Comunicadores del Sur

www.comunicadoresdelsur.com.ar

 

Lo “nuevo” era más de lo viejo: Lousteau se sube a Cambiemos en la CABA

10.8.2018
Por Patricio del Corro. Legislador CABA PTS/FIT
 
Esta semana se oficializó la conformación de la alianza Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. En tiempos de tormenta Martín Lousteau le aporta su paraguas a Macri.
 
Los pases dentro de la Legislatura porteña ya no pueden sorprender a nadie. En un nuevo engaño hacia los porteños y en días de enormes cuestionamientos a la política y a su financiación, esta semana se concretó la formación de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Así, Martín Lousteau, el ex kirchnerista, ex independiente, ex embajador de Cambiemos, hoy radical integrado a Cambiemos volvió a ser noticia en el mercado de pases de la política. Una operación que él mismo aceleró después de perder en 2017 la mitad de su capital electoral de 2015.
La conformación de la alianza en la Ciudad entre el PRO, la Coalición Cívica de Carrió y la UCR con Lousteau como flamante afiliado y esperanza blanca del radicalismo porteño, más que una novedad es una oficialización de una negociación que, con sus correspondientes roces, avanza hace tiempo motorizada por la inoxidable rosca del Coti Nosiglia, del binguero y operador macrista todoterreno, Daniel Angelici y patoteros y corruptos como Emiliano Yacobitti. Aparentemente, la Coalición Cívica habría decidido dejar sus cuestionamientos éticos y se llamó a silencio para terminar embarcada con algunos de los máximos exponentes de las catacumbas de la democracia y los servicios de inteligencia. Todos buenos muchaches.
Para cerrar este acuerdo, el macrismo habría terminado por ceder algunos ítems como la no unificación de los bloques en la Legislatura y un piso del 15% en la interna para integrarse en el reparto de cargos y, probablemente, la devolución de los cargos que debieron dejar los radicales en 2017 “como castigo” por resolución del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, los motivos están claros. Se acerca la hora de empezar a definir las alianzas y candidaturas, en un momento en que el gobierno nacional atraviesa su peor etapa, y donde se esperan nuevas tormentas. Para esto, se decidieron a crear Cambiemos en la Cuidad y pretenden avanzar en la unificación de las elecciones en un intento de sostener las potencialidades de la candidatura 2019 de Mauricio Macri que a casi un año de las PASO, sigue en crisis.
 
