Comunicadores del Sur

23.6.2016

En lo que es una buena noticia, este martes el juez Martínez de Giorgi sobreseyó a la actual presidenta de la cooperativa, imputada en la causa contra el canal Antena Negra TV.  La decisión se produjo luego de haberse realizado movilizaciones ante Enacom y a los tribunales de Comodoro Py. 

Después de tomarle declaración indagatoria, y cumplidos los plazos legales para expedirse, el juez resolvió sobreseerla y no avanzar con el juicio que significaría la criminalización de otra persona por el delito de comunicar. Recordamos que el primer imputado sigue aún procesado, por la causa que se generó tras el primer secuestro de los equipos del canal.

El juez sostuvo que la intención de la integrante del canal comunitario no es dañar a la otra parte en este conflicto, la empresa multinacional Prosegur, que continúa utilizando la señal a pesar de que un decreto presidencial se lo impide. 

Sin embargo, continúa sucediendo que en los fundamentos no se cuestiona el uso indebido que esta empresa hace del canal 20 y de la responsabilidad del organismo de control, el ENACOM, en este conflicto.

Ambas ausencias no son un dato menor ya que aún queda mucho por resolver: una persona procesada con posibilidad de terminar en la cárcel por el “delito” de comunicar; un canal, Antena Negra TV, con los equipos de trasmisión secuestrados por el poder Judicial y un bien público, como es el espectro, liberado al mejor postor.

Aun así, para la Red Nacional de Medios Alternativos, es una victoria que tras la movilización hacia el ENACOM , la radio abierta en las puertas de los tribunales de Comodoro Py – en ambas oportunidades acompañados por diversas organizaciones, organismos de derechos humanos, personalidades y medios comunitarios, alternativos y populares- y las solidaridades que se expresaron desde diversas latitudes hayamos logrado el sobreseimiento de una compañera. 

Esto nos reafirma en la idea de la fortaleza que tiene nuestra comunicación en la calle, la que seguiremos ocupando hasta que se le devuelvan los equipos a Antena Negra TV.

21.6.2016

El hecho de violencia institucional sucedió la semana pasada. Los testigos señalan a un subinspector de la Policía Federal.

Por Santiago Asorey

El Bajo Flores volvió a sufrir la semana pasada otro caso de abuso policial por parte de efectivos de la federal. El gatillo fácil sucedió en las cercanías del Barrio Illia, cuando el joven Cristian Orellana (18) fue alcanzado por el disparo del Subinspector Juan González de la Comisaría 38.  La bala del agente de la fuerza de seguridad atravesó el cuerpo y terminó con la vida del vecino. Los testigos y amigos del joven solicitaron a la fuerza de seguridad que llamen a una ambulancia pero los efectivos se rehusaron.

Al momento del hecho el barrio se encontraba ya saturado de efectivos de La Metropolitana, La Federal, La Brigada, GEOF y la Gendarmería. Orellana fue trasladado al Hospital Piñero por Luis Durán, un amigo del barrio que fue testigo de la situación. El vecino lo reconoció e intentó ayudarlo ante la inacción de los efectivos para pedir una ambulancia. Insólitamente, el joven que auxilió a la víctima terminó siendo detenido en el hospital después de sufrir una paliza por agentes de la fuerza de seguridad. Los familiares denunciaron que se le armó una causa a Durán.

Apenas unas horas después, cuando la familia del joven Orellana no había recibido el cuerpo de su hijo muerto, empezaron a circular en las redes sociales fotos del mismo ya fallecido en la morgue judicial. Las imágenes tomadas se burlaban del joven muerto con distintos fotomontajes. Las fotos fueron tomadas por alguien con acceso a la morgue, ya sean empleados policiales u otros empleados con acceso al lugar.

Marcha por la liberación de Luis

A la denuncia de gatillo fácil del joven Orellana, se suma la denuncia que realizaron los familiares de Duran por su detención y por el abuso policial en el marco de una causa armada. En ese contexto se concentrarán esta semana, junto a familiares de Orellana, vecinos y amigos para “pedir la liberación de Luis Durán”.

