4.9.2015
Por La Retaguardia
Dos niños murieron asfixiados en la esquina de Terrada y Páez el 27 de abril de este año. Estaban viviendo en el sótano de un lugar completamente cerrado, tapiado y oculto; un taller de costura clandestino que se prendió fuego. Pocos días después, el 7 de mayo, incluso con custodia de la policía, las llamas volvieron a aparecer en el mismo lugar: algo no se había llevado el primer incendio. Las responsabilidades detrás de las muertes de Rolando y Rodrigo son, fundamentalmente, empresariales, y se busca imputar a Lee Sung Yopen, propietario del taller. No es la única causa de estas características, tampoco es nueva; hace nueve años murieron un hombre, una mujer y cuatro chicos de nacionalidad boliviana en Luis Viale 1269.Los dueños del lugar: Jaime Geider y Daniel Fischberg. Imputar a los empresarios no sólo sería un avance fundamental para la reparación, sino también para avanzar en la investigación de las responsabilidades por el trabajo esclavo en todo el rubro textil. En diálogo con Luis Angió del programa Otras Voces Otras Propuestas por Radio La Retaguardia, estuvo Luis Fernando Rodríguez, padre de Harry, uno de los niños fallecidos en el incendio del taller de Luis Viale.
Responsabilidades
“Tienen una cobertura judicial, política y mediática que permite que sigan impunes”, arrancó Fernando e informó que todos los empresarios responsables siguen viviendo del rubro textil, “seguramente con trabajadores no registrados y explotados”.
“Que se impute a los verdaderos responsables, razón social Jaime Hele y Daniel Fischer y Asociados”, denunció Fernando con contundencia. Sobre el accionar judicial en este tiempo, el padre de Harry, uno de los chicos muertos en el incendio del taller de Luis Viale, fue claro: “lo que podían hacer en cuatro meses lo han hecho en cuatro años”. Y recalcó que los que sufren son los humildes que vienen con sueños a la Argentina. El hombre expresó que sabe que hay presos por trata y talleres clausurados, pero no en la causa de la calle Viale: “no hay nadie preso, los empresarios se burlan de la justicia”. Sobre los responsables del incendio, además, efectuó una denuncia pública cuando se le consultó si quisieron “arreglarlo” con plata: “cuando hicimos la repatriación de los cuerpos a Bolivia, en el aeropuerto se me presentaron. Sí, han querido. Pero falleció gente inocente, niños, que no tenían la culpa de nada”.
Sobre la situación judicial, Fernando se mostró disconforme, la causa no tiene un solo detenido, y los procesados ni siquiera son fabricantes, no son “gente de arriba”. “Basta con oír las declaraciones de las personas que trabajaban ahí para meterlos presos, no encuentro la razón”, se lamentó. Interpeló directamente al juez: “la mujer murió abrazando a los niños, tratando de cobijarlos. Sabe más el juez Julio Alberto Baños, y no hace nada”. El hombre atribuyó la falta de respuestas del Estado a su clase social, “la más baja”. “Fischberg y Geider no están ni citados como testigos”, volvió sobre los empresarios, “eran dueños de la fábrica y de la propiedad”. Tampoco fueron citados los inspectores del gobierno de la Ciudad, que hicieron oídos sordos a las denuncias de un vecino sobre la cantidad de gente que entraba y salía del lugar.
Conferencia
El lunes 31 a las 10:00 se convocó a una conferencia de prensa en La Cazona de Flores porque la causa por el incendio del taller en la calle Luis Viale en 2006 podría prescribir. Distintas personalidades exigieron que comience ya el juicio con la imputación a los responsables empresarios. Juan Vázquez, militante del Colectivo Simbiosis Cultural, abrió la mesa de debate agradeciendo la presencia a Fernando Rodríguez que vino desde Bolivia para participar de la actividad. Además formaron parte del panel Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Myriam Carsen, abogada en lo penal del caso de Luis Viale; Gabriela Carpineti, abogada de Esteban Mur, el papá de los nenes que murieron hace cuatro meses y Lourdes Hidalgo, sobreviviente del taller de Luis Viale.
Vázquez comenzó expresando su indignación porque, a pesar de los efectos de aquel caso paradigmático de 2006 y de la posibilidad de visibilizar la trata laboral en talleres clandestinos, las condiciones en que viven y son explotadas estas personas no han cambiado. “No se modificaron las estructuras que tienen que ver con la tercerización y las responsabilidades”, dijo Vázquez, y afirmó que la respuesta del Estado es “el cierre del taller, para que éste se traslade a la provincia de Buenos Aires”. En el caso de Terrada y Páez donde murieron Rodrigo y Rolando, pasaron cuatro meses y “no hubo ni siquiera una línea de investigación con los responsables de que ese sistema siga en esas condiciones”, aseguró. Ni siquiera, según Vázquez, el Estado puede colaborar en la regulación de un taller ilegal: “que se faciliten esas condiciones, que también se traduciría en un lugar seguro para trabajar”. En el artículo 4 de la Ley 12.713, explicó el militante, se delinea con claridad el grado de responsabilidades sobre los talleres clandestinos: las marcas. Pero esa definición no se aplica.