Vía libre para las reformas en la Ciudad
 
Después de esta maniobra, el bloque que hegemoniza el macrismo habrá conseguido cooptar a 8 o 9 diputados que fueron elegidos en listas opositoras al PRO, garantizando hoy una mayoría inaudita en la Ciudad que le permite desde vender terrenos públicos hasta iniciar un proceso de reforma constitucional. A pesar de haber obtenido casi la mitad de los votos en las últimas dos elecciones, en la Legislatura Cambiemos tendrá una representación de 66% mediante alianzas y acuerdos del poder.
Este hecho es de mayor gravedad, dado que se acercan en la Legislatura porteña los meses de las votaciones claves para el oficialismo, la UniCABA, los nuevos códigos urbanístico y de edificación, el presupuesto 2019 y la necesidad de nuevos préstamos, la reforma del Código contravencional y los nuevos capítulos de la venta de terrenos públicos para la especulación inmobiliaria. Este último punto suele pasar desapercibido en la política de la Ciudad, pero es el eje de los negocios del oficialismo, parte central de la transferencia de riquezas hacia el sector privado desde el sector público y una actividad que el PRO ha podido llevar adelante con los votos de la UCR y también del FpV o el bloque Peronista en los últimos años, conformando un saqueo silencioso que sigue las recetas del FMI, como muestra en sus ejes y propuestas el documento que se elaboró para Argentina. Es un hecho que en la ciudad se han privatizado más de 200 manzanas en los últimos años. Son 2 millones de m2, el lector calcule el precio a gusto.
En este punto, los nuevos socios de Cambiemos van a seguir “colaborando” como hasta ahora, remate por aquí y remate por allá o, como cuando en esta última semana los “laicos” de Lousteau votaron junto al PRO y la CC el rechazo a que en las escuelas se debata sobre el Proyecto de Ley para la interrupción voluntaria del embarazo.
No hay que extrañarse de esto, en el Senado el 80% de los senadores de la UCR ya anticiparon su rechazo al proyecto que ya tiene media sanción. Es que la conformación de la alianza también se fue apoyando en el Congreso con la actividad del ex embajador en Washington que jugando al opo-oficialista dio el quórum para el saqueo a los jubilados.
Las escenas bizarras en la política argentina se van desarrollando, alentando un clima del “que se vayan todos” que se va caldeando. Republiquita naufraga por este rio junto a los bolsos de López y los cuadernos de Centeno. El honestismo del que hacen gala se mostró tan mentiroso como el de la ex diputada Ocaña, que terminó financiando su campaña en Cambiemos con aportes truchos, lavando dinero y usurpando la identidad de sectores populares beneficiarios de planes sociales.
La apuesta de la UCR de la Ciudad es conquistar una figura pública que pueda ser una opción para pelear la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y una candidatura presidenciable para el 2023. Hoy el radicalismo que gobierna algunas provincias, pero no tiene ninguna figura que despierte algún tipo de entusiasmo y su supervivencia nacional depende del futuro de Cambiemos en el 2019. Hoy, todas estas especulaciones parecen tener mucho más de apuesta que de factibilidad. Lo que queda claro es que los negocios del poder y la necesidad de supervivencia de Cambiemos como proyecto nacional les van marcando la agenda.
La política hoy vuelve a estar profundamente cuestionada. De un lado, encontramos a un ex funcionario con bolsos de dinero en un convento una madrugada o millonarios subsidios como los que pagaba Jaime a las concesionarias de trenes, todo para no poder modificar en años de crecimiento récord que 1 de cada 4 argentinos sea pobre. Por su parte, aquellos que se decían distintos y hacían una defensa abstracta de un supuesto republicanismo que se mostró completamente mentiroso, ni bien pudieron se robaron datos de personas con bajos recursos para lavar dinero de la política e intenta cooptar políticos de otros partidos para siempre mantener los negocios del aparato del Estado en manos de la misma casta política de siempre. Además, la financiación de la campaña de Carrió en 2017 también fue denunciada en la justicia por utilizar fondos públicos.
La confirmación de los aportes empresarios a las campañas electorales es una forma más de poner en evidencia que luego su dinero será retribuido en negocios sumamente rentables. Es necesario transformar toda la agenda política, abrir los libros de contabilidad de la obra pública y las licitaciones y que se hagan las obras necesarias en función de los intereses populares y no de las ganancias de un puñado de empresarios de la patria contratista en connivencia con políticos alejados de las necesidades de las mayorías.

¡Sigamos luchando!

7.8.2018

Por nuestro salario y por escuelas en condiciones dignas de aprender y enseñar.

El 8 y 9 de agosto Ademys convoca a paro de 48 horas como continuidad del no inicio posterior al receso de invierno.

La muerte de Sandra y Rubén hizo evidente una situación que lxs docentes venimos denunciando hace años, que sucedió en Moreno, pero podría haber sucedido en cualquier lugar del país. En ese sentido abundan los ejemplos: ramas, techos, ventiladores caídos, escapes de gas, escuelas inundadas, paredes electrificadas son sólo algunas de las situaciones que se dan a diario en nuestras escuelas.
Desde Ademys consideramos que la muerte de nuestrxs dos compañerxs no es un accidente. Decimos que el ajuste mata porque lo sucedido es el resultado de una política de vaciamiento de la educación pública.
Además, creemos que la lucha por el salario docente va de la mano de la pelea por escuelas en condiciones. La rebaja salarial que intenta imponer el gobierno con un “aumento” del 15% cuando las expectativas de inflación superan el 30% es parte del ajuste, es parte de una desvalorización de nuestra tarea y de sostener condiciones laborales que deterioran nuestra tarea y profundizan el mencionado vaciamiento.
Se hace cada vez más necesario sostener un plan de lucha con continuidad que permita que todos los reclamos docentes sean resueltos. Por eso, desde Ademys impulsamos la continuidad del plan de lucha con los paros de 8 y 9 de agosto y proponemos a las escuelas debatir cómo darle continuidad para decidirlo en una nueva asamblea el jueves 9. Asimismo seguimos exigiendo a la Ctera que impulse un plan de lucha nacional que permita enfrentar el ajuste en educación en las luchas que llevamos adelante en CABA, Provincia de Bs. As. y todo el país.

Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
 

Para esta semana también proponemos asambleas y pañuelazos en las escuelas como parte de la campaña por la aprobación de la Ley de aborto legal, seguro y gratuito. El 8 llamamos a paro y exigimos a las centrales sindicales que convoquen a paro nacional para ser millones en las calles y que el aborto sea ley ¡El 8A todxs al Congreso!

LA POLÍTICA DE LA “COEXISTENCIA”: EL GOBIERNO CONTRAATACA PARA IMPONER LA UNICABA

5.8.2018

Por Mariano Garrido, Secretario de Asuntos Pedagógicos – Ademys

El unánime rechazo de la comunidad educativa forzó al oficialismo a modificar su táctica respecto a la creación de la UniCABA. Las aspiraciones de Vamos Juntos por hacerse del control institucional y ejecutar la reforma en formación docente en un solo movimiento y sin escalas, se topó con una resistencia contundente. La nueva táctica, que empezaba a insinuarse hace unos meses, cobra ahora una fisonomía más nítida bajo la forma “coexistencia” entre la UniCABA y los Institutos de Formación Docente (IFD). Esto, lejos de exhibir un cambio en las pretensiones del gobierno, muestra su necesidad de avanzar por etapas: se sostiene el “nuevo” perfil docente a formar y sigue persiguiendo la disolución de los IFD, que para sobrevivir deberán competir por matrícula y recursos. Un cambio de la táctica, pero no de objetivos.

 

Maquillando la reforma

 

Durante fines de julio la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, ensayó diversas apariciones bastante sincronizadas en medios de comunicación. En sus declaraciones, además de intentar contrarrestar el efecto de las medidas de fuerza anunciadas para los días 30 y 31 de julio, impulsadas por Ademys y a las que luego se plegó UTE, intervino tratando de mostrarse propensa al diálogo respecto del proyecto de UniCABA. Su intervención mediática coincidió con una reunión promovida desde el presidente de la Comisión de Educación en la Legislatura porteña, a cargo de Maximiliano Ferraro (CC-ARI en Vamos Juntos), quien convocó a estudiantes terciarios. Se trata de un paso adelante desde el oficialismo tratando de recuperar la iniciativa política ante un escenario sumamente adverso en cuanto a su proyecto de reforma en formación docente.

El 22 de noviembre de 2017, el ejecutivo porteño había anunciado su intención de crear una universidad que monopolice la formación docente porteña (UniCABA). En el escueto proyecto de ley, ingresado el 1 de diciembre a la Legislatura, los artículos 5° y 6° plantean la concentración de toda la formación docente pública en un nuevo ente y la disolución de los 29 institutos de formación docente existentes. Esta iniciativa logró sumar un amplio arco de rechazos: la comunidad educativa, en su conjunto, pero también los más diversos especialistas en educación y la opinión pública en general mostraron su oposición o bien tomaron debida distancia hacia esta propuesta. Como se ha señalado en otros artículos, esta reforma en terciarios se enmarca en una arremetida general que se da en el plano nacional (mediante el llamado “Plan Maestro”) y hemisférica (contemplando las propuestas de la OCDE y el Banco Mundial sobre formación docente; ver sobre esto http://www.ademys.org.ar/v2/radiografia-una-reforma-autoritaria-privatista/).

Ante un rechazo total en los institutos terciarios, pero también por parte de actores que suelen mostrase cercanos al gobierno como universidades privadas con fuerte poder de lobby (Universidad de San Andrés, por ejemplo), el ejecutivo porteño reformuló su agenda y su táctica. Se trata ahora de un avance por etapas, que supondría la coexistencia entre la UniCABA y los IFD, que deberían competir por su matrícula y recursos, corriendo en desventaja estos últimos en cuanto a acreditación de sus títulos se refiere.

En una entrevista reciente ante el periódico Tiempo Argentino, la ministra Acuña plantea que “la UniCABA sigue adelante” (22-07-18). Ante la pregunta acerca de si el gobierno va a persistir en la reforma en el nivel superior y la creación de la UniCABA, la ministra responde: “Absolutamente. Es necesario transformar la formación docente. (…) Hoy estamos yendo a un modelo de discusión donde probablemente cambien todos los artículos de la ley.”

En un documento sin firma pero atribuido a algún sector del ejecutivo, girado a la casilla de correos del CESGE (ente que nuclea a los rectores y rectoras de los IFD), se plantea en uno de sus apartados la necesidad de un “período de transición” en la reforma en la formación docente: “Es necesario delinear el proceso de transición entre los modelos institucionales y formativos actuales y el propuesto. La Universidad debería poder integrar progresivamente a los institutos existentes”. Dicha “integración” contempla, por ejemplo, avanzar con procesos de evaluación, acreditación y/o redefinición de las instituciones y carreras”.

