14.2.2019

A pesar de la recusación que presentaron el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y Metrovías contra el juez Andrés Gallardo, los usuarios del subte deberían poder viajar gratis a partir del lunes en aquellas estaciones donde no funcionen las escaleras mecánicas ni los ascensores de acuerdo a lo que disponía el fallo que dictó el magistrado días atrás, según afirmó una fuente judicial a este diario. Dado que la empresa informó que  la sanción no puede ser ejecutada hasta tanto haga su descargo, el comienzo de la semana será un día complicado para todos aquellos usuarios que exijan que se cumpla la resolución judicial. Para sumar tensión, en el medio del conflicto quedaron los trabajadores del subte, quienes requirieron a la empresa “que informe de manera expresa” a los pasajeros sobre los efectos de la sentencia para impedir que los reclamos recaigan sobre el personal.

Gallardo dictó hace tres días un fallo en el que dispuso que en las estaciones de subte en las que no funcionen las escaleras mecánicas ni los ascensores, los pasajeros no deben pagar pasaje o bien se les debía reintegrar el dinero de cada viaje. En lugar de poner los accesos en condiciones, el gobierno porteño, Sbase y Metrovías recusaron al magistrado.

La causa en manos de Gallardo comenzó a partir de la denuncia realizada por el propietario de un local comercial en una de las galerías del subte, quien además padece una discapacidad motriz. El reclamo original había recibido el respaldo de la Defensoría del Pueblo porteña, que alegó “trato discriminatorio” ante la falta de accesos mecánicos.

El fallo debería empezar aplicarse a partir del próximo lunes. El contrapunto entre lo que sostienen en la Justicia y quienes recusaron a Gallardo es una suerte de anticipo de las discusiones que se darán ese día entre el personal de Metrovías y los pasajeros que exijan el cumplimiento de la orden judicial.

 

13.2.2019

El juez Roberto Gallardo había resuelto que la empresa concesionaria del subte debía devolver el dinero cuando no funcionara la escalera mecánica o el ascensor. Desde el gobierno macrista de la Capital Federal intervendrán en favor del Grupo Roggio.

 

Todos los empresarios quisieran tener un amigo como Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de alguien que cuestiona poco y ayuda mucho a la hora de garantizar las ganancias.

Así volvió a quedar confirmado este miércoles cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que apelará una sentencia que perjudicaba a Metrovías.

La gestión macrista en la capital del país actuará a favor de los negocios del Grupo Roggio. Lo hará apelando un fallo del juez Roberto Gallardo que establecía que la empresa Metrovías debe devolver el dinero del pasaje en caso de que las escaleras mecánicas o el ascensor no funcionen dentro del subte.

La decisión del gobierno de la Ciudad fue comunicada por medio de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires), que definieron al fallo como "arbitrario".

Hay que recordar que, en mayo del año pasado, otra resolución judicial había frenado una nueva suba del boleto. En aquel entonces, los diputados Myriam Bregman y Patricio del Corro (PTS-FIT) habían presentado un amparo que intentaba poner límites al tarifazo. Lo hacía señalando los múltiples problemas que presentaba el servicio.

Tal como sido reflejado en este medio -y denunciado por los trabajadores y legisladores de la izquierda- los problemas existentes en el subte son múltiples y muy variados.

La resolución de Gallardo fija la atención en las escaleras mecánicas y los ascensores. Sin embargo, ante cada lluvia importante, un número considerable de estaciones se inundan, afectando al servicio y la seguridad de los pasajeros y pasajeras.

Metrovías no solo es responsable de peligros contra la salud de quienes viajan, sino que tiene un historial más que oscuro por la responsabilidad empresarial en la muerte de seis trabajadores.

A pesar de esta gestión, el gobierno de Larreta ha venido favoreciendo sistemáticamente la continuidad del Grupo Roggio en la concesión del servicio, así como los reiterados aumentos. Tal vez uno de los ejemplos más patentes de esta complicidad se dio cuando el oficialismo de la Ciudad dio curso a un pedido de aumento en el boleto fundamentado de manera irregular. Entre los "gastos" presentados para justificar la suba se hallaba el ticket de una cena.

