Comunicadores del Sur

15.4.2017

Por Federico Trofelli

El aspecto más polémico de la compra pasa por las carabinas y lanzadores "less lethal weapon" para "neutralizar sospechosos violentos", armas sobre las que no existe ningún tipo de protocolo.

Al mismo ritmo que se profundizan las medidas económicas recesivas, el gobierno acelera también el gasto en el ámbito de las fuerzas de seguridad, con una direccionalidad manifiesta: equiparlas para reprimir la protesta social. Bajo esta lógica que acumula casos testigo como el de los palos a los docentes del último domingo, la Ciudad de Buenos Aires prevé utilizar casi 127 millones y medio de pesos de los vecinos para equipar a la flamante policía local y convertirla en una poderosa legión de 1600 uniformados alistados para combatir manifestantes. 
La Subsecretaría de Administración de Seguridad porteña, a través de la Licitación Pública denominada "Adquisición de equipamiento antidisturbio" y del proceso de compra 2900-1398-LPU16, busca que la Policía de la Ciudad esté preparada para enfrentar y dispersar los piquetes que a diario jaquean avenidas y accesos, eje de las sordas disputas entre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que con la adquisición de estos implementos represivos parecerían zanjarse definitivamente en la línea de la mano dura. 
Los pliegos de licitación contemplan la compra de 1.600 unidades de cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, se pretende adquirir 2.900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos. La Ciudad dispondrá de verdaderos "robocops" para actuar contra cualquier tipo de manifestación en el espacio público. 

El tramo de la licitación que más inquieta a los organismos de DD. HH. y a legisladores opositores es el relacionado con la compra de una importante cantidad de "less lethal weapons", es decir, armamento "menos letal". En este capítulo se incluyen 100 carabinas y 200 lanzadores calibre 68 "para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos", que dispararán postas de pintura o de goma y gas pimienta. 

La preocupación por la eventual utilización de estas armas, en un contexto de violencia institucional creciente signado por sistemáticas detenciones arbitrarias en la vía pública y episodios de criminalización de la protesta como los de la marcha del 8M, impulsó al legislador Gabriel Fucks (FpV) a presentar un proyecto de ley para crear una Comisión de Evaluación de Equipamiento que establezca, en caso que no los hubiere, protocolos específicos de actuación para este tipo de armamento. 
"No podemos desconocer el incremento de la protesta social en las calles de la ciudad, como tampoco las últimas actuaciones policiales, que dan cuenta de la imperiosa necesidad de recuperar la vigencia de los protocolos de uso de la fuerza conforme a derecho y de robustecer los mecanismos de control de la actuación policial", explica la legisladora Andrea Conde (Nuevo Encuentro), que acompañó la presentación de Fucks. 
Un año atrás, Amnistía Internacional elaboró el documento "Impacto sobre los DD. HH. de las armas menos letales y otros materiales para hacer cumplir la ley". Concluye que en 25 años se multiplicaron los fabricantes de este tipo de tecnología y su penetración en países donde escasean los controles, y dice que "las municiones de plástico, goma, pintura y los agentes químicos irritantes, como pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno, pueden causar lesiones graves e incluso la muerte". Un riesgo que crece si el propio poder político relativiza la vigencia del derecho a protestar. 
 

16.4.2017

Por Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad

Desde el ODH seguimos con preocupación las políticas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hace años denunciamos a la UCEP los desalojos en barrios del sur, la represión a los médicos del Borda y en el Parque Indoamericano. Desde 2010 logramos frenar la compra de las pistolas eléctricas Taser que querían comprar para la entonces flamante Policía Metropolitana, caso que llegó a la CIDH. 

La comunicación oficial y la de algunos medios acostumbran a usar eufemismos para disimular lo que está pasando. El Boletín Oficial informa una licitación para "adquirir material antidisturbios". Piden comprar "less lethal weapons". En ningún lugar se aclara qué quiere decir "menos letales". El diario La Nación habla de "tecnología contra piquetes" que incluye "equipos para dispersión y reducción de activistas". No nombran la palabra represión ni recuerdan el derecho a la protesta que otorga el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El ODH presentó un pedido de informe para saber exactamente qué armas van a comprar. Pasaron dos meses y no recibimos respuesta. 
Mientras tanto, se intensifica la protesta social por las políticas del gobierno. La Ciudad de Buenos Aires es el epicentro de las manifestaciones. Y la Policía porteña ya debutó reprimiendo a los maestros en la Plaza de los Dos Congresos el domingo pasado. Se parece mucho a la Metropolitana. Una vez más, la gestión PRO perdió la oportunidad de crear una nueva fuerza de seguridad, con formación democrática, sin los vicios históricos de la Federal. 
En este contexto, estas armas "menos letales" generan preocupación en materia de Derechos Humanos. No existen normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; son insuficientes las instancias de evaluación, la capacitación y los procedimientos. Se trata de una industria que crece aceleradamente sin responsabilidad ni rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas. «

12.4.2017

La plazoleta de la esquina de Cochabamba y Pichincha, en el corazón de San Cristóbal, recuerda a Ramona Gaztiazoro de Bronte. Lleva su nombre a modo de homenaje de esta mujer que de tanto reclamar por la aparición de su hijo terminó también secuestrada y desaparecida por la dictadura cívico-militar en marzo de 1977.

Hace menos de un mes, en vísperas del 41º aniversario del golpe de Estado, militantes barriales de Nuevo Encuentro y de la agrupación Kolina, pintaron un mural con las leyendas “Entre tod@s te encontramos”, “Son 30.000” y “#LibertadAMilagroSala”. Hicieron un acto sencillo, sentido, con la presencia de integrantes de HIJOS, que contó con el apoyo de los comuneros del FPV, María Suárez y Gabriel Zicolillo y de un nutrido grupo de vecinos.