A su vez, en la antes mencionada reunión promovida por el legislador Ferraro, realizada el 23-07, representantes estudiantiles plantearon su rechazo a esta nueva tentativa de hacer pasar el proyecto de la UniCABA. Exigieron el retiro del proyecto, a la par que requirieron información que, desde luego, no les fue suministrada. En una minuta elaborada por los propios alumnos y alumnas asistentes, se destaca: “Ferraro niega el cierre de los 29 profesorados, y dice no conocer los dichos de la Ministra Soledad Acuña sobre los mismos, en el mes de diciembre. Explica que él está pensando en un modelo de transformación y convivencia de los institutos con la UniCABA. Cuando se le consulta si entonces la ley no prevé el cierre, dice que <eso no lo puedo asegurar>”.

La alternativa del gobierno ante la férrea resistencia encontrada, en especial en el estudiantado y la docencia, parece ser la de avanzar en un vuelo con escalas que logre desarticular el sólido bloque que se opone a la UniCABA y le permita lograr, al menos parcialmente, sus objetivos: uno, avanzar hacia la disolución parcial y paulatina de los institutos existentes; dos, el control político de la formación docente (cuyas instituciones hoy poseen alto grado de autonomía); tres, modificar el perfil del docente a formar, en clave de que sea quien aplique la reforma educativa en curso.

 

¿Docentes para qué?

 

Uno de los ejes de la reforma en el nivel terciario implica reducir la cantidad de IFD en número. Como vienen señalando diversos organismos internacionales, afectos al ajuste, y sus usinas locales, en nuestro país el promedio de instituciones que forman docentes supera el promedio de la región. Como plantea el CIPPEC, fundación vinculada a políticas neoliberales, en Argentina existe una institución formadora de docentes cada 31.400 habitantes. Esa misma relación entre variables en Uruguay es de una institución cada 94.600 habitantes, en Colombia de 1 cada 195.800 y en Chile cada 251.500 (ver Rivas, Axel; “América latina después de PISA”; 2015). Pero si bien el cierre de instituciones y su reemplazo por otras controladas desde el Poder Ejecutivo constituye un grave ataque a la educación pública, ése no es el único propósito. El cambio en la matriz del docente a formar, del egresado de los IFD/UniCABA, es otro objetivo relacionado.

En el documento de trabajo “Propuesta de perfil del egresado de la formación docente inicial”, publicado sin firma pero alojado en la web del Ministerio de Educación porteño, en un texto no exento de los ya característicos errores gramaticales y poblado de una escasa solidez académica, se plantean conceptos ligados a este aspecto de la reforma: formar un docente “flexible”, adaptado al cambio y a la “incertidumbre”. Se plantea allí que “al presentarse el futuro como algo incierto ya no existe la linealidad y la previsibilidad de hace años atrás. Hoy estamos llamados a educar para lo desconocido. Ya no alcanza con focalizar solamente en los contenidos disciplinares, es necesario incorporar en la formación docente las problemáticas propias de los nuevos escenarios sociales y culturales, las subjetividades de quienes aprenden y las nuevas tecnologías que nos presenta la cultura digital” (Pág. 2). La degradación de los contenidos disciplinares aparece enunciada casi con transparencia. En nombre de los cambios tecnológicos y las llamadas “sociedades de la información y el conocimiento”, categoría que implica discusiones y debates acerca de su validez científica, se trata de esgrimir un cambio estructural en todo el sistema educativo. En el documento, que retoma y amplía el lacónico y conceptualmente paupérrimo powerpoint “Desarrollando talento”, presentado en noviembre de 2017, abundan los clisés, la carencia de rigor y la fraseología presuntamente académica, pero visiblemente hueca. Un ejemplo: “Es necesaria la reiteración de situaciones en las que el estudiante pueda desarrollar la capacidad aunque sin repetir exactamente las condiciones ya que la capacidad es en cierto aspecto una cualidad compleja que se consolida y adquiere cierta estabilidad aunque siempre permitiendo la flexibilidad ante la situación concreta y contextualizada.” (sic; Pág. 6) El borrador, además, argumenta sobre la necesidad de la reforma en base a novedades que no son tales. “El presente Proyecto prevé la incursión en las prácticas docentes desde el primer año de cursada”, sostiene el material (Pág. 9). En la actualidad los Talleres 1 y 2 están organizados de manera tal que quien ingresa los pueda cursar en el primer año de su carrera.