Con la apelación anunciada este miércoles, el gobierno de Larreta vuelve a demostrar que está entre los mejores garantes de las ganancias del Grupo Roggio. Mientras tanto, cientos de miles de usuarios pagan un tarifazo brutal por un servicio escandalosamente malo.

12.2.2019

Un fallo favorece a los usuarios pero los encargados de difundirlo guardan el secreto bajo llave.

Pese a las quejas por mal servicio el boleto de subtes este año tendrá subas escalonadas y terminará costando 21 pesos en mayo, con subas cada 30 días. Sin embargo, hay una manera de intentar evadir -al menos cada tanto- el durísimo impacto de las tarifas.Es que según una resolución del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº2 “todo usuario que quiera hacer uso de algunas de las instalaciones mecánicas de accesibilidad al transporte subterráneo y éstas se encuentren fuera de operatividad, ya sea en el ingreso o en el egreso, se encontrará exento de abonar la tarifa fijada para un servicio regular“. Tal operatoria alcanzará a todo usuario sin distingo en sus capacidades motrices.

Esta medida se estableció para equilibrar lo que debe recibir el usuario por el servicio que abona y lo que realmente experimenta ya que, según un relevamiento realizado el 7 de febrero pasado, hay en los subtes de Buenos Aires 51 medios de accesibilidad sin operatividad.

Además, el fallo dicta que Metrovías SA y Sbase deben dar suficiente difusión a la posibilidad de los usuarios de viajar gratis si no pueden hacer uso de las instalaciones de accesibilidad pero no lo hicieron

12.2.2019

Por Mariana Carbajal

La sociedad mantiene alertas sus reflejos frente al machismo. Aun en febrero, la comunidad educativa de la escuela Carlos Pellegrini reclamó la separación de un profesor que publicó un ataque contra una estudiante con expresiones sexuales agresivas y la consigna “basta de feminazis”

 

Un profesor de Biología de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini fue denunciado en la Justicia por “hostigar e intimidar de modo amenazante” a una alumna, de 17 años, con un meme que publicó en su Facebook personal en el que le hace decir a una caricatura con el rostro de la chica, la frase “me mete el pene de repente”, y el mensaje del posteo es “Basta de feminazis”. La denuncia la presentó la madre de la adolescente, Norma Otero, en el Ministerio Público Fiscal el 8 de febrero pero recién trascendió ayer, cuando más de 560 madres, padres y adultos responsables y 200 estudiantes, además de graduados y docentes de la escuela, le pidieron al rector saliente, Leandro Rodríguez, y a la rectora designada, Ana Barral, la suspensión preventiva del docente y la realización de un sumario administrativo-académico para investigar su conducta, en respaldo de la estudiante. El reclamo lo hicieron por la mañana con la presentación de un petitorio con más de 800 firmas, que se juntaron en pocas horas, al conocer el caso.

La denuncia involucra al profesor Renato Rístori, cercano a jubilarse, conocido en el Pellegrini por sus expresiones misóginas, homofóbicas, sexualmente inapropiadas, y también por tomarles fotos a las alumnas sin permiso ni justificación institucional, según contaron a PáginaI12 integrantes de la Asamblea Permanente de Familias de la escuela, quienes además, refirieron que en diversas reuniones de padres/madres venían cuestionando este tipo de actitudes y poniendo en conocimiento de las autoridades del Pellegrini, con testimonios y situaciones concretas, pero nunca tuvieron eco institucional.

Mañana, miembros de la Asamblea denunciarán el hecho en la Defensoría Zonal del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

La alumna aludida en el meme, fue presidenta del Centro de Estudiantes, una joven con visibilidad pública por su activismo por la ley de despenalización y legalización del aborto durante 2018.

La denuncia judicial lleva el número 430784. La conducta denunciada fue encuadrada dentro del artículo 52 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que se refiere a “intimidar” u “hostigar” de “modo amenazante” siempre que el hecho no constituya delito.

