Comunicadores del Sur

5.1.2016

Comunicado de trabajadores del Centro Gallego

El Centro Gallego, hospital centenario de colectividad ha entrado en alerta
roja. Los trabajadores denunciamos que los sueldos no se pagan, y cuando se
pagan, se lo hace en cuotas en fechas arbitrarias; hay una deuda de haberes
desde el 2012 y en estos momentos no se ha pagado el aguinaldo, ni se conoce
fecha de pago de los sueldos de enero.
La responsabilidad de este destrato con el personal y con los socios y
pacientes, es de la administración actual, en manos del INAES, dependiente
hasta hoy de Acción Social y Alicia Kirchner y sus funcionarios de la
agrupación Kolina. Ellos fueron designados por un juez para evitar el
cierre de este hospital de alta complejidad con más de 1.000 empleados,
prestador de decenas de Obras sociales, el Pami, el hospital Garrahan y
otras instituciones y de los socios de la colectividad gallega.
Ante el cambio de gobierno, los trabajadores, en la mayor incertidumbre, no
obtenemos respuesta alguna de la dirección del hospital. Da la impresión de
que han abandonado el barco a la deriva, sin que se sepa quién se va a hacer
cargo de su continuidad. Los trabajadores estamos golpeando la puerta de
organizaciones de gobierno e incluso hemos pedido una audiencia a la
vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, quien es vecina del
hospital, para que intervengan en salvaguarda de este centro fundamental de
la salud pública y fuente de trabajo de centenares de familias de
trabajadores de la sanidad.
Nos dirigimos a los medios, a los legisladores y a las organizaciones
sociales, para hacerles conocer estos hechos de suma gravedad y solicitar el
apoyo necesario para evitar el colapso del Centro Gallego.

4.1.2016

La Organización Los Pibes hace años que viene resistiendo las políticas de expulsión que los sectores del capital especulativo inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires han desarrollado fundamentalmente contra los sectores humildes del sur de la CABA. A la denuncia y la resistencia le hemos sumado muchísimas propuestas concretas de resolución del problema de la vivienda y el hábitat para los sectores populares. 

Entre ellas hemos sido parteros de la Ley 341 de Autogestión, y el año que termina inauguramos un complejo de viviendas de 33 unidades habitacionales. A solo 2 cuadras de esta experiencia, que demuestra que se puede resolver en forma simple el problema del acceso a la vivienda popular, se han dado los últimos dos incendios que padecieron los vecinos del barrio de La Boca.

Denunciamos enfáticamente una política deliberada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de expulsión del sujeto social no deseado de la Ciudad para regalar su producto, el suelo, a sus amigos empresarios. Los investigadores le han puesto nombre a esto: Gentrificación. Para esto el poder utiliza dos herramientas: los desalojos -algunas veces legales y otras no, pero siempre ilegítimos- y los incendios -algunas veces casuales, las más evitables y costosos-.

En el último mes en el barrio ha habido tres incendios, uno de ellos con víctimas fatales, en una zona que “casualmente” está delimitada por la Av. Pedro de Mendoza y por la calle Necochea. Los últimos anuncios pomposos del GCBA sobre desarrollo en la zona fueron el “Paseo de las Artes Don Pedro de Mendoza” (hoy en día ofrecido en los medios masivos para la inversión por el especulador inmobiliario Adrián Mercado) y la puesta en valor de la calle Necochea, la calle de las históricas cantinas.

Desde que el poder puso el ojo en esa zona, se ha vuelto más “incendiable”. Simples casualidades, ¿no?

Exigimos al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y a la Justicia de la CABA la resolución concreta e inmediata de la situación que padecen las 11 familias víctimas del incendio de Ministro Brin y Suarez. La Ley 341 y la Usucapion son herramientas legales que permiten acceder a una solución definitiva, como lo han demostrado la Cooperativa de Vivienda “Los Pibes”, la Cooperativa de Vivienda “Crecer en Ministro Brin”, y las familias del “ConB” de Iberlucea 1249, por citar solo los últimos ejemplos exitosos. Hoy el gobierno cuenta con todos los recursos de la Ciudad y de la Nación para resolver esta injusticia.

Llamamos a todas las organizaciones a acompañar este y cada atropello y retomar el camino de la lucha en unidad, para frenar el avance de la derecha que hoy arremete contra todas las conquistas de nuestro pueblo.

