigüedad de Mi Belgrano).

Desde el año 2006, editamos mensualmente el Diario Mi Belgrano con una tirada de 5000 ejemplares. El mismo se distribuye en comercios, empresas y domicilios particulares.

Entre Enero de 2009 y Agosto de 2009, tras un arreglo con el director de Comuna 13, Pablo Pampin, incorporamos la edición de comuna 13, dentro de la edición impresa de Mi Belgrano, tal como hacen otros medios incorporados al registro que distribuyen su ejemplar con el diario del Viajero adentro. Yo me ocupé del diseño y la impresión de Comuna 13, por lo cual le cobraba mis servicios al Sr. Pampin, no así del desarrollo de los contenidos. Esa es la única relación que tengo con el Medio Comuna 13.

El medio digital www.mibelgrano.com.ar nunca tuvo ninguna relación con Comuna 13, salvo la página www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano.htm dónde publicamos una versión On.Line de la edición impresa, donde se pueden ver los ejemplares de Comuna 13 dentro de los de Mi Belgrano.

El Sr. Rosales afirma: “Mi Belgrano (Gráfico) y Mi Belgrano (web –www.mibelgrano.com.ar) del editor Fabián Gothelf, medios vecinales que fueran rechazados del Registro en anteriores convocatorias”.

En primer lugar quiero aclarar que mi nombre es Fabio Gothelf y no Fabián, en segundo lugar la afirmación de que fuimos rechazados en anteriores convocatorias es falsa, solo nos presentamos en Noviembre del 2006 y hemos sido injustamente rechazados en el registro de medios vecinales (Por un supuesto exceso de publicidad)  habiendo sido incorporados medios que no cumplían con la requisitoria y no recuerdo en ese entonces que el Sr. Rosales haya hecho acusación alguna.

Al Sr. Leandro Querido lo conocemos desde que fue director en el CGPC 13, pero no tiene ninguna relación con Mi Belgrano.

El Sr Rosales está solicitando:

Saber quien autorizó, como fue calificada y si fue debidamente fundada, la Pauta Publicitaria Oficial que reciben: Mi Belgrano (gráfico), Mi Belgrano (Web) y si es equitativo recibir Pauta Publicitaria (Mi Belgrano) y a su vez doblemente recibir contraprestación publicitaria del Registro 2010 de Medios Vecinales en el marco de la Ley 2587 y Decreto 933

Esa acusación es totalmente falsa, nadie autorizó ninguna Pauta Oficial para Mi Belgrano ya que jamás hemos tenido ninguna pauta oficial, y nos solventamos con el aporte de profesionales y pequeños comerciantes privados a diferencia del medio que dirige el Sr. Rosales que aparentemente solo tiene publicidad del Gobierno de la Ciudad. Siempre difundimos todo tipo de actividades del Gobierno, sin cobrar absolutamente nada, solo recibimos un hermoso calendario de “Pasión por Buenos Aires” que nos enviaron en agradecimiento a nuestra colaboración en la difusión de este programa.

Rechazamos rotundamente las acusaciones realizadas por el Sr. Ariel Rosales al involucrar injustamente al medio Mi Belgrano en un hecho de corrupción, sin fundamentos válidos. Además el Sr. Rosales, no se ha comunicado con nosotros antes de involucrarnos en su denuncia, lo cual demuestra su total desinterés en aclarar cual es nuestra situación. También solicitamos que el Sr. Rosales rectifique a la brevedad sus acusaciones contra Mi Belgrano y que se respete la incorporación de Mi Belgrano impreso y Mi Belgrano web en el registro de Medios Vecinales, ya que presentamos toda la documentación solicitada, cumplimos con los requisitos necesarios y no tenemos ni nunca tuvimos ninguna pauta publicitaria oficial.

A la espera de su respuesta.

Lo Saluda Atentamente,

Fabio Gothelf – Director de Mi Belgrano

fabiogothelf@mibelgrano.com.ar – 15-5177-8215

Comunicación, Medios y Periodismo

30.1.2010

El segundo número, la edición de enero de 2010, de Mediopolis, publicación gráfica sobre comunicación, medios y periodismo, publicó en contratapa una nota sobre la sancionada Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que involucra a la Ciudad de Buenos Aires y sus medios de comunicación. La nota completa: 

Pistolas eléctricas para La Metropolitana

28.1.2010

Los casos de gatillo fácil y persecución policial se multiplican en el Conurbano, mientras el gobierno de Mauricio Macri compra pistolas eléctricas para los efectivos de la Metropolitana.