 

Rápida reacción

 

“Estamos en otra época y los docentes deben registrarlo. En nuestra generación fuimos criados con estereotipos rígidos de pareja, de amor, de género que no nos han servido y nuestras hijas por suerte se permiten una mirada crítica basada en sus necesidades y lecturas. Un profesor no puede discriminar, insultar o humillar a sus alumnos ni en las aulas ni en redes sociales”, dijo Norma Otero, madre de la alumna. “Mandamos a nuestros hijos a una escuela preuniversitaria para que se nutran de una educación de calidad con perspectiva de género y de derechos. Y nos encontramos con un docente que además de cometer todo tipo de actos misóginos en el aula y de fotografiar a las niñas sin su consentimiento, en una noche de verano no encuentra mejor entretenimiento que cometer ciberacoso contra una chica de 17 años con la cual tiene un deber de protección. Y encima exponiendo su imagen y llamándola feminazi. Las familias no podemos consentir estos actos. Y los estudiantes ya no se callan más. No es solo violar las leyes, sino herir y hacer sufrir a las chicas”, agregó Otero.

La reacción de la comunidad educativa, al conocer la denuncia, fue inmediata. En 48 horas, el petitorio que promovió la Asamblea Permanente de Familias con el pedido de la suspensión preventiva de Rístori y el inicio de un sumario administrativo-académico recogió 881 firmas (más de quinientos padres, madres y adultos responsables, doscientos estudiantes, 22 graduados, 15 docentes y 3 terapeutas). En la tarde de ayer se sumaron casi un centenar más, en su mayoría docentes, contó a este diario una de las madres de la Asamblea, Paula Tizzano Fernández. “Los jóvenes deben ser merecedores del máximo respeto por parte de los adultos. Para las mujeres de nuestra generación es muy esperanzador ver la madurez y la claridad de las adolescentes que no solo reclaman por sus derechos, sino que toman iniciativas solidarias, se organizan y abren el camino a una época de mayor igualdad y diversidad”, destacó Tizzano Fernández.

 

Los antecedentes

 

El petitorio está dirigido al rector saliente, que está terminando su mandato, y a quien lo reemplazará, Ana Barral, a partir de marzo. En el texto, al que tuvo acceso este diario, se solicita “formalmente y con efecto inmediato la suspensión provisional del profesor”, que dicta la asignatura Biología en la Escuela, “a fin de evitar todo contacto del denunciado con el alumnado del colegio, no solo a partir del inicio del ciclo lectivo 2019, sino incluso y especialmente en las mesas de exámenes de febrero y  marzo que están por abrirse en los días próximos”, así como también, se reclama el inicio de un sumario administrativo-académico”, en atención a una serie de hechos que se enumeran en el petitorio, que no se limita a la denuncia por el meme, sino que se refieren a “un patrón sistemático de actitudes aberrantes, ya documentadas y denunciadas en otras oportunidades por las familias de esta Escuela”. En ese sentido, se cita como ejemplo, que “en carta y en reunión de padres de 2016, las familias de 2° 5° turno mañana denunciaron los actos de arbitrariedad, violencia y maltrato académico del docente en las aulas, además de sus comentarios misóginos; en carta de octubre de 2018, las familias de 2° 4ª TM denunciaron las expresiones homofóbicas, discriminatorias de varios grupos de personas, misóginas y racistas con respecto al origen de los apellidos; en 2018, dos cursos suyos presentaron una carta recopilando actos de violencia de género y negándose a participar en sus clases sin supervisión de las autoridades”.

En el petitorio también se señalan “dos antecedentes de extrema preocupación, documentados por el testimonio presencial de estudiantes, son sus comentarios lascivos en la clase de Bulimia y Anorexia de que “Algunas chicas les gusta el régimen de comer la banana doblada” y la conducta inadmisible de tomar, a través de la puerta del aula, una foto subrepticia a una niña de 14 años (por supuesto, sin su consentimiento y en un total abuso de su posición asimétrica) que intentó justificar involucrando falsamente a una tutora y agrediendo, luego, a los alumnos, al saberse desmentido”.

Desde la Cooperadora de la escuela repudiaron en un comunicado el hecho. “La conducta no solo es repudiable sino indignante: que quien debe formar y educar pretenda hacerlo en el odio a las mujeres. No podemos permitir que esto pase en la escuela”, señaló a este diario el presidente de la Cooperadora, Juan Manuel Di Teodoro.