21.6.2016

Los estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla, denuncian las condiciones precarias de su centro de estudios. Hoy realizaran, desde el Centro de Estudiantes, un festival para visibilizar la problemática edilicia y exigir al gobierno porteño un edificio propio.

Por Gastón Ceruti*

Edificio propio para el Falla

En los casi 100 años que tiene el Conservatorio Manuel de Falla nunca existió la voluntad estatal de brindar un edificio propio para el desarrollo de la educación artística. Es así que hoy en día el Falla está disgregado en 5 Anexos (4 de ellos son escuelas primarias) y una Sede Central, que funciona en un edificio que no le pertenece al Falla sino al Conservatorio Astor Piazzolla.

El Conservatorio Manuel de Falla “tiene una nómina de 300 profesores y su matrícula es de casi 3000 estudiantes. Durante más de 80 años, gracias al crecimiento progresivo de la matrícula, el Falla circuló por distintos edificios de la ciudad. En 2003, el gobierno porteño comenzó a gestionar la compra de un edificio propio para instalar definitivamente al conservatorio y, mientras tanto, decidió trasladarlo “temporalmente” al edificio ubicado en Gallo y Sarmiento, edificio que pertenece al Conservatorio de la Ciudad Astor Piazzolla.

Ninguno de los espacios de estudio cumple con las condiciones acústicas necesarias para la enseñanza musical; además, la Sede Central está totalmente colapsada porque el espacio no alcanza para la cantidad de alumnos y alumnas que cursan allí sus estudios.

Desde el año 2011, el Centro de Estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla (CEMFa) decidió llevar a cabo la lucha por un edificio propio y en condiciones para la enseñanza musical. Desde instancias institucionales como pueden ser las reuniones con ministros, legisladores, secretarios y directivos, hasta las actividades reivindicativas y autogestivas: festivales, cortes de calles, ollas populares, asambleas y denuncias en defensoría del pueblo. Desde el CEMFA se ha intentado por todos los medios, y se siguen haciendo, que el genuino reclamo sea escuchado. Hasta el día de hoy no se obtuvo una respuesta concreta.

Nuevos conflictos ante la falta de soluciones

Durante el año 2013 el conservatorio se hallaba en estado de asamblea permanente y movilización. A fines de ese año el gobierno de la Ciudad decidió, sin consultar a la comunidad del Falla ni del Piazzolla, cerrar el tercer piso de la Sede Central para comenzar obras de remodelación, como un intento de contrarrestar los reclamos y la organización cada vez más importante de los estudiantes, los docentes y los no-docentes. Además, sumaron la promesa de continuar las obras en el segundo y luego con el primero.

Las obras no prevén un aumento de número de aulas, sino que –decían– se iban a restaurar y acustizar las ya existentes. Esto anticipaba de antemano la no resolución definitiva y real a los reclamos de la comunidad académica.

Pero existe una cuestión de fondo: remodelar un edificio que no es propiedad del gobierno y que no cumple con los requisitos acústicos y espaciales de un conservatorio (que crece en matrícula año a año), refleja el rechazo al reclamo de edificio propio y, sobretodo, la decisión política de mantener la precaria situación institucional. Pero fiel a la tradición PRO, el gobierno aseguró que el tercer piso del edificio sería de uso exclusivo del Falla, es decir que además no resolver la problemática del Falla, se continuará precarizando las condiciones de estudio de las y los estudiantes del Piazzolla. Lejos de ofrecer soluciones, la situación es cada vez más crítica.

Desde el gobierno porteño prometieron que las obras iban a durar 6 meses y que la sede que se alquiló, para reemplazar las aulas del piso en cuestión, sería temporal hasta que el piso volviera a ser inaugurado. El tercer piso lleva dos años y medio cerrado y las obras están totalmente paradas a causa de la interrupción de pago del gobierno a la empresa constructora. En el Conservatorio Manuel de Falla nadie sabe cuándo van a terminar las obras, ni qué se hizo con los casi $9.000.000 que se asignaron a la obra.