En definitiva, se aspira a proyectar “un perfil docente que (atienda) las demandas y necesidades provenientes de una realidad compleja y un futuro incierto”. La “flexibilidad” es un valor. Aparece tanto como principio a fomentar en los alumnos y alumnas en la carrera docente (para actuar ante escenarios cambiantes, para “la organización y el uso de los tiempos y espacios”, etc.) como también en tanto valor que estructuraría la nueva carrera (mediante la “virtualidad”, los “cursos de verano” o la modificación de las correlatividades, por ejemplo). Como no podía ser de otro modo, el “emprendedurismo” ocupa un lugar destacado, como “eje transversal”. También lo ocuparía la ESI (Educación Sexual Integral), aunque cuesta creer que el gobierno que en 2017 eliminó las jornadas destinadas a reflexionar sobre su implementación y que atestó las oficinas de Carrera Docente en el Ministerio de Educación con personajes oscurantistas de la derecha católica, pueda jerarquizar una educación sexual que no sea una boca de expendio de prejuicios al por mayor.

Como se ve, el docente que pretende la reforma es, nada menos, que quien garantice desde las aulas su aplicación.

 

El fantasma de Abrevaya: “proyectos alternativos” que no lo son

 

En el año 2011, el por entonces legislador de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, ocupó un lugar de notoriedad. Su posición en la legislatura porteña sirvió para aprobar una resistida y controversial arremetida del PRO contra las Juntas de Clasificación electas por voto democrático. Días antes de que se venciera su mandato legislativo, Abrevaya ofreció su voto y su firma para impulsar un proyecto “alternativo” al de la bancada PRO: en definitiva, operó allí un paso de comedia habitual, mediante el cual se camuflaban los elementos esenciales del proyecto de ley original y se avanzaba en la destrucción progresiva de las Juntas. El proyecto se votó un 2 de diciembre, en el año 2011, en medio de movilizaciones de miles de docentes, y con una sesión donde no faltó casi nada: barrabravas pegándole a manifestantes en la puerta de la Legislatura, balas de goma y gases de la entonces Policía Metropolitana… Sergio Abrevaya, cuyo mandato legislativo vencía en menos de 10 días y no renovaba banca, logró ser nombrado, llamativamente, como presidente del Consejo Económico y Social de CABA; un organismo cuya función costaría definir con precisión, pero cuyo presupuesto anual suma varios millones de pesos.

Las similitudes entre este hecho y la táctica actual para “hacer pasar” el proyecto de la UniCABA son varias. A manera de parodia, la historia parece repetirse: un legislador de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, parece encabezar hoy en día el lobby para que el ampliamente rechazado proyecto de cierre de profesorados y reemplazo por una nueva institución digitada desde el ejecutivo, logre su cometido. A diferencia de lo ocurrido con Abrevaya en 2011, Ferraro, quien preside la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña, pertenece a la coalición “Vamos Juntos”. No obstante, su tarea es la de encabezar la iniciativa para “recalcular”, y lograr apoyos al proyecto de la UniCABA, incluso modificando en parte su articulado. Una operación de maquillaje para buscar un acercamiento con otros bloques, como GEN o Evolución, o parte del peronismo; con sectores de la Iglesia o universidades privadas, hasta ahora distantes del proyecto, aunque no de la perspectiva de una reforma regresiva para la educación superior; o con parte de la burocracia sindical docente, aquella que negoció en 2011 la derrota en la pelea por las Juntas de Clasificación, pero que pagaría un elevado costo político si se bajase del reclamo contra la UniCABA en las actuales circunstancias.

Es decir, un proceso de negociación con sectores que poseen un fuerte poder de lobby, pero para hacer pesar sus propios intereses en el nuevo borrador de ley, y no los del estudiantado ni la docencia. Cambiar algo para que nada cambie.

 

La unidad como garantía para el retiro del proyecto

 

La necesidad de mantener el rechazo a la UniCABA y la exigencia de retiro del proyecto cobra cada día mayor vigencia. El gobierno pretenderá generar una apariencia de “diálogo” para incorporar, en el mejor de los casos, aspectos formales del reclamo de la comunidad educativa. En un momento de relativa debilidad del bloque de gobierno, sacudido por protestas y escándalos de corrupción, es preciso redoblar los esfuerzos planteando la defensa de una formación docente pública, en instituciones que puedan mantener su autonomía respecto al poder ejecutivo y con un perfil de docente que no sea el ejecutor acrítico de reformas flexibilizadoras.