“En la comunidad de familias trabajamos con un gran aprecio a la escuela, que es parte de nuestra vida familiar, pero al mismo tiempo con una vigilancia saludable para que se erradiquen prácticas docentes de discriminación, abusos de autoridad, violencia de género y de cualquier tipo. Esperamos una respuesta ejemplar del colegio que le permita a las chicas asistir con tranquilidad”, consideró Daniela Maturano, madre de dos alumnos del Pellegrini, uno ya egresado.

El meme que generó la denuncia y la reacción de padres y madres, lo publicó el profesor el 16 de enero en su FB personal. Ahí la ex presidenta del Centro de Estudiantes es presentada con un arma en la mano en una actitud agresiva y beligerante. Otro de los personajes se burla del lenguaje inclusivo de géneros, pidiéndole decir “Mi moto alpina derrapante” con la letra “e”, de tal manera que el personaje, con el rostro de la joven aparece diciendo explícitamente en el cuadro siguiente: “Me mete el pene de repente”. Y el otro personaje, la insulta: “Q idiota”. El mensaje de la publicación del meme es “Basta de feminazis”.

9.2.2019 

Por Ing. María Eva Koutsovitis^[1].

Uno de cada siete porteños no tiene garantizada el agua potable segura

Los aproximadamente 400.000 habitantes de las villas porteñas no cuentan con la prestación de los servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad. Si bien, la ley de la ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, para quienes viven en las villas el goce de este derecho es utópico.

La Villa 21-24 es un barrio porteño ubicado en la Comuna 4 del sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo y con ochenta años de historia, que no cuenta con servicios públicos básicos, como el agua potable y la cloaca, regularizados.

A mediados de enero, un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las Manzanas 24, 25 y 29. El 23 de enero, convocados por la Junta Vecinal, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA acudimos a constatar la calidad del agua de consumo. Entrevistamos a varias familias, constatamos la presencia de olor fecal en el agua corriente de varias viviendas y tomamos muestras del agua de consumo que fueron analizadas en un Laboratorio especializado. La totalidad de las muestras analizadas corroboró que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable.

El relato de los vecinos es coincidente: no es la primera vez que esto sucede, no se trata de un hecho aislado, es frecuente que de las canillas de los hogares no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos. Elaboramos un Informe Técnico, informamos a la Junta Vecinal, a las familias afectadas, a los organismos responsables e iniciamos un expediente administrativo en el Gobierno de la Ciudad^[2].

El Informe presentado incluía un conjunto de recomendaciones a los organismos para, en primer lugar, garantizar la salud de los habitantes del barrio, determinar las causas de la contaminación bacteriológica e implementar acciones para controlar la calidad del agua consumo. Al final del texto se transcriben algunas de las recomendaciones realizadas.

Con el correr de los días el olor fecal en el agua de consumo se fue extendiendo a otros sectores del barrio: Manzanas 16, 26, 27, 28.

El 8 de febrero, diferentes organismos de gobierno (UPE CUMAR^[3], UGIS^[4], SSHI^[5], ACUMAR^[6], AYSA SA^[7]), a solicitud del Juzgado Federal que tiene a su cargo la ejecución de la causa ambiental Matanza-Riachuelo^[8], se hicieron presentes en el barrio para tomar muestras de agua de consumo en 7 (siete) viviendas.

 

1.Del acta de la audiencia realizada previamente en el Juzgado, a raíz de la constatación de agua de consumo contaminada, surge que los lugares de extracción de las muestras debían ser “consensuados. Esto no fue respetado. El Ministerio Público de la Defensa, la Junta Vecinal y distintas organizaciones presentes en el barrio nunca fuimos consultados al respecto ni informados previamente respecto a los puntos de muestreo.

 

2.Al momento de la extracción, ninguno de los organismos presentes, contaba con una versión oficial de la metodología de relevamiento sanitario utilizada para definir la cantidad de muestras y los sitios de muestreo.

