Comunicadores del Sur

2.7.2017

El Ministro de Seguridad, Martín Ocampo, defendió además el accionar represivo del pasado miércoles en la avenida 9 de julio.

Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que no le temblará el pulso a la hora de ordenar la “intervención policial” en las protestas sociales.

El funcionario defendió asimismo el desalojo y represión efectuado por la Policía el pasado miércoles en la avenida 9 de Julio, durante una movilización contra el ajuste, por trabajo y vivienda. “Es lamentable que en democracia todavía hay gente que piense que con violencia puede reclamar y posicionar”, fueron sus palabras para justificar la utilización de gases lacrimógenos y carros hidrantes contra organizaciones de desocupados y cooperativistas.

Ocampo destacó que la Ciudad dispone de una “policía preparada” para “responder” a los piquetes. Cínicamente aseveró “si hay alguna posibilidad de diálogo, vamos a apostar a solucionar el tema conversando”. Las imágenes de agentes de civil deteniendo manifestantes -incluido un menor de 14 años- demuestran lo contrario.

El Ministro asegura que el “80% de las protestas” son “encabezadas por organizaciones políticas” para ocultar el enorme descontento que generan las medidas de ajuste del gobierno nacional. Las marchas contra la quita de subsidios a discapacitados que buscaban implementar Macri y Stanley son un ejemplo patente.

Los trabajadores y el pueblo pobre sufren tarifazos, recortes salariales y miles de despidos como se vio recientemente en las fábricas Pepsico y Hutchinson. Es para contrarrestar este descontento de gran parte de la población que Cambiemos insiste en su accionar represivo y persecutorio.

1.7.2017

Entrevista a Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, ante el fallo absolutorio para el policía que asesinó tanto a Jonathan como a Ezequiel Blanco. “La familia tuvo que pasar por circunstancias muy terribles que explican cómo el Estado da respuesta a hechos de este tipo”.

Por Juan Manuel Ciucci

APU: ¿Cómo analiza el fallo que absuelve al ex policía que asesinó a Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco?

Paula Litvachky: Específicamente del fallo todavía no se pueden dar precisiones porque no se conocen los fundamentos, pero sí es importante remarcar que esta absolución es la expresión de la falta de respuesta por parte del Estado, de una respuesta totalmente deficiente del Estado a un hecho de violencia policial. Es un caso de abuso de la fuerza letal por parte de la policía, en una situación en 2009 que no fue investigada correctamente desde el primer momento; y eso es lo que de alguna manera determina la falta de respuesta que puede encontrar la familia ahora con este fallo absolutorio. La familia tuvo que pasar por un montón de circunstancias muy terribles, que explican el modo traumático de cómo el Estado da respuesta a hechos de este tipo. Por distintas razones que se pueden explicar: desde el primer momento la intervención del Juez Fernando Cubas o del Fiscal Andrés Madrea sobreseyendo rápidamente al policía que disparó, por entender que era un caso de legítima defensa, sin hacer la más mínima investigación. Y luego ver el padecimiento, el sufrimiento de la familia de no encontrar a sus hijos y encontrarlos después enterrados como NN. Son dos dimensiones del caso que se conectan, y que explican una trayectoria que termina ahora en esta absolución.

APU: ¿Le parece que el contexto político actual puede haber influenciado esta sentencia?   

PL: No sé, es difícil plantearlo si tiene que ver con el contexto, claramente hay contextos que ayudan más o menos. Los mensajes políticos que se vienen dando de alguna manera no marcan ninguna empatía con las víctimas de violencia policial, o los mensajes de endurecimiento de la respuesta policial frente al delito y la justificación de ese endurecimiento, generan claramente un contexto. No puedo decir que esto es lo que determinó esta absolución, además tampoco están claros todavía cuáles son los fundamentos del fallo. Creo que es más importante entenderlo sobre la base de toda esta trayectoria que antes planteaba, que tiene que ver con un funcionamiento de la justicia criminal nacional muy deficiente en estos casos. Pero que además en el caso de Jonathan y Ezequiel se expresó en estas múltiples intervenciones que generaron mucho sufrimiento a las familias, y que ahora siguen sin tener una respuesta. Como dijo el abogado de la madre, “nosotros queríamos saber qué pasó”. Se dio desde el primer momento una situación irregular cuando siquiera ante el hecho concreto se lo trabajó como un caso de homicidio que había que investigar, no hubo resguardo de la escena del hecho, no hubo intervención directa de un juez o fiscal para ver qué había pasado, sino que se lo entendió como parte de la misma investigación del robo. Que es lo que suele ocurrir en los casos donde ante la denuncia de determinados delitos y termina produciéndose la muerte de uno de los que supuestamente estaba cometiendo el delito; se investiga todo junto, sin separar las investigaciones, y se lo sobresee al poquito tiempo porque lo dan como un caso de legítima defensa. Que ni siquiera es investigado, porque las pruebas se perdieron. Es este un caso que está plagado de irregularidades, y al mismo tiempo de una desidia y falta de atención a las familias, y del circuito de funcionamiento de la cuestión de los cuerpos enterrados como NN, que también emparenta el caso con el de Luciano Arruga.

APU: ¿Cómo repercute esto como mensaje para las fuerzas de seguridad?

PL: Fallos como estos, si al mismo tiempo no aparecen discutidos desde el propio Estado, la fiscalía acusó en el juicio pero la primera intervención de los fiscales fue muy deficiente y a esos fiscales no se les hizo nada en su momento; si el Poder Judicial no da los mensajes que tiene que dar de no tolerancia ante este tipo de hechos o por lo menos de una investigación exhaustiva, son mensajes que sin dudas llegan a las fuerzas policiales y generan una expectativa de impunidad. Los policías son los que en este tipo de intervenciones tienen hoy realmente una expectativa de impunidad. Es difícil que los investiguen por estos hechos.

