Comunicadores del Sur

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Proyecto de Ley para la legalización y regulación de toda la cadena de producción y distribución del cannabis

3.12.2015

La Mesa Nacional por la Igualdad, junto con la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA) y la Asociación Cultural Cannábica "El jardín del unicornio", presentaron en ambas cámaras del Congreso de la Nación un Proyecto de Ley para legalizar y regular toda la cadena de producción y distribución del cannabis. La norma, basada en el modelo de regulación de Uruguay —aunque adaptada a la realidad Argentina— busca eliminar los circuitos ilegales de producción y de tráfico de cannabis y que el Estado se apropie de las rentas extraordinarias que se generan, para aplicarlas a campañas de prevención de los consumos problemáticos y a políticas públicas de reducción de daños.

 
En la víspera de la 6° Marcha Nacional de la Marihuana -que tendrá lugar en distintas ciudades como Córdoba (a las 17 en Av. Colón y La Cañada), San Juan (a las 18 en Plaza 25 de Mayo), Mendoza (a las 15 en Parque Cívico), Ushuaia (a las 14 en Establecimiento Biblioteca Popular Sarmiento), Neuquén (a las 15 en Julio A. Roca 8300), Bariloche (a las 18 en Centro Cívico), Mar del Plata (a las 15 en Plaza San Martín), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a las 18 en Plaza de Mayo)  y Rosario (a las 16 en Plaza San Martín)-, se presentó un Proyecto de Ley que propone, en consonancia con la consigna de la Marcha, la "Legalización y Regulación del Cannabis para todos sus usos".
 
El Proyecto de Ley, inspirado en el modelo de regulación implementado en la hermana República Oriental del Uruguay, propone el autocultivo y la organización en clubes sociales de cultivo como las principales vías de producción de cannabis para fines recreativos, terapéuticos, científicos e industriales, con la posible intervención del Estado para corregir excesos de demanda u otras circunstancias que pudieran favorecer la creación o persistencia de circuitos ilegales de producción y de comercio. Asimismo, prevé la posibilidad de que los propios clubes -a través de una licencia obtenida especialmente- puedan vender cannabis para sus diferentes usos a diferentes personas jurídicas y a las personas físicas mayores de 18 años, en los casos contemplados en la ley.
 
La Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Rachid expresó: "Estamos convencidos/as de que el camino para terminar con el tráfico ilegal, y sobre todo con la grave afectación a la libertad física, al derecho a la salud integral e incluso a la vida de usuarios/as y cultivadores/as es la legalización con una fuerte regulación estatal. Hoy, más que nunca, cuando nos quieren volver a convencer de la panacea del mercado que se regula a sí mismo, apostamos a la política y a las instituciones de la democracia para empezar a desandar el camino de la prohibición y a respetar las decisiones autónomas de todas las personas, sin discriminación"

Contra la picana del PRO y la Metropolitana

3.12.2015

Organismos de derechos humanos se presentaron ante la Corte Suprema en un expediente en el que se discute la decisión del Gobierno de la Ciudad de implementar el uso de las tristemente célebres pistolas Taser por parte de la Policía Metropolitana.

Matías Aufieri

En la mañana de ayer, Myriam Bregman, diputada nacional por el PTS y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, , y Alejandrina Barry, ambas luchadoras contra el aparato represivo del Estado e integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, sumaron su pedido de ser consideradas como “amicus curiae” junto a otros organismos, en la causa que impulsa el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que convalidó la decisión del gobierno porteño de Mauricio Macri que incorpora las pistolas eléctricas Taser X 26 al armamento de la Policía Metropolitana.

Tal decisión del gobierno de la Ciudad, que momentáneamente fue postergada por instancias inferiores de la Justicia no habiéndose concretado hasta la fecha, constituyó un alarmante avance represivo, que seguramente padecerán los sectores populares que luchan en las calles, como así también los pobres urbanos en situación de calle que ya conocen la brutalidad del gobierno del PRO en la Ciudad desde la conformación de la UCEP, aquel embrión parapolicial de la Metropolitana que perseguía a los habitantes sin techo de la Ciudad a fuerza de golpizas y desalojos.

