Comunicadores del Sur

23.2.2019

por Claudio Corsalini

Según ONGs, el estadio cerrado que funcionará en un predio de Atlanta traerá caos a la zona. Piden informe del estudio de impacto ambiental.

Un nuevo capítulo se sumó en los últimos días a la polémica que gira en torno a la construcción del estadio cerrado en la zona de Villa Crespo. Esta semana la Justicia porteña determinó que la Agencia de Protección Ambiental porteña (APRA) tiene que presentar un nuevo documento en el que explique por qué categorizó el emprendimiento Buenos Aires Arena como “sin relevante efecto ambiental” al momento de entregar el certificado que permitió que la obra avanzara. El estudio se basa en una serie de indicadores que miden el impacto de las vibraciones y sonidos, por ejemplo, que generaría en una zona un proyecto de esas características. Se trata del emprendimiento desarrollado por el grupo La Nación junto a AEG Worldwide en un predio lindero a la cancha de Atlanta.    La decisión la tomó el juez Aurelio Ammirato, que subroga el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3, quien avanzó con el amparo presentado por la Fundación Ciudad el 21 septiembre del año pasado, y que cuenta con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. En el mismo dictamen judicial, además, se abrió una convocatoria para que otras entidades o vecinos afectados por la megaobra participen en la causa. El estadio se está construyendo en un terreno que fue cedido por la Ciudad al club  bohemio por cuarenta años. Se encuentra ubicado en la calle Humboldt, entre Padilla y Camargo, en el que se realizarán diferentes eventos musicales y deportivos. El primero de ellos se llevará a cabo en diciembre de este año con la presentación del cantante Shawn Mendes. Por ceder el lugar, el club estaría cobrando un canon de US$ 30 mil mensuales durante el tiempo que dure la obra. Mientras que cuando esté en funcionamiento, la suma se elevaría a US$ 50 mil. Según los vecinos, el estadio traerá aparejada una serie de inconvenientes que van desde el caos de circulación y estacionamiento, desvalorización de las propiedades y hasta el cambio de la fisonomía barrial. Otra de las quejas se basa en que el nuevo proyecto es diferente al original. No solo por la superficie que ocupa ahora, pasó de 11 mil m2 a 28 mil m2, sino también por su capacidad. El aforo del estadio pasó de 8  a 12 mil espectadores, con la posibilidad de llevarlo a 16 mil. “Cada evento musical o deportivo que se realice en ese mega estadio la población de Villa Crespo se va a incrementar casi en un tercio, siendo un barrio residencial de media o baja densidad poblacional. Para el gobierno porteño esta afluencia de personas generará el mismo impacto social y ambiental que un kiosco o un comercio pequeño. Otorgaron al estadio Arena los permisos ambientales casi a simple declaración jurada, sin ningún tipo de estudio ambiental ni dictamen técnico. Sorprende la flexibilidad con la que se trató la instalación de este mega estadio”, afirmó Jonatan Baldiviezo, de la ONG vecinalista. “Entendemos que estamos frente a uno de los mayores negocios con la tierra pública. La Ciudad cedió esas tierras por cuarenta años y ni siquiera le cobrará los impuestos inmobiliarios a la explotación”, agregó. Desde la APRA, en tanto, aseguraron a PERFIL que entre el lunes y martes próximo se presentará toda la documentación requerida. “El juez pidió información sobre qué documentos administrativos se emitieron en su momento, la disposición original que estableció la categorización del proyecto, que es de 2015; la disposición modificatoria del emprendimiento, que es 2018; cómo se desarrolló el procedimiento; cómo funcionaba la normativa y cómo se cumplió el proceso”, señalaron desde esa dependencia estatal. La idea de construir un estadio cubierto en ese predio se originó en 2012, cuando la institución de Villa Crespo firmó un contrato con Lugones Center para erigir un Arena en terrenos que la Ciudad le había cedido a Atlanta. Por ese acuerdo, el club de Villa Crespo cobraría un canon mensual. Sin embargo, todo quedó a mitad de camino desde 2015, tras el derrumbe del techo de la construcción, y la obra quedó inconclusa y parada por casi dos años. Mientras que en 2016, la empresa desarrolladora quebró. En su momento y para desarrollar su obra, Lugones Center había pedido un préstamo de 100 millones de pesos al Banco Ciudad. 

23.2.2019

Publicado en Ansol

Se trata de Pikkei, de comida japonesa-peruana. Hay 25 puestos de trabajo en juego. Los empleados decidieron conformar una cooperativa. Denuncian por vaciamiento al secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Fernández.

Los trabajadores del restaurante de comida fusión japonesa-peruana Pikkei (Montevideo 1061, CABA) resolvieron constituirse en cooperativa para recuperar 25 puestos de trabajo ante el vaciamiento de la empresa. Luis Machado, trabajador de Pikkei, contó a ANSOL: “Llevamos siete años trabajando acá. Desde 2016 se hizo un cambio de razón social. Raúl Fernández, Diego Fernando y Jorge Marengo. Ellos hicieron un acta para desvincularse de la empresa, lo que nos hizo sospechar. Nos empezaron a pagar el 25 de cada mes, en vez del 5, y los montos eran mucho menores de lo que correspondían”.

Como recibieron la visita del dueño del inmueble para mostrar el local a posibles compradores, y como los dueños anunciaron que el 18 todos los trabajadores tendrían vacaciones, los trabajadores se pusieron en alerta y llamaron al sindicato. Al día de hoy les deben el aguinaldo, el salario de enero y lo que va de febrero, por lo que los empleados mantienen el local abierto y activo, mientras realizan los trámites para constituirse como cooperativa.