3.1.2016

Por Sebastián Polischuk

El gobierno porteño del PRO encabezado esta vez por Horacio Rodríguez Larreta, sigue profundizando aún más las políticas prohibicionistas del arte popular. Durante estos últimos años, el arte popular ha sufrido numerosas medidas prohibicionistas y represión, pese a la existencia de leyes y artículos que abalan el arte popular en la ciudad.

Aunque pareciera mentira, numerosos músicos y artistas en general que se ganan su sueldo tocando en las calles o en los parques de la ciudad a la gorra, se ven desplazados y son criminalizados tal como sucedió tras el último operativo policial del 23 de diciembre del año pasado en la peatonal Florida. Para estos casos la policía e inspectores utilizan códigos contravencionales como el artículo 82 del Código Contravencional, entre otros. Este artículo consta en penalizar a aquel que perturbe la tranquilidad pública con ruidos excedan la tolerancia normal. Sin embargo el mismo explicita que no contribuye una contravención la práctica de música en horarios que no sean de descanso y donde se utilicen instrumentos para amortiguar el sonido[1]. Además todo pareciera regirse según el entendimiento de la policía y o los funcionarios que no establecen criterios fijos de cuando es considerado ruidos “molestos” o perturbadores”. Pero a su vez pareciera que tanto funcionarios, inspectores y la propia policía desconocen la existencia de leyes como la 4121, que considera que no el arte callejero en espacios públicos no constituye una actividad penal siempre y cuando no perjudique a los artesanos y comerciantes instalados en dichos lugares[2].

Lo mismo sucede al incumplir el artículo 32 de propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo que abala, protege y promociona este tipo de actividades culturales, tal como lo explicita: “Garantiza la libre expresión artística y prohíbe toda censura, protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular”, entre otros aspectos[3].

Es por eso que a raíz de todas estas situaciones arbitrarias y de criminalización del arte popular es que surgió en junio del año 2014 el Frente de Artistas Ambulatorios Organizados, como una forma de poder organizarse por los derechos y en defensa del arte en las calles.

Por este motivo nos acercamos a conversar con algunos de sus integrantes, quienes también forman parte de la banda Jamaicaderos, para que nos cuenten toda esta situación.

El Frente de Artistas Ambulatorios Organizados: Una organización en defensa del arte popular

Alejandro es integrante de la banda Jamaicaderos y miembro del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, y cuenta que hace ocho años vienen resistiendo a que se ponga fin a la censura del arte independiente autogestivo en los espacios públicos.

Según cuenta: “El Frente de Artistas Ambulantes Organizados y nace en junio del 2014 a raíz del cambio de policía, la metropolitana que asume la seguridad en los subtes a cambio de la Federal. A raíz de este cambio, en una cantidad de 60 días, recibimos 48 denuncias de violencia institucional por parte de la Policía Metropolinana que iba desde el pedido de bajarse de los vagones o retirarse de los andenes de nuestros compañeros, a también elaborar actas contravencionales o de cualquier otro instrumento. En ese andar nos estuvimos reuniendo, hicimos la denuncia en la defensoría, en la comisaria, en la legislatura y se formo el FAAO, que estamos conformados por artistas de medios de transportes y de la calle. Y bueno la primera medida que hicimos fue largar un manual de artistas ambulantes que consta en cinco hojas y que es un manual que difundimos por internet y donde lo mandamos por los correos, donde figuran las leyes, artículos y decretos vigentes hoy, que los funcionarios porteños se niegan a cumplir de mal modo y ahí figuran como que se debe hacer en caso de una detención y como se debe firmar una contravención”.

En relación a la situación general que viven día a día como artistas ambulantes en relación a este tipo de medidas afirma: “Los funcionarios de la ciudad hace rato que se niegan a dialogar y no único que hacen es emitir códigos contravencionales y nos censuran. Queremos dar vuelta esa realidad y lamentablemente vemos que la gestión de Larreta continua con la de Macri porque ya es evidente que hemos insistido en dialogar antes de las pasos, nos hemos encontrado con Larreta en la peatonal Florida, prometió reuniones que nunca cumplió y también nos prometió avanzar sobre el Proyecto de Ley que despenaliza el arte ambulante, el 2550/12 y otros dos más, y nunca más respondió. Lamentablemente está habiendo una política clara del PRO de utilizar como mercancía la cultura, la cultura autogestiva en sí. Por lo cual vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, que están abalados por la Constitución de la ciudad, en el artículo 32, y que ellos no lo cumplen, así que de esa manera en las calles con la protesta social y la música en las calles seguimos defendiendo esto”.