 

3.Tampoco estaban incorporados al listado los domicilios que habían sido analizados el 23 de enero por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y cuyos resultados acreditaron contaminación bacteriológica.

 

4.En cinco (5) de los siete (7) domicilios previstos por los organismos no fue posible llevar a cabo la toma de muestras, porque de las canillas no salía agua o porque los organismos de la Ciudad y ACUMAR, acordaron utilizar el protocolo de toma de muestras de AySA que no se ajusta a la informalidad de la infraestructura de los Barrios Populares.

 

5.Los sitios de reemplazo de las tomas de muestra no realizadas fueron elegidos sin un criterio técnico definido.

 

6.El operativo de muestreo no previó duplicar las muestras para validar los resultados en un laboratorio alternativo ni tuvo cadena de custodia de las muestras tomadas.

 

La crítica situación sanitaria que atraviesa la Villa 2124 compromete la salud y la vida de sus habitantes, por lo tanto, debe ser abordada con rigor técnico y de manera urgente.

La empresa AySA S.A. tiene a su cargo desde el año 2006 la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y si bien las villas de la ciudad se encuentran dentro del área de concesión de la empresa prestadora, en los hechos ésta únicamente presta el servicio público de distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de las mismas.

La profunda desigualdad en el acceso a los servicios públicos requiere de adecuadas políticas que garanticen el derecho humano al agua potable en los barrios populares: relevamiento y documentación de la infraestructura existente, control periódico de la calidad del agua de consumo, planes de contingencia consensuados con la comunidad para abordar las emergencias y la prestación de servicio por parte de AySA SA.

 

Recomendaciones elaboradas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA en su Informe Técnico del 30 de enero presentado a todos los organismos responsables.

 

1)     Elaborar un diagnóstico detallado de la problemática sanitaria en las manzanas afectadas. El diagnóstico deberá incluir:

a.      Relevamiento físico exhaustivo de la infraestructura sanitaria de agua potable y cloacal en las Manzanas 24, 25, 29 y en todos los sectores donde las familias informen que el agua presenta olor cloacal.

b.     Relevamiento físico de todos los conductos principales cloacales y de agua potable que abastecen a la zona afectada.

c.      Mapeo detallado de la problemática sanitaria utilizando encuestas sanitarias y análisis de la calidad del agua de consumo implementando protocolos físico-químico y bacteriológicos.

 

2)     Hasta tanto se lleve a cabo el diagnóstico, se identifiquen con precisión las causas de la contaminación bacteriológica y se adopten las medidas estructurales correctivas:

a.     Deberá garantizarse a todas las familias de la zona afectada (Manzana 24, 25, 29 y en todos los sectores donde los vecinos indiquen que el agua presenta olor cloacal) agua potable segura mediante el llenado de los tanques domiciliarios y la entrega adicional de sachets de agua. Especialmente deberá garantizarse a todos los comedores comunitarios de la zona la entrega de agua potable segura.

b.     Deberá implementarse un protocolo de actuación para informar respecto a la problemática sanitaria detectada y brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a todas las familias localizadas en la zona afectada.

c.      Realizar relevamientos/controles de salud periódicos a las familias localizadas en la zona afectada.

 

3)     Diseñar e implementar, hasta tanto el servicio sanitario sea regularizado y operado por la prestadora AySA S.A., un sistema de monitoreo de la calidad, presión y continuidad del servicio de agua corriente en toda la Villa 21-24.Se recomienda, con una frecuencia bimestral, analizar mediante la aplicación de protocolos de calidad físicoquímicos y bacteriológicos 6 puntos de muestreo por Manzana.

 

Ver Video aquí:

https://www.facebook.com/100004497945921/videos/1224651601028093/?t=5

 

Contacto:

Inga. María Eva Koutsovitis

Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria

+54 9 11 3770-3727

^[1]Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.

^[2]EX-2019-04873563-GCABA-COMUNA4

 

^[3]Unidad de proyectos especiales Cuenca Matanza Riachuelo

^[4]Unidad de Gestión de Intervención Social

^[5]Subsecretaría de Hábitat e Inclusión

^[6]Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo

^[7]Empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense

^[8]Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N°2 de Morón