En un operativo, la policía de Don Torcuato reprimió a los vecinos del Barrio San Jorge y mató a Héctor “Coco” Villanueva de un disparo en la cabeza.
El hecho ocurrió el 15 de enero pasado cuando los efectivos llegaron al lugar tras ser informados del robo de un auto. Como es habitual, los policías comenzaron a disparar. Al escuchar los tiros, Villanueva, de 60 años, salió a la puerta de su comercio para pedirles: “No tiren, que hay chicos”. En respuesta recibió un impacto en su cabeza; las personas que se acercaron a auxiliarlo fueron también heridas y amenazadas.
Al día siguiente, los vecinos se movilizaron. Cortaron las vías del Ferrocarril Belgrano y se concentraron frente al Destacamento de la Policía Buenos Aires 2. En esa misma jornada, personal del Comando de Patrullas de Tigre y San Fernando, policías de la Comisaría 3ra de Don Torcuato y Gendarmería volvieron a reprimir y mataron a Facundo Vargas, de 16 años, que participaba de la marcha.
La zona norte del conurbano es uno de los epicentros de la violencia policial, pero no el único. En Haedo, a 50 cuadras del lugar donde desapareció hace un año Luciano Arruga, la tarea del personal de Gendarmería Nacional es amenazar a las personas que viven en el Asentamiento Siderar.
Todo comenzó en diciembre pasado cuando un móvil de la Gendarmería interrumpió una reunión de vecinos. Del auto bajaron tres uniformados que iban sin identificación de nombre, ni grado, al grito de “¿Quién es Pepone?”. Al no recibir respuesta, amenazaron a los presentes con hacerlos desaparecer de a uno, con calcinarlos y arrojarlos en algún campo si no aparecía el estéreo que le habían robado del auto a uno de los uniformados. Es decir, los gendarmes afirmaban que el estéreo había sido robado por algún vecino del asentamiento llamado Pepone. Las intimidaciones continuaron durante los días subsiguientes.
Pero la represión policial tampoco es propia de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada en Salta, efectivos de la policía, gendarmería e infantería golpearon y amenazaron a integrantes de la comunidad indígena Lules, quienes defendían sus tierras ante el avance del Jockey Club local, que pretende extender sus construcciones en territorio que no le corresponde. Días antes, la Infantería había reprimido una movilización que realizaban estudiantes en contra del aumento del boleto de transporte público. Según describen desde Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), los efectivos utilizaron primero balas de goma, pero luego gases y picanas portátiles. Sí, las mismas armas que usará la futura, e inminente, Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque aún los efectivos no han salido a la calle, la fuerza de Mauricio Macri sigue dando de qué hablar. Tras los sucesivos cambios de jefe (Jorge Palacios y Osvaldo Chamorro hasta el actual Eugenio Burzaco), ahora se supo que el gobierno porteño autorizó la compra de cinco armas Taser X26, conocidas como pistolas eléctricas o picanas portátiles.
Al ser disparadas, estas armas producen una descarga de 50.000 voltios que tira e inmoviliza al receptor. Según un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos, su uso no deja marcas, por lo que no quedan pruebas del disparo en el cuerpo de la víctima.
“La empresa que comercializa las Taser en la Argentina es la firma Buccello, a la que la Policía Metropolitana también le compró las armas "Pepper Ball", que son unas escopetas que lanzan cartuchos de pimienta y que producen irritación y congestión en la piel”, señalan desde el Observatorio.
Las distintas justificaciones tanto de Macri como de su ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, son insólitas. Montenegro afirmó que todo depende del uso que se le dé al arma: “Una cucharita también es letal”, dijo. Una y otra vez repiten que las Taser son utilizadas por policías de todo el mundo. Esto es cierto, pero también lo es el hecho de que su uso ha sido duramente criticado por distintos organismos en todo el mundo. Amnesty-USA publicó un informe en 2008 en el que registraban 334 muertes sólo en Estados Unidos por el uso de las Taser por parte de la policía, entre 2001 y agosto de 2008.
Además, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dictaminó el año pasado que la aplicación de estas armas constituye una forma de tortura. Aseguran que las pistolas eléctricas generan un dolor extremo y en algunos casos pueden provocar la muerte, por lo que su uso viola la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (a la que pertenece el Comité). Vale recordar entonces que esta Convención es ley en la Argentina ya que así lo establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. 
Sin dudas, la Convención es una declaración que pocos tienen en cuenta y que varios gobernantes deberían leer y aplicar.