El uso de estas armas, se encuentra prohibido en numerosos países del mundo, y severamente cuestionado en otros tantos, dada la cantidad de casos de asesinatos mediante su aplicación en las calles, como por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se cuentan más de 500 muertes provocadas por esta arma verdaderamente letal, la cual, más allá de ser usada oficialmente para “neutralizar” delincuentes, claramente es contemplada en manos de las fuerzas represivas para reprimir manifestaciones e incluso como una verdadera picana para torturar, al amparo de la autorización legal de la que gozarían por ejemplo en Buenos Aires tras el recurrido fallo de su Tribunal Superior.

Basta con recordar que el propio fabricante de estas nefastas armas, que descargan fuerte voltaje hasta a once metros de distancia, plantea distintos límites y precauciones a la hora de su uso, que contempla a vastos sectores de cualquier población, que ante su aplicación podrían –y de hecho se cuentan de a millares los casos corroborados- sufrir la muerte o secuelas irreversibles en el organismo.

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente se debate sobre la posibilidad o prohibición de su uso, que es resistido por numerosos organismos de derechos humanos a nivel internacional (comenzando por Amnesty Internacional) y local, entre ellos el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que se suma así a la lucha contra esta máquina de muerte y tortura que pretenden utilizar contra los sectores populares el PRO y sus aliados en la Ciudad, y en un futuro no muy distante a nivel nacional.

Los abogados y referentes de los derechos humanos que formamos parte del CeProDH y del PTS, nos hemos plantado firmemente contra esa posibilidad y daremos esta pelea hasta las últimas consecuencias contra las fuerzas represivas del Estado.

Vivienda cotillón: la urbanización PRO

2.12.2015

Por Facundo Di Filippo y Jimena Navatta

Ante el nuevo escenario que se abre con el triunfo del PRO-Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, nos preguntamos cómo será la política habitacional a implementar en dichas administraciones. Si tomamos como muestra lo que se hizo en la CABA, el futuro no parece auspicioso.

 

La propuesta del PRO para villas y asentamientos en la ciudad porteña se centró en una política de regularización dominial entregando los lotes en propiedad y a partir de ello centrando la acción en pequeños mejoramientos, tramos de cloacas y pequeñas áreas espacio público –muy mediatizables-, dejando que de la provisión de los servicios se encargue cada nuevo “propietario”, aunque vale aclarar, que los nuevos dueños son muy pocos, ya que hasta en esa política han fracasado.

Por otro lado y para otros sectores, se intentó fortalecer la línea de créditos del Banco Ciudad, con una cartera crediticia combinada con los créditos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Los requisitos, montos y condiciones para poder adquirir estas nuevas viviendas fueron de aplicación casi imposible para los/as ciudadanos/as en la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe mencionar que jamás se ha visto en la historia de esta ciudad tamaña intervención del mercado inmobiliario. Han sido los verdaderos planificadores del crecimiento de la misma, de las zonas que se ponderan, de las herramientas implementadas y de la gentrificación latente y creciente.

Hace un mes llegó a nuestras manos el documento titulado “Proyecto de Gobierno. Urbanización de villas y asentamientos” donde se detalla, sin mucho desarrollo y pobre contenido, la propuesta nacional del PRO para dichos territorios. La misma se realizó teniendo en cuenta solo los datos obtenidos de CABA (muy diferentes a los de otras áreas del país), y también con una visión recortada en la cual las villas y asentamientos son, a priori, lugares en donde se afincan extranjeros recién llegados y delincuentes asociados al narcotráfico, fenómeno que en esa combinación solo se da en algunos barrios de las grandes ciudades, pero particularmente en CABA. De esta forma vivir allí es parte de una antiquísima estigmatización, a la cual ahora le agregan la cuestión xenofóbica y la de seguridad, obviando que dentro estos barrios son zonas liberadas por parte del Estado.

De la elaboración de la propuesta participaron; la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y otras expresiones de similar tinte corporativo. Uno de los motivos de tal interés radica en que con la regularización dominial estos barrios informales ingresan al mercado formal de tierras y por ende los ubicados en zonas mejor localizadas en cuanto a su accesibilidad pueden ser atractivos para los inversores, mucho más si se acompaña esto de una “flexibilización” de las normas de Planeamiento Urbano; pretenden aprobar en estos días una ley que dicte la supremacía del Plan Urbano Ambiental (PUA) sobre el Código de Planeamiento Urbano (CPU), con el objetivo oculto de poder dictar ciertas normas urbanísticas sin pasar por el poder legislativo.