Los trabajadores denuncian que Diego Fernández sigue siendo uno de los dueños. Es secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra trabajando para el gobierno porteño en la urbanización de la villa 31.

22.2.2019

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso presentado por la defensa de Luis D’Elía en el marco de la causa por la toma de la Comisaría de La Boca ocurrida en 2004, por lo cual el dirigente volverá a quedar privado de su libertad por supuesta “instigación al delito”.

D’Elía había sido condenado a tres años y nueve meses de prisión por los hechos ocurridos en la comisaría 24º durante una protesta por el militante social Martín “Oso” Cisneros, ocurrida en ese barrio porteño. La condena fue apelada y esta mañana, la Sala III integrada por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahíques declararon “improcedente” esa presentación.

De esta manera, la Cámara de Casación dispuso que “se cumpla de inmediato la pena impuesta” por el Tribunal Oral Federal  6, que había condenado a D’Elía por las consecuencias de esa manifestación.

21.2.2019

Por Claudio Dellecarbonara y Pablo Pereira

Trabajadores de la Agrupación Bordó apoyan el derecho de los usuarios a viajar sin abonar el pasaje.

La empresa Metrovías y la Ciudad de Buenos Aires, a través de SBASE, se preparan para cobrar el boleto del subte a 21 pesos. Un aumento brutal mientras sigue prestando un pésimo servicio, con formaciones que se quedan, con instalaciones deficientes que generan permanentes interrupciones e inseguridad para quienes trabajamos.

Recordemos que en los últimos años llevamos 8 compañeros muertos por trabajar sin la seguridad correspondiente y tenemos decenas de “accidentes” con compañeros heridos. Este servicio malo y caro genera bronca entre los cientos de miles de personas que a diario usan el subte y suele traer discusiones y enfrentamientos con nuestros compañeros.

Estas discusiones se han incrementado estos días tras el fallo del Juez Gallardo (ratificado por medio del juez Aurelio Ammirato, que aceptó las apelaciones de la Ciudad y la empresa contra el fallo, pero aclarando que mientras tanto persiste la obligación de cumplirlo). Según esta resolución judicial se puede viajar gratis allí donde las escaleras mecánicas o los ascensores no funcionan, pero la empresa del coimero Roggio no la está cumpliendo. Por el contrario, instruye a los trabajadores para que no permitan el ingreso gratuito y nos expone a la confrontación.

Desde la Agrupación Bordo estamos convencidos de que los trabajadores tenemos que forjar una sólida alianza con los usuarios para pelear por un servicio seguro, económico y eficiente. Tenemos el interés común de un subte en el que se viaje y trabaje en forma segura y confortable y sabemos que esto no es así por exclusiva responsabilidad de SBASE y la empresa que presta el servicio como un negociado donde lo único que le importa son sus ganancias.

Por eso exigimos que el conjunto del Secretariado Ejecutivo de nuestro sindicato rompa el silencio y se pronuncie a favor del cumplimiento del fallo de Gallardo, que le exija a la empresa la implementación de su cumplimiento, llame a los compañeros a expresar apoyo a los usuarios que lo reclaman y organice acciones solidarias para sostener la medida.

Por nuestra parte le planteamos a todos los compañeros que no debemos enfrentarnos con el pasajero, que tiene el derecho que genera esta decisión judicial. Más allá que, quien tiene que arbitrar los medios para el cumplimiento es la empresa, no vamos a ser los trabajadores los que nos opongamos a que se cumpla este derecho. Y ratificamos la exigencia del sindicato de apoyar a los compañeros que toman esta postura.

El fallo del juez Gallardo, si bien pone de manifiesto incumplimientos en el servicio del subte por parte de quienes lo gestionan, no toma las medidas para que realmente se termine con estos abusos de la empresa. Una empresa que reconoce hasta el robo de los subsidios y la “devolución” de parte de los mismos en forma de coimas a funcionarios del gobierno anterior. Hay que terminar con el robo que nos hacen las empresas a cargo de los servicios públicos. Junto a los usuarios hay que abrir los libros de contabilidad de Metrovías para demostrar que hicieron con los subsidios, en el camino de imponer una gestión común de trabajadores y usuarios.

21.2.2019

Por Huerquen comunicación en Colectivo

La señora se llama Angela Teresa. Apareció hoy a las 9 en el Almacén de Ramos Generales, que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en Almagro. La campaña en la que la UTT se comprometió a garantizarle comida por siempre, fue exitosa. 

Ella fue a todos los feriazos que la UTT organizó en Plaza Constitución, vive cerca. Nunca tuvo problema, siempre pudo comprar todo por 10 pesos. El viernes 15 de febrero cambió la historia, la Policía de la Ciudad reprimió con bastonazos, gases y balas de goma. Impidieron que continúe el intercambio entre familias agrícolas y vecines. Secuestraron la comida que la UTT había llevado y pisotearon lo que quedó en el piso. Todavía con incomodidad por los gases la señora, con saco gris, pollera azul y un carrito de compras, se agachó a levantar las berenjenas del suelo. El momento fue retratado por Bernardino Ávila en una foto que trascendió las fronteras; explica la crisis argentina junto a las políticas represivas del Gobierno de la Ciudad.

“Nadie me gobierna. Como voy a dejar que la policía nos intimide para comer. Fui a buscar berenjenas y rúcula porque no puedo pagar los precios del Coto.” Le comentó Teresa a los integrantes de la UTT que le llevaron a la casa la comida más pesada.

El miércoles 27 a las 16, con la consigna “Ante el hambre yo elijo la lechuga”, la UTT convoca a un verdurazo masivo a Plaza de Mayo. Las familias agrícolas donarán 20 mil kilos de hortalizas frescas.