Comunicadores del Sur

30.8.2015

Difundimos Conferencia de prensa:

Lunes 31 de agosto 10:00 am. en Morón 2453 (Flores)

A cuatro meses del incendio del taller textil en Páez 2796 y a nueve años del de Luis Viale 1269

En total murieron ocho personas, siete de ellos niños.

Participarán padres de las víctimas, sus abogados y Nora Cortiñas, referente de Madre de Plaza de Mayo.

Pedidos de Verdad y Justicia.

El próximo lunes 31 de agosto, a las 10:00 am, se realizará una conferencia de prensa con la presencia de Luis Fernando Rodríguez, papá de Harry (3 años), una de las seis víctimas del incendio en el taller textil de Luis Viale 1269, el 30 de Marzo del 2006, y Esteban Mur padre de Rodrigo y Rolando, quienes fallecieron por otro incendio en un taller el 27 de abril del 2015. Participará, además, la Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Nora Cortiñas, también la abogada del caso en lo penal de Luis Viale; Miriam Carsen y la abogada del incendio de Páez; Gabriela Carpineti.

La conferencia de prensa tiene como objetivo visibilizar, no solo el vínculo entre ambas causas con sus trágicas consecuencias, sino también que a cuatro meses del incendio en el que murieron Rolando y Rodrigo y el juzgado federal todavía no imputó al empresario, responsable directo de las condiciones en las que trabajaban. Al mismo tiempo, se exige que la investigación no se detenga en el taller y el tallerista sino que continúe por toda la cadena de producción y comercialización, sin excepción de grandes marcas y shoppings.

Las anomalías son notorias: el taller de Luis Viale estaba habilitado para 5 máquinas, pero allí funcionaban 45. No estaba habilitado para vivienda, pero vivían 65 personas y otras 7 venían a trabajar y se iban a dormir a sus casas. Había sido inspeccionado una semana antes de la tragedia y no se hizo nada. Sin embargo, los únicos procesados en la causa son el tallerista, Luis Sillerico, y el que se encargaba de traer tanto los cortes como la paga, Juan Manuel Correa. Los dueños y máximos responsables son Jaime Gueiler y Daniel Fischberg, que además de ser los dueños del lugar, son dueños de las máquinas y las marcas para las que eras 72 personas trabajaban. Ellos dos, ni siquiera están procesados.

El reclamo, entonces, no solo advierte la posibilidad siempre cierta de estos hechos trágicos se repitan, sino que exige que se acelere el juicio oral y público, además de que se procese a Daniel Fischberg y Jaime Gueiler.

La conferencia de prensa se llevará a cabo a las 10:00 en Morón 2453 (Flores), La Cazona de Flores.

Organizan e invitan el colectivo Simbiosis Cultural y el Observatorio del Trabajo Sumergido.

29.8.2015

El Batallón de Inteligencia 601 del Ejército -cuya sede funcionó en Callao y Viamonte- fue el cerebro del accionar represivo, ilegal, clandestino y sistemático del terrorismo de Estado. Pese a los reclamos de preservación, la ausencia de los poderes públicos de la Nación y la Ciudad permite la demolición interna y la pérdida de toda memoria histórica existente en este lugar. Por Barrios x Memoria y Justicia – Balvanera.

Reproducimos:

En vez de un Espacio de Memoria, ¿abrirá un banco?

Es en la ex sede del Batallón de Inteligencia 601

Sitio emblemático del Terrorismo de Estado ubicado en Av. Callao y Viamonte CABA.

Luego de la demolición interna de los diez pisos superiores donde abrió una Universidad, la “iniciativa privada” avanza ahora sobre la planta baja y sótano.

No hubo protección del Estado.

Que se detenga la obra, se reconstruya y restituya al patrimonio público la planta baja, el sótano y los espacios de los pisos superiores donde ocurrieron hechos tremendos y emblemáticos de nuestra historia.

Que su enorme carga simbólica de terror, muerte y espanto sirva de advertencia material y visible de lo que no puede volver a ocurrir.

Pese a los reclamos de preservación de este Sitio Emblemático del Terrorismo de Estado la ausencia de los poderes públicos de la Nación y la Ciudad permite en los hechos la demolición interna y la pérdida de toda memoria histórica existente en este lugar.

Librado a la "leyes del mercado" se avanza a toda velocidad con obras en la planta baja y sótano en el mismo lugar en que solicitamos al Estado que se abra un Espacio de Memoria que visibilice este ícono del terror y la violación de todos los derechos humanos.