Por otra parte los programas para villas y asentamientos son una buena excusa para buscar financiamiento externo, que ya fue anunciado anticipadamente, y que luego se dirija en su mayor parte a consultoras y constructoras asociadas. La gestión de la ciudad ha abusado en la contratación de consultoras, tercerizando incluso el control de obra, produciendo un ninguneo hacia los recursos humanos estatales.

En cuanto a problemas de competencias de jurisdicción, creemos que ha llegado el momento, sin excusas de ningún tipo, de avanzar en la regularización y posterior urbanización de villas y asentamientos que se encuentran sobre terrenos nacionales. El caso más emblemático, el de la villa 31 y 31 bis, desde al año 2009 espera ver materializado lo que dispone su ley de urbanización, la 3343, que ha quedado presa de peleas y disputas entre el gobierno nacional y el local.

En cuanto a la distribución presupuestaria planteada, no podemos más que observar que lo realizado en la ciudad, no es de lo más prometedor. Teniendo en cuenta además que la participación anual del área de vivienda en relación al presupuesto total de la ciudad en diez años paso de representar el 5.3% al 2.4%. Según tratados internacionales de DDHH, a los cuales la Argentina y la CABA adhirieron, las autoridades nacionales y locales  tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. Saquen sus conclusiones.

Todavía no sabemos en qué lugar del organigrama se ubicara la Secretaria de Hábitat, ni donde estarán ubicados los programas de vivienda, ya que el Ministerio de Planificación no formara parte de la estructura del nuevo gobierno. Pero sí sabemos que no hay intención de crear un Ministerio de Vivienda a nivel nacional, ya que al menos no ha sido anunciado como parte de la nueva estructura. En su propuesta, el PRO critica la gran cantidad de programas existentes y define que va a centralizarlo; difícil de creer ya que en la ciudad hicieron lo opuesto, desguazando el Instituto de Vivienda y creando cinco áreas que atienden la problemática del hábitat.

La gestión del presidente electo en la Ciudad de Buenos Aires en materia habitacional ha sido la más regresiva política social implementada por esta administración, a cargo de personas sin experiencia ni vocación en la problemática, para muestra un botón, Roberto Apelbaum, primer presidente del IVC, venía de un cargo ejecutivo en IRSA, ya mayor expresión del extractivismo urbano.

Los mismos que sostienen que han urbanizado los barrios Inta, Piletones y Cildañez, (vale remarcar que lo hecho es entrega de títulos y pequeñas obras de mejoramiento barrial, sin participación vecinal –salvo las cooperativas amigas de la gestión, que sobrefacturan todas las obras- y sin un plan de urbanización serio) en 8 años, ahora pretenden que creamos que van a urbanizar 100 villas al año. Ya lo decía Juan Domingo Perón, del único lugar de donde no se vuelve es del ridículo.

La expropiación del Cine Teatro Urquiza no fue tratado por la Legislatura

30.11.2015

El día jueves 26 de Noviembre de 2015 nuevamente fue retirado en recinto de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto ley 2787-D-2015 para declarar “de utilidad pública sujeto a expropiación” al Cine Teatro Urquiza de Parque de los Patricios, en lo que fue la última sesión del año. Reproducimos comunicado de los y las vecinas del Cine Teatro Urquiza


Presentado por Carlos Raimundi y acompañado por Jorge Rivas y Mara Brawer del Frente para la Victoria, el proyecto fue impulsado por Gustavo López, Subsecretario de Relaciones con La Sociedad Civil de la Presidencia de la Nación, y que también Wado de Pedro, Secretario General de la Presidencia, en su momento manifestó a través de la diputada Diana Conti, el interés desde la presidencia de la Nación en que este proyecto se haga ley, en la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales el día 7 de Julio.
En contradicción a lo manifestado desde Nación, en el día de la fecha el proyecto fue nuevamente desplazado. En tanto, los vecinos de Parque Patricios queremos expresar nuestro descontento y rechazamos el accionar al que hemos sido sometidos hoy y el pasado 4 noviembre, en la que se repitió una situación similar.
Claramente los intereses políticos han quedado en evidencia, los cuales no deberían poner en riesgo ningún pedido genuino de la población, como en este caso aquel que defiende el patrimonio arquitectónico, cultural e identitario de una comunidad.
Entendemos que éstos como representantes del pueblo nunca deben perjudicar a ningún proyecto de ley que por ellos y por medio de la expresión popular han sabido atender.