APU: ¿El CELS tiene pensado algún tipo de participación en este caso, o qué cree que pude hacer la familia y sus abogados ahora?

PL: Hay que esperar los fundamentos, y seguramente los abogados van a recurrir el caso, creo que también la fiscalía lo va a recurrir. Hay que esperar a ver cómo se resuelve la apelación. Vamos a quedar a disposición de la familia y lo abogados que requieran algún tipo de colaboración del CELS, veremos en conjunto si hay que hacer algo, va a depender de lo que ellos quieran hacer.

1.7.2017

Juan Manuel Ciucci

"Absolvieron al policía que asesinó a Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco. El Partido Judicial les ofrece impunidad a las fuerzas represivas que asesinan a nuestros pibes en los barrios".

Una madre cae al suelo, atormentada por la absolución que le otorgaron al asesino de su hijo. Llora, grita, rodeada de quienes intentan levantarla, animarla, por no tirarse y llorar a los gritos junto a ella. “Vos vas a seguir luchando por Kiki”, le grita para consolarla y consolarse Daniel, uno de sus hijos. Una hilera de policías antidisturbios, que han llegado hace unas horas al tribunal como gesto de provocación, miran impávidos, aun en formación. Saben que absolvieron a un ex policía federal, que mató a un pibe de 17 años y a otro de 25.   

Así de clara es la escena, o más bien, así de turbia. El Partido Judicial les ofrece impunidad a las fuerzas represivas que asesinan a nuestros pibes en los barrios. Un mensaje más en esta Argentina macrista, envuelta en mensajes proto fascistas de seguridad y mano dura, en pleno escenario electoral.

Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco fueron asesinados hace 8 años, por Daniel Santiago Veyga. Permanecieron dos meses desaparecidos, enterrados como NN en el mismo cementerio donde apareció luego de 6 años el cuerpo de Luciano Arruga. En el juicio que acaba de concluir, se pudo demostrar que el efectivo de la por entonces Policía Federal disparó a matar, según atestiguó el perito oficial. Pero eso no alcanza, ante esta justicia clasista que defiende a quienes asesinan a jóvenes pobres de barriadas populares. Han ocultado o perdido pruebas, han entorpecido la investigación, han cargado las culpas sobre las víctimas.   

En los cuatro días que duró el juicio, acompañaron a Angélica, la madre de Kiki, numerosos familiares de víctimas de violencia institucional. En una radio abierta de la que participamos, dieron cuenta de sus historias, del sufrimiento que arrastran, y que no los deja nunca. “Veyga me condenó a perpetua”, dijo allí Angélica, intentando explicar lo que significa cada día extrañar a un hijo asesinado por la policía.

“Nuestros hijos viven en todos los que luchan”, dice una madre, contando la experiencia que significa transformar una tragedia personal en una lucha colectiva. De encontrar entre todas y todos un sentido en ese dolor infinito, en la oportunidad de brindar apoyo a quienes pasan por algo similar, y en organizarse para que no pase nunca más. Fueron días de encuentros, de unidad, de mensajes en  pos de una justicia que había tardado tanto en llegar, pero que ante ese tribunal parecía ahora sí posible.  

Pero no, ni eso le ofrecen a esta madre, ni a estas pibas y pibes de la Casita de Kiki Lezcano que hace años acompañan a la familia. Es una afrenta más, de las tantas que siguen sufriendo. Y que seguimos todas y todos cargando en la cuenta de las injusticias que el Partido Judicial nos brinda todos los días. El poder más antidemocrático y clasista del Estado, una vez más, nos humilla en lo más profundo de nuestros anhelos de justicia.

“El juicio es producto de la lucha. La condena es el repudio popular”, dicen los comunicados que emiten. Así es, así será, hasta que logremos una justicia popular capaz de encarcelar a los asesinos de nuestros pibes. Estamos cansados de escracharlos, de perseguirlos, de denunciarlos. La inseguridad es que hoy Veyga ande suelto. Hay un asesino libre más entre nosotras/os.

30.6.2017

Marcelo Ramal, candidato a diputado del Frente de Izquierda dijo “En la Argentina hay 3.5 millones de desocupados según el Indec. Pero la desocupación, que en la Ciudad golpea especialmente a los barrios del sur, a sus mujeres y a su juventud, no es la única explicación de la pobreza. Los números calculados por el Indec publicados el día de ayer ratifican la crisis social en la que está sumido nuestro país: los ingresos de la mayoría de la población trabajadora no llega a diez mil pesos cuando la canasta de pobreza está calculada en casi quince mil. El Indec confirma el hecho que en Argentina son pobres también los que tienen trabajo.”

“A su vez, se confirma una distribución de la riqueza de los sectores más pobres hacia los más ricos. Es decir que la riqueza que producen los trabajadores a cambio de un ingreso de miseria se la apropia un sector minoritario. Son la inflación, los despidos y tarifazos la base de esa transferencia. Por su parte, los empresarios han recibido quita de retenciones y convenios laborales flexibilizados” continuó. “Este es el problema que está en debate en las elecciones: el gobierno busca mandato para avanzar en el ajuste contra el pueblo, profundizando aún más estas diferencias. El Frente de Izquierda plantea terminar con esta política: salario mínimo igual a la canasta familiar, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario para terminar con la desocupación, 82% móvil, nacionalizar la energía.”

Gabriel Solano, candidato a legislador del Frente de Izquierda dijo: “El problema de la inseguridad requiere antes que otra cosa la urbanización de la villas donde operan los narcos. Urbanización a la que el gobierno, que busca hacer demagogia de la lucha contra el narcotráfico montando operativos policiales, se niega.”