Comunicadores del Sur

26.2.2024

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remató más de 450 inmuebles de herencia vacante en los últimos cinco años, según advierte un informe de Inquilinos Agrupados (IA). La organización recabó esa información a partir de los datos de las subastas públicas del Banco Ciudad: desde 2018 se remataron casi 60 mil metros cuadrados de ese tipo de inmuebles que podrían ser utilizados en su mayoría para intervenir en la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa la Ciudad. Inquilinos Agrupados ya presentó un proyecto de ley que busca establecer ese destino para las viviendas vacantes, pero hasta el momento no fue tratado.

El informe publicado por la agrupación Inquilinos Agrupados fue realizado en base al análisis de 948 documentos recolectados de la página web de subastas del Banco Ciudad, según precisa el documento de la investigación: “Entre los años 2018 y 2023 se pusieron a subasta a través del Banco Ciudad 461 inmuebles, de los cuales 455 corresponden a inmuebles ubicados en la Ciudad”. El documento precisa que “entre estos últimos, hay viviendas (departamentos, casas y PHs), lotes, edificios de oficinas, locales comerciales, cocheras y depósitos”.

Los datos desagregados detallan que la mayor parte de los inmuebles subastados con 228 remates son “viviendas tipo departamentos”. Le sigue el rubro de “terrenos” con 102 subastas. El resto de las ventas se reparten entre “locales comerciales”, “viviendas tipo casas con entrada individual”, unidades de oficinas, inmuebles tipo PH, cocheras y depósitos.

Dentro del rubro de “departamentos y casas” – aquellos inmuebles que podrían ser utilizados con fines habitacionales – Inquilinos Agrupados encontró que la mayoría de las subastas fueron de unidades de dos ambientes con 101 remates, seguidas de las unidades de tres ambientes con 78. También hubo 34 ventas de monoambientes, 28 de cuatro ambientes, tres de cinco ambientes y una de seis y siete ambientes. “Las viviendas rematadas comprenden una totalidad de 59.356 metros cuadrados a razón de 69,5 metros cuadrados en promedio por vivienda”, destaca la agrupación.

En cuanto a los terrenos rematados, el informe asegura que comprenden una superficie de 98.524 metros cuadrados. La mayor parte de los lotes vendidos forman parte del llamado “Parque de la Innovación”, que surge del loteo y la subasta de terrenos dentro del ex Tiro Federal.

La organización también elaboró un mapa interactivo en el que se pueden localizar todos los inmuebles vendidos durante los últimos cinco años. La mayor concentración está en el barrio de Palermo, donde se remataron 30 inmuebles. Le sigue Balvanera con 27, Recoleta con 26, Caballito con 18, Almagro con 14 y San Nicolás con 13.

En el documento del informe, Inquilinos Agrupados advierte que los resultados de la investigación son “el fiel reflejo de un Estado al servicio del mercado inmobiliario donde un sector muy concentrado y con privilegios de acceso se beneficia”. “Estas viviendas podrían haber formado parte de un sistema de alquiler público. Sin embargo se remataron al mercado inmobiliario para la especulación y la renta”, agrega.

El informe explica que las subastas de las viviendas fueron posibles gracias a la vigencia de la Ley N°52 del año 1998 que habilita al GCBA a rematar este tipo de inmuebles. En octubre del año 2022, Inquilinos Agrupados presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear un “Sistema de Alquiler Protegido” en el que “todas aquellas viviendas que tengan condiciones para ingresar en herencia vacantes sean afectadas al sistema de alquiler protegido”.

23.2.2024

Organizaciones sociales llevan adelante este viernes una nueva jornada de protesta a nivel nacional, por la cual cortaron los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, para exigir el cese del ajuste y la asistencia alimentaria para comedores y merenderos comunitarios.

Las protestas comenzaron a las 9.30 con concentraciones en distintos puntos de acceso a la ciudad y en el interior del país, y tendrán epicentro en el edificio de Juncal y Carlos Pellegrini, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, instaló sus oficinas.

La jornada fue convocada para reclamar “asistencia para comedores comunitarios”; en rechazo al “congelamiento de los salarios” y de los montos en los planes Potenciar Trabajo, bajo la consigna “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. ¡Basta de ajuste!”.

De la protesta participarán la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha, entre otros.

También forman parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala, la Organización Barrial Tupac Amaru y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

Otras organizaciones convocantes son el Movimiento Argentina Rebelde; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Mulcs), el Movimiento 8 de Abril; el FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base (FOB); el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; el MTD y el MTR por la Democracia Directa.

También se sumaron la militancia del Frente de Lucha Piquetero (FLP), el Polo Obrero (PO); MTR Votamos Luchar; el CUBA-MTR/MIDO; la Agrupación Armando Conciencia; MTL Rebelde; el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular; Pueblo Libres; la organización William Cooke; Soy Acción Revolucionaria; Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha.