Ese mismo mural, esta mañana apareció tenebrosamente modificado. Desde la cobardía del anonimato, alguien pintó símbolos neonazis sobre las cabezas envueltas en pañuelos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, cambió el pedido de liberación por el deseo de muerte a la líder de la Tupac Amaru, y en línea con el discurso del gobierno de Mauricio Macri y claramente enmarcado en un clima de época, modificó la cifra de víctimas a 6800.

Pero la lucha no se abandona sino que se redobla. El miércoles próximo, a las 19 horas, en la plazoleta Ramona Gaztiazoro de Bronte, se volverá a pintar el mural. Los miserables que sólo saben amedrentar, volverán a quedar desnudos ante los valores de Memoria, Verdad y Justicia.

9.4.2017

Un grupo de 500 docentes, nucleados en CTERA, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad mientras instalaban "una escuela itinerante" frente al Congreso. Los trabajadores de la educación fueron golpeados por la fuerza de seguridad, que además arremetió contra la manifestación pacífica utilizando palos policiales. Al momento se encuentran detenidos dos docentes en la comisaría que tiene la Policía Metropolitana en Parque Patricios. La orden fue dada por el ejecutivo nacional.

Los docentes se encontraban desarrollando una protesta frente al Congreso, para reclamar al gobierno de Mauricio Macri que convoque a una paritaria nacional del sector, tal como lo ordenó la justicia el viernes último; y que se cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo.

Mariano Denegri (UTE) habló en el lugar de los hechos: “Estábamos pacíficamente intentando armar una escuela itinerante frente al Congreso para denunciar la no convocatoria de la paritaria nacional y el incumplimiento de la ley y la policía reprimió. Nos tiraron gas pimienta y nos pegaron con palos.”

Además, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, declaró que "un país donde el gobierno y la policía le pega a los maestros y a los profesores, es un país que no tiene futuro. Nosotros defendemos la educación pública y los defendemos a ustedes también porque son ciudadanos como nosotros y seguramente muchos de sus hijos van a la escuela pública. Tienen a los maestros y a los profesores atrás, no van a levantar ni un solo dedo para agredirlos a ustedes, pero no puede ser que hayan tirado gas pimienta y hayan reprimido de esa manera, así no se construye la patria. ¿Les están dando órdenes?, la obediencia debida en este país se terminó hace mucho tiempo. No pueden llevar adelante este tipo de acciones

8.4.2017

El proyecto legislativo del presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, no avanza por la presión de los sindicatos judiciales.

El proyecto legislativo del macrismo, impulsado por el Ministro de Justicia, Germán Garavano, para traspasar la Justicia Nacional a la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra paralizado en el Congreso de la Nación. El oficialismo logró que el proyecto fuera aprobado en la Legislatura Porteña, pero necesita también ratificarse en el Congreso, una tarea que a Cambiemos se le empieza a complicar.

El Gobierno se encontró, no solamente una resistencia activa por parte de históricos sectores conservadores como la Asociación de Magistrados, que comunicó "su más enfático rechazo a esa decisión, que viola la Constitución Nacional y vulnera los derechos laborales adquiridos por secretarios, funcionarios y empleados de todos los estamentos del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación." También se le sumaron sindicatos de judiciales que resistieron el paquete legislativo del macrismo. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales CTA (Sitraju Nación CTA) Agustín Bruera, el Secretario General de la Seccional 1 (MPF) CTA Gonzalo Martínez Salum y el Secretario Gremial de Sitraju Nación CTA, Demetrio Iramain, participaron de una serie de reuniones con diputados nacionales para intercambiar perspectivas y expresar su repudio al proyecto oficialista. Los dirigentes sindicales participaron en encuentros con los diputados nacionales del Frente para la Victoria Carlos Castagneto y Héctor Recalde. Además, se reunieron con los diputados Lucila De Ponti y Leonardo Grosso del bloque Peronismo para la Victoria y Horacio Alonso del Frente Renovador. Según explicaron los judiciales “durante el encuentro coincidieron con nuestros representantes en las razones del rechazo al traspaso de la Justicia nacional a la CABA, y se comprometieron a realizar acciones conjuntas para concientizar a los legisladores de los demás bloques de la oposición respecto de la gravedad institucional y el avasallamiento que conlleva el proyecto oficial.”

Por su parte, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), conducida por el Secretario General Julio Piumato, también expuso una visión de oposición al traspaso de la Justicia y participó en “una extensa ronda de diálogo con referentes de las distintas fuerzas políticas que deben decidir sobre el traspaso de la justicia Nacional a la CABA.” En ese marco los dirigentes de la UEJN fueron recibidos por los diputados nacionales Sergio Massa, Graciela Camaño y Horacio Alonso del Frente Renovador.  Además, desde la Unión afirmaron que además “hemos conversado con referentes de otros bloques como la Diputada María Emilia Soria del FPV, quien también trasmitió su oposición a la transferencia postura que comparte con el resto del bloque.”

La facilidad del macrismo para lograr consenso sobre la reforma judicial en la legislatura porteña pareciera no extenderse al Congreso de la Nación, donde la presión de las distintas fuerzas sindicales junto a otros actores de la Justicia Federal como funcionarios y empleados empieza hacer efecto sobre los legisladores. El proyecto para trasladar a la Justicia Nacional a la esfera de la Ciudad, donde el macrismo tiene casi un control absoluto, empieza a quebrarse.