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Perpetua para el policía que mató al “Paragüita”

23.10.2018

Este martes 23 de octubre el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 1 condenó al policía de la Ciudad de Buenos Aires, Adrián Otero, a prisión perpetua por el fusilamiento de Cristian Toledo, ocurrido el año pasado.

 

Se trata del el primer juicio contra un integrante de la Policía de la Ciudad por un caso de gatillo fácil.

El 15 de julio de 2017 Cristian de 24 años y dos amigos volvían en auto a sus casas en la Villa 21-24, después de haber ido a bailar. En el camino tuvieron un incidente con el auto del policía Otero. El agente puso su vehículo a la par del los jóvenes y disparó 8 veces. Una de las balas fue directa al pecho de Cristian. Luego los persiguió varias cuadras y amenazó de muerte a los dos sobrevivientes.

Como siempre, en un primer momento se dijo que Otero había actuado en defensa propia ante un intento de robo, pero la visibilización del caso por parte vecinos, amigos y familiares de la víctima y sus permanentes movilizaciones exigiendo justicia llevaron a que la causa fuera elevada a juicio con el policía sentado en el banquillo de los acusados.

Antes de conocer la sentencia por el crimen de Toledo y la tentativa de homicidio de sus dos amigos, Daniel Nadalich y Carlos Gavilán; Otero tuvo posibilidad de decir sus últimas palabras: “Soy inocente”, expresó. Los jueces llegaron a otra conclusión.

En solo dos años de existencia, la Policía de la Ciudad fue denunciada por más de 30 casos de gatillo fácil. El de Adrián Otero es la primera condena a prisión perpetua.

Villa 31: alerta de vecinos por amenaza de desalojo en el barrio Padre Mugica

23.10.2018

Habitantes de ese barrio porteño reclaman una verdadera urbanización y denuncian amenazas. A quienes viven en la manzana 12 les comunicaron oralmente nuevos desalojos para este martes.

La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña hizo una recorrida en la Villa 31 al final de la semana pasada para acompañar a los vecinos que denuncian al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los aprietes y los desalojos. Entre las diputadas y diputados que integraron la delegación estuvieron Victoria Montenegro, Patricio del Corro, Gabriel Solano, Andrea Conde y Leandro Santoro. Además participaron organismos de derechos humanos como Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El viernes a las 15 se reunieron las comisiones enfrente del Barrio Padre Mujica-Villa 31 para empezar el recorrido junto con los vecinos que denuncian los desalojos y la destrucción de su vivienda por parte del Gobierno del PRO.

Ellos relataron cómo el Gobierno les corta la luz a la noche y pasan las topadoras encima de su vivienda, destruyéndolas, dejándolas sin casa a familias enteras.

Patricio Penalba dijo que el Gobierno les dijo que “iba a pavimentar y a la noche siguiente a los vecinos les cortaron la luz y los sacaron a la fuerza de su vivienda mientras una topadora les derrumbaba la casa. Un vecino se resistió y fue amenazado a punta de pistola, entraron a su casa a las 3 de la madrugada diciéndole que se deje de joder con la urbanización y que se vaya de acá. El nivel de intimidación es muy grande. Muchos de ellos no dicen demasiado por el miedo que genera, y le han sacado fuente de trabajo, le han robado las herramientas o roto los carros”.

Nancy, otra vecina del barrio que nació allí y tiene un hijo de cinco años, denunció que no hay una verdadera urbanización y que no lo discuten con los vecinos. Ella exige que los vecinos participen de la discusión de la urbanización y sean parte de la planificación.

Mientras el gobierno de Macri y Larreta gasta fortunas haciendo obras en las zonas más pudientes de la Ciudad de Buenos Aires, en Villa 31 se vive otra realidad. Las calles destruidas hacen imposible que pueda entrar una ambulancia a socorrer a los vecinos.

Nancy relata que no tienen “acceso a la salud, los bomberos y la ambulancia no pueden entrar porque está todo cortado por las obras o tenemos las calles destruidas, haciendo peligrar nuestra propia vida. Se mueren pibes porque no puede ingresar la ambulancia. No nos pueden socorrer. Si se quema una casa los mismos vecinos ayudan apagarlo, y las mismas ambulancias no tienen oxígeno para socorrer a los que lo necesitan”.

La Policía juega un rol en el amedrentamiento y persecución dentro del barrio. “Los golpea a los pibes, ellos tienen derecho por encima nuestro. No sabemos actuar enfrente de la policía porque nos golpean, nos lastiman, nos meten presos, y con este gobierno sabemos que hay más represiones y más pibes presos. Queremos que se termine de una vez”.