El Batallón de Inteligencia 601 del Ejército fue el cerebro del accionar represivo, ilegal, clandestino y sistemático del terrorismo de Estado.

Ahí se organizó la persecución y desaparición de miles de ciudadanos argentinos y hermanos latinoamericanos. Con sedes en todas la ciudades importantes del país, el 601 cobijó miles de agentes, desde informantes "buchones" a siniestros generales. Fue escuela de torturadores, asiento de Grupos de Tareas, sede argentina del Plan Cóndor y también organizador de operaciones pro dictaduras en Bolivia, Honduras, Nicaragua entre otros países.

Paradójicamente, en este lugar donde se proyectaría la apertura de otra sucursal bancaria extranjera, también funcionó un Grupo de Tareas de inteligencia financiera dedicado al pillaje, secuestro y extorsión de empresarios, banqueros y otros detenidos desaparecidos que pudieran tener algo de valor para la dictadura militar-corporativa y por supuesto a la administración y disposición de “botines de guerra” tanto en el país como en el exterior.

Hace mucho tiempo que venimos alertando sobre la destrucción de este auténtico patrimonio de la memoria, incluso con fotos de los escombros de la demolición de los diez pisos superiores, donde se destruyeron las Salas de Reunión e Información donde se decidía y nombraba a quienes desaparecerían momentos después en las salidas de cacería que llevaban a cabo los Grupos de Tareas que operaban en el lugar.

Diez pisos con más de seis mil metros cuadrados destinados a perseguir y desaparecer opositores a la dictadura. Así lo dijo el general Saint Jean : "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos" (1)

También ocupaban en la misma manzana otras propiedades bajo la pantalla de sociedades anónimas creadas para ocultar actividades represivas ilegales, como la casa vecina de Viamonte 1820 por donde se ingresaba al Batallón. Ese lugar de dos plantas donde funcionaba la división fotointerpretación del 601, ya está en la mira de la piqueta demoledora del capitalismo del olvido.

En el mismo sentido nada quedó del despacho del ex director de Inteligencia de otra dictadura -la de 1955- ubicado en el quinto piso donde se exhibió y profanó el cadáver secuestrado de Eva Perón. En estos lugares y como si nada hubiese pasado ya se inauguraron aulas de la Universidad del Salvador.

Ahora está ocurriendo lo mismo con la planta baja y el sótano, donde investigaciones y testimonios señalan como lugares donde fueron interrogados el periodista Rafael Perrotta y los estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA, Laura Noemí Creatore y Carlos Hugo Capitman antes de ser trasladados a Centros Clandestinos. También conocimos el testimonio de una sobreviviente que en el mismo acto de colocación de baldosas por la memoria mencionó a ese edificio como lugar de cautiverio. Sabemos que el 601 no fue un Centro Clandestino como la ESMA, pero su importancia fue clave en la maquinaria del genocidio. Fue definido por la fiscal federal Gabriela Sosti al decir que "el 601 fue las SS de la dictadura " (2)

Hemos reclamado, nos entrevistamos con autoridades de la Ciudad y la Nación , políticos, Defensoría de la Ciudad, legisladores de la Ciudad y de la Nación. Hicimos actos, colocamos baldosas que fueron vandalizadas, fuimos a la sesión pública de la Comisión de DDHH de la Legislatura. La misma Legislatura aprobó y colocó una placa en el frente del edificio, únicas y mínimas referencias a la dilatada historia del sitio.

Aparecieron artículos en algunos medios, agencias de noticias y redes sociales.

Hace pocos días informamos por carta al Banco Central (BCRA), y fuimos recibidos por el área de Derechos Humanos.

Lo real y concreto es que la Ley Nacional 26691 de Sitios de Memoria que ordena preservar los sitios emblemáticos del Terrorismo de Estado en este caso no se cumplió y por supuesto no es el “mercado” quien habrá de preocuparse por su cumplimiento.

Que el edificio esté en manos privadas después de ser vendido por el Estado en el 2002 y luego sin uso hasta el año pasado no es un obstáculo relevante. La misma ley prevé estas situaciones, ordenando preservar el patrimonio de memoria incluso más allá de la voluntad privada.

Entendemos que el Derecho a la Memoria está siendo vulnerado, pese a estar consagrado en la Ley Nacional 26691 de Sitios de Memoria, en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley 1227 de Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad.