Y agrega: “El macrismo va mutando en las formas ofensivas para censurar el arte. En un principio nos mandaba la policía de inspectores y nos agredían físicamente. En una segunda instancia nos llenaba de judicialización. Y una tercera fue negándonos el diálogo. Y ahora en una nueva demostración del macrismo lo que hace es como resetear todo y va a volver seguramente, lo que ellos dicen “limpiar” de artistas las calles, de artistas autogestivos, por eso aparecieron operativos policiales espontáneos en la peatonal Florida. No es que un funcionario público se le ocurrió, eso son impartidas directivas por el propio gobierno, el del ministerio de Eduardo Machiavelli que es el nuevo ministro de Cultura y Planificación de Espacios Públicos, al cual se le solicito una reunión de la que todavía no accedió para acercarnos a hablar y ver qué sucede ¿Por qué está avanzada innecesaria sobre los artistas?”

Otros hechos de represión y censura de la cultura popular durante los gobiernos del PRO

De los hechos que se destacan durante la gestión del PRO (en la cual el actual presidente Mauricio Macri era por aquel entonces el Jefe del Gobierno Porteño) se encuentra el de la Sala Alberdi. Esta sala funcionaba de manera autogestiva abierta a todo público y donde se hacían numerosos talleres artísticos a la gorra, e intento resistir a su desalojo durante mucho tiempo dentro del propio teatro San Martín. Pero en marzo del año 2013 padeció un de un fuerte operativo policial, en el que fueron reprimidos con balas de goma por parte de la Policía Metropolitana, numerosos artistas que resistían para que se mantenga este espacio en ese teatro[4].

Otro hecho lamentablemente de censura del arte popular, fueron las constantes prohibiciones de los Centros Culturales por parte de ese gobierno. Pese a que en diciembre del año 2014 se aprobaría la Ley de Centros Culturales en la Legislatura Porteña, los inspectores de la ciudad continuaron clausurando al finalizar ese año a dichos espacios, llegando a una cifra de 65 Centros Culturales Clausurados de un total de alrededor de 200 que existen hasta la actualidad[5].

A pesar de los intentos de censura, no podrán detener el arte popular

Pero aún así el arte popular sigue resistiendo, además de apoyar las luchas sociales del pueblo como estando firmes frente a la represión de la Sala Alberdi, la represión del Hospital Borda, tal como lo hacen muchos artistas organizados en el FAAO y bandas como Jamaicaderos que buscan e impulsan otro tipo de cultura diferente a la cultura privacionista que nos impone el mercado.

Por eso es importante la unidad y el apoyo de todos al arte popular, y seguir dando batalla contra un modelo privacionista, tal como lo expresan Jamaicaderos y el FAAO, quienes van a “seguir intentando reunirse con funcionarios y legisladores, van a seguir impulsando el proyecto de ley federal del artista ambulante, van a seguir armando foros, y por sobre todo seguir en las calles que es lo más importante para defender está música”.

 [1] Ver: http://anccom.sociales.uba.ar/2015/03/18/atreverse-a-escuchar/#.VokeM7bhDIU

[2] Ver: http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/2012/02/20120210.pdf

[3] Ver: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/norma_pop.php?id=26766&qu=c&rl=0&rf=0&im=0&menu_id=21502

[4] Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-215727-2013-03-13.html

[5] Ver http://tiempo.infonews.com/nota/141945/el-ano-de-la-cultura-clausurada-en-2014-la-gestion-pro-cerro-al-menos-65-espacios