Nancy dice algo muy coherente y es lo que piensa cada vecino del barrio, ellos piden algo muy simple, una verdadera urbanización. El dinero está, el problema es dónde se destina. El gobierno miente cuando dice que en el barrio viven 40 mil habitantes, son muchos más, son 80 mil. Nancy termina diciendo que están “cansados y queremos que sea de verdad, y si van hacer algo real, los propios vecinos sabemos que es lo que necesitamos. Nosotros tenemos que decidir, ellos no tienen el poder de decidir sobre nosotros y sobre nuestra vivienda”.

El legislador Patricio del Corro denunció que “en el barrio Padre Múgica nos contaban cómo pierden el trabajo, cómo sufren la inflación, no hay urbanización. Y enfrente está el Correo Argentino del padre de Macri, al que le regalaron $ 4 mil millones”.

Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y miembro del CeProDH, informó que se hizo presente también “desde la Comisión Contra la Violencia Institucional de la Legislatura, que preside Myriam Bregman, para acompañar a los vecinos. Ellos denuncian los aprietes, los sacan de manera forzada de sus casas, los amenazan con armas y pasan las topadoras encima destruyendo sus viviendas. Es gravísimo”.

Los vecinos de la manzana 12 informaron que les comunicado “oralmente nuevos desalojos para el día martes”. Por eso piden la solidaridad de las organizaciones para evitar la destrucción de su vivienda.

Avanza el tarifazo en el subte: Planean aumentar el pasaje 1 peso por mes desde noviembre hasta llevarlo a 16,50

22.10.2018

Hoy será la audiencia pública no vinculante donde Sbase presentará el nuevo cuadro tarifario. Este año el boleto ya había aumentado más de un 66 por ciento en agosto, cuando pasó de 7,50 pesos a los 12,50 actuales. En tanto, el pase del Premetro sin combinación aumentará también 50 centavos por mes hasta alcanzar los 6 pesos.

 

El gobierno porteño inicia este lunes las audiencias públicas por el aumento del boleto de subte, que espera llevarlo a 16,50 pesos, a partir de una suba escalonada de un peso por mes, a partir de noviembre y hasta febrero. Este sería el segundo aumento de tarifa en lo que va del año. En agosto subió un 66,7 por ciento: el boleto que costaba 7,50 se disparó a los 12,50 actuales.

De acuerdo al esquema que propone Sbase, el pase del Premetro sin combinación aumentará también 50 centavos por mes hasta alcanzar los 6 pesos. La audiencia, a la que asistirán representantes de la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro, organizaciones de consumidores y legisladores, no es vinculante por lo que lo que la nueva tarifa que propone el gobierno será un hecho el próximo mes

“Subterráneos de Buenos Aires informa que avanzará con la propuesta para actualizar la tarifa usuario, que incrementará a partir de noviembre el precio del pasaje de subte de 1 peso por mes hasta llegar a los 16,50 pesos y el del Premetro, 0,50 por mes hasta llegar a los 6 pesos”, comunicó la empresa.

Según el Gobierno, la tarifa al usuario actual de 12,50 pesos responde a los costos estimados para el año pasado. Para Sbase, según la actualización de costos y sin subsidio, el boleto debería salir 19,20.

El boleto de subte seguirá contando con la tarifa escalonada que aplica un descuento del 20, 30 o 40 por ciento según la cantidad de viajes que complete el usuario.

20.10

Al Colón lo hacen grande sus artistas, trabajadoras y trabajadores

19.10.2018

Mientras la gestión macrista lo quiere convertir en una sala de alquiler, el gran prestigio que consiguió con sus realizaciones es fruto de la labor de sus técnicos y artistas que, con su compromiso diario, garantizan cada función.

 

El Teatro Colón publicó recientemente en su página web una encuesta del sitio Travel365 que lo posiciona como el “mejor teatro de ópera del mundo”.

Es parte de una lista de quince teatros. Le siguen La Scala de Milán, el Massimo de Palermo, la Opera Garnier de París, la Opera de Viena, el Covent Garden de Londres, La Fenice de Venecia, el Met de Nueva York, la Opera de Praga, el Fox Theatre de Detroit, la Opera de Copenhague, el Bolshoi de Moscú, la Opera de Sidney, la Opera del Malgrave de Bayreuth y el San Carlo de Nápoles.

Si bien el sitio que promociona la encuesta no es una página de música, sino un portal de turismo, lo cierto es que también en el mundo artístico es uno de los edificios de mayor importancia de la ciudad.

El teatro publica, lógicamente orgulloso, el resultado de dicha encuesta. Sin embargo eso no es un logro de la gestión Cambiemos, como se pretende mostrar.