Insistimos en que se detenga la obra, se reconstruya y restituya al patrimonio público la planta baja, el sótano y los espacios que correspondan de los pisos superiores donde ocurrieron hechos tremendos y emblemáticos de nuestra historia.

Lo hacemos convencidos de la necesidad de la apertura de un Espacio de Memoria , visible y a la calle, como reparación al daño causado desde ese edificio, para que el concepto del Nunca Más sea palpable y pueda ser conocido por los miles de alumnos de escuelas y universidades que lo rodean, ciudadanos y visitantes de nuestra ciudad. Y también para que su enorme carga simbólica de terror, muerte y espanto sirva de advertencia material y visible de lo que no puede volver a ocurrir.

Buenos Aires 26 de Agosto de 2015

BARRIOS X MEMORIA Y JUSTICIA – BALVANERA
BALDOSAS POR LA MEMORIA
GRUPO AUTÓNOMO – HORIZONTAL – AUTOFINANCIADO

 memoriayjusticiabalvanera@gmail.com
 facebook baldosa.balvanera.7

(1) International Herald Tribune (París), del 26 de mayo de 1977.
(2) Infojus Noticias 10-5-2015

27.8.2015

Trabajadores del Ministerio de Salud, realizaremos una batucada y radio abierta  dentro en las puertas del organismo para reclamar, entre los puntos más importantes, la estabilidad laboral y la precarización de más de 5300 de trabajadores.

En asamblea los trabajadores decidimos realizar la medida  bajo el lema “la precarización laboral es una flagrante violación de los Derechos Humanos”.

Hoy desde las 11 hs. estaremos con una batucada dentro del Ministerio de Salud y a las 13 hs. comenzaremos una gran asamblea para decidir que medida adoptar ante la falta de respuestas.   

Estamos ante un estado de alerta ante la posibilidad de que se cierren todos los “programas de atención primaria”. Solo en el Ministerio de Salud existen 5300 compañeros precarizados y las formas de contratación son una cuidadosa ingeniería con supuestos contratos de universidades, para ocultar el trabajo en negro. Esto no es ni más ni menos que un retroceso en el Estado de Derecho.

Decimos basta a las peores condiciones laborales, porque además sufrimos día a día la persecución de los funcionarios hacia quienes nos organizamos.

Junta Interna de ATE Ministerio de Salud de la Nación

27.8.2015

En Suárez y Arcamendia – Barracas

Desde hace semanas, varias escuelas de la Ciudad de Buenos Aires sufren reiteradas amenazas de bomba. En la Escuela Normal Superior N°5 de Barracas esas amenazas se producen todos los días.
Con cada amenaza realizada por voces anónimas al sistema 911 se pone en marcha un operativo de evacuación que altera la jornada escolar. Los alumnos, padres, docentes y personal no docente nos negamos a acostumbrarnos a los operativos que obligan a los chicos a esperar en la calle (expuestos al frío y las inclemencias del tiempo) a que los perros revisen las instalaciones en búsqueda de explosivos.
El impacto emocional que la cantidad de evacuaciones permanentes produce en todas las personas relacionadas con la escuela es mayor día a día y las clases se pierden irremediablemente.
Mientras las autoridades judiciales avanzan en la identificación de los autores de estos llamados, los padres, docentes y autoridades de la escuela velamos por la salud de los chicos. Las amenazas interrumpen el proceso de aprendizaje, rompen todas las dinámicas, alteran todos los procesos.
La comunidad educativa del Normal 5 necesita del compromiso y acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y de su titular el Ministro Esteban Bullrich, para prever alternativas, trazar planes de acción concretos para que el proceso de aprendizaje y las actividades de los chicos puedan seguir desarrollándose y acompañar con los equipos de crisis compuestos por expertos en la materia al personal docente, no docente y las autoridades de la escuela en esta compleja coyuntura. Para visibilizar nuestra preocupación y proteger a nuestra escuela, la comunidad educativa del Normal 5 resolvió realizar el abrazo al edificio el miércoles 26 de agosto a las 12.30hs.
Porque repudiamos las amenazas de bomba.
Porque exigimos el compromiso y la presencia activa de las autoridades del Ministerio de Educación en esta angustiante situación de crisis.
Porque exigimos celeridad en el accionar de la justicia.
¡Los esperamos!

26.8.2015

Entrevista con el Defensor General porteño, Horacio Corti, y el funcionario del Ministerio Público Agustín Territoriale sobre la problemática urbana en CABA.