“No se puede morir más nadie en un taller textil”, expresó, “tienen que mejorarse las condiciones de seguridad y El Estado tiene que ser parte de esa implementación”. Vázquez cuestionó el rol del Estado: “lo que se está haciendo es expulsarlos de Capital Federal”.
Asesoría popular textil es un proyecto que lleva adelante el Colectivo Simbiosis Cultural y que busca “acompañar a esos talleres que tengan intención de regularizarse” y “ganas de discutir ese sistema de producción”. Vázquez destacó, finalizando su intervención, que “el hecho que venga Fernando para conseguir justicia en este caso, es decir que parte de la colectividad boliviana no está dispuesta a olvidar”. “Con eso podemos empezar”, concluyó.
Luis Fernando Rodríguez agradeció el espacio dado en la conferencia para expresar su pedido de justicia por los seis muertos en el incendio del taller clandestino en Luis Viale 1269 hace nueve años. “Son nueve años que sigo pasando como si fuese el mismo día que lo he vivido: pidiendo justicia. No se lo deseo a nadie”, dijo en relación al accionar penal contra los responsables del episodio.
La causa judicial por el taller de Luis Viale
Myriam Carsen, abogada de Rodríguez, destacó el rol de la familia que patrocina: “Luis Fernando y su señora, Sara, pocos días después de ocurrido el incendio tomaron la decisión de impulsar la investigación hasta encontrar a los últimos responsables”. En la causa están imputados los talleristas, los propietarios del local -Geider y Fischberg- también proveedores de las prendas que se cosían, se trabajaban en el taller y se comercializaban después, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad y Nacional, ocupados de policía del trabajo y de la parte de habilitaciones. El taller no era ilegal, sino un taller habilitado que violaba las normas. Por lo tanto, denuncia Carsen, “se debería haber detectado lo que estaba pasando mucho antes del desastre del incendio, que tuvo que ver, según la propia pericia de bomberos, con las condiciones en las que se vivía en ese lugar”. La razón física de la catástrofe fue un cortocircuito producido “por vivir sesenta y nueve personas en un local que estaba habilitado para que trabajaran cinco obreros”.
Con respecto a los imputados, la abogada aseguró que “no tuvieron que hacer nada para no estar hoy condenados, todo lo hizo el Poder Judicial y los fiscales”. A pesar de que la causa está por prescribir, la Cámara de Casación emitió por tercera vez una orden para la realización del juicio oral y Carsen teme que luego todo el proceso se declare nulo por la prescripción. “Pero por lo menos que se haga en juicio oral”, manifestó.
Lourdes Hidalgo, sobreviviente del incendio, comenzó: “Lamentablemente, no hubo justicia por aquellos cuatro niños que murieron, por mis dos compañeros, por los niños de Flores ni por tantos casos más”. “Ahí trabajamos cuarenta personas y hubo veinticinco niños”, informó. En relación a la organización de aquellos trabajadores, Hidalgo se pronunció: “En el momento, en 2006, no tenía experiencia ni conocimiento” y encontró un factor en la discriminación: “los inmigrantes somos los que ponemos la fuerza de trabajo, pero acá los bolivianos somos mal vistos. Seremos morenos, pero somos gente trabajadora”. “Tenemos que ser realistas, nuestros gobernantes saben dónde existen los talleres”, la denuncia política fue clara, y agregó que los talleres pequeños sirven a fábricas grandes. “Vuelvo a recordar los nueve años que pasaron”, reflexionó, “tanto tiempo… En el caso de Luis Viale, los culpables están libres. Nosotros, los que hemos sobrevivido, quedamos en la calle”.
Hidalgo hizo alusión a una discapacidad que padece producto del incendio y se lamentó: “Me duele que para los más humildes, para los más pobres, no haya justicia”. “Todos debemos unirnos, que no haya más obreros masacrados, que no haya más derrames de sangre en la clase obrera no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero”, concluyó.