Los trabajadores y las trabajadoras del Colón son en verdad quienes con su trabajo y compromiso sostienen uno de los teatros más importantes del mundo. Del otro lado, tanto desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como de los directivos del Colón y del Ministerio de Cultura quieren hacer del teatro una sala de alquiler con todo tipo de eventos privados que poco tienen que ver con la programación y la producción propia que hace al teatro el más grande.

Como lo denuncia su propio personal, la idea oficial es que haya cada vez menos producción propia y, con la excusa cínica de “transformarlo en algo popular” pero cada vez con menor presupuesto, suman productos comprados para repetirlos una y otra vez.

Lo que quieren imponer desde el Gobierno es tercerizar las funciones. Lo que ahora se cubre profesionalmente desde cada una de las áreas del teatro.

El ataque a los trabajadores viene de tiempo atrás con retiros voluntarios y concursos suspendidos hasta nuevo aviso para concretar el pase a planta permanente de los contratados. Producciones privadas que, corrientemente, afectan la realización de títulos propios y eventos de carácter político de propaganda oficialista.

Son también los trabajadores los únicos interesados en que sea un teatro para la sociedad de conjunto y no para una pequeña élite.

Ex agentes de la Policía Federal ocuparon el Ministerio de Seguridad porteño

19.10.2018

Un grupo de 120 ex policías federales tomó desde anoche un sector del edificio de la cartera de seguridad porteña para rechazar su pase a la Policía de la Ciudad. “Estamos trabajando más horas por la misma plata” se quejaron y aseguraron que permanecerán allí “hasta que atiendan” sus reclamos.

 

Un grupo de 120 ex policías federales tomó un sector del Ministerio de Seguridad porteño para rechazar su traspaso a la órbita de la fuerza de la Ciudad. La ocupación comenzó anoche en el edificio ubicado en Regimiento Patricios al 1000 y, según manifestaron, mantuvieron reuniones con funcionarios que rechazaron su pedido. Aseguraron que se quedarán allí “hasta que atiendan nuestros reclamos”.

“Queremos volver a nuestra fuerza de origen”, dijo Ricardo Braustein, un cabo primero de la Federal que pasó a desempeñarse en la fuerza que comanda Horacio Rodríguez Larreta. “Dicen que estamos mejor y que tenemos sueldos dignos. Esto es negativo. Estamos trabajando más horas por la misma plata”, criticó el agente

Los policías que participan de la toma están armados y parte del edificio está rodeado por los grupos de contención antidisturbios. “Lo único que queremos es que cumplan con lo pactado”, subrayó Braustein en referencia a un acuerdo de meses atrás, en que el área que depende del ministro Martín Ocampo les garantizó una respuesta positiva al pedido de retorno a la Federal. “Sin embargo –agregó-, “están totalmente intransigentes con ese acuerdo, por eso nos vamos a quedar acá hasta que alguien atienda nuestras reclamos.”

El policía dijo también que esta demanda “no se visibiliza” porque “hay un blindaje mediático” a favor del gobierno porteño. “Hemos estado en puertas de canales y los productores nos dijeron que no podían recibirnos porque recibieron una llamada de funcionarios”, añadió.

“Me duele estar haciendo esto, tener que usar estos método y que el personal de Ciudad nos diga que somos ‘piqueteros’. Solamente estamos reclamando algo que ellos se comprometieron a cumplir”, concluyó.

No es la primera vez que estos agentes demandan su retorno a la Policía Federal. El 26 de marzo de este año protagonizaron una sorpresiva movilización desde Plaza de Mayo hasta la Legislatura porteña. Sostienen que la transferencia fue hecha de manera “inconstitucional” se explica porque la disposición que dispuso el cambio de fuerza se hizo con una legislación local sancionada por la Legislatura el 18 de enero de 2016, por encima de una ley nacional. Lo que fue legislado por el Congreso, esgrimen, fue el traspaso a la disuelta Policía Metropolitana, no así a la de la Ciudad.

Ese mismo día entregaron un petitorio con un largo listado con nombres de los policías que quieren volver a ser federales y que denuncian que sus derechos laborales fueron afectados. Algunos de sus fundamentos fueron sintetizados en comunicados publicados por la Asociación Civil Policías por los Derechos Humanos a través de las redes sociales.

Aseguran que hubo recortes salariales y cuestionaron que, desde 2017, los agentes “fueron perdiendo todo derecho sobre asistencia médica y seguro de vida, y lugar de cobro de haberes”. Todo esto, por decisión del gobierno porteño en “forma obligatoria, ilegal, arbitraria y anticonstitucional”.

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