Nuestra lucha continuará, hasta encontrar a aquellos que puedan llevar verdaderamente adelante la voluntad del pueblo.
Recordamos que el proyecto de expropiación presentado en Nación cuenta con dictamen favorable y sin disidencias de la Comisión de Asuntos Constitucionales (el 7 de Julio), en la Comisión de Legislación General (22 de Septiembre), también en la Comisión de Presupuesto y Hacienda (el 30 de Septiembre), para ser girado a Recinto, y desde entonces fue boicoteado sistemáticamente por una interna en el mismo bloque.
Lo que se intentaba con este proyecto era que se concrete la voluntad política para obtener sanción de la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, con la posterior promulgación antes de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner culmine su mandato el próximo 10 de Diciembre de 2015.

Liberaron al agente de la Metropolitana que baleó a un joven

27.11.2015

Liberaron al agente de la Metropolitana que baleó a un joven aunque seguirá procesado

El policía le disparó tres tiros a quemarropa a Lucas Cabello, un joven de 20 años. Seguirá procesado sin prisión preventiva. La gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, defendió al agente. 

Por Santiago Asorey

 

Mientras Lucas Cabello (20) sigue internado de gravedad en una clínica porteña, se conocieron novedades judiciales en el Juzgado de Instrucción N° 35, donde se encuentra radicada la causa. El juez Osvaldo Rappa dictaminó el procesamiento del oficial de la fuerza de seguridad porteña. Pero calificó el hecho como “exceso de legítima defensa”. La polémica calificación de Rappa se da a pesar de que los testigos ratificaron que Lucas no estaba armado y sólo se hayan encontrado las tres vainas del arma reglamentaria con la cual el oficial Ayala baleó al joven. El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, el Dr. Miguel Ángel Palazzani, manifestó su postura sobre la calificación del juez en las redes sociales donde se refirió al hecho. “El Juez de la causa de Lucas Cabello da por cierto que Lucas no tenía arma; el policía metropolitano le pega tres tiros con su 9 mm y el Juez dice que se excedió en la legítima defensa.”

Lucas fue baleado el 9 de noviembre de este año por el oficial Ricardo Ayala (21) de la Policía Metropolitana. En el momento del hecho, Lucas se encontraba junto a su hija de dos años y su mujer, Camila. Lucas volvía de comprar sándwiches en la panadería cuando el agente de la Metropolitana lo intentó ejecutar. Todavía tenía los sándwiches en la mano. Ayala le disparó una vez en la pierna y cayó al piso. La hija de Cabello y su mujer fueron testigos de cómo el oficial Ayala disparó a quemarropa. El agente de la fuerza de seguridad porteña intentó rematarlo con dos tiros que impactaron en el mentón y en el brazo.

La gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, declaró en los medios, hace unas semanas, que el accionar de la Policía Metropolitana estaba enmarcado en un supuesto caso de violencia de género. Sin embargo la mujer de Lucas desmintió esta versión junto a sus abogados, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier. “No es cierto que Lucas tuviera una denuncia de su esposa, ella misma salió a declararlo. Es vergonzoso y es una falta de respeto que en lugar de poner al policía a disposición de la Justicia y de solidarizarse con la víctima que está luchando por su vida, salga a ensuciarla y a entorpecer la investigación”, aclaró Berguier.

La causa de Lucas Cabello puso en movilización a vecinos y organizaciones sociales del barrio de La Boca que marcharon durante estas últimas semanas para pedir justicia. Al momento de los hechos familiares y vecinos repudiaron en las redes sociales el hecho y el intento de instalar la versión policial: "La policía baleó en la cabeza a un pibe y… ¿ustedes creen la versión de la propia fuerza? Lucas no es un delincuente, es un vecino de La Boca, un barrio donde los pibes sufren violencia institucional y social a diario, donde no hay clubes para que pateen una pelota, donde cierran o vacían los programas de contención, donde los psicólogos de las salitas no dan abasto.”que tengan una superficie mayor a 50 mil metros cuadrados. “Ya hay un bar de 400 metros cuadrados bajo la autopista, ¿para qué quieren otro? Nosotros queremos más verde y menos cemento”, reclamó Paula Castelli, vocera de la asamblea, cuestionando que el proyecto del bar siga adelante a pesar de las más de 3 mil firmas recolectadas en contrario y el rechazo “unánime” expresado por la junta de la Comuna 7. En tanto, el Parque 3 de Febrero, lindante con el Jardín Japonés, probablemente sea la próxima “víctima” del duro cemento.

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