Por Enrique de la Calle, José Cornejo y Boris Katunaric

APU: Uno de los temas que aborda la Defensoría tiene que ver con la situación de las personas que viven sobre el Riachuelo. ¿Cómo avanza esa causa?

Agustín Territoriale: La Defensoría General trabaja sobre el déficit habitacional de los sectores populares en CABA. Uno de los temas tiene que ver con la relocalización de las familias que viven sobre el Riachuelo. Esto se deriva de la causa llevada adelante por la Corte Suprema. Es un tema que no se puede pensar separado de lo que es toda la problemática habitacional en Ciudad.

APU: ¿Cuántas familias hay que relocalizar?

AT: Hay un problema anterior. Hay una política clara para las personas que viven hasta el metro 35 en relación al Riachuelo. Para la gente que vive en el metro 36, y que sufre de igual modo su exposición al Riachuelo, no hay política alguna. Esto del metro 35 surge del fallo de la Corte Suprema, que de algún modo pone un límite a la intervención. Al no existir un mapa de riesgo ambiental, no se sabe bien cuántas familias están afectadas. Por suerte, la propia organización popular modificó la agenda.

APU: Muchas familias no se quieren, porque no está claro a donde las relocalizan.

AT: Muchas familias se enteraron que estaban afectadas cuando el Gobierno porteño les mandó órdenes de desalojo. Y no se sabía a dónde iban a vivir. Mucha gente planteó que no estaba de acuerdo con relocalizarse en esos términos. Los vecinos están luchando para que sean tenidos en cuenta en todo este proceso, como protagonistas, no como actores pasivos. A enero de 2013, 1030 familias tenían que haber sido relocalizadas. Ahora dicen que eso va a pasar dentro de 5 años. En el medio la gente sigue viviendo en el mismo lugar. No hay políticas complementarias.  

APU: Decían que la problemática que ocurre sobre el Riachuelo no difiere de lo que pasa en toda la Ciudad.

Horacio Corti: En CABA no hay una política habitacional clara, coherente. Vivimos en uno de los lugares más ricos y a la vez más desigual. En la zona sur, tenemos problemas muy graves. Lo que se ve en el caso del Riachuelo es un aspecto de esa problemática habitacional. En esa causa hay una sentencia judicial que ya tiene 7 años y que solo se ha cumplido en una parte: solo el 20% de las familias se han relocalizado. El problema estructural sigue. Eso ocurre con una sentencia judicial, imaginen qué pasa cuando no existe un fallo de la Justicia.

APU: Existen leyes que determinan la urbanización de algunas villas, que tampoco se cumplieron.

HC: El caso paradigmático es el de la villa 20, es una ley que ya tiene como 10 años de vigencia. Todavía no se avanzó en nada. La ley está directamente incumplida. Hay otros barrios donde no hay una ley pero existe el pedido de los vecinos. Estamos también ahí en un litigio. Por ejemplo, pasa con los habitantes de la villa Rodrigo Bueno.

APU: Hace poco hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo fue esa experiencia?

HC: Muy interesante. Participamos en una comisión que trató el tema a nivel regional. Argentina llevó como discusión el caso de la villa Rodrigo Bueno. Lo interesante es que un propio vecino del barrio el que hizo la presentación. Fue muy simbólica la participación de los propios habitantes en el debate.

APU: Sobre la cuestión de fondo: ¿Por qué cuesta tanto avanzar en la Ciudad en políticas urbanas que tengan en cuenta las necesidades populares?

HC: El PRO gobierna hace muchos años y controla el sistema legislativo. Además, el Poder Judicial se ha vuelto más conservador, se ha acomodado a ese consenso más regresivo. Uno cree que las instituciones alcanzan un punto y después solo queda profundizar o avanzar. No es lo que sucede. Uno avanza y se enfrenta a fuerzas conservadoras que buscan frenar ese recorrido. Es un campo de disputa. Muchas veces se cree que los jueces simplemente aplican la ley, lo cual no es así.

APU: ¿Por qué no fueron eficaces esas leyes que exigen la urbanización de villas?

HC: Hay una legislación de cierta época, que se mantiene vigente, pero actualmente no hay voluntad política para implementarla. Hay una clara reticencia del Ejecutivo porteño para ejecutar obras en esta materia. Si no hay ley, la Justicia dice que no. Si hay ley, la administración incumple.