“A más de dos meses del gobierno de Javier Milei, han demostrado que quieren hambrear al pueblo y llevarse todo lo que puedan de la Argentina. Vivimos la inflación más grande desde los últimos 30 años, con una situación de hambre gravísima en los barrios más pobres, con una fuerte caída del trabajo y del consumo popular”, dijo a Télam Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Por su parte, Eduardo Belliboni, referente Bonaerense del Polo Obrero (PO), aseguró que se trata de “una unidad sin precedentes, del conjunto de los movimientos” e indicó que será el “inicio de un plan de lucha extendido y unificado” contra el gobierno nacional.

22.2.2024

En los últimos días, el Gobierno de la Ciudad anunció recortes de horas cátedra y el consecuente despido de una gran cantidad de docentes del Programa Cultural en Barrios, el Circuito de Espacios Culturales y otros programas culturales. Esto se traduce en cierre de talleres pero también en el cambio de modalidad presencial de los talleres virtuales, gracias a los cuales cientos de vecinos y vecinas con diferentes imposibilidades físicas podían acceder de forma gratuita.

“Nos recortaron casi un 20% del presupuesto y en particular las horas cátedra, que implican el trabajo de unos mil docentes en más de 40 espacios culturales donde brindamos talleres de las disciplinas más variadas. El problema es que esto se suma a la precarización que ya veníamos sufriendo, con el valor de la hora cátedra completamente desactualizada”, explicó Sol Copley, delegada general de la Dirección de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura e integrante del Consejo Directivo de ATE Capital.

Desde la Junta Interna de ATE vienen reclamando hace tiempo por una mejora en las condiciones de trabajo y en los salarios, dado que actualmente tienen una contratación precaria: no cobran antigüedad, todos los años la planta docente se da de baja a pesar de ser una planta transitoria que ya lleva casi 20 años, y cobran la mitad que un docente que trabaja en otros sectores del Ministerio de Cultura. “Aunque realizamos las mismas tareas, no tenemos insumos para trabajar por lo cual casi siempre los pagan el alumnado”, plantean.

“Ahora se suma la baja del presupuesto totalmente arbitraria, sin haber aún siquiera conocido el trabajo que cada docente y cada coordinador lleva adelante día a día para sostener cada espacio y así que cada vecino y vecina pueda acceder a bienes culturales de manera libre y gratuita, derecho fundamental establecido en la Constitución de la Nación y de la Ciudad”, continúan desde la Junta Interna.

El Programa Cultural en Barrios desarrolla cursos y talleres de manera descentralizada en 36 centros culturales distribuidos en los barrios porteños. Los talleres son gratuitos para los alumnos, y los docentes seleccionados para brindarlos, forman parte de una planta transitoria. Los talleres son, en general, de nivel inicial, y se proponen como espacios de difusión y promoción de actividades artísticas para todo público.

Por su parte, el Circuito de Espacios Culturales es un lugar de encuentro e intercambio abierto a la comunidad, escenario del arte y la cultura de la Ciudad. Está integrado por ocho espacios ubicados en distintos puntos: Adán Buenosayres en Parque Chacabuco, Carlos Gardel en Chacarita, Chacra de los Remedios en Parque Avellaneda, Del Sur en Balvanera, Julián Centeya en San Cristóbal, Resurgimiento en Villa del Parque, Marcó del Pont en Flores y Plaza Defensa en San Telmo.

“Nosotros presentamos un proyecto de ley en la Legislatura a través del Frente de Todos, pero el PRO se negó sistemáticamente a tratarlo. Esta gestión hace lo que quiere con nuestras horas cátedra y nuestro trabajo, también sufrimos bajas docentes en forma arbitraria. No tienen la menor idea de nuestro trabajo y optaron por hacernos un recorte. Lo mismo con los talleres por Zoom, que los sostuvimos con nuestro propio Internet y ahora quieren dar de baja todo eso”, agregó Copley.

El ajuste no recae solo sobre trabajadores y trabajadoras, sino que afecta el derecho a la cultura de miles de vecinos y vecinas que año a año disfrutan de aprender una disciplina artística y cultural.

21.2.2024

El gremio La Fraternidad lleva adelante desde la medianoche un paro de trenes de 24 horas que afecta a todo el servicio ferroviario, excepto los traslados de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba, para reclamar “una recomposición salarial de lo que se perdió por el aumento inflacionario”. En ese marco, se registran largas colas de pasajeros en las paradas de colectivos.

El sindicato que agrupa a los maquinistas adjudicó la responsabilidad de la medida de fuerza al Gobierno, que “no convocó a las partes a la conciliación obligatoria”. No obstante, tres gremios ferroviarios fueron citados por el Ejecutivo para discutir salarios hoy miércoles. La Unión Ferroviaria (UF), la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) fueron convocados para 10 horas a la sede de la Secretaría de Trabajo, en Leandro N. Alem al 650.

La citación es “para continuar con las negociaciones pendientes, esperando allí poder concretar un acuerdo acorde que permita seguir sosteniendo el poder adquisitivo del salario, en esta difícil situación económica que se está viviendo” para el periodo marzo 2023-abril 2024, indicaron los gremios en un comunicado.

La Secretaría de Transporte confirmó la audiencia y anunció que los gremios de esta rama, incluido La Fraternidad, están “convocados” para la reunión en Trabajo. Según recordó la dependencia, a principios del mes de febrero se “otorgó un aumento del 16 por ciento a los salarios brutos de los trabajadores”.