Los estudiantes se organizan para buscar una resolución

Desde un comienzo, el CEMFa mostro su inconformidad con este proyecto de obra, ya que se las considera un freno al histórico reclamo del edificio propio, como también, un claro intento por desarticular la organización docente-estudiantil.

Bajo la consigna “Edificio propio para el Falla y el pleno uso del edificio para el Piazzolla” la Comisión Edilicia del CEMFa propone realizar un festival para concientizar a toda la comunidad de la problemática edilicia. El mismo está organizado en conjunto con la comunidad académica del Conservatorio Astor Piazzolla y se realizará hoy, miércoles 22 de junio, a las 18 horas en Gallo y Sarmiento. Con esta actividad se busca hacer visible la precaria situación en la que se encuentran las instituciones, el pleno uso del edificio de Gallo para las y los estudiantes del Conservatorio Astor Piazzolla y la concreción de un edificio propio y en condiciones dignas para la enseñanza musical de excelencia que brinda el histórico Conservatorio Manuel de Falla.

*Militante del Centro de Estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla (CEMFa)

21.6.2016

El Congreso de los Pueblos, que reúne a varias organizaciones sociales marchó este martes hacia las dependencias municipales donde hoy se discutía y se aprobó el aumento del pasaje en subte (metro) a 7,50 pesos. La Audiencia Pública donde se iba a tratar el tema se convirtió en un bunker cerrado y copado por la policía que no dejaba pasar a nadie que no estuviera en una lista realizada por el gobierno municipal.

Eso generó fricciones en la puerta, con la policía y los laderos del macrismo que plantaron vallas metálicas (como las que se vieron el lunes en Rosario), mientras los manifestantes coreaban: “queremos entrar” y “Macri basura, vos sos la dictadura”.

Finalmente, varios oradores de los convocantes a luchar contra el tarifazo dieron cuenta de su repudio al estilo macrista de hacer todo por decreto y con el apoyo policial, y prometieron redoblar las protestas callejeras.

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, confirmó que la tarifa del subterráneo pasará a costar 7,50 pesos dentro de “entre 20 días y un mes”. Piccardo confirmó el aumento durante la audiencia pública no vinculante que se desarrolló hoy en la sala C del Centro Cultural San Martin.

El titular de la empresa pública que administra la red informó que el pasaje se irá de 4,50 pesos a 7,50 pesos con una tarifa social de 4 pesos. A su vez estimó que la llamada “tarifa técnica”, que establece el costo total del servicio por viaje sin los subsidios asciende hoy a 13 pesos, 3 pesos más que lo señalado por la Auditoría porteña, debido “al incremento en costos de mantenimiento y apreciación de material rodante”.

Además, el nuevo cuadro estipula descuentos para los usuarios frecuentes del 20 por ciento para los que viajan más de 21 veces por mes; de 30 por ciento, para después del viaje número 31; y de 40 por ciento a partir del viaje 41 del mes.

En la previa de la audiencia, que no hará rever la escala tarifaria impuesta por el gobierno porteño, unas 300 personas quisieron ingresar al Centro Cultural San Martin, ubicado en Sarmiento al 1500, con banderas contra el tarifazo.

A pesar del cerco de seguridad para evitar el ingreso de los manifestantes, en la audiencia representantes de varios sectores de la sociedad expresaron su rechazo al tarifazo. En representación de los trabajadores de subte, el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara, denunció que el aumento acumulado del subte alcanza en poco más de tres años el 580 por ciento, lo que significa un “gran golpe para todos los usuarios” y apuntó “a los empresarios que hacen del servicio público un negocio”.

En ese tono, el legislador porteño por MST- Nueva Izquierda Alejandro Bodart sostuvo: “Cuando el subte se privatizó daba ganancias; alguna vez van a tener que explicar por qué años después además de una tarifa carísima y un servicio malo, terminamos subsidiando a esta empresa y ocasionando una pérdida tremenda a la Ciudad de Buenos Aires”.

El legislador cuestionó además la “tarifa técnica” y estimó que fue construida para “terminar justificando más aumento y más subsidios” y aseguró que nunca pudieron demostrar cómo se calcula. En esa misma línea, el legislador por el Frente para la Victoria Gabriel Fucks cuestionó que “no se hayan detallado los costos de explotación para poder hacer el cálculo de la tarifa técnica”.