Causas unidas
Gabriela Carpineti, abogada de Esteban Mur, padre de los niños fallecidos en el taller textil de Terrada y Páez en abril de este año, comenzó su intervención hermanando las luchas: “Nosotros decimos que si hay justicia en Luis Viale, va a haber justicia en Páez” y caracterizó esta definición como “la condición de posibilidad de que haya justicia para Rodrigo, Rolando, para la familia de Esteban Mur”. Carpineti aseguró que hay que “romper el hilo de impunidad entre el hecho de 2006 y el de 2015” y “el círculo vicioso perverso de la impunidad y de la injusticia”. La satisfacción de estas necesidades puede garantizar las bases para “vivir en una sociedad mejor”, según la abogada.
Acerca de la sistematicidad del funcionamiento de talleres, que La Retaguardia muestra desde hace años, Carpineti la definió como “un problema político y público” del que “nos tenemos que hacer cargo todos” y destacó “la valentía de Luis y de Esteban de querer ser protagonistas de estos procesos”. “Para nosotros”, se diferenció de la mirada del Poder Judicial, “no son solo víctimas de hechos evitables o no evitables; son protagonistas de situaciones sociales y políticas. Nosotros quisiéramos discutir la forma en que se trabaja en la Argentina no sobre la muerte, sobre todo si es la muerte de niños y de niñas -expresó-, pero no elegimos las condiciones en donde discutir y creemos que la posibilidad mayor de reparar lo que pasó es construir un escenario para que se trabaje y se viva distinto en uno de los rubros que exhibe los mayores índices de precarización en la Argentina y en el mundo, el rubro textil”.
Sobre las responsabilidades, la abogada expresó que no sólo faltó justicia en términos judiciales sino también políticos: faltaron políticas públicas orientadas a combatir el tipo de prácticas que producen tantas muertes. Destacó también un grado de responsabilidad mediática y señaló como un error de los medios “no visibilizar quiénes eran los que se llevaban la mayor tajada”. Carpineti sostuvo que los empresarios “son la punta del ovillo para seguir la cadena de producción y de comercialización del rubro textil” y agregó que “tenemos que reeducar a nuestro Poder Judicial para que no invisibilice los conflictos vinculados a los trabajadores y persiga a los responsables empresariales”. La abogada hizo hincapié en la importancia central de que la causa curse en Juzgado Federal porque “eso le da una trascendencia política, que es lo que necesitamos, que estos hechos no queden como criminales o policiales, boyando en un expediente”. “Juicio oral ya para Luis Viale e imputación para el empresario coreano en Páez y Terrada en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Federal de Canicoba Corral. Eso es lo que pedimos”, reivindicó.
Presente, ahora y siempre
Nora Cortiñas comenzó su intervención recordando a Pepa Noia, Madre de Plaza de Mayo de 94 años fallecida ese día, y celebrando el hallazgo de la nieta 117 por parte de Abuelas. “Es la vida y la muerte y la lucha de todos los días”, definió, en referencia al ir y venir entre la muerte de la primera Madre en llegar a la Plaza de Mayo aquella primera vez y el hallazgo de otra de las nietas apropiadas. “no nos imaginamos, con tantos años de lucha, que todavía haya este tipo de injusticias, esta persecución en el tema del trabajo, esta dejadez o indiferencia”, se lamentó. Nora destacó la llegada de los juicios a los genocidas y otros avances a lo largo de la democracia y contrapuso esos logros con la barbarie de la muerte, la explotación y la falta de justicia. “no se soluciona porque el ser querido no vuelve a la vida, pero uno lucha para que no vuelvan a repetirse hechos así”, explicó. Caracterizó al comportamiento del Estado como parte de “una indiferencia y una falta de cuidado a los seres humanos que trabajan” y señaló la proveniencia de las víctimas: “en este caso de ciudadanos de otros países y que vienen a encontrar acá una paz en el trabajo y para poder formalizar su familia, sabiendo que Argentina es un país siempre fue ejemplo, ejemplo de un país donde se podía vivir en paz”.
Nora no se quedó con el pasado: “nosotros estamos por la verdad, por la justicia, por la memoria, contra todo tipo de impunidad, pero no es solamente decir que hemos tenido los juicios, sino que el presente nos preocupa”. “Nuestros hijos luchaban por un país con vida digna para hombres y mujeres con un país que tuviera la justicia como la meta y un Estado de bienestar”, reivindicó.
Saludó, en el cierre, al acampe QO.PI.WI.NI. señaló que las Madres están “apoyando a las comunidades indígenas tan abandonadas de las políticas de Estado, en este caso de cuatro comunidades, que hace seis meses están en Avenida de Mayo y Lima y no son escuchadas por el Gobierno. No lo concebimos”, denunció.
Cortiñas sacó, como siempre, la mejor síntesis: “queremos poder vivir en un país donde no se permita la impunidad”. Pavada de objetivo.