En un comunicado, Transporte criticó la medida de fuerza convocada por La Fraternidad, en contraposición a otros gremios ferroviarios. “Resulta inentendible la medida de fuerza por parte de La Fraternidad, que conlleva una mala fe negociar al encontrarse en plena vigencia la mesa de negociaciones paritarias, inclusive habiendo llegado, a principio del mes, a resultados positivos en los acuerdos”, apuntó en el texto.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, dijo ayer martes que la CGT debe convocar a “una nueva medida de fuerza” en rechazo a las medidas económicas tomadas por el Gobierno, algo que es reclamado por “la sociedad” y “sobre todo la clase media”.

“Ratificamos nuestras medidas, tras una reunión en la que no recibimos ofertas, ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario, se trata de una actualización”, dijo Maturano esta mañana en declaraciones a Radio de la Ciudad.

Maturano sostuvo que el Gobierno nacional está llevando “a un caos total” y agregó que “Pretende que esa libertad de la que habla, que no sé si es liberalismo, neoliberalismo, o libertario, nos lleve a un 80 por ciento de pobres y un 20 por ciento de ricos como pasaba antes de 1943”. Por último, el dirigente consideró que “la sociedad le pide a la CGT un paro general y más también la clase media”.

20.2.2024

El jueves 8 de febrero a las 12:48 ocurrió la tragedia que afectó a varias familias del barrio de Caballito luego de que se derrumbara una vivienda lindante a una obra en construcción sobre Pedro Goyena 555, y no solo se cobrara la vida de dos personas sino todas las pertenencias, objetos de valor y demás, del resto de los vecinos del PH quedó bajo escombros.

En este contexto, ayer lunes las familias afectadas fueron recibidas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad y analizaron la posibilidad de exigir a la empresa a cargo del proyecto inmobiliario que financie una “solución habitacional” temporal hasta que puedan recuperar sus casas.

Dicha reunión tuvo lugar en la sede del Ejecutivo porteño en el barrio de Parque Patricios, donde estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

Una de las personas damnificadas que vivía en el complejo de PH afectado, identificada como Ingrid Varela, aseguró que “A once días del derrumbe, sentimos que es la primera vez que toman el tema con mayor responsabilidad”. La mujer es licenciada en Recursos Humanos y madre de dos hijos de 8 y 23 años. Con ellos almorzaba el día del incidente cuando, después de un corte repentino de luz, escuchó un violento estruendo que la dejó sin aliento. Lo que siguió fue un completo caos.

Desde aquel día son 13 las familias que están sin hogar, ya que el derrumbe afectó un complejo de viviendas de la zona. En este contexto aún permanecen sin regresar a su domicilio por el peligro que representa el estado del edificio.

“Queremos entrar a sacar las cosas básicas”, explicó la mujer que formó parte del grupo que concurrió a la sede de Gobierno y que contó que estimaron que demorarán unos ocho meses en regularizar su situación habitacional.

Se destacaron dos temas abordados en la reunión: “Las necesidades de las familias y las formas en que se podía llegar a una solución”, y en manos de quién quedará la problemática a la que se le dará periódico seguimiento. De esta forma designaron a la coordinación de la Dirección General de Asistencia a la Víctima, que depende de la cartera de Justicia.

Indicaron, también, que establecieron un cronograma para que las familias puedan acceder a retirar sus pertenencias de las viviendas siniestradas, para lo cual trabajarán en conjunto la Fiscalía y Defensa Civil para desplegar una pasarela que posibilite el acceso a los inmuebles.

Se dio a conocer una información muy delicada para las familias afectadas, que es que sus propiedades deberán ser demolidas del todo. En este lapso de tiempo en el cual no tiene donde habitar, se barajó la idea de que la constructora que provocó el desmoronamiento de los suelos se haga cargo del financiamiento de la cuestión habitacional de los damnificados.

“El Gobierno porteño planteó que van a exigirles que nos den una vivienda o que nos paguen un alquiler. Se tienen que hacer cargo porque nosotros no elegimos estar en esta situación”, manifestó Varela.

A causa del derrumbe, perdieron la vida dos hermanos: Nélida, una mujer de 75 años, y Ramón, un hombre de 82, ambos habitantes de la misma vivienda. Según informaron fuentes del Gobierno porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri recibió a los hijos de Nélida el viernes pasado, en la sede de la calle Uspallata y, durante la reunión, “se puso a disposición” de ambos.

Además, ese mismo día, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, instruyó a la Fiscalía 22 para que investigue si existieron “irregularidades en la inspección y habilitación de la obra” en construcción.

Dicha labor es ejecutado por la Agencia Gubernamental de Control, que depende del Ministerio de Justicia, organismo encargado de inspeccionar las obras y sus instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, electromecánicas, de elevación vertical, térmicas, inflamables, incluyendo sistemas de prevención de incendios través de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.

En tanto, se hizo especial hincapié en que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció el mismo día del derrumbe, que ya había advertido al Gobierno porteño sobre “irregularidades de la obra lindante a las viviendas” que se derrumbaron.