31.12.2015

Fuente: Correpi

En el Gobierno de la Ciudad, de la mano de Macri, nos vimos envueltos en una seguidilla de rencillas sobre las propiedades y responsabilidades de las fuerzas represivas y el constante reclamo de traspaso de la policía federal a la Ciudad. La entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner no estaba dispuesta a perder un cuarto de sus fuerzas federales a favor de su contrincante, lo que motivó que, sin perder tiempo y desbordado de creatividad, Mauricio creara su propia fuerza policial, la Metropolitana. Así se aseguró una manera de participar del control social de los barrios y de cumplir su objetivo de "limpiar" la ciudad de trapitos y vendedores ambulantes para que "seas bienvenido". Como eso no le alcanzaba, fueron numerosísimas las contrataciones de empresas de seguridad privada para custodiar edificios públicos, en una verdadera legitimación de la "tercerización" en materia represiva, especialmente desde 2011, cuando el GCBA suspendió la contratación de servicios adicionales de la PFA.
Ahora, y aunque todo indica que el traspaso de la superintendencia de Seguridad Metropolitana (comisarías y personal de calle) a la CABA es sólo cuestión de tiempo, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, acaba de renovar, licitación mediante, los contratos, siempre con sus empresas favoritas, las empresas Comahue S.A., Murata S.A., Líderes Consultores en Seguridad S.R.L. y Briefing Security S.A.
Murata S.A. tiene íntima relación con Ignacio Antonio Cocca, Director General de Seguridad Privada del GCBA, a través del ex jefe del Departamento de Operaciones Federales, comisario Roberto Raglewski, quien fue pasado a retiro en 2004 en medio de un escándalo de corrupción. Raglewski, cuya esposa María Paula Stella forma parte del directorio de Murata, ya tenía antecedentes por un fusilamiento de gatillo fácil, cuando era titular de la comisaría 45ª. Como siempre, los policías retirados aportan toda su experiencia en el gatillo fácil y el manejo del delito organizado al ámbito privado, y si tuvieron jerarquía además son los que dirigen las empresas.
En el caso de Líderes, en cambio, no es un ex federal el que la dirige, sino un ex bonaerense: el comisario Ricardo Amador Izarriaga, que supo dirigir la caja previsional de la policía, e integra, como revisor de cuentas, el "Centro de Oficiales Retirados" de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ambas empresas, así como la tercera, Comahue SA, han sido denunciadas por los trabajadores del subte, por la híper explotación a la que someten a sus empleados precarizados.
Seguiremos viendo, y sufriendo, a los uniformados privados de estas empresas en espacios y edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Los bolsillos de los empresarios se siguen llenando, y las calles también, pero de control social y represión.

29.12.2015

Detuvieron al agente de la Metropolitana que baleó a Lucas Cabello

La cámara nacional de apelaciones ordenó la prisión preventiva al policía Ricardo Ayala, lo acusó de “tentativa de homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad”.

Mauro Tabak
 

En un nuevo giro judicial, ayer la Cámara Nacional de Apelaciones, resolvió la detención inmediata del policía Ricardo Ayala, el efectivo de la fuerza de seguridad porteña que disparó tres veces con su arma reglamentaria contra el joven de 20 años en el barrio porteño de La Boca.

La Sala VI de la Cámara del Crimen, en resolución firmada por los camaristas Mario Filozof, Julio Lucini y Luis María Bunge Campos revirtieron la calificación atenuada otorgada por la resolución del juez Osvaldo Rappa que ordenaba que el agente esperara en libertad durante el proceso y modificaron la calificación legal a “tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad”. Así, los camaristas rechazaron la hipótesis de la defensa que intentaba establecer que Cabello se encontraba armado y que el oficial había actuado en legítima defensa.

Asimismo el fallo destaca que la conducta de Ayala configura una “gravísima violación de los derechos humanos, en tanto se ha vulnerado la integridad física de Cabello con riesgo de su vida, mediante la potestad que el Estado le brinda a un agente de una fuerza de seguridad”.

El abogado querellante de la familia, Nahuel Bergier declaró en Radio del Plata que resulta "bochornoso el procesamiento de primera instancia por el Juez Rappa y responde a una rutina de encubrimiento entre el poder judicial y determinados sectores de la fuerza policial".

Sin embargo esta política no es exclusiva del macrismo, el último informe presentado por la CORREPI sobre casos de violencia institucional y gatillo fácil demuestra que de 1983 a 2015 registra un total de 4.644 casos y 3.070 corresponden a gobiernos kirchneristas.

Este es un ejemplo más de cómo actúa el aparato represivo del Estado, responda al Frente para la Victoria o al PRO y que para lograr el avance de esta causa como de tantas otras, resultó un elemento clave la movilización desde un primer momento de los familiares y vecinos de la boca que denunciaron la impunidad con la que actúan las fuerzas policiales en los barrios populares que cuentan con el encubrimiento del sistema judicial que a prori fallan en favor de los miembros de las fuerzas de seguridad, constituyéndose en un eslabón más de la trama del gatillo fácil y la organización del delito.