Las posibilidades de que el gobierno no logre imponer esta reforma autoritaria y privatista dependerán, en gran medida, de la capacidad de que la comunidad educativa, en particular las y los estudiantes y la docencia organizada, mantengan su unidad en torno rechazar la UniCABA y lograr el retiro definitivo de su proyecto de la Legislatura. El protagonismo de las bases y su movilización definirán el rumbo de esta reforma en la cual, por ahora, el gobierno no puede imponerse.

Denuncian despidos y “descarte” de trabajadores en Coca Cola

1.8.2018

Trabajadores de Coca-Cola Argentina denuncian que en los últimos días la multinacional comenzó nuevos despidos en la Planta Pompeya y que realiza persecuciones ilegales violatorias de los derechos humanos y laborales.

Los trabajadores de la planta Pompeya de Coca Cola Argentina salieron a denunciar un plan de la firma para despedir y disciplinar al personal. Señalan que hubo despidos, retiros voluntarios direccionados a “descartar” a quienes tienen más años de antigüedad y enfermedades laborales y que castigan a quienes se organizan sindicalmente.

Darío Pérez trabajador despedido de la empresa afirmó: “Coca Cola nos dejó en la calle, para los trabajadores y nuestras familias no es una fábrica de la felicidad. Sólo les importa nuestra vida para acumular ganancias”.

“Primero, la firma inició un proceso de ´retiros voluntarios´, pero en la planta no hay mucho margen de elección. Estuvieron encima para que arreglen los de más antigüedad y los llamados “rotos”, aquellos que utilizan como material descartable”, precisó.

“Luego comenzaron los despidos de quienes también levantamos la voz reclamando que se cumplan los derechos humanos y laborales que se violan en la empresa. Pero no vamos a dejar que esta empresa multimillonaria, nos saque el pan de la mesa. Estamos luchando por nuestra reincorporación”, agregó Pérez quien con otros cesanteados se manifestó en la puerta del SUTIAGA para que el gremio se ponga al frente del reclamo.

Por su parte, Cristian Durán trabajador reinstalado por vía judicial en 2016 e integrante de la agrupación Marrón afirmó: “La saña de esta patronal es con los trabajadores que tienen problemas de salud, pero no sólo. También contra quienes fuimos reinstalados hace dos años atrás luego de una larga lucha. La justicia en su momento nos dio la razón a lo que denunciamos como prácticas antisindicales, discriminatorias y persecutorias contra quienes somos integrantes de la Agrupación Marrón”.

“La empresa tuvo que cumplir con los fallos dejándonos volver a nuestro puesto de trabajo, pero la realidad hoy es que no cumple ya que profundizó la persecución y los hostigamientos. Nos persigue, suspende, comete arbitrariedades del servicio médico, nos hacen descuentos injustificados, buscan generar un clima de terror pisoteando no sólo a sus empleados, sino también a los fallos de la propia justicia Argentina. Pero no nos amedrentan, los trabajadores de Coca Cola estamos en pie de lucha”, concluyó.

Viajar en subte también será más caro: la tarifa aumentará a $ 12,50

1.8.2018

La Justicia porteña dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado el último aumento del subte, y la tarifa pasará de los $7,50 actuales a 12,50 pesos. La medida se suma a los aumentos de las tarifas de colectivos y trenes del transporte público del Área Metropolitana que anunció el Gobierno la semana pasada, que se incrementarán en agosto, septiembre y octubre.

La legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Miriam Bregman, quien presentó el amparo junto con el legislador Patricio del Corro y el metrodelegado Claudio Dellecarbonara, advirtió que es “un tarifazo del 66 por ciento”.  Además denunció que se trata de “una sentencia que se esperaba desde que se conocieron los aprietes del Gobierno para aplicar el tarifazo que está en sintonía con el aumento del resto de los servicios”.

El amparo que frenaba el aumento quedó sin efecto tras la decisión de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad que aceptó la apelación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La luz verde al aumento de la tarifa plana del subterráneo afectará a las seis líneas y al Premetro, en el que viajan cada día hábil más de 1.200.000 pasajeros y alrededor de 30 millones mensuales.

Usted es el visitante N°