Desde la asociación de consumidores Fernando Fontenla calificó la tarifa técnica de Metrovías como “incorrecta porque no refleja la tasa de ganancia de la empresa, “lo que indica que Metrovías estaría trabajando ad honorem”.

21.6.2016

El martes 15 se realizó un Festival contra el desalojo de Brasil 1517. La presencia masiva de las diferentes expresiones del campo popular presionó para encontrar una salida a la situación de las 20 familias que habitan el lugar.

El martes 15 se realizó un Festival contra el desalojo de Brasil 1517, donde viven 20 familias.

Por Vivian Palmbaum*

Anochecer del día martes 14 de junio en el barrio de Constitución. Con la caída del sol se va armando el festival “No al Desalojo de Brasil 1517”. Como un compás de espera se da apertura a este encuentro popular que convoca a enfrentar el desalojo.

En Brasil 1517 viven 20 familias, entre quienes hay 17 niños y 3 personas con discapacidad. Un hotel convertido en vivienda permanente con condiciones precarias de alojamiento para sus habitantes, que no tienen a dónde ir.

Los habitantes relatan que le pagaban un alquiler mensual a un intermediario hasta que se venció el contrato y quien administraba el lugar no volvió a hacerse presente. Entonces trataron de negociar directamente con la propietaria, pero se encontraron con su negativa y el inicio de un juicio de desalojo. La causa se tramitaba en el Juzgado Nacional en lo Civil Nro 34, y concluía con la orden de ejecutar el desalojo, para las familias. Una justicia que al mismo tiempo que favorece a la propietaria deja en el desamparo y expulsa a un gran número de personas que se hallan en condiciones de extrema necesidad.

Una vez más, el Estado se desentiende del derecho constitucional a la vivienda con muchas personas que han sido abandonadas a su suerte. Parece no haber ningún resorte del Gobierno de la Ciudad que contemple el derecho de los más vulnerables, con un Estado que de manera deliberada se ausenta de la función de protección de las personas a quienes debería representar en su función de gobierno.

Y mientras tanto, el martes 14 a la noche se abría el compás de espera, y organizaciones y vecinos se solidarizaban con su presencia junto a un gran número de agrupaciones políticas, gremiales, de derechos humanos, barriales que iban sumando su respaldo al rechazo de una medida judicial, que golpearía a familias indefensas de menores recursos y sin otras posibilidades. La orden legal se enfrentaba con la fuerza de las voces que se hicieron oir en el Festival por el derecho a la vivienda. Con un escenario en donde las palabras se oían entre guitarras y canciones, en la fría noche donde se sintió el calor compañero. El festival dio lugar a una larga noche de vigilia, donde hicieron el aguante militantes de organizaciones compañeras que se fueron sumando para solidarizarse y resistir. No había frío capaz de detener la fuerza de la solidaridad.

Alrededor de las 5 de la mañana la policía comenzó a vallar el lugar, lo que indicaba la inminencia del operativo de desalojo. En ese momento la zona se había empezado a superpoblar de presencias militantes, compañeras en representación de fuerzas organizadas pero también a vecinas y vecinos que se autoconvocaban. Sabemos que en las prácticas cotidianas el sector popular es el que encarna con mayor fuerza valores como la solidaridad frente a las situaciones de necesidad.

La masiva presencia en el lugar desalentó la ejecución del desalojo y cualquier instancia represiva, mientras obligó a lograr un acuerdo que postergó por 6 meses la consumación de la medida. Paralelamente también se encontraban las autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que se comprometieron a facilitar otorgamiento de créditos que permitan darle promoción al legítimo derecho a la vivienda que dignifica la vida de las personas.

Es necesario tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires, la ley Nº 341 en su artículo 1º dice: “El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda, instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”.

Una nueva ocasión que demostró que la lucha organizada con la presencia y la unidad de las diversas expresiones populares tuvo como resultado un acuerdo que facilitará una solución habitacional para las familias.

*militante de O.S.y